Justiça para os pobres: análise do direito de acesso à justiça e centros de aconselhamento jurídico gratuito
Resumo
Em um Estado constitucional de direito, o acesso à justiça implica uma obrigação prestacional por parte do Estado: prestar serviços de administração da justiça e defesa pública gratuita, especialmente para pessoas em situação de pobreza. Nesse contexto, o presente artigo analisa se o Programa de Assessoria Jurídica Gratuita (Alegra, na sigla em espanhol) do Ministério da Justiça e Direitos Humanos (MINJUSDH) do Peru garante a disponibilidade, acessibilidade e qualidade do serviço de justiça. Para isso, examina-se a localização dos centros Alegra, a carga de trabalho em cada um deles, os protocolos em vigor e outros documentos de gestão obtidos por meio de solicitações de acesso à informação pública. Conclui-se que há uma ausência quase total de serviços Alegra nas províncias com os maiores níveis percentuais de pobreza. Também faltam serviços Alegra na maioria das províncias com o maior número de pessoas em situação de pobreza. Outras descobertas revelam barreiras de acessibilidade para pessoas com deficiência; distribuição inadequada de recursos econômicos e humanos (o que gera sobrecarga no patrocínio de processos judiciais e compromete a qualidade do atendimento); ineficiências na verificação da condição de pobreza do público usuário; e um sério conflito de interesses por parte das autoridades do MINJUSDH encarregadas, por um lado, de administrar a defesa legal de pessoas acusadas pela suposta prática de crimes e, por outro lado, de gerenciar a defesa legal das vítimas de crimes. O estudo afirma que, para garantir o acesso efetivo à justiça, é necessário realizar uma reorganização institucional, melhorar a alocação de recursos e implementar mecanismos de transparência na gestão dos serviços.
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