Revista Oficial del Poder Judicial

Presentación

Humberto Luis Cuno Cruz — sáb, 28 dic 2024 00:00:00 +0000

Marco teórico del Título preliminar en el Código civil peruano: Un enfoque de Derecho comparado

Enrique Antonio Varsi Rospigliosi, Marco Andrei Torres Maldonado — sáb, 28 dic 2024 00:00:00 +0000

El Título Preliminar de los Códigos Civiles es una pieza clave en el Derecho comparado, ofreciendo las directrices esenciales para la interpretación y aplicación de las normas. Aunque su regulación clásica ha mostrado cierta eficacia frente a las nuevas realidades jurídicas, económicas y tecnológicas, sigue siendo fundamental para mantener la coherencia del sistema legal. Este artículo busca abordar un vacío en la doctrina nacional al proponer un marco teórico sólido que analice y revitalice el Título Preliminar del Código Civil peruano, destacando su papel central dentro del sistema jurídico. A través de un análisis detallado y un enfoque comparatista, se revaloriza la importancia del Título Preliminar en la prevención y resolución de conflictos sociales, la promoción de la justicia y el respeto al Estado de Derecho. En resumen, se subraya su función como pilar para la regulación de las relaciones privadas y públicas, así como su influencia en todo el ordenamiento jurídico, reafirmando su vocación constitucional.

Las redes de citación y su relevancia para la administración del conocimiento de los precedentes judiciales en México

Daniel Trejo Medina — sáb, 28 dic 2024 00:00:00 +0000

La administración efectiva del conocimiento en las redes de citación jurídica es indispensable en la práctica moderna del derecho, toda vez que habilita una aplicación más coherente y justa del precedente judicial, facilita la toma de decisiones informadas y respalda la evolución continua del derecho bajo un contexto de rápida evolución tecnológica. Las oportunidades para mejorar y revolucionar la práctica jurídica son igualmente vastas, a medida que avanzamos hacia un futuro cada vez más digitalizado, la habilidad para gestionar y utilizar efectivamente el conocimiento jurídico será cada vez más valiosa, no solo para los operadores jurídicos del derecho, sino para la integridad y eficacia del sistema de justicia en su conjunto.

Juicio político: hacia la juridización del “Derecho constitucional sancionador” y la identificación de los “tipos constitucionales”

Omar Sar Suárez, Ernesto Álvarez Miranda — sáb, 28 dic 2024 00:00:00 +0000

El presente artículo tiene por propósito analizar la figura del juicio político regulada en la Constitución del Perú de 1993 y desarrollada por la posterior jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sostenemos que la Constitución ha previsto las conductas infractoras y, en ese sentido, identificamos específicamente, las infracciones a la constitución que pueden dar lugar a una sanción, a las cuales denominamos como “tipos constitucionales”. Se afirma que el juicio es político por la naturaleza del órgano que lo lleva a cabo, pero no porque se pueda resolver con criterios meramente políticos, más bien por el contrario, las exigencias propias del Estado democrático imponen el respeto por principios como el de legalidad o el debido proceso.

La infracción de la constitución sólo puede ser sancionada cuando un alto funcionario del Estado incurre en aquello que se encuentra constitucionalmente prohibido u omite realizar lo que se encuentra constitucionalmente ordenado ya que las disposiciones constitucionales no pueden interpretarse como normas meramente programáticas o simples recomendaciones.

Concluimos que resulta indispensable juridizar el derecho constitucional sancionador, cuyo núcleo se construye en torno a los “tipos constitucionales” identificados y a la responsabilidad de los altos funcionarios del Estado por lo que la Defensoría del Pueblo denominara “Dolo inconstitucional”.

Aplicación del overruling en el derecho peruano

Edwin Adolfo Morocco Colque — sáb, 28 dic 2024 00:00:00 +0000

La técnica del overruling, por medio de la cual los tribunales pueden apartarse de los precedentes vinculantes, y dictaminar nuevos, es una práctica muy importante en el derecho, puesto que, permite la flexibilidad de adaptabilidad de un ordenamiento jurídico a las exigencias sociales, aunado a la reivindicación frente a errores que pueden cometer las Cortes. Es en base a ello que el presente artículo estable como objetivo es describir las problemáticas que afronta la aplicación del overruling en el Perú, para lo cual, se realizó un arduo análisis de bibliográfica, aunado al análisis de aquellos casos donde se aplicó el indicado mecanismo. Concluyendo que, dichas problemáticas giran en torno a las razones que sustentan el overruling, los efectos temporales que su aplicación pueda tener, y lo supuestos para su aplicación.

Los alcances del bien común en la jurisprudencia constitucional peruana

Alonso Ramiro Begazo Cáceres — sáb, 28 dic 2024 00:00:00 +0000

La presente investigación busca examinar si la idea de bien común desarrollada en la jurisprudencia Tribunal Constitucional peruano es compatible con la noción de “bien común” desarrollada por John Finnis. Como punto de partida, a través de una revisión axiológica, estableceremos cual es el concepto de bien común de Finnis, quien, a partir de una relectura de los postulados aristotélico-tomistas, ofrece una visión amplia del asunto con claras concreciones en el comportamiento práctico político y jurídico. Luego, nos centraremos en una revisión dogmática del concepto de bien común político y sus relaciones más relevantes a partir de los alcances de la jurisprudencia constitucional peruana; para terminar, evaluando si es posible establecer la compatibilidad de estas dos nociones, con la finalidad de esclarecer y ampliar los postulados jurisprudenciales desde los criterios elaborados por el autor a tratar.

Racionalidad limitada y sesgos cognitivos judiciales. Sobre el deber de juzgar sin sesgos cognitivos

Julio César Santa Cruz Cahuata — sáb, 28 dic 2024 00:00:00 +0000

Este trabajo presenta una aproximación general al problema de la racionalidad de la decisión judicial en un contexto de racionalidad limitada por sesgos; en concreto, pretendemos dar respuesta a la pregunta de si los jueces tienen el deber de juzgar sin sesgos cognitivos. A pesar de la trascendencia práctica de la cuestión, no existen disposiciones jurídicas, o estudios, que expresamente la resuelvan. Sostengo que existe un deber jurídico institucional de diseñar el sistema de justicia que mitigue el riesgo de sesgos cognitivos en las decisiones judiciales; pero los jueces tienen un deber deontológico de implementar medidas para manejar el riesgo de que sus decisiones sean afectadas por sesgos cognitivos. Argumento, en primer lugar, que los límites a la racionalidad humana no eliminan la posibilidad de que los jueces adopten decisiones jurídicas racionales; pues la racionalidad es contextual y en el ámbito jurídico es posible delimitar el objeto de la decisión y la información relevante, demarcando sus variables; las limitaciones al juicio racional provienen, principalmente, del contexto interno, de rasgos del pensamiento humano, entre los que destacan los sesgos cognitivos. En segundo lugar, el derecho a ser juzgado racionalmente fundamenta el deber de los jueces de juzgar racionalmente; sin embargo, de ello no se sigue necesariamente que los jueces tengan el deber de juzgar sin sesgos cognitivos, pues la existencia del deber y su alcance depende de condiciones adicionales. En tercer lugar, que el estado actual del contexto científico y cultural hispanoamericano no permite sostener el deber jurídico de los jueces, individualmente considerados, de implementar medidas de control de sesgos cognitivos; pero sí su deber deontológico. Sí existen las condiciones para afirmar el deber estatal de diseño institucional tendiente al control de sesgos judiciales.

La informalidad en el régimen laboral público en el Perú y efectividad de las medidas estatales adoptadas al respecto

Luis Alberto Huamán Ordóñez — sáb, 28 dic 2024 00:00:00 +0000

La informalidad es concebida como un fenómeno social y jurídicamente reprobable atendiendo a que no se ajusta a los estándares de la buena convivencia en la comunidad siendo valorada, desde dicha percepción, como contraria a la racionalidad del mundo occidental; sin embargo, más allá de estas consideraciones no siempre aceptables que implican más un juicio de valor que una realidad objetiva, esta figura es una respuesta a diversos contextos a los que se enfrentan los ciudadanos destacando, entre ellos, el que se constituye en un medio de adaptación a las reglas estatales. Ahora bien, normalmente se vincula la figura de la informalidad al sector privado. Sin embargo, contra todo pronóstico, la informalidad también tiene presencia en el ámbito público con especial incidencia en el espacio de la provisión de personal al interior de las organizaciones jurídico-públicas. Teniendo en cuenta este contexto, el autor se enfoca en analizar las diversas expresiones concretas que, en el ámbito peruano, permiten la identificación de la informalidad atendiendo a que las relaciones jurídicas de personal son el espacio propicio para que el Estado aproveche las prestaciones de servicios en provecho suyo utilizando diversos mecanismos, reprobables jurídicamente, con los cuales pretende desconocer la realidad de una adecuada auto organización administrativa.

El concepto de funcionario público en el Derecho penal

Raúl Belealdo Pariona Arana — sáb, 28 dic 2024 00:00:00 +0000

El presente artículo aborda el tema del concepto de funcionario público en el Derecho penal, cuyo contenido y alcance constituye uno de los temas centrales de las legislaciones contemporáneas. La dogmática penal moderna ha logrado el desarrollo de un concepto penal de funcionario público autónomo, el cual no se limita a los parámetros del Derecho administrativo laboral y que, en el Perú, se ha plasmado en el art. 425 del Código Penal. Dos son los componentes centrales del concepto de funcionario público a efectos penales: el título habilitante de incorporación a la administración pública y el ejercicio del cargo público. Desde esta perspectiva doctrinaria, se aborda el problema de la determinación del momento en que se adquiere el estatus de funcionario público en los casos de funcionarios por elección popular. Finalmente, la presente investigación desarrolla con detalle la problemática del ‘funcionario de hecho o de facto’, fundamentado la ilegitimidad del concepto por no tener amparo legal. Situación distinta es la del funcionario público con título irregular.

30 años de reforma del sistema de justicia y la racionalidad económica

Oscar Sumar, Thalia Zúñiga — sáb, 28 dic 2024 00:00:00 +0000

El sistema de justicia peruano ha sido reformado durante más de 30 años. Sin embargo, los indicadores más relevantes no parecen haber mejorado. En este artículo, atribuimos este fracaso al enfoque de las reformas, que se han basado en la elección de jueces y fiscales; organización del sistema de justicia; aspectos procesales; y, en su gran mayoría, han constituido “meta-reformas”, donde se ha vuelto a revisar reformas anteriores y dado soluciones semejantes a las ya conocidas, con la esperanza de que -esta vez- sí sean bien implementadas. En base a lo anterior, proponemos que la reforma del sistema de justicia se realice incorporando la perspectiva económica o de mercado, a fin de alinear los incentivos de jueces y fiscales con los de la sociedad.

Historia del derecho en Latinoamérica. Transición a la República

Albert Vásquez Pérez — sáb, 28 dic 2024 00:00:00 +0000

El artículo presente ofrece un análisis exhaustivo de la evolución jurídica en la transición de las colonias a repúblicas independientes en la región. Se profundiza en los desafíos y conflictos inherentes a este proceso, incluyendo la lucha por la autonomía, la consolidación de sistemas políticos y de organización, junto con la reconfiguración de estructuras legales legadas por el colonialismo. Además, se resaltan momentos cruciales como la emergencia de nuevas naciones, la consolidación de instituciones que mejoraron la aplicación del derecho en dichas sociedades. Asimismo, se exploran las tensiones y desafíos persistentes, tales como la corrupción, la ineficiencia judicial y la búsqueda de igualdad y justicia social. Este estudio proporciona una base sólida para comprender la situación actual del derecho en Latinoamérica, anclándose en la historia del derecho durante la transición a la república. Asimismo, ofrece reflexiones pertinentes sobre el futuro del sistema jurídico en la región, enraizadas en las lecciones históricas aprendidas durante este crucial periodo de transformación política y legal.

El programa procesal penal en las constituciones del siglo XIX: Un breve repaso histórico al juicio por jurados en el Perú

Diego Alonso Noronha Val — sáb, 28 dic 2024 00:00:00 +0000

El proceso penal se construye a partir de la Constitución. La regulación legal que se le otorga no es independiente, sino que surge indefectiblemente de la norma capital del Estado. Es precisamente en éste instrumento que se recoge el marco de principios generales que son de los que se sancionan las reglas específicas que rigen al proceso penal en una nación. A esta médula teórica se le denomina en la doctrina hispanoamericana Programa procesal penal de la Constitución, y en la portuguesa Constitución procesal penal. Ella, nace en la década de los ochentas, con el cambio de paradigma constitucional de la Constitución Española de 1978. Es, posteriormente, sometida a debate en el Perú con la Constitución de 1993. En tal sentido, es lógico que no existan trabajo de investigación dirigidos a analizar al programa procesal penal histórico, en las Constituciones nacionales. En ese sentido, con este trabajo se pretende conocer parte del programa procesal penal que se gestó durante el siglo XIX en el Perú, haciendo un especial énfasis en la institución del juicio por jurados, escasamente abordado por la doctrina nacional por su ineficaz planteamiento durante tal época. No pretende este texto formular un análisis exhaustivo, sino una aproximación a los conceptos de programa procesal penal de la Constitución y al juicio por jurados, que permita difundir su investigación y análisis histórico.

La abstención de la victima-familia para rendir testimonio en el juzgamiento

John Franck Huerta Molina — sáb, 28 dic 2024 00:00:00 +0000

La importancia de la declaración de la víctima en el proceso penal peruano tiene tal envergadura que ha sido materia de pronunciamiento por la Corte Suprema de Justicia del Perú. El Acuerdo Plenario N. º 2-2005/CJ-116 instituyó que la declaración de víctima debe pasar por un filtro - indicadores de veracidad - para ser considerada una prueba válida de cargo y suficiente para enervar la presunción de inocencia del acusado. Se tiene que el Acuerdo Plenario N. º 5-2016/CJ-116, reitera que la declaración de la víctima en los delitos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar se deben aplicar los indicadores de veracidad, ello luego ha sido legalizado en el reglamento de la Ley N. º 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar - Decreto Supremo N. º 009-2016-MIMP, de fecha 27 de julio de 2016. Por otro lado, el derecho de abstención del testigo familiar del acusado es un precepto legal y tiene raíces constitucionales; sin embargo, en muchos casos ese familiar llamado a juicio oral para testificar se trata de la propia víctima. Entonces, cabe preguntarse si es admisible si dicho testigo-víctima se puede abstener a declarar. La temática abordada contiene una impresión de problemática procesal penal, empero, existe un trasfondo más delicado, esto es, la finalidad del derecho procesal penal. Las reflexiones que se edificaron fueron a partir de un pragmatismo judicial el cual busca viabilizar la búsqueda de la verdad y, por ende, al acercamiento de la justicia.

Ética profesional. Análisis desde el quehacer psicojurídico ecuatoriano

Monica Alexandra Francis Bone — sáb, 28 dic 2024 00:00:00 +0000

En la actualidad, donde la palabra corrupción es ligada comúnmente a la falta de valores éticos y morales, así como al deseo desbordado del ser humano de tener por encima de ser, muchos abrigamos la esperanza del despertar, a la luz de la ética y la conciencia, pues sabemos que en medio de tanta violencia estructural algo no está bien en la sociedad.

En este sentido, la labor profesional del psicólogo perito no esta libre de ser corruptible mucho mas cuando se desconoce de sustentos teóricos que puedan respaldar u orientar el trabajo en el ámbito forense. Así, Puhl et .al (2023, p.67) plantean:

El/la perito psicólogo/a, se debe regir por principios comunes a toda deontología profesional: respeto a la persona, protección de los derechos humanos, sentido de responsabilidad, honestidad, prudencia en la aplicación de instrumentos y técnicas, competencia profesional, solidez en la fundamentación objetiva y científica de sus intervenciones.

Con este artículo aspiramos generar autocrítica en el profesional psicólogo perito, de tal suerte que a la luz de los principios éticos se motive a generar un aprendizaje social significativo, a partir del descubrimiento de sus nudos criticos, con el compromiso de mejorarlos para lograr avanzar en ese aspecto y lograr intervenciones psicojurídicas que no respondan a sesgos o prejuicios personales sino a una perspectiva mas objetiva, más técnica y obviamente ética. Cabe mencionar aquí lo escrito por Macias (2022) sobre ética: “es un ejercicio que se plantea en el interior de cada persona y es en el interior de ella donde se juzga su actuar”. (Macías 2022, p.58)

Posibilidades de gestión de conflictos mediante la Inteligencia Artificial en los Sistemas de Administración de Justicia latinoamericanos

Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados — sáb, 28 dic 2024 00:00:00 +0000

Los sistemas de administración de justicia latinoamericanos se enmarcan en un contexto global cambiante, caracterizado por transformaciones dinámicas desde la tecnología y con el uso de la Inteligencia Artificial. Y aunque el ejercicio profesional del derecho ha estado un tanto al margen de la adopción de estos avances tecnológicos, resulta relevante analizar desde los debates iusteóricos las posibilidades para implementar la Inteligencia Artificial para la gestión de situaciones conflictivas que exigen gestión desde la labor judicial. Así, es posible considerar que la Inteligencia Artificial tiene cinco niveles de complejidad, iniciando por sistemas reactivos y llegando a modelos holísticos que aún no han sido materializados. En consecuencia, en las condiciones actuales de la tecnología, la Inteligencia Artificial estaría en la capacidad de conocer, gestionar y decidir casos con bajos niveles de dificultad, mientras que los casos de complejidad avanzada aún requieren de la intervención humana. En este sentido, este artículo constituye un marco hermenéutico para entender cómo vincular la Inteligencia Artificial desde sus diferentes niveles en la gestión de casos con variados niveles de dificultad. Para ello se acoge un enfoque de investigación crítico, marcadamente cualitativo y fundamentado en revisión documental.

La inteligencia artificial en la justicia: Protocolos para la presentación y valoración de prueba digital obtenida mediante IA

Denis Aguilar Cabrera — sáb, 28 dic 2024 00:00:00 +0000

La integración de la inteligencia artificial (IA) en el derecho penal marca un progreso significativo con amplias implicaciones en la gestión de pruebas digitales en los procesos judiciales. La IA proporciona herramientas que pueden mejorar la eficacia, calidad y transparencia de la justicia penal, al mismo tiempo que plantea desafíos éticos y legales que necesitan ser abordados con cautela. En efecto, la incorporación de algoritmos y sistemas de IA puede contribuir a establecer criterios más objetivos y coherentes en la toma de decisiones. Es de vital importancia analizar a fondo las implicaciones éticas y legales al integrar la IA en el proceso penal, asegurando la salvaguarda de los derechos fundamentales y el respeto a la presunción de inocencia. Puesto que, la protección de los derechos individuales y la responsabilidad de los sistemas automatizados son elementos críticos que deben ser considerados al establecer un marco normativo claro, que regule el uso de la inteligencia artificial en el proceso penal. Asimismo, los algoritmos de IA deben seguir principios básicos como el "in dubio pro reo", y los jueces deben tener la capacidad de apartarse de las recomendaciones de la IA si justifican adecuadamente sus decisiones, manteniendo un equilibrio entre la automatización y la discreción judicial. Es esencial comprender que la IA no pretende reemplazar la labor del juez humano, sino más bien, complementar como un recurso de apoyo para asegurar una justicia efectiva y equitativa en la era digital.

La aplicación de la inteligencia artificial en los procesos constitucionales de tutela de derechos fundamentales

Jhonny Tupayachi Sotomayor — sáb, 28 dic 2024 00:00:00 +0000

En el presente artículo se busca hacer una reflexión en razón a la implementación de la inteligencia artificial en los procesos constitucionales, en específico a los procesos de amparo y habeas corpus contra resoluciones judiciales, y con ello, la aporía que significaría tal fin, en la medida que en la actualidad resulta una tarea compleja para los accionantes, la determinación de la afectación a los derechos fundamentales en su contenido constitucionalmente protegido en los procesos judiciales ordinarios, lo cual conlleva, a que dichos procesos al ser constitucionalizados no lleguen a merecer una sentencia fundada, siendo que en muchos de los casos la improcedencia se convierte en un factor determinante. Bajo tal perspectiva, es interesante preguntarnos ¿sería efectiva la implementación de la inteligencia artificial para la resolución de los procesos constitucionales que cuestionen resoluciones judiciales, desde la perspectiva de la defensa de los derechos fundamentales y la tutela procesal efectiva? Para responder dicha pregunta conlleva denotar la relación entre el derecho y la inteligencia artificial e identificar los problemas en los procesos constitucionales denotados a efecto de verificar si la IA se convierte en la respuesta al problema existente