Justicia para los pobres: análisis del derecho al acceso a la justicia y los centros de asesoría legal gratuita
Resumen
En un Estado constitucional de derecho, el acceso a la justicia implica una obligación prestacional por parte del Estado: brindar servicios de administración de justicia y defensa pública gratuita, especialmente para personas en situación de pobreza. En este marco, el presente trabajo analiza si el Programa de Asesoría Legal Gratuita (Alegra) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) del Perú garantiza la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad del servicio de justicia. Para ello, se examina la ubicación de los centros Alegra, la carga laboral en cada uno, los protocolos vigentes y otros documentos de gestión obtenidos mediante requerimientos de acceso a la información pública. Se concluye que hay una ausencia casi total de servicios Alegra en las provincias con mayores niveles porcentuales de pobreza. Faltan también servicios Alegra en la mayor parte de las provincias que tienen el mayor número de personas en situación de pobreza. Otros hallazgos revelan barreras de accesibilidad para personas con discapacidad; inadecuada distribución de recursos económicos y humanos (lo cual genera sobrecarga en el patrocinio de procesos judiciales y compromete la calidad de la atención); ineficiencias en la verificación de la condición de pobreza del público usuario; y un serio conflicto de interés por parte de las autoridades del MINJUSDH encargadas, por un lado, de administrar la defensa legal de personas imputadas por la presunta comisión de delitos y, por otro lado, de gestionar la defensa legal de las víctimas de delitos. El estudio plantea que para garantizar el acceso efectivo a la justicia es necesaria una reorganización institucional, mejorar la asignación de recursos, e implementar mecanismos de transparencia en la gestión de los servicios.
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