O pomo da discórdia: jurisdição sobre responsabilidade civil por danos decorrentes de relatórios de auditoria
Resumo
Em 2023, o Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que a competência para julgar ações de indenização decorrentes de relatórios de auditoria cabe aos tribunais cíveis. Este artigo visa incentivar os leitores a considerarem abordagens alternativas para essa questão, que pode parecer um assunto já resolvido ou uma decisão definitiva. Busca também oferecer soluções alternativas, baseadas na experiência, que reforcem a ideia da competência dos tribunais trabalhistas. Como Oliver Wendell Holmes Jr. argumentou no mundo jurídico, “o caminho é a experiência, não a lógica” (Holmes, 1881, pag. 3). Através desta pesquisa, o leitor encontrará diversas situações que podem surgir na nossa prática em relatórios de auditoria, as quais podem suscitar dúvidas sobre a competência do tribunal cível em relação aos pedidos de indemnização. A abordagem adotada no Acordo Plenário de 2023, que privilegia a jurisdição cível em detrimento da jurisdição laboral, corre o risco de se tornar um instrumento que pode gerar situações injustas para os envolvidos. Isto é importante porque os tribunais representam o último recurso de razoabilidade que os acusados em relatórios de auditoria podem encontrar. O objetivo deste artigo é esclarecer estas situações que, após o Acordo Plenário de 2023, se revelam imprecisas, vagas, genéricas ou ambíguas, e apresentar argumentos que não foram considerados na altura, de forma a oferecer os detalhes necessários para uma compreensão completa.
Para atingirmos nosso objetivo, partiremos de conceitos anteriores, como a importância constitucional da estrutura do Estado na análise do escopo dos relatórios de controle, a natureza laboral do emprego público, o vínculo contratual dos prestadores de serviços e as implicações da “alegada” responsabilidade administrativa, criminal e/ ou civil dos servidores públicos indicada nos relatórios de controle.
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