Dilemas entre la elección popular y las obligaciones internacionales de derechos humanos en la nueva reforma judicial 2024
Resumen
Este artículo analiza las implicaciones de la reciente reforma judicial en México, que introduce la elección popular de los jueces, desde la perspectiva de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos. La reforma modifica significativamente la estructura y el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación (PJF), pues establece que todos sus miembros, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los magistrados del Tribunal Electoral, los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial, los magistrados de circuito y los jueces de distrito, serán elegidos por voto popular por períodos fijos y, en algunos casos, con posibilidad de reelección. La reforma suscita preocupación en cuanto al cumplimiento de las normas internacionales sobre independencia e imparcialidad judicial: la introducción de «jueces sin rostro» es contraria a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que considera esta figura una violación del debido proceso; el mecanismo de elección popular podría no garantizar adecuadamente la integridad, la idoneidad y la adecuada formación jurídica requerida para los nombramientos judiciales según los principios internacionales; la terminación anticipada de los mandatos de los jueces actuales afecta a la estabilidad y la inamovilidad en el cargo; la ausencia de regulaciones claras sobre la financiación de las campañas abre la puerta a presiones e influencias externas indebidas; la aplicación uniforme de la reforma a los poderes judiciales estatales apunta a una creciente centralización; y la confluencia de los procesos electorales judiciales y políticos plantea interrogantes sobre la politización de los cargos judiciales. En conclusión, si bien la reforma busca abordar deficiencias estructurales en la administración de justicia, varios de sus elementos pueden estar en contradicción con los compromisos internacionales de México en materia de derechos humanos, debilitando, en lugar de fortaleciendo, al Poder Judicial.
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