El delito de trata de personas: un análisis jurisprudencial y normativo para mejorar el acceso a la justicia de las víctimas
Resumen
El presente artículo analiza el delito de trata de personas desde la perspectiva de los derechos humanos y el acceso a la justicia, examinando pronunciamientos emblemáticos de los operadores de justicia y marcos normativos nacionales e internacionales. Se estudia cómo la jurisprudencia ha interpretado las conductas típicas de este delito (captación, transporte, traslado, acogida y retención) y la especial situación de vulnerabilidad de las víctimas. La trata de personas constituye una de las formas más graves de vulneración de la dignidad humana, caracterizada por la cosificación del ser humano y su reducción a ser objeto de comercio. Este fenómeno criminal transnacional afecta de manera desproporcionada a personas en situación de vulnerabilidad, principalmente mujeres, niñas, niños y adolescentes, convirtiéndose en un desafío para los sistemas de justicia que deben garantizar no solo la persecución eficaz del delito, sino también la protección integral y reparación de las víctimas. Se analizan las implicaciones del Protocolo de Palermo como instrumento internacional fundamental que establece estándares para la prevención, persecución y sanción de este delito, así como para la protección de las víctimas. Particular atención merece el reciente Acuerdo Plenario 04-2023/CIJ-112 de la Corte Suprema peruana, que representa un avance significativo en la interpretación y aplicación del tipo penal de trata en el ordenamiento jurídico nacional, armonizando la legislación interna con los compromisos internacionales asumidos por el Estado. Asimismo, se examina la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos pronunciamientos han contribuido a delinear el alcance de las obligaciones estatales en materia de investigación, juzgamiento y sanción de la trata de personas, estableciendo estándares regionales para el abordaje de este fenómeno desde un enfoque de derechos humanos.
Finalmente, el estudio se orienta a identificar buenas prácticas que garanticen el efectivo acceso a la justicia de las víctimas conforme con las Reglas de Brasilia. Se consideran los obstáculos particulares que enfrentan las víctimas para ejercer sus derechos ante los sistemas de justicia y la necesidad de implementar mecanismos de protección especializados que atiendan sus necesidades específicas, eviten la revictimización y promuevan su recuperación integral.
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