Revista Llapanchikpaq: Justicia

Presentación

Janet Tello Gilardi — 2021-06-30

Avances y desafíos del sistema de justicia peruano frente a la implementación del proceso virtual de pensión de alimentos para niñas, niños y adolescentes

Sara Gaspar Pacheco — 2021-06-30

El presente ensayo analiza la regulación del proceso simplificado y virtual de pensión de alimentos para niñas, niños y adolescentes durante el estado de emergencia sanitaria por la COVID-19, aprobado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial del Perú, mediante la Resolución Administrativa n.° 167-2020-CE-PJ, del 4 de junio de 2020, para efectivizar el acceso a la justicia de este grupo vulnerable.

El acceso a la justicia de las personas vulnerables en el sistema judicial italiano

Cettina Di Salvo — 2021-06-30

Este trabajo aborda asuntos relativos al derecho fundamental de acceso a la justicia de las personas vulnerables, particularmente los niños, en el sistema jurídico italiano. Tras analizar los aspectos relacionados con el acceso efectivo a la justicia en el marco legal interno y europeo, se destaca la necesidad de asegurar la protección judicial de las personas en situación de vulnerabilidad mediante la atenuación del «formalismo» procesal, la adopción de medidas especiales y reglas procesales para la tramitación del proceso, las cuales deben adecuarse a la peculiaridad del factor que causa la fragilidad. La implementación efectiva del acceso a la justicia para los niños incluye el derecho a participar y ser escuchados en los procedimientos civiles que afectan sus vidas y requiere, asimismo, que sus opiniones sean consideradas en función de sus niveles de madurez y comprensión. Por último, se examinan las normas que regulan la audición de los menores.

Responsabilidad parental efectiva para garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes en los conflictos familiares

Karla Pamela Jiménez Erazo — 2021-06-30

Para garantizar un efectivo goce de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes, es fundamental que las personas responsables de su cuidado respeten, exijan y hagan cumplir tales derechos, dejando de lado sus intereses personales. En la antigüedad, el cuidado y la protección de los menores se ejercía a través de la potestad del padre de familia, un poder casi absoluto o ilimitado sobre sus hijos y sus bienes. Actualmente, si bien no se aplica de manera literal, se implementa deficientemente cuando se anteponen los deseos o los caprichos de quien la ejerce, sobre todo al tratarse de asuntos del orden familiar, lo cual imposibilita a las niñas, los niños y los adolescentes un pleno ejercicio de sus derechos —entre ellos, su derecho de acceso a la justicia—, pues para ello requieren que un adulto los haga valer en su nombre y representación.

De esta manera, al pasar el tiempo, los niños no reconocidos por sus padres no recibieron alimentos ni tuvieron acceso a la seguridad social y, lastimosamente, se les negó el derecho a conocer su origen, su identidad y convivir con su progenitor. Ello los obliga a que al cumplir la mayoría de edad recurran a los órganos jurisdiccionales solicitando su acceso a la justicia, ya que cuando eran menores no lo tuvieron y, por lo tanto, no pudieron hacer valer sus derechos debido a un ejercicio deficiente de patria potestad.

Garantías para la participación del niño, la niña y el adolescente en el proceso judicial

Teresa Cárdenas Puente — 2021-06-30

Entre los valores fundamentales del sistema de protección a la infancia se ubica, aparte del derecho a la no discriminación, a la vida y el interés superior, el derecho a la participación del niño, la niña y el adolescente en el proceso judicial; sin embargo, este no se ha operativizado de manera concreta ni adecuada para lograr su efectividad. En el presente artículo, examinaremos este derecho en el sistema jurídico y las diversas disposiciones normativas que lo regulan e identificaremos algunas cuestiones que ponen de relieve las garantías que deberían existir para que sea efectivo. A partir de ello, plantearemos medidas procesales para garantizar tal derecho de participación y la plena protección de los derechos reconocidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, procurando que la intervención sea lo menos perjudicial posible, en función de lo que exijan las circunstancias.

Recomendaciones de políticas públicas para la garantía de derechos y la prevención de la pérdida del cuidado parental de los hijos y las hijas menores de edad de las personas privadas de la libertad

Sandra Camacho Rodríguez — 2021-06-30

El objetivo de este artículo es brindar recomendaciones de políticas públicas que garanticen las condiciones de acceso efectivo a la justicia, el apoyo y la protección del Estado para prevenir y evitar que los hijos y las hijas menores de edad pierdan el cuidado parental mientras sus padres cumplen una medida privativa de libertad. El artículo aborda cuatro puntos frente a la atención de los reclusos: a) el fortalecimiento del marco legal y jurisprudencial sobre la garantía de derechos de personas privadas de la libertad en relación con sus hijos e hijas menores de edad; b) las orientaciones para la formulación, la armonización y la implementación de las políticas públicas nacionales en torno a la garantía de derechos de la población en situación de alta vulnerabilidad en contextos carcelarios, mediante los planes de desarrollo nacional y territorial, enfocados en el fortalecimiento de planes, programas, proyectos y estrategias de protección integral para las familias de la población carcelaria; c) la cobertura del Sistema Nacional de Protección a los hijos y las hijas menores de edad de las personas privadas de libertad, a través de acciones que prevengan la pérdida del cuidado parental, incluyendo la Medida Administrativa de Restablecimiento de Derechos, durante los períodos de reclusión de los progenitores; y d) la necesidad del fortalecimiento de las modalidades de atención para los hijos y las hijas menores de edad de las personas privadas de libertad, tanto en establecimientos de reclusión como fuera de ellos, desde la oferta Estatal.

Acceso a la justicia y privación de la libertad en Argentina

Andrea Lombraña — 2021-06-30

El presente artículo analiza el Plan Director de la Política Penitenciaria Nacional y el Plan Estratégico del Servicio Penitenciario Federal 2016/2020, y sus méritos y sus falencias en el ámbito carcelario argentino. A partir de estos, y en concordancia con las Reglas de Brasilia, se plantean políticas para prevenir la criminalidad mediante cuatro tipos de reformas: a) normativas, respecto de la progresividad de la pena, la regulación de la actividad laboral de las personas privadas de libertad en el ámbito penitenciario, la formación y la capacitación del personal, así como el procedimiento relativo a su ingreso, ascenso y egreso, además de la asimilación de la perspectiva de género en la política institucional; b) infraestructurales, es decir, la construcción de cárceles y su organización a fin de reducir la superpoblación; c) resocializadoras de los reclusos en los establecimientos penitenciarios; y, finalmente, d) integradoras para el fortalecimiento de las relaciones entre las organizaciones de la sociedad civil, los organismos de control y las agencias científicas y técnicas como el Conicet.

El acceso a la justicia administrativa de los presos en el derecho francés

Jacques Petit — 2021-06-30

Este estudio se centra en el acceso de los detenidos a la justicia administrativa francesa; a propósito de ello, se evalúa la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pues juega un rol determinante, especialmente cuando ejecuta las disposiciones de la Convención Europea de Derechos Humanos sobre los derechos y las libertades de los presos, quienes deben ser detenidos en condiciones compatibles con el respeto a la dignidad humana. El dualismo jurisdiccional francés (judicial y administrativo) influye en la designación del juez competente que conocerá los recursos ejercitados por los detenidos para impugnar la legalidad de las medidas adoptadas en su contra u obtener una indemnización por el daño sufrido. La distribución de competencias entre los jueces administrativos y judiciales genera, regularmente, obstáculos para que los detenidos accedan a remedios eficaces. En ese sentido, se postula que la unificación y la institución de una jurisdicción especializada en conflictos penitenciarios permitiría un mejor acceso de los detenidos a la justicia en Francia.

La protección de las personas vulnerables a través de la justicia transicional

Ana María Idárraga Martínez — 2021-06-30

Este trabajo analiza el trámite de acreditación de víctimas en el procedimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de acuerdo con los requerimientos de las 100 Reglas de Brasilia. Para ello, se estudiará el concepto de «víctima» tanto en las 100 Reglas de Brasilia como en la JEP, además de sus consecuencias en la protección de la población vulnerable. Luego, se abordará el trámite de acreditación de las víctimas del conflicto armado colombiano ante la JEP, así como sus avances y sus desafíos en relación con los derechos de la población vulnerable, especialmente su acceso a la justicia. Las conclusiones se enfocarán en los avances, los retos y las recomendaciones que surgen del análisis expuesto.