Acceso a la justicia de las personas con discapacidad y adultos mayores: una cuestión de igualdad y dignidad humana

Resumen

El acceso a la justicia constituye un derecho fundamental que no puede limitarse a su reconocimiento formal dentro de los ordenamientos jurídicos. En la práctica, las personas con discapacidad y las personas adultas mayores enfrentan múltiples barreras que dificultan o incluso impiden el ejercicio efectivo de sus derechos, generando escenarios de exclusión que contradicen los principios de igualdad y dignidad humana. Estas barreras no solo son de carácter físico, sino también comunicacional, económico, procedimental y actitudinal, configurando una problemática estructural que requiere un análisis integral.

El presente artículo examina esta realidad desde una perspectiva de dignidad humana e igualdad material, abordando el marco constitucional ecuatoriano y los principales instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables. Asimismo, analiza el desarrollo jurisprudencial relevante, y destaca el rol de la Corte Constitucional en la construcción de un enfoque garantista orientado a la protección efectiva de los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.

Se identifican las principales barreras estructurales que afectan el acceso a la justicia y se enfatiza la importancia de los ajustes razonables como una obligación jurídica y no como una concesión discrecional, en tanto constituyen un mecanismo esencial para garantizar la tutela judicial efectiva en condiciones de igualdad. Además, se incorpora un enfoque interseccional que permite comprender la complejidad de las situaciones de vulnerabilidad, especialmente cuando convergen factores como la edad, la discapacidad y las condiciones socioeconómicas.

Finalmente, el trabajo propone líneas de acción orientadas al fortalecimiento de políticas públicas, la capacitación de operadores de justicia y la transformación institucional del sistema judicial, con el objetivo de avanzar hacia un modelo de justicia más accesible, inclusivo, sensible y centrado en la persona, capaz de garantizar el ejercicio real y efectivo de los derechos.