La vía de hecho municipal frente a las personas en condición de vulnerabilidad: límites al poder sancionador y tutela jurisdiccional en el comercio ambulatorio

Resumen

El presente artículo analiza, desde la dogmática del derecho administrativo sancionador y los estándares de derechos humanos de las Reglas de Brasilia, la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de los comerciantes ambulantes en situación de pobreza extrema por parte de los gobiernos locales. Se denuncia la recurrente materialización de «vías de hecho» durante los operativos de fiscalización municipal, en los cuales los agentes ediles retienen mercadería y ejercen coacción física eludiendo la obligación normativa de emitir el «Acta de ejecución de medida provisional». Esta omisión documentaria deliberada anula por completo la fase instructiva del procedimiento sancionador, viciando la potestad fiscalizadora y usurpando inconstitucionalmente el monopolio del uso de la fuerza pública, el cual compete de manera exclusiva e indelegable a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Como consecuencia directa de esta clandestinidad operativa, el administrado vulnerable es sometido a un estado de indefensión estructural (prueba diabólica), despojándosele de su único medio de subsistencia y obstaculizando materialmente su acceso a la tutela jurisdiccional efectiva. Frente a ello, la investigación delimita las vías de protección pertinentes, consagrando al proceso contencioso administrativo como la herramienta procesal idónea y exclusiva para lograr el cese de las actuaciones materiales no sustentadas en un acto administrativo y demandar la respectiva indemnización por daños y perjuicios. En dicha sede, se exige la estricta aplicación de la «carga dinámica de la prueba», trasladando el rigor probatorio hacia la municipalidad y activando presunciones judiciales de veracidad a favor del comerciante ante la falta de actas de intervención.