La trata de personas con fines de explotación sexual en el Perú: análisis jurídico, desafíos probatorios y propuestas de reforma

Resumen

El presente artículo aborda el fenómeno de la trata de personas con fines de explotación sexual en el Perú. Se analiza el contexto actual de la problemática, sus causas estructurales y consecuencias sociales, así como el marco normativo nacional e internacional que busca enfrentarla. A partir de un enfoque jurídico, se plantea que la persecución penal de este delito enfrenta importantes limitaciones probatorias debido al temor, la dependencia económica y el trauma que sufren las víctimas lo que dificulta la obtención de testimonios consistentes. Frente a ello, se examinan los medios probatorios alternativos —como pericias psicológicas, testimonios periféricos y prueba anticipada— resaltando la necesidad de fortalecer su valoración en los procesos judiciales.
Asimismo, se revisa la jurisprudencia nacional e interamericana que ha establecido pautas en la protección de víctimas y en la exigencia de un estándar reforzado de motivación judicial. Instrumentos como las Reglas de Brasilia y el Protocolo de Palermo constituyen marcos indispensables para garantizar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. El análisis evidencia que, si bien el Perú ha avanzado en la tipificación del delito y en la creación de políticas públicas, persisten falencias en la aplicación práctica de la normativa, especialmente en términos de capacitación de operadores de justicia y uniformidad de criterios jurisprudenciales.
El estudio concluye que la lucha contra la trata de personas no puede limitarse a la promulgación de leyes más severas, sino que exige un enfoque integral que priorice la protección de las víctimas, la prevención de la revictimización y la consolidación de un sistema de justicia más humano y eficiente. Se propone la institucionalización de buenas prácticas procesales y la incorporación obligatoria de estándares internacionales, con miras a construir una respuesta estatal coherente y efectiva frente a esta grave violación de derechos humanos.