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REVISTA OFICIAL
DEL PODER JUDICIAL
Vol. 16, n.o 21, enero-junio, 2024, 347-370 ISSN: 2663-9130 (En
línea)
DOI: 10.35292/ropj.v16i21.937
El
derecho internacional y su rol en la consolidación de la República del Perú
International law and its role in the consolidation of the Republic
of Peru
O direito internacional e seu papel
na consolidação da República do Peru
Gian Pierre Campos Maza
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú
(Lima, Perú)
Contacto: gcampos@rree.gob.pe
https://orcid.org/0009-0008-8630-596X
Luciana Cumpa García Naranjo
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
(Lima, Perú)
Contacto: luciana.cumpa@unmsm.edu.pe https://orcid.org/0000-0002-1845-062X
RESUMEN
El
presente trabajo tiene como objetivo identificar el derecho interna- cional público como instrumento para el diseño,
la conducción y el segui- miento de las acciones de impacto
internacional de la naciente república peruana. Para este fin se iniciará con la definición de las principales categorías objeto de estudio, tales como derecho internacional,
política exterior, objetivos nacionales, entre otros. Seguidamente, se
procederá a analizar una serie de hechos históricos clave, como la ruptura con España (desde
la declaratoria de independencia y su valor
jurídico, hasta
el «Tratado
de Paz y Amistad» de 1879); el proceso de delimitación fron- teriza y su valor para la
protección del territorio nacional; y, finalmente, la generación de alianzas económicas mediante la suscripción de tratados
comerciales que mantuvieron y ampliaron la
proyección internacional peruana en aras de lograr el reconocimiento como Estado independiente frente a la comunidad
internacional. Mediante este examen se denotará el rol que jugó la aplicación
del derecho internacional público por parte de
los actores y los decisores
políticos y militares para lograr los objetivos
planteados para consolidar la nueva república peruana.
Palabras clave: derecho internacional público; política exterior del Perú; intereses nacionales del Perú; independencia del Perú; historia
del derecho.
Términos
de indización: derecho internacional; política
exterior; Perú; república; historia latinoamericana (Fuente: Tesauro Unesco).
ABSTRACT
The
objective of this paper is to identify the public international law as an instrument for the design, conduct and
monitoring of actions with international impact of the
nascent Peruvian republic. For this purpose, it will begin with the definition
of the main categories under study such as international law, foreign policy, national objectives, among others. Next, a series of key historical events will be analyzed, such as: the break
with Spain (from the declaration of independence and its legal value, to the “Treaty of Peace and Friendship” of 1879); the border delimitation process and its value for the protection of the national territory; and finally, the generation of economic alliances through the signing of
commercial treaties that maintained and expanded Peru’s
international projection in order to achieve recognition as an independent
State in the international community. Through this examination, the role played
by the application of public international law by political
and military actors and decision-makers in achieving the objectives
set to consolidate the new Peruvian republic will be
highlighted.
Key words: public international law; foreign policy
of Peru; national interests of Peru; independence of Peru;
law history.
Indexing terms: international law; foreign
policy; Peru; republic; Latin American
history (Source: Unesco Thesaurus).
RESUMO
O objetivo deste trabalho é identificar o direito
internacional público como instrumento para a concepção, condução e monitoramento de ações de impacto internacional da nascente república peruana. Para tanto, começará pela definição das principais categorias em estudo como direito internacional, política externa,
objetivos nacionais, entre outras. A seguir,
será analisada uma série de acontecimentos históricos importantes, como:
a ruptura com Espanha (desde a declaração de independência e o seu valor jurídico, até à “Tratado
de Paz e Amizade” de 1879); o processo
de delimitação
de fronteiras e o seu valor para a
proteção do território nacional; e finalmente, a geração de alianças econômicas através da
assinatura de tratados
comerciais que mantiveram e ampliaram a projeção internacional do Peru para alcançar o reconhecimento como Estado independente na comunidade internacional. Através deste exame, será destacado o papel desempenhado pela aplicação do direito internacional público pelos atores e tomadores de decisão políticos e militares na
consecução dos objetivos definidos para a consolidação da nova república peruana.
Palavras-chave: direito internacional público;
política externa do Peru; interesses nacionais do Peru; independência do Peru; história
do direito.
Termos de indexação: direito internacional; política externa; Peru;
república; história latino-americana (Source: Unesco Thesaurus).
Recibido: 25/2/2024 Revisado: 27/2/2024
Aceptado: 9/5/2024 Publicado
en línea: 30/6/2024
1.
INTRODUCCIÓN
El tema del trabajo
está referido a la utilización del derecho internacional público en tiempos de transición a la república por parte de las autorida- des políticas y militares
del Perú a fin de alcanzar lo que se consideraban
los primeros objetivos nacionales.
Al respecto, se encuentra
variada bibliografía relacionada con la historia del
nacimiento de la república, las estrategias diplomáticas apli- cadas y la
institucionalización de la política exterior nacional.
El objetivo de este artículo
es demostrar la importancia que tuvo el derecho internacional para el logro de
los objetivos independentistas y republicanos
en los primeros años de fundación de la nación
peruana. La justificación de
esta investigación se basa en la necesidad de evidenciar que el cumplimiento y
la defensa del derecho internacional ha sido una constante permanente en la política internacional del Perú, desde el inicio de la
república hasta nuestros días.
Para este fin, iniciaremos con una descripción de las principales categorías
que utilizaremos a lo largo del trabajo. Seguidamente contex- tualizaremos los
intereses y los primeros objetivos de la política exterior peruana en la etapa
inicial de la república. Finalmente, y para demostrar nuestra hipótesis, haremos
mención de una serie de momentos clave de la historia de la naciente república
peruana en los cuales se evidenció la aplicación del derecho internacional por
parte de la diplomacia peruana para el alcance de sus objetivos
independentistas.
2.
LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA NACIENTE REPÚBLICA
2.1.
Conceptos iniciales
De
manera general, la política exterior es entendida como un conjunto de
formulaciones y acciones que inciden o están dirigidas al sistema internacional (San Martín, 1987, p. 22). Carlos García Bedoya (1992) explicaba que
un Estado suele trazar
determinados propósitos a ser alcanzados en el ámbito externo. Es decir, señala sus objetivos y los
procedimien- tos mediante los cuales cree que puede alcanzarlos. Ese esquema esencial —que implica
una decisión propia del Estado y la determi-
nación de sus alcances— constituye la
política exterior propiamente dicha. (p. 68)
Por tanto, el diseño y la gestión
de la política exterior de un Estado supone una labor que va más allá
de la simple interpretación de sucesos del ámbito internacional. Hoy, las
relaciones internacionales, consoli- dada como disciplina científica, implica el análisis de determinadas variables, así como métodos propios de las ciencias sociales.
Aquellas variables tienen que ver con las características y los reque- rimientos de un Estado en un determinado momento histórico y son susceptibles de cambio.
Es por ese motivo que se puede
afirmar también que la
política exterior es el reflejo de la política interna. Los gobiernos y los Estados buscan
una sintonía vital entre sus realidades internas y la proyección de su imagen y
su gestión externa (Maúrtua, 1995, p. 25). La lectura orientada de esas
realidades es la que permitirá una política exterior efectiva en función
de sus intereses nacionales.
En síntesis, como indica Javier Pérez de Cuéllar, la política exte-
rior es aquella que contempla «el conjunto de posiciones y acciones que adopta un Estado en
su relación con otros Estados o en el seno de organismos
internacionales con la finalidad de preservar su seguridad, sus intereses e
influencia» (Pérez de Cuéllar, 1997, p. 13). En tal sentido, busca alcanzar los objetivos nacionales que son la concreción de sus intereses, vale decir, las aspiraciones colectivas de un país en torno a determinados
aspectos de la vida social, económica o política.
Los intereses nacionales están influidos por el devenir
histórico del país, la ubicación geográfica de su territorio, los valores compartidos, los lazos éticos y lingüísticos, entre otros (Buller,
2023, p. 140). En esa lógica,
un interés nacional puede satisfacerse a través del logro de uno o varios
objetivos nacionales, los cuales, a su vez, son incorporados en las políti- cas
de Estado que contienen estrategias para hacerlos posibles.
Por lo anterior, y para fines de esta investigación, nos pregunta- mos cuál fue el rol que cumplió el derecho internacional en la adopción
de la incipiente política exterior de la nueva república peruana.
Por lo tanto, es oportuno ofrecer un concepto general del
derecho internacional público, entendido tradicionalmente como el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los Estados. A la fecha, esta definición estatocéntrica ha sido superada
debido a que el actual dere- cho internacional contempla dentro de la categoría
de sujeto de derecho internacional a otras entidades como las organizaciones
internaciona- les y los individuos. La principal consecuencia de esta evolución es el desarrollo de nuevas áreas jurídicas como el
derecho internacional de los derechos humanos. Asimismo,
las obligaciones derivadas del dere- cho
internacional constituyen una variable a ser tomada en cuenta al momento
de la determinación de la política exterior de un Estado.
2.2.
La política
exterior de los albores de la república
peruana
La
joven república peruana se encontraba frente a un orden interna- cional de
carácter europeo cuyos imperios estaban sufriendo un debili- tamiento por la
ola independentista. Sin embargo, eso no significó una eliminación o un cambio
fundamental en las estructuras de poder inter- nacional, por lo que los nuevos Estados americanos no impugnaron el
derecho internacional vigente,
sino que, por el contrario, se insertaron en el orden jurídico global y lo aplicaron para sus propios intereses (Carrillo,
1991, p. 38).
Esta corriente independentista con el tiempo contribuyó a la
crea- ción de principios —hoy básicos del derecho internacional— como el de independencia (o el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos) e igualdad jurídica (Ulloa, 1959, p. 72). Asimismo, fue el fundamento de
otros postulados generales jurídicos como la legitimidad
democrática y la efectividad como criterio del reconocimiento de Estados y
gobiernos (Truyol y Serra, 1998, p. 107).
En consecuencia, una primera cuestión que debemos resolver
es si existía
o no una política exterior
en la etapa de transición a la república
peruana. En efecto, como señalaba acertadamente Fernández Puyó (1994),
el aislamiento de un Estado es antinatural y materialmente
imposible. De hecho, lo que define la existencia de una política exterior es la coherencia y la
continuidad de las actitudes del Estado —obviamente en
el campo externo—, ya que no consiste en una simple sucesión o yuxtaposición de actitudes inconexas. Un país que
obrara en cada caso con total prescindencia de la conducta que sigue en otras situaciones, podría tener relaciones internacionales, pero en el sentido estricto del término no tendría política exterior (pp. 49-50).
Tomando en cuenta los criterios de Fernández Puyó, podemos afirmar que —a pesar del conflictivo e
inestable contexto de inicios del siglo XIX— sí existió una política exterior.
Evidencia de este enunciado son las diferentes acciones y estrategias emprendidas por el Estado peruano que describiremos más adelante y de las cuales, al observarlas en conjunto, se desprenden como primeros objetivos nacionales los siguientes: (a) el reconocimiento internacional
como nuevo Estado inde- pendiente; y (b) la sostenibilidad económica para el nuevo proyecto
nacional.
En esa línea, el derecho internacional fue aplicado por la
diploma- cia peruana para el logro
de los objetivos nacionales. De esta conclusión podemos afirmar también que la aplicación y el respeto del derecho internacional ha devenido en una política
de Estado constante que ha trascendido los siglos. Prueba
de ello es la afirmación del Libro Blanco de la
Defensa Nacional, que a la letra expresa:
El
Perú tiene como política de Estado el estricto respeto al derecho internacional, la igualdad jurídica y soberana de los Estados; el principio de la no-injerencia y la no intervención en los asuntos internos de otros países; la libre
determinación de los pueblos, el fiel cumplimiento de los tratados, la prohibición del uso o amenaza
del uso de la fuerza.
(Ministerio de Defensa, 2006, p. 61)
Con la misma coherencia, la
sexta política denominada «Política Exterior para la Paz,
la Democracia, el Desarrollo y la Integración», del primer objetivo sobre democracia y Estado de derecho del Acuerdo Nacional ha
dispuesto que «Consolidaremos la firme adhesión del Perú a las normas y
principios del Derecho Internacional» (Foro del Acuerdo Nacional, 2002, p. 2).
Vale decir entonces que las primeras acciones de proyección externa que desplegó la república peruana constituyeron
una política exterior cuyos principios han permanecido hasta el bicentenario de su fundación.
3. LA DINÁMICA DEL
DERECHO INTERNACIONAL EN LA CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO PERUANO
En
este apartado haremos un recuento de episodios clave que la repú- blica enfrentó a fin de consolidarse institucionalmente y en los que se evidencia la aplicación del derecho internacional como parte de las estra- tegias de la diplomacia peruana.
3.1.
La ruptura con España
3.1.1. La declaratoria
de independencia y la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores
Las
famosas palabras de San Martín: «desde estos momentos el Perú es libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende» expresaban una significación y
un contenido objetivo vinculado a la voluntad de liberar al pueblo peruano de España y de toda dominación extranjera. Si bien hubo una independencia relativa a la antigua metrópoli, surgieron inmediata- mente más
poderosos —aunque menos visibles— lazos de subordinación política, económica
y cultural (Llosa,
1975, p. 42). La realidad
contradecía el discurso, pues si bien ya no se encontraba un dominio español
—dado que el virrey La Serna se había retirado hacia la sierra sur y el
Alto Perú (hoy Bolivia)—, tampoco
se podía afirmar
que existía una administración
peruana independiente. Resultaba urgente
organizar al nuevo Estado. En consecuencia, la creación del Ministerio
de Relaciones Exteriores, como el primero de la nación el 3 de agosto de 1821,
tuvo una intención clara: lograr el reconocimiento internacional del nuevo país
(Espinoza, 2023, pp. 44-45).
Es oportuno evocar en este apartado las doctrinas de reconoci- miento de
Estados. Por un lado, la doctrina constitutiva sostiene que la existencia de un
Estado depende de la manifestación
que reciba
por
parte de otros a fin de reconocerlo como tal; por otro, se encuentra la
doctrina declarativa, basada en que la cualidad de Estado
es indistinta al reconocimiento que reciba de otros, dado que lo prevalente es la
actuación de los tres elementos que lo conforman: territorio, población y soberanía (Seara, 2009, p. 103). En esa tesitura,
era lógico que los Estados europeos se
inclinaran por la doctrina constitutiva del reconocimiento de Estados,
mientras que las naciones americanas propugnaran la validez
de la segunda de estas posiciones. En consecuencia, la proclama citada al inicio resultaba insuficiente si no se lograba
la institucionalización pronta de la república.
3.1.2.
La Capitulación de Ayacucho
La
batalla de Ayacucho constituye un acontecimiento histórico no solo para el Perú, sino para toda la región
latinoamericana. En efecto, para una mayoría de
historiadores, la vida independiente nacional comenzó el 9 de diciembre de 1824
con la victoria de las tropas independentistas frente a las huestes realistas
lideradas por el virrey José de La Serna.
El hito que constituyó el
inicio de la vida republicana fue un tra- tado internacional conocido como la Capitulación de Ayacucho. Este acuerdo contó con disposiciones orientadas a
determinar la relación con España, pero hizo complejo
el reconocimiento futuro como Estado independiente que buscaba el Perú debido a las concesiones que se brin- daron a las exigencias de la corona
española, en especial, las relacionadas con
la deuda que se contrajo con motivo de la independencia (Chávez, 2023, p. 25).
3.1.3.
El reconocimiento como Estado independiente
Como ya hemos manifestado, el primer objetivo
nacional consistía en lograr el reconocimiento
internacional como Estado independiente. Este acto cobraba vital importancia si provenía desde
la metrópoli que ejerció
dominio sobre el Perú, motivo
por el que su obtención tuvo una prio- ridad especial mediante el envío de misiones diplomáticas a Europa (Buller,
2023, p. 150).
Desde 1840 y durante los veinticinco años posteriores, el Perú envió distintos funcionarios de índole diplomática
a España con el fin de recibir el regio exequátur,
es decir, la autorización del Estado receptor para el ejercicio de sus funciones. No obstante, dicha gestión resultó
obstaculizada por la negativa española
basada en que la reina
Isabel II de España no había «declarado la independencia» del Perú. Personalidades como Plácido Muñiz,
Valentín de Zufiría, Mariano Moreyra, Joaquín de Osma y Ramírez y Arellano, y Pedro Gálvez arribaron a la península con la misma misión sin lograr el éxito esperado.
El 27 de enero de 1865, luego de la toma de las islas de Chincha por parte de una flota española y amenazas de bombardeos al puerto del Callao, el presidente de la República, general Juan Antonio Pezet, decidió la suscripción del tratado conocido
como Vivanco-Pareja, el cual
nunca fue ratificado por el Congreso como lo disponía la Constitu- ción de 1860 para su entrada en vigor. A pesar de lo anterior, el
enton- ces ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Pedro José Calderón, en cumplimiento del tratado, nombró como representante diplomático a Domingo Valle Riestra y le encomendó
la misión de negociar el «Tratado
de paz, amistad, navegación, y comercio» (Chávez, 2023, pp. 30-31).
Valle Riestra fue el primer agente diplomático que pudo
presentar sus cartas credenciales y ser recibido
oficialmente por la reina de España,
lo que constituyó un indubitable gesto de reconocimiento de la indepen- dencia del Perú.
Luego del combate de 2 de mayo de 1866, derrotada la
expedición española y producido el armisticio de 1871, las relaciones entre el
Perú y
España lograron una gran evolución, por lo que, años más tarde, sus- cribieron
el Tratado de Paz y Amistad en 1879. El acuerdo fue ratificado por el Congreso nacional el mismo año y resulta ser un instrumento relevante debido a que fue el primer
tratado perfeccionado entre ambos países.
A diferencia de otros Estados latinoamericanos, el acuerdo no incor- poró cláusula alguna de reconocimiento de la independencia, puesto que la recepción oficial y la aceptación de las cartas credenciales de Domingo Valle Riestra por la reina Isabel II en 1865 constituyeron el
referido reconocimiento (Chávez, 2023, p. 34).
3.2.
La república bajo ataque y en defensa
del espacio nacional
Durante el mismo período en el que se ponía fin a todo tipo de pre- sencia político-militar española con afanes restauradores en el Perú (1821-1866), la nueva república pasaría por un momento de inestabi- lidad política a nivel interno (guerras civiles,
caudillos militares, crisis económica, etc.) que coincidió
en el plano externo con el surgimiento de disputas vecinales debido a la falta
de definición de límites territoriales.
El origen de dichos conflictos puede entenderse si tomamos en cuenta que un elemento esencial para la configuración del Estado-nación,
en el sentido de la Paz de Westfalia (1648), era contar
con una base terri- torial, que en función de la riqueza de sus recursos naturales hiciera posible la
viabilidad económica de un país. Esto explica que los Estados busquen, como
parte de su política exterior, ampliar el espacio físico de sus dominios
sobre la tierra
y el mar, y que se genere
aquello que García Bedoya (1980, p. 22) denominaba
como «fenómeno internacional» resul- tante del encuentro y la colisión de intereses estatales distintos dando
lugar a dos posibles escenarios: el
conflicto o la cooperación.
En el
caso de las nuevas naciones americanas, el fenómeno inter- nacional casi unánime fue el litigio de fronteras (Ulloa, 1959, p. 83), y si bien, como señala Casalino (2022, p. 12), hubo ocasiones de enten- dimiento, la guerra fue vista como el medio
para buscar una solución a dichas disputas por límites internacionales. En un sentido
similar, Rodrí- guez Cuadros (2007, p. 23) afirma que «en el siglo XIX la política inter-
nacional estaba determinada por la posibilidad de la guerra,
que era una posibilidad siempre latente» y añade que «la guerra tenía un estatuto de legalidad». Actualmente, esta
perspectiva ha sido superada por una opción que busca la solución de diferendos
a través de medios pacíficos al amparo de la Carta de la Naciones Unidas, entre otros instrumentos del
derecho internacional moderno que prohíben la guerra.
El derecho internacional de la época, de origen europeo,
tuvo una importancia inicial para asegurar el componente territorial de los
países americanos que se fundó en los principios de uti possidetis y
libre deter- minación de los pueblos. Como señala Víctor Andrés Belaúnde (1981),
las naciones americanas
tenían como origen no solo factores geográfi- cos e históricos, «sino fundamentos jurídicos» (p. 38). Los dos preceptos
mencionados,
convertidos en normas jurídicas internacionales, preva- lecieron durante la independencia. Sin embargo, el referido derecho internacional tuvo una aplicación limitada para la regulación de la
interacción entre los Estados americanos. No tendría la capacidad para evitar las
confrontaciones que tuvieron
lugar, pero sí para justificar
las iniciativas
conjuntas de cooperación en la región.
Nuestro país en el siglo XIX no contaba con fronteras acordadas
formalmente con las otras repúblicas que surgieron a su
alrededor. En estas circunstancias, en opinión de Boza (2019), «el riesgo
principal con- sistía en que la acción concertada de los vecinos debilitase de manera significativa
la capacidad real del Perú» (p. 62). Esta realidad ocasionó que durante
muchos años la política exterior de nuestro país estuviera
comprometida con asegurar el respeto a las posesiones territoriales con
las que contaba al inicio
de la República, y para ello era esencial el cierre
de
sus límites internacionales.
La herramienta para la defensa de los títulos jurídicos sobre su
territorio fue el derecho internacional. A este empleo
de las normas inter-
nacionales, Wagner de Reyna (1981, p. 26) lo llamó «la acción jurídica» como medio para garantizar la presencia
internacional del Perú, cuya ejecución recayó en los
funcionarios del Ministerio de Relaciones Exte- riores. Alberto Ulloa (1959)
describió esta labor de la siguiente manera:
Los talentos
de muchos de los hombres
más eminentes en el campo jurídico; y continuos y costosos esfuerzos
de investigación histórica para descubrir, demostrar y mejorar la eficiencia de los títulos, fueron consagrados a ese fin, que era
sustancialmente un fin de Derecho. (p. 84)
Con un criterio
similar, José María de Pando (1827), quien fue
ministro de Relaciones Exteriores del Perú en varias ocasiones desde 1826, reconociendo la relevancia de esta tarea,
sostuvo en dicho período:
«fijar
con la mayor exactitud que sea posible los términos o linderos de los
territorios respectivos, es un objeto de la más alta importancia para todas las naciones» (p. 107).
A pesar de lo urgente del desafío, el interés peruano para fijar
sus límites territoriales tuvo que ser asumido gradualmente debido a la falta
de vocación de los Estados de
la región para regular sus relaciones de vecindad mediante tratados internacionales, en particular, para
delimitar sus fronteras. Mientras no fue factible ese cometido, se aplicaron
medidas prácticas y temporales (Novak y Namihas,
2020, p. 53) dirigidas a dismi-
nuir las tensiones entre ellos (ejemplo: suscripción de acuerdos de paz).
Como consecuencia de esta situación de incertidumbre
respecto a las fronteras, el
Perú estuvo inmerso en una serie de conflictos territo- riales durante
los primeros cincuenta años de su vida republicana. Entre 1828 y 1841,
nuestro país estuvo
en guerra con Argentina, Bolivia,
Chile, Ecuador y la Gran Colombia y
fue hasta superado este momento que pudo contar «con un territorio y gobierno más o menos definidos» (St. John, 1999, p. 23). Detrás de las demandas territoriales, existieron también razones de tipo estratégico y geopolítico para justificar el origen de
dichos conflictos. Por ejemplo, el Perú invadió Bolivia el 1 de mayo de 1828 ante el deterioro de las relaciones con la Gran Colombia en el norte y frente a la amenaza de verse atrapado en el sur por un gobierno
proclive a ella, liderado por Antonio José de Sucre (Ulloa, 1997, p. 256). Luego de la derrota del ejército boliviano, se suscribió el Tratado de Piquiza, el 6 de julio de 1828, y se logró la
salida del poder de Sucre.
Otro conflicto emblemático de esta etapa
fue la guerra del Perú con
la Gran Colombia (1828-1829).
Dentro de las causas de este enfrenta- miento se encuentran las reclamaciones sobre Jaén y Maynas formuladas por la Gran Colombia, los pagos pendientes de préstamos generados durante la lucha de independencia del Perú, el cuestionamiento y el rechazo al liderazgo
de Simón Bolívar,
acrecentado luego de su retiro del
Perú en
1826, entre otras. La acción armada terminó con la derrota del ejército del presidente del Perú, José de la Mar, en la batalla
de Portete de Tarqui el 27 de febrero de 1829. Los representantes de ambos países
sus- cribieron el 22 de septiembre del mismo año el Tratado de Paz y Amistad,
acuerdo Larrea-Gual, que estableció que ambas partes se comprometie- ran
a la reducción de las fuerzas militares en el sur de la Gran Colombia y el norte del Perú, así como al reconocimiento de sus derechos sobre los territorios que habían pertenecido a los virreinatos del Perú y Nueva
Granada.
No obstante este acuerdo hizo posible, de manera práctica, la paralización del
conflicto militar, no resolvió ningún problema limítrofe (St. John, 1999, p. 23).
Asimismo, un caso bélico de la mayor
relevancia para la época, por el número de países involucrados, fue
la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana de 1836 a 1839. La unificación de Bolivia y Perú
había sido parte de la aspiración de muchos políticos y militares desde la independencia. Andrés de Santa Cruz, como presidente del Perú, estableció, mediante decreto del 28 de octubre de 1836, la creación de la
confederación. Para 1837, la confederación quedó compuesta por los Estados nor
y sur peruanos, y Bolivia, los que quedaron bajo el mando de un protector,
en este caso, Santa Cruz. El recelo generado por esta unión hizo que países como Chile y Argentina
decidieran emprender acciones militares contra la confederación en mar
y tierra. La precarie- dad de los mecanismos de diálogo
entre los Estados en esa época solo podía aumentar la desconfianza entre
ellos. Un primer acuerdo de paz celebrado en Paucarpata el 17 de noviembre de 1837 entre las partes
sería desconocido inmediatamente por Chile, lo que evidencia la fragilidad de los
acuerdos de ese momento y el poco compromiso para respetar lo que
podía ser estipulado en ellos. La naturaleza coyuntural de su celebración
hacía parecer que el incumplimiento de estos acuerdos no generaba
consecuencias de tipo jurídico, incrementando aún más la inseguridad en las relaciones de los Estados
involucrados. Seguidamente, Chile
envió una segunda expedición para acabar con la confederación, lo que se logró con la derrota
de Santa Cruz en la batalla de Yungay el 20 de enero de 1839.
La historia de la confederación ejemplifica las dificultades que afrontó el Perú en un escenario en el cual las relaciones estatales se rehusaron
a adoptar un marco jurídico internacional que las regulase de manera efectiva.
Esto último no solo determinó la colisión de intereses entre las naciones
americanas, sino también retrasó el establecimiento de soluciones
con una permanencia en el tiempo.
De la mano de estos sucesos de enfrentamiento militar, también existieron momentos para la cooperación, la acción
conjunta y la bús- queda de integración, como fue la
iniciativa alrededor del Congreso
Anfictiónico de Panamá en 1826, en el cual el
Perú actuó brindando los fundamentos para el rechazo a todo tipo de intervención extranjera, con-
forme se entiende de las instrucciones dadas a los delegados peruanos por parte
de los ministros de Relaciones Exteriores, Hipólito Unanue y, posteriormente, José María Pando (Basadre, 2005, p. 118). En estos casos,
uno de los elementos que
unificaba a los países americanos era el ya referido
empleo del derecho internacional para legitimar sus territorios y la unanimidad en la adopción de la república
como forma de gobierno.
Estos períodos de estabilidad y de convergencia de los intereses de
los Estados de la región coincidieron con la llegada al poder en el Perú de gobiernos
que respaldaron la institucionalización de la política exterior peruana para una proyección internacional unificada de los intereses nacionales. Nos referimos al caso del
gobierno del presidente Ramón Castilla y la labor realizada
por su ministro de Relaciones Exteriores, José Gregorio
Paz Soldán, con la finalidad de unificar los esfuerzos
de la región alrededor de preceptos que, con el paso del tiempo,
se volvieron «constantes históricas» (Wagner de Reyna, 1981, p. 28) de nuestra proyección internacional, como lo fueron
la determinación de la zona del Pacífico Sur dentro de un clima de
concordia internacional, la defensa de la región frente a cualquier tipo de
presión de las grandes potencias a fin de garantizar una igualdad entre
naciones, la solidaridad continental ante alguna amenaza
externa, y la defensa de la paz entre los Estados de la región
(Wagner de Reyna,
1997, p. 33). Los planteamientos peruanos fueron respuestas de tipo jurídico a sucesos históricos sufri-
dos por la región como la guerra de España contra el Perú (1865-1866) y la invasión
francesa destinada a establecer un imperio en México
(1862-1867). Dichos preceptos son también un valioso aporte peruano a la doctrina
jurídica interamericana y su influencia pervive hasta nuestros días como inspiración de los lineamientos de política exterior
de nuestro país y de otros en la región latinoamericana.
3.3. La búsqueda del
relacionamiento económico: el reconocimiento como Estado y la ampliación de relaciones diplomáticas
Como se ha indicado, la nueva república peruana
tuvo en la definición de su territorio el primero de sus retos internacionales. La lógica del
conflicto militar,
que fue una constante en sus primeros
años, buscó afir- mar los confines del espacio nacional
de la nueva república. Aun cuando,
de manera preliminar, se logró que el Estado peruano
se asentara territo- rialmente, se requería también
que este pudiera
ser visto en situación de igualdad con el resto de las naciones, conforme al derecho internacio- nal. La existencia en sí misma del Perú no era suficiente para
garantizar su futuro: una nación aislada y sin una política exterior
posicionada en el mundo podía hacerla víctima de quienes eran susceptibles de
cues- tionar su carácter como Estado. Entonces, se requería respaldo exterior y «determinar la personalidad política del Estado frente al extranjero» (Wagner de Reyna, 1997, p. 27), y que la nueva nación pudiera interac- tuar externamente consiguiendo su «reconocimiento en el concierto internacional» (Casalino, 2022, p. 10). Para alcanzarlo, el nuevo
Estado peruano emprendió dos caminos: lograr el reconocimiento internacional como nación independiente por parte de otros
Estados y la celebración de tratados internacionales que reafirmaran su calidad de sujeto interna- cional y que reforzaran el nivel de relación con otras naciones.
Aunque el reconocimiento internacional no condicionaba el
carác- ter estatal de la nación peruana, cuya existencia era ya indiscutible, sí era preciso para su supervivencia futura. El
reconocimiento expreso o tácito se hizo imperativo para el «destino económico y
comercial» del Perú (García Belaunde, 2021, p. 46), estrechamente unido
a su desarrollo. El apoyo a la economía
nacional dependía de las relaciones diplomáticas con aquellos países, principalmente las potencias
europeas, con los cua- les era necesario comerciar, establecer mercados y hacer
negocios.
La guerra de independencia había afectado severamente a la
eco- nomía del país al punto de estar arruinada al momento del retiro del
libertador Simón Bolívar en 1826 (St. John, 1999, p. 17)
debido a la para- lización del comercio con la consecuente pérdida de mercados
consoli- dados durante el virreinato, así como del uso abusivo
del crédito externo (Quiroz, 2013, p. 104). Como indica Wagner de Reyna (1997, p. 29), «el erario
prácticamente en falencia necesitaba del dinero exterior»; en ese contexto, la política exterior peruana envió desde 1821 sus primeras misiones diplomáticas y se empeñó en obtener el reconocimiento de
otros Estados,
y a partir de ello buscó establecer un relacionamiento eco- nómico dirigido a fomentar
la inversión y el comercio.
El inicio de relaciones diplomáticas con los Estados de la región vino a partir de 1822 con el reconocimiento por parte del Perú de la independencia de Chile,
el mutuo reconocimiento con la Gran Colombia
como Estados independientes ese mismo año, el reconocimiento de México con la llegada a ese país del primer ministro plenipotenciario peruano en 1823, el de Bolivia
en 1826, de Brasil (en ese entonces
imperio gobernado por Pedro I) en 1827 y de Ecuador (luego de separada la
Gran Colombia) en 1830.
Si bien el relacionamiento con dichos Estados era importante
para los propósitos de buscar lograr, en un corto plazo, una mayor certeza sobre los límites territoriales mutuos, así
como establecer lazos de con- fianza o cooperación, era aún más urgente, para
la proyección del Perú, vincularse económicamente con dos Estados, fuera del
entorno geográ- fico cercano: Gran Bretaña y Estados Unidos.
El reconocimiento por parte de Gran Bretaña,
la que durante décadas previas a la independencia había propugnado por una mayor libertad para el comercio con las colonias
españolas en América, tuvo lugar hasta 1831. Lo anterior, pese a que
desde 1822 se habían dado los primeros intentos dirigidos a lograr el inicio de
relaciones diplomáticas con el envío de la misión Juan García del Río (Novak y Namihas, 2020, p. 44), mientras
era ministro de Relaciones Exteriores José Faustino
Sánchez Carrión, a quien en ese momento le preocupaba que el Perú mantuviera
una posición solitaria a favor de un modelo monárquico de gobierno, mientras
que los recientes Estados americanos adoptaban el sistema
republicano (O’Phelan, 2015, p. 35).
El surgimiento de esta nueva relación coincidió con el
nacimiento de la historia
financiera del Perú, basada en el endeudamiento producido por diversos préstamos provenientes del extranjero para costear las campañas militares de ese período. Por ejemplo, el primer préstamo externo de nuestro país fue gestionado por el
citado García de Río, en su calidad de enviado
por el libertador José de San Martín,
en el mercado británico a inicios de la década de 1820 por un monto de 1.2 millones de libras esterlinas (Quiroz, 2013, p. 107). Esta etapa de una serie de
préstamos originó una dependencia financiera de Europa (St. John, 1999, p. 17) que se incrementó en las décadas siguientes.
El caso de Estados Unidos de América fue diferente. Su indepen- dencia desde 1776 generó la designación de agentes comerciales y de navegación en nuestro territorio entre 1810 y 1817, año en el que fue nombrado Jeremy Robinson como agente comercial con residencia en Lima y posteriormente
William Tudor como cónsul de los Estados Uni- dos y delegado para temas comerciales desde 1824 (St. John, 1999,
p. 18), luego de haber reconocido al Perú en mayo de 1822. Desde 1826, se formalizarían las relaciones diplomáticas con el nombramiento de James Cooley como
encargado de negocios de Estados Unidos de América en el
Perú (Novak y Namihas, 2020, p. 44).
Cabe precisar que esta primera etapa de relacionamiento
interna- cional con objetivos en materia económico-comercial
no estuvo
exenta de verse afectada por la precaria
situación política sufrida luego de las guerras de independencia. Este
período, como indicaría William Tudor en una carta al secretario de Estado John Quincy Adams en 1824, se caracterizó por episodios relacionados con
confiscaciones arbitrarias de bienes, incluso
pertenecientes a estadounidenses, y se generaron inci- dentes de tipo diplomático y el retraso en la formulación de una «reforma
comercial y tratados de comercio con el exterior» con el respectivo per-
juicio para el Perú (Quiroz, 2013, p. 104).
El reconocimiento de otros Estados europeos se haría efectivo desde 1852, con el inicio
de relaciones diplomáticas con los Estados
Pon- tificios, mientras que Portugal reconoció a nuestro país en 1853.
Francia lo hizo en 1861, Italia en 1864, así como Alemania y Rusia en 1874. Los cuatro países anteriores suscribieron tratados de amistad, comercio y
navegación, mediante los cuales buscaron fortalecer la
relación econó- mica bilateral. Este es el momento en el
cual el Perú hizo ejercicio pleno de su soberanía estatal, expresada en su capacidad para celebrar tratados internacionales en una materia
distinta a la relacionada con la delimita- ción de fronteras. El interés nacional era
restablecer rutas comerciales resguardadas por las seguridades propias de los tratados en el marco del
derecho internacional, obtener precios justos para los bienes exportados e importados y poner
en funcionamiento la economía local.
La política exterior peruana, en su afán de contribuir a las
necesi- dades económicas del país, no se limitó a los mercados tradicionales. Así, por ejemplo, en lo referido al continente asiático, el Perú formalizó sus relaciones diplomáticas mediante acuerdos de amistad, comercio
y nave- gación, con Japón a partir de 1873 y con China
desde 1874.
Para fines del análisis de esta parte de la investigación, hemos con-
siderado el período comprendido entre 1821 y 1879, año en el que España reconoció finalmente al Perú, tras
los sucesos de la independencia y de la guerra con ese país entre 1865-1866. Lo
señalado nos muestra el largo período de más de cincuenta años en el que el Perú procuró alcanzar
un reconocimiento
internacional, así como una inserción en el ámbito del
comercio internacional en el siglo XIX. Este proceso de enfoque eco- nómico se
produjo de manera lenta y gradual, en paralelo de sucesos y amenazas externas
al continente ya mencionadas, lo que causó que exis- tiera en el Perú «un
sentimiento de vulnerabilidad» (García Belaunde, 2021, p. 48) que se buscó
reducir a través
de medidas, también
descritas, al amparo del derecho internacional (unidad y defensa
colectiva del con- tinente americano), las que contaron
con el respaldo, en mayor y menor medida, de Estados Unidos de América y Gran Bretaña.
4.
CONCLUSIONES
Como se ha podido verificar, el Perú contó desde el inicio de su vida
independiente con una política exterior dirigida a
alcanzar sus objetivos nacionales. Para este fin, el Estado peruano se valió de
acciones coordi- nadas y permanentes, de corto
y mediano plazo, que contemplaron la aplicación del derecho internacional.
El cumplimiento del derecho
internacional como estrategia de la política exterior en
los albores de la república peruana ha generado un legado que se puede
identificar en la proyección internacional contem- poránea de nuestro país.
El Perú utilizó el derecho internacional para garantizar su
compo- nente territorial luego de la independencia. Esto le permitió defender
preliminarmente los títulos jurídicos sobre los
territorios derivados del virreinato y
que prevalecieron con la república desde 1821. La validez
jurídica de
principios como el uti possidetis y la libre determinación de los pueblos
han sido fundamentales para la delimitación definitiva de las fronteras internacionales del Perú, que no se logró sino hasta el siglo XX.
La limitada vocación
de las
nuevas naciones americanas para resol-
ver los asuntos vinculados a sus fronteras
mediante acuerdos internacio- nales generó una larga
etapa de conflictividad. La ausencia de relaciones
internacionales reguladas mediante
acuerdos revestidos de formalidad y enmarcados en el derecho internacional
contribuyó a la desconfianza e incertidumbre entre el Perú y sus vecinos.
Durante el período en que no fue posible establecer soluciones definitivas a
estas disputas, el Perú se dedicó a fortalecer la defensa jurídica de su
posición, tarea ejercida por su Ministerio de Relaciones Exteriores.
La falta de entendimientos en temas fronterizos no limitó que el Perú ejerciera una política internacional, amparada en el derecho,
en favor de iniciativas de integración y defensa colectiva en la región.
Más aún si las medidas propuestas buscaban dotar de carácter jurídico a las
acciones defensivas de tipo militar frente a amenazas
externas de potencias europeas interesadas en extender o restaurar sus
dominios en América.
El fortalecimiento de la posición del Perú a nivel externo requi-
rió hacer uso de instituciones del derecho internacional como el reco- nocimiento por parte de otros Estados y la
celebración de tratados. La supervivencia futura de la
nueva república necesitaba gozar de un trato igualitario y efectivo en su relación con otras naciones. El reconoci- miento internacional del Perú, aunque sin efectos constitutivos para su
configuración como Estado,
era útil de manera operacional para alcanzar un nuevo nivel de relacionamiento con otros Estados, en aspectos más
allá de
los fronterizos, en su entorno regional y fuera de él.
Seguidamente, la celebración de
tratados comerciales y la búsqueda de nuevos mercados
fueron vitales para la sostenibilidad económica de la nación, afectada luego de
la independencia. El derecho internacional brindó las seguridades necesarias para el relacionamiento en materia comercial con las potencias económicas de la época, lo que permitió consolidar, gradualmente, la proyección del Perú en el ámbito financiero
y del comercio mundial del siglo XIX.
En conclusión y luego de este análisis,
se puede afirmar
que el dere- cho internacional —aunado
al despliegue de las acciones
a nivel político, militar y económico emprendidas
por el Estado— fue un elemento fun- damental para el logro de los objetivos
nacionales vinculados a la con- solidación de la naciente República del Perú.
REFERENCIAS
Basadre, J. (2005). Historia de la República del Perú (1822-1933) (vol. 1).
El Comercio.
Belaúnde, V. A. (1981). La constitución inicial
del Perú ante el derecho internacional. Editorial
Universitaria.
Boza, J. (2019). Los ciclos de política exterior peruana focalizados en
la solución de las controversias fronterizas. Agenda Internacional, 26(37), 61-87. https://doi.org/10.18800/agenda.201901.002
Buller, C. (2023). Independencia y política exterior. Política Internacio- nal, (129), 139-155. https://doi.org/10.61249/pi.vi129.19
Carrillo, J. A. (1991). El derecho internacional en perspectiva histórica.
Tecnos.
Casalino, C. (2022). El proceso de independencia del Perú y algunos episodios
sobre su reconocimiento en el concierto de las naciones. Discursos del Sur. Revista
de Teoría Crítica
en Ciencias Sociales, (8),
9-49. https://doi.org/10.15381/dds.n8.22100
Chávez, F. N. (2023). El rol de la diplomacia peruana en el reconocimiento de la independencia del Perú por España. Política Internacional, (129),
22-40. https://doi.org/10.61249/pi.vi129.14
Espinoza, L. A. (2023). La diplomacia en la arquitectura
republicana del Perú. Política
Internacional, (129), 41-57. https://doi.org/10.61249/ pi.vi129.15
Fernández, G. (1994). El Ministerio de
Relaciones Exteriores: historia y perspectivas. Revista Peruana de Derecho Internacional, (103), 49-68.
Foro del Acuerdo Nacional (2002). Las 35 políticas
de Estado del Acuerdo Nacional. https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_ files/11108.pdf
García Bedoya, C. (1980). Clase magistral del canciller del Perú, emba- jador
Carlos García Bedoya. Revista Peruana de Derecho Internacio- nal, (72-73), 18-31.
García Bedoya, C. (1992). Política exterior peruana. Teoría y práctica.
Academia Diplomática del Perú.
García Belaunde, J. A. (2021). Dos siglos de desafíos en la política exterior
peruana. Ministerio de Cultura. https://acortar.link/umZnfM
Llosa, J. G. (1975). La independencia nacional. Revista Peruana de Derecho Internacional, (70), 42-49.
Maúrtua de Romaña, O. (1995). Derecho internacional y política exterior.
Marina de Guerra
del Perú.
Ministerio
de Defensa (2006). Libro Blanco de la Defensa Nacional del Perú. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/397073/Libro
_blanco.pdf
Novak, F. y Namihas, S. (2020). El bicentenario de la política
exterior peruana y su
proyección en un mundo de cambio. Instituto de Estudios Internacionales
(IDEI) y Konrad Adenauer Stiftung. http://reposito rio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/173500
O’Phelan, S. (2015). José Faustino Sánchez Carrión. En Garibaldi, R., Cancilleres del Perú (pp. 31-39). Fundación Academia Diplomática
del Perú.
Pando, J. M. de (1827). Elementos
del derecho internacional. Imprenta de
J. Martín Alegría.
Pérez de Cuéllar, J. (1997).
Manual de derecho
diplomático. Fondo de Cultura Económica.
Quiroz, A. W. (2013). Historia de la corrupción en el Perú.
Instituto de Estudios
Peruanos.
Rodríguez Cuadros, M. (2007). Delimitación marítima con equidad. El caso de Perú y Chile. Peisa.
San
Martín, A. (1987). Relaciones internacionales: política internacional y diplomacia. IPRI; CONCYTEC.
Seara, M. (2009).
Derecho internacional público. Porrúa.
St. John, R. B. (1999). La política exterior
del Perú. Asociación de Funcionarios del Servicio
Diplomático del Perú.
Truyol y Serra, A. (1998).
Historia del derecho internacional público.
Tecnos.
Ulloa, A. (1959). El derecho en
las relaciones interamericanas. Diserta- ción pronunciada por el doctor Alberto Ulloa Sotomayor en la XI Conferencia de la Federación Americana de Abogados.
Revista Peruana de Derecho Internacional, (55), 71-86.
Ulloa, A. (1997).
Posición internacional del Perú. Fondo Editorial del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.
Wagner de Reyna, A. (1981).
Esbozo para una interpretación de la
situación internacional del Perú. Revista Peruana de Derecho Internacional,
(82), 9-30.
Wagner de Reyna, A. (1997). Historia diplomática del Perú. 1900-1945.
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.
Financiamiento
Autofinanciado.
Conflicto de intereses
Los autores declaran
no tener conflicto de intereses.
Contribución de autoría
Gian Pierre Campos Maza: recojo, análisis de datos para el trabajo, redacción
del trabajo;
revisión crítica al contenido intelectual importante; aprobación final de la versión que se publicará.
Luciana Cumpa García Naranjo: recojo, análisis de datos para el trabajo, concepción
del trabajo;
redacción del trabajo; aprobación final de la versión que se publicará.
Agradecimientos
Los autores agradecemos las sugerencias y las observaciones brindadas por Daniela Malapi Hernández.
Biografía de los autores
Gian Pierre
Campos Maza,
diplomático en el Servicio Diplomático de la República. Es graduado en Derecho y Ciencia Política
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magíster
en Diplomacia y Relaciones Internacionales
por la Academia Diplomática del Perú y en Derecho Internacional y Relaciones
Internacionales por el Instituto de Investigación Universitaria Ortega y Gasset,
España. Graduado de Rhodes Academy-Center of Ocean Law and Policy y del Programa
de Negociación y Liderazgo de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Harvard. Miembro
asociado de la Sociedad Peruana
de Derecho Internacional.
Luciana Cumpa García Naranjo, graduada en Derecho y Ciencia
Política por la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Candidata a magíster en Derechos Humanos y Derecho Constitucional por la misma universidad.
Miembro titular de la Sociedad
Peruana de Derecho
Internacional, Perú. Miembro del Grupo de
Derecho Internacional del Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial en el 2018. Especializada en estudios internacionales por la Academia de Derecho Internacional de La Haya, el Instituto Hugo Grocio de la Universidad de Leiden y por la
Academia de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra. Ha sido docente del curso de Derecho Inter- nacional Público y se dedica a
la investigación jurídica internacional.
Correspondencia
gcampos@rree.gob.pe