Editorial
<ghurtadom@pj.gob.pe> Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial del Perú, Lima, Perú
ORCID: 0000-0003-3556-1847
Tenemos la grata deferencia de presentar la más reciente edición de la Revista Oficial del Poder Judicial, que cierra el presente año con su vigésimo número, en circunstancias en que viene adoptando significativas mejoras en la transparencia de su gestión editorial con el propósito de posicionarse en el entorno de las revistas de investigación jurídica.
Las revistas especializadas son, por excelencia, aquellos espacios de divulgación científica que permiten la calificación de los manuscritos bajo los estándares de evaluación que aseguren la originalidad y la visibilidad de sus contenidos. Y es que el derecho como disciplina, como sostienen
Dicho escenario no solo es claramente percibido por las casas editoras y las bases de datos internacionales en las que se hallan indexadas las más prestigiosas revistas, sino también por los investigadores interesados en publicar sus trabajos, precisamente, en la revista adecuada. Como explica
Nuestra revista, en tal perspectiva, no es ajena a los desafíos actuales que enfrentan las publicaciones académicas, apremiadas por la ponderación de su impacto y una eventual clasificación y certificación en el ecosistema editorial; pero, a su vez, sin olvidar que es necesario asegurar los procesos de verificación o evaluativos de los manuscritos para que se adecúen a las buenas prácticas editoriales y se logre garantizar la calidad de los artículos publicados.
La Revista Oficial del Poder Judicial es, en razón de lo expuesto, un espacio editorial de acceso abierto que recibe colaboraciones que, tras satisfacer los requerimientos de presentación de los manuscritos, son pertinentes para el desarrollo de la temática de la revista. Por tal motivo, nos honran en esta oportunidad autores de diversa nacionalidad que comparten sus reflexiones respecto a los problemas teóricos y prácticos del quehacer jurídico.
Luis Pérez Brignani advierte, desde Uruguay, sobre la necesidad imperiosa de modernizar al Poder Judicial en el uso de las herramientas digitales (e-justicia), para optimizar el servicio de justicia brindado al justiciable y tutelar sus derechos; reto que implica superar diversos problemas de orden económico, tecnológico, regulatorio, de gestión y de compromiso por quienes desempeñan funciones judiciales, visto el carácter transformador y disruptivo que conlleva toda solución digital; escenario del que no son ajenas las instituciones del sistema de justicia. Desde otra área del derecho, Mónica Francis Bone y Deysi García Rodríguez analizan las dificultades detectadas para la valoración psicológica pericial del daño psicológico o afectación psicológica en mujeres víctimas de violencia; elaboraron para ello un cuestionario aplicado a una muestra de treinta y un profesionales del sector público y privado del Ecuador; investigación que ofrece sustanciales conclusiones respecto a la caracterización de la valoración psicológica pericial en estos casos.
Por su parte, Luis Pelegrino Toraño estudia la responsabilidad civil aquiliana de la persona en situación de discapacidad, tras la reforma al Código Civil cubano de septiembre de 2022. Centra su atención en la responsabilidad por hecho propio y la responsabilidad por hecho ajeno en el caso particular de estas personas; responsabilidad civil extracontractual que el código reconoce y que es necesario repensar a fin de colocar materialmente a las personas en situación de discapacidad en condiciones de igualdad; así como excluir la responsabilidad absoluta de quienes actúan como apoyos intensos en la toma de decisiones de las personas en condición de discapacidad.
La revista también incorpora el estudio de Ignacio Nieto Guil sobre el anticausalismo tributario desde el causalismo realista, disputa histórica en la doctrina sobre la que el autor arroja luces con una postura objetiva desde el punto de vista epistémico. En otro ámbito, Eduardo Vázquez Pérez aborda el problema sistémico de la corrupción en México, con sus corrosivas consecuencias para la administración estatal, tales como el nepotismo, el soborno y el mal uso de los recursos públicos, los cuales impactan devastadoramente en los derechos humanos de las personas y, particularmente, en los sectores más vulnerables; de allí que propugne medidas efectivas para la prevención y la interdicción del referido fenómeno social. Finalmente, Danny Gonzales Chinchay realiza una mirada crítica a la legislación nacional laboral respecto al teletrabajo en las organizaciones, y advierte la necesidad de incluir los determinantes sociales y un enfoque de salud mental efectivo que permita mitigar los problemas de salud mental como enfermedades ocupacionales, y a su vez propicie la creación de una regulación jurídica especial que proteja adecuadamente el derecho a la salud mental de los teletrabajadores.
Agradecemos, sinceramente, a los revisores de los manuscritos publicados en el presente número, sin cuya labor esta publicación no sería posible y, en especial, a los autores, cuyos aportes académicos tienen como destinatarios a nuestros lectores, representados por la comunidad jurídica y por todos aquellos que promuevan la defensa y la protección de los derechos ciudadanos.
REFERENCIAS
Aguado, E., Becerril, A. y Godínez, S. (2021). El ecosistema editorial y de investigación de derecho en México: indicadores Redalyc 2020. Revista IUS, 15. https://doi.org/10.35487/rius.v15i0.2021.785
Repiso, R. (2015). Cómo identificar una revista de calidad. Cardiocore, 50(2), 46-48. https://doi.org/10.1016/j.carcor.2014.12.002