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Revista Oficial del Poder Judicial, 16(21), 2024, 83-115
Este artículo se encuentra disponible
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Commons Attribution 4.0 International License
REVISTA OFICIAL DEL PODER JUDICIAL
Vol. 16, n.
o
21, enero-junio, 2024, 83-115
ISSN: 2663-9130 (En línea)
DOI: 10.35292/ropj.v16i21.811
La eficiencia policial en el combate de la
criminalidad en Perú: reflexiones desde el análisis
económico del derecho
Police efficiency in the fight against crime in Peru: reflections
from the economic analysis of law
Eficiência policial no combate ao crime no Peru: reflexões a
partir da análise econômica do direito
Nicolás BaldiNo Mayer
Universidad de Buenos Aires
(Buenos Aires, Argentina)
https://orcid.org/0000-0002-8995-119X
Contacto: nbaldino@derecho.uba.ar
david Gustavo roMero Basurco
Universidad de Buenos Aires
(Buenos Aires, Argentina)
https://orcid.org/0000-0003-4837-1188
Contacto: dgromerobasurco@derecho.uba.ar
RESUMEN
El presente artículo se desarrolla debido a la grave situación que atra-
viesa el Perú en la lucha contra la delincuencia, lo que hace necesario
establecer políticas públicas eficientes que involucren a las diferentes
instituciones responsables, tanto para la prevención del delito como
para su sanción efectiva. Al respecto, las fuerzas de seguridad interna
tienen una participación activa que puede incidir directamente sobre la
tasa de criminalidad. Para tal efecto, haciendo uso de los conceptos que
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ofrece el análisis económico del derecho y la teoría de la elección racio-
nal, describiremos cómo debería responder el potencial delincuente bajo
determinados supuestos y utilizaremos los resultados de investigaciones
realizadas en otros países para identificar las medidas que incidieron de
manera más efectiva en la reducción de la criminalidad, y cómo dichas
medidas podrían ser extrapoladas a la realidad peruana.
Palabras clave: efectividad policial; tasa de criminalidad; elección
racional; comportamiento delictivo; prevención del delito.
Términos de indización: policía; delincuencia; delito; prevención del
crimen (Fuente: Tesauro Unesco).
ABSTRACT
The present article is developed due to the serious situation that Peru is
facing in the fight against crime, which makes it necessary to establish
efficient public policies involving the different responsible institutions,
for both: the prevention of crime and its effective sanction. In this
regard, the internal security forces have an active participation that can
directly influence the crime rate. For this purpose, using the concepts
offered by the economic analysis of the law and rational choice theory, we
will describe how the potential criminal should respond under certain
assumptions and we will use the results of research conducted in other
countries to identify the measures that had the most effective impact on
crime reduction and how these measures could be extrapolated to the
Peruvian reality.
Key words: police effectiveness; crime rates; rational choice; criminal
behavior; crime prevention.
Indexing terms: police; delinquency; crime; crime prevention (Source:
Unesco Thesaurus).
RESUMO
O presente artigo é desenvolvido devido à grave situação que o Peru
enfrenta na luta contra o crime, o que torna necessário estabelecer
políticas públicas eficientes que envolvam as diferentes instituições
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responsáveis, tanto para a prevenção do crime quanto para a sua
punição efetiva. Nesse sentido, as forças de segurança interna têm uma
participação ativa que pode afetar diretamente na taxa de criminalidade.
Para esse fim, fazendo uso dos conceitos oferecidos pela análise
econômica do Direito e pela teoria da escolha racional, descreveremos
como o potencial criminoso deve responder sob certas suposições e
usaremos os resultados de pesquisas realizadas em outros países para
identificar as medidas que afetaram mais efetivamente a redução do
crime e como essas medidas poderiam ser extrapoladas para a realidade
peruana.
Palavras chave: eficácia da polícia; taxa de criminalidade; escolha
racional; comportamento criminoso; prevenção do crime.
Termos de indexação: policía; criminalidade; crime; prevenção de
crimes (Fonte: Unesco Thesaurus).
Recibido: 22/7/2023 Revisado: 14/8/2023
Aceptado: 7/5/2024 Publicado en línea: 30/6/2024
1. INTRODUCCIÓN
La inseguridad ciudadana en el Perú generada por el aumento masivo
de la delincuencia se ha convertido en un verdadero flagelo social. Esta
situación se ha venido intensificando en las últimas dos décadas, y
ha llegado a ser considerada como el principal problema del país, tal
como lo demuestra la XII Encuesta Nacional sobre percepciones de la
corrupción en el Perú, elaborada por Ipsos (2022, p. 13), por encargo de
Proética, en la que se hace una línea comparativa de los tres principales
problemas identificados por los encuestados desde el año 2008 al 2022.
Los datos revelaron que para el 2022 la delincuencia y la corrupción
constituyeron los principales problemas elegidos por un 60 % y un 57 %
de los encuestados. Asimismo, resulta interesante notar que en el año
2008, los principales problemas identificados por la sociedad fueron el
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desempleo y la inflación/aumento de precios, que por entonces obtuvie-
ron un 46 % y 43 % respectivamente, mientras que la delincuencia fue
considerada un grave problema tan solo por un 36 % de los encuestados.
Otro reciente estudio publicado por Ipsos (2023, p. 3), referido
a las miradas sobre el crimen y las fuerzas de seguridad en veintinueve
países, también aborda el caso peruano y ante la pregunta de si en los
últimos doce meses la delincuencia o la violencia en su vecindario había
aumentado, disminuido o se había mantenido casi igual que el año
anterior, los resultados arrojaron que el 64 % de encuestados consideró
que había aumentado, el 28 % que había permanecido casi igual, el 3 %
señaló que no sabía y únicamente el 6 % consideró que había dismi-
nuido. Los datos expuestos corroboran la elevada percepción de insegu-
ridad por parte de la ciudadanía.
Frente a esta problemática, principalmente relacionada con los
delitos contra el patrimonio en las modalidades de hurto y robo (con sus
agravantes), es habitual que tanto los legisladores como diversos sectores
sociales reclamen el endurecimiento de las penas como la mejor solu-
ción, y se llega al extremo de plantear la aplicación de la pena de muerte.
Sin embargo, puede ocurrir que, en lugar de disuadir el comportamiento
criminal, estando en un escenario en el cual de ser atrapados no ten-
gan nada más que perder, se generen incentivos perversos para que los
delincuentes adopten conductas más temerarias y agresivas. De ahí la
importancia de analizar las consecuencias de una norma bajo todas las
aristas posibles.
Tal como demostraremos por medio de la visión que ofrece el
análisis económico del derecho, la solución no necesariamente pasa por
aumentar el quantum de las penas, más aún si las instituciones respon-
sables de prevenir y sancionar el delito no funcionan debidamente y la
probabilidad de atrapar al delincuente resulta escasa.
El problema hasta aquí planteado nos invita a centrarnos en el com-
portamiento de dos de los principales agentes involucrados, el personal
policial y los potenciales delincuentes, con el objetivo de determinar cuál
enfoque sobre la organización policial puede resultar más efectivo para
combatir la criminalidad.
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Iniciaremos el trabajo desarrollando los conceptos básicos en torno
a la economía del crimen, para posteriormente explicar las conclusiones
de diversos estudios empíricos que analizan la incidencia de la policía
sobre la tasa de criminalidad, ello resulta necesario teniendo en cuenta
que vivimos en un contexto de serias críticas, desconfianza y desaproba-
ción social respecto de dicha institución.
El análisis económico puede ofrecer herramientas valiosas para
evaluar qué medidas resultan más eficientes y maximizan el bienestar de
la sociedad. Evidentemente, si se quisiera hacer un análisis más exhaus-
tivo, se tendría que considerar al resto de agentes y variables intervi-
nientes, como por ejemplo, el Ministerio Público, los poderes del Estado
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial), así como la sociedad civil. Sin embargo,
ello demandaría una mayor extensión que bien puede ser contemplada
para posteriores artículos, puesto que el presente busca centrarse única-
mente en la actuación de la policía, a la que también puede asimilarse el
personal de seguridad ciudadana en lo concerniente a las actividades
de prevención del delito, patrullaje y monitoreo de la ciudad.
2. ALGUNOS PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ECONOMÍA
Los postulados de la economía constituyen herramientas útiles para
explicar y predecir el comportamiento humano, el actuar delictivo no es
ajeno a sus premisas. Para tal efecto, en primer lugar, mencionaremos
tres de los diez principios básicos de la economía descritos por el
economista Mankiw (2012, pp. 3-16) y a los cuales se adhieren la mayor
parte de las escuelas del pensamiento económico.
2.1. Las personas enfrentan disyuntivas
A lo largo de la vida y debido a la escasez producida por los deseos
ilimitados del hombre dentro de un mundo con recursos limitados, los
individuos nos vemos obligados a tomar decisiones difíciles y elegir
determinados bienes y cursos de acción en lugar de otros para la satisfac-
ción de nuestras necesidades. Así, por ejemplo, una persona debe elegir
entre generar sus ingresos realizando actividades lícitas o ilícitas, y de
optar por las segundas, deberá seleccionar sus objetivos o víctimas; los
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medios, las técnicas o las herramientas que utilizará; decidir si operará de
manera individual o colectiva; y en caso terminase condenado, una vez
cumplida su pena, elegir entre abandonar la vida criminal o reincidir en
su conducta delictiva.
2.2. El costo de un bien es aquello a lo que se renuncia para
obtenerlo
Un individuo racional, al enfrentar constantes disyuntivas, realiza un
análisis de costo-beneficio de las posibles acciones que puede tomar, es
así que llamaremos «costo de oportunidad» de un bien a aquello a lo
que debemos renunciar para conseguirlo. Un ejemplo del costo de opor-
tunidad que asume un delincuente sería el tiempo y los recursos inverti-
dos en actividades criminales en lugar de dedicarse a actividades lícitas y
productivas; vale decir, el costo de oportunidad consistirá en la renuncia
al potencial ingreso que podría obtener trabajando legalmente.
2.3. Las personas responden a los incentivos
Un incentivo es aquello que motiva a una persona a elegir un plan de
acción sobre otro. Los incentivos están dados por las ganancias y las pér-
didas. Es importante destacar que estos principios se basan en la premi-
sa de que los individuos racionales priorizan los bienes (aquello que les
brinda felicidad) sobre los males, y que la opción óptima para un indivi-
duo racional frente a un mal es simple: maximizará su utilidad a medida
que disminuya el consumo de ese mal. Dentro de nuestro análisis, un
ejemplo de incentivo positivo para que una persona cometa un delito de
corrupción o contra el patrimonio estaría dado por una ganancia eco-
nómica rápida y aparentemente fácil (buscará aumentar el consumo de
este bien) y un ejemplo de incentivo negativo sería la pena con la que se
sancione el delito (buscará reducir el consumo de este mal).
3. LA ECONOMÍA DEL CRIMEN
La economía del crimen se circunscribe al análisis de la efectividad de
las políticas públicas sobre la tasa de criminalidad, dentro de la teoría de
la elección racional y desde una perspectiva económica. El presupuesto
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base, de la mano con los principios descritos, es que los individuos hacen
cómputos de los costos y los beneficios de los distintos cursos de acción,
en donde el delito es uno de ellos. Según Silva (2011, p. 298), la racio-
nalidad implica que el agente realice un cálculo comparativo entre los
riesgos y los beneficios del delito. El delincuente analizaría si le es con-
veniente cometer un delito, según las ganancias que este obtendría por
la actividad delictiva, respecto de realizar otra actividad legal (Wilson y
Herrnstein, 1985, p. 359). En otras palabras, el delincuente debe con-
siderar la probabilidad de ser atrapado, procesado y condenado, así
como las consecuencias penales que esto implicaría, y sopesarlas con las
ganancias potenciales que espera obtener de su actividad delictiva.
En este punto, resulta casi obligatorio citar al padre de la economía
del crimen, Gary Becker. Sin embargo, es importante destacar que el pre-
mio nobel de economía no fue el primero que nos aproximó a una expli-
cación economicista acerca de las penas y el comportamiento criminal.
Ya desde el Tratado sobre los delitos y las penas de Beccaria (1764/1822)
y el escrito Introducción a los principios de la moral y la legislación de
Bentham (1789/2008) encontramos la idea de un comportamiento racio-
nal por parte de los potenciales delincuentes que, a través de un análisis
costo-beneficio, evalúan la conveniencia de cometer un crimen o no.
Becker (1974) será el primero en sistematizar y formalizar todas
estas ideas, y las adaptará al desarrollo de la microeconomía moderna.
Utilizando el modelo de elección racional, los individuos observarán
las pérdidas y las ganancias de adoptar un comportamiento criminal. El
hombre mantendrá un comportamiento criminal siempre y cuando la
utilidad por la comisión del delito supere a la que le reporta la utilidad
por llevar adelante la actividad legal. En dicho sentido:
EU = p [ U (Y – f) ] + (1 – p) U (Y)
con: 0 < p < 1
EU(L) = U (w)
En donde «EU» es la utilidad esperada de cometer un delito; «p»
representa la probabilidad de padecer una pena, por lo que «1 – p» será
la probabilidad evaluada por el potencial criminal de librarse del castigo;
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«Y» representará la ganancia percibida por el delito; y «f» representará
la pena por el delito cometido. De modo que la utilidad esperada por
cometer un delito es igual al beneficio total del delito (ganancias menos
costos) multiplicado por la probabilidad de ser atrapado, más la utilidad
que le reportaría la ganancia percibida por el delito multiplicada por la
probabilidad de librarse de las consecuencias penales.
Al ser la utilidad esperada por la actividad legal (L) igual a la utili-
dad que le reportará el salario que percibirá, tendremos que el indivi-
duo estará incentivado a elegir la opción criminal cuando:
p [ U (Y – f)] + (1 – p) U (Y) > U (w)
con: 0 < p < 1
Notemos que las personas responderán a cambios en: el salario
legal (que representará un costo de oportunidad); la ganancia por el
delito (Y); la probabilidad de ser arrestado y condenado, y la proba-
bilidad de ser ejecutada la pena (p); y la severidad de la pena (f), que
representa el costo de la actividad delictiva.
Si bien las personas no responden desde un análisis de costo-
beneficio ante cualquier situación, y cuando lo hacen no se motivan
únicamente en las ganancias y las pérdidas del delito, pueden adicio-
narse otros factores dentro del análisis. De este modo, las personas más
moralistas reportarán una menor utilidad por la actividad delictiva. A
su vez, las personas pueden tener distintas percepciones ante los riesgos
de que una pena sea aplicada efectivamente (actitud frente al riesgo
1
).
Esto puede variar según un sinfín de factores.
1 Acciari (2015, pp. 98-ss.) plantea que en relación con la propensión al riesgo, las
personas pueden clasificarse como amantes, neutrales o adversas al riesgo, según
su actitud hacia el valor esperado, es decir, lo que obtendrán materialmente
(aspecto objetivo) y la utilidad esperada (aspecto subjetivo). En términos simples,
las personas amantes del riesgo son aquellas que experimentan mayor satisfacción
al enfrentar situaciones arriesgadas, por ejemplo, aquel que roba en las calles
porque disfruta de la adrenalina y el peligro de la situación. Las personas neutrales
al riesgo, en cambio, son indiferentes ante las distintas circunstancias y toman
decisiones basadas únicamente en el valor esperado (análisis costo-beneficio
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Por todo ello, el marco explicativo que nos provee el modelo de
elección racional puede parecer demasiado simplista y poco realista. Pero
pueden adicionarse otros factores que consideremos relevantes y estu-
diar su incidencia sobre el crimen. En este sentido, el modelo propuesto
por Becker ha sido muy exitoso como punto de partida para estudiar las
diversas variables que pueden llegar a incidir sobre el comportamiento
criminal.
A modo de resumen, podemos decir que en la teoría económica
del delito existen principalmente dos variables que, ceteris paribus
2
,
inciden sobre la cantidad de delitos cometidos en una sociedad:
– Un aumento del castigo provocaría una disminución significa-
tiva de la cantidad de delitos cometidos. En términos técnicos,
la hipótesis sostiene que la oferta del delito es elástica respecto
del castigo (Cooter y Ulen, 1998, p. 585).
– Una variación de la certeza de castigo puede incidir sobre la
comisión del delito más que el castigo en sí mismo, dado que los
agentes económicos pueden ser adversos al riesgo.
Ambas variables, tanto el castigo como la probabilidad de ocurren-
cia del castigo, aumentan la pena esperada para el potencial delincuente,
lo que constituirá un incentivo para que este no emprenda una actividad
delictual.
Bajo esta premisa, desde la teoría de la elección racional, un mayor
número de policías debería llevar a una menor cantidad de delitos (al
aumentar la probabilidad de ser atrapado, la actividad delictiva que
emprende el potencial delincuente se ve encarecida). Sin embargo, una
investigación empírica, para corroborar la hipótesis de Gary Becker,
del hombre racional promedio). Por último, las personas adversas al riesgo son
aquellas que evitan cualquier tipo de riesgo y necesitan una alta certidumbre sobre
los resultados de sus acciones, estos, por ejemplo, cometerán un delito si y solo
si las probabilidades de ser atrapados, procesados y condenados resultan muy
remotas.
2 Expresión del latín utilizada en economía para hacer referencia a la necesidad
de, al analizar la relación entre determinadas variables, mantener el resto de ellas
constantes.
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acerca del efecto de la policía en la criminalidad no resulta tan fácil de
realizar. La principal complejidad que se presenta será la de mitigar el
problema de selección. Cuando las fuerzas policiales deciden realizar un
operativo en determinada zona, se confunde el efecto que puede tener el
operativo policial sobre dicha zona con el efecto que tienen las caracterís-
ticas propias del lugar y que en principio pudieron motivar la decisión
de realizar dicho operativo; así como muchas otras complicaciones.
Los economistas han buscado distintas maneras de sortear estas
complicaciones. En definitiva, se han valido de cuasiexperimentos en
donde la decisión de aumentar la presencia policial no dependa de la
tendencia delictiva de la zona. Sin embargo, los hallazgos que se puedan
realizar acerca de estos estudios serán perfectamente válidos para el
entorno de investigación para el cual se desarrolla el estudio, y no siempre
es pertinente la generalización a otras poblaciones.
4. PROBLEMÁTICA INTERNA DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS
Dentro de las políticas públicas, las de seguridad son aquellas en donde
la sociedad coloca una mayor esperanza en cuanto a su efectividad para
conseguir una mayor reducción de la criminalidad. Sin embargo, esta
expectativa puede que no siempre se cumpla. En ocasiones, es probable
que las medidas para prevenir la comisión de delitos funcionen de
alguna manera, aunque pueda resultar incierto qué tan eficaces lleguen
a resultar. Por otra parte, no será lo mismo invertir en cualquier medida
de seguridad (algunas pueden resultar más eficaces que otras y algunas
por sí solas pueden resultar del todo estériles). Cuánto disminuye la
comisión de delitos por cada medida de prevención del crimen, resulta
una incógnita de imposible respuesta. Sin embargo, ello no puede per-
suadirnos a dejar de buscar respuestas que nos provean de mejor infor-
mación a la hora de encarar una política de prevención relacionada con
mayor inversión en seguridad. Solo a través de dicho estudio podremos
encarar una eficiente reasignación de recursos de modo que las medidas
que se adopten para la prevención del crimen reporten la mayor cantidad
de «ganancia» posible.
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En cuanto a políticas de seguridad, las mayores dificultades en la
asignación de recursos para cada medida se relacionarán con:
– La multicausalidad del crimen: evaluar cuáles serían las polí-
ticas de prevención más eficaces para la reducción de determi-
nado delito se complejiza si tenemos en consideración que cada
delito responde a una variedad muy vasta de causales, de manera
que no siempre resulta claro qué medidas ayudan a prevenir
ciertos delitos. De este modo, por ejemplo, puede resultar muy
complejo definir todos los mecanismos para disminuir la canti-
dad de consumo de estupefacientes (una primera aproximación
por medio de la intuición puede sugerirnos que existen varios
factores de índole económico, social, educativo, publicitario,
etc., que determinan dicho comportamiento, y resultará difícil
definir la incidencia de cada uno).
– La multidimensionalidad del crimen: los hechos delictivos tie-
nen múltiples consecuencias que, contrastadas unas con otras,
resultaría muy difícil encarar la evaluación acerca de la eficiencia
en la asignación de los recursos de prevención; en otras palabras,
evaluar cómo una asignación respecto a la prevención de deter-
minado delito puede impactar respecto a un costo de oportu-
nidad de disminución de otro. De este modo, si por ejemplo
asignamos determinada cantidad de recursos en asistencia eco-
nómica a las mujeres que atraviesan un embarazo no deseado
para persuadirlas de no abortar y disminuye la cantidad de
abortos en un 15 %; mientras que si utilizásemos esos mismos
recursos para aumentar el número de controles de tránsito, dis-
minuiría la cantidad de accidentes en un 10 %, no queda claro
cómo debemos comparar ambos resultados.
– Interdependencia entre las medidas: determinadas medidas de
prevención pueden estar relacionadas entre sí. Por ejemplo, el
asignar mayor presupuesto en agentes de seguridad para detener
a más personas puede generar un exceso de gente en las carcele-
tas de las comisarías que supere la capacidad física y logística en
el marco inicial de la investigación penal.
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Estas problemáticas también pueden llegar a afectar la validez de
los estudios. Por otra parte, en ocasiones la selección del modelo ade-
cuado es un problema en cuanto a la calidad de la información que
nos proveen determinados resultados. En la selección de las variables
explicativas de un fenómeno, eventualmente, debemos intentar abarcar
muchos más factores, y en otros nos bastará un modelo más sencillo con
solo un par. A su vez, algunos modelos no tienen en cuenta la interre-
lación existente entre las distintas medidas de prevención y la tasa de
delitos (cuando en ocasiones será fundamental), y la interrelación de las
variables entre sí.
5. PROBLEMÁTICAS DE EXTRAPOLAR LAS INVESTIGACIONES
REALIZADAS AL CONTEXTO PERUANO
Las investigaciones enfocadas en estudiar las relaciones existentes entre
las políticas de prevención dirigidas a robustecer o mejorar las fuerzas
de seguridad respecto a la tasa de criminalidad realizadas en muchas
ciudades en el mundo (principalmente en Estados Unidos y varias ciu-
dades europeas) no podrán ser extrapolables al contexto peruano sin
antes realizar varias aclaraciones al respecto.
Debemos aclarar que no existirá nunca una extrapolación perfecta
del análisis que podamos recabar de un contexto temporo-espacial
determinado a otro. En dicho sentido, existen un sinfín de variables
que pueden volver impertinente dicha extrapolación, como el contexto
educativo, social, económico, religioso, institucional, etc. No obstante lo
cual, no es del todo cierto que aun así no se pueda trazar absolutamente
ninguna relación entre las variables valiéndonos de estudios realizados
fuera del país.
Por otra parte, más allá de la extrapolación espacial, existirá un
problema adicional: la extrapolación temporal. Cuando la mayor parte
de los estudios toman series temporales de varias décadas atrás, su per-
tinencia en la actualidad se encontrará más debilitada.
Realizadas estas aclaraciones, lo cierto es que el hombre, más allá de
su complejidad y su mutabilidad, posee rasgos en común que habilitan
tomar un estudio de determinado contexto para analizar otro que le es
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ajeno (de no ser así, debemos admitir que en definitiva una persona, por
haber nacido en otro espacio y tiempo, constituye una especie distinta
a tal punto de no responder en absoluto a los incentivos a los que otras
personas, en otros contextos, responden). Por otra parte, resulta correcto
afirmar que la pertinencia de la extrapolación se verá afectada por
todos los factores mencionados; se puede hablar, por ende, de grados de
pertinencia en la extrapolación (mas nunca de impertinencia absoluta).
En definitiva, existirán dos consideraciones que deberemos tener
para afirmar que determinada conclusión puede resultar, con un alto
grado de probabilidad, cierta en otro contexto en donde no se ha reali-
zado dicho estudio, a saber:
– Cantidad de veces y similitudes culturales en las cuales haya
sido realizado el experimento: si el estudio ha sido realizado
varias veces en distintos contextos, y ha dado el mismo resultado,
podemos afirmar que la extrapolación a otro espacio resultará
más pertinente; vale decir, es más probable que las relaciones tra-
zadas mantengan la misma vigencia. En dicho sentido, Estados
Unidos, por ser un país sumamente variado en cuanto a rasgos
sociales, económicos, culturales, religiosos, políticos, etc., nos
ofrece un buen contexto experimental. Si en distintos contextos
los resultados son idénticos, es más probable que los sean en
todos. A su vez, si determinado contexto tiene rasgos parecidos,
también será probable que dicho resultado sea aplicable en ese
otro contexto. Por otra parte, si adicionalmente contamos con
estudios de países europeos, y de algunos latinoamericanos,
todos con resultados similares, ello nos podría conducir a afirmar
que si replicásemos el estudio en Perú, sería probable que los
resultados no difieran en demasía.
– Temporalidad de los datos: en dicho sentido, si los estudios
toman series de tiempo más próximas, podremos afirmar que
son más pertinentes, en tanto existe determinada estabilidad y
consistencia en el comportamiento humano mientras menor sea
el período transcurrido.
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6. TAMAÑO DE LA FUERZA POLICIAL
Al buscar una estimación acerca del efecto causal del tamaño de la fuerza
policial y la delincuencia, los economistas Evans y Owens (2007) aprove-
charon la Ley de Control de Delitos Violentos de 1994 dada en Estados
Unidos, que otorgaba subvenciones por un total de 8800 millones de
dólares a las agencias policiales locales para que contratasen más ofi-
ciales (con dicho dinero se financió la contratación de 88 000 oficiales
policiales adicionales, lo que representó un aumento del 14 % en los
Estados Unidos). De este modo, el aumento policial no se vio motivado
por un alza de la delincuencia.
Dicho aumento en el número de policías significó una reducción
de la tasa de delincuencia. Un aumento del 10 % en el tamaño de las
fuerzas policiales en una ciudad llevó a una reducción del 9.9 % de los
delitos violentos y a un 2.6 % de la tasa de delitos contra la propiedad.
Lo que significa que, en definitiva, la elasticidad
3
del delito respecto de
la presencia policial fue de -0.26 para delitos contra la propiedad y de
0.99 para delitos violentos.
Un estudio similar se realizó en el Reino Unido por parte de los
economistas Machin y Marie (2004). En este caso, por la Street Crime
Initiative de 2002, el gobierno del Reino Unido introdujo 40 millones
de libras esterlinas a diez de las cuarenta y tres fuerzas policiales locales
para contrataciones adicionales, pagos de horas extras y adquisición de
nuevas tecnologías. Las tasas de robo disminuyeron significativamente
en relación con las áreas que no resultaron beneficiadas.
Un estudio de Levitt (2004) concluyó que existieron cuatro facto-
res fundamentales por los cuales se redujo la criminalidad en Estados
Unidos durante la década de 1990, a saber: «el incremento del número
de policías, el aumento de la población penal, la disminución de la
epidemia del crack y la legalización del aborto» (p. 18). Por otro lado,
3 La «elasticidad» es un término económico que se utiliza para medir la sensibilidad
de las cantidades demandadas u ofertadas frente a cambios en alguna de sus deter-
minantes. Sin embargo, podemos extrapolar dicho concepto a cualquier estudio
que busque conocer cómo impactan los cambios porcentuales de una variable
independiente sobre una variable dependiente.
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concluye que existieron seis factores que si bien servían como supues-
tas explicaciones hasta ese momento, no jugaron un rol real y directo
para disminuir la criminalidad, estos fueron: «la solidez de la economía,
los cambios demográficos, las mejores estrategias policiales, las leyes de
control y porte legal de armas y un aumento en la aplicación de la pena
de muerte» (Levitt, 2004, pp. 12-17). En relación específica con el incre-
mento de la policía, el investigador sostiene que estudios iniciales no
encontraron correlación entre el número de policías y la criminalidad
debido a problemas endógenos. Sin embargo, investigaciones posteriores
concluyeron que más policías se relacionaban con menos criminalidad.
Suponiendo una elasticidad de 0.40, se estima que el aumento redujo la
criminalidad en un 5-6 %. Los gastos en policía superaron los US$ 60 mil
millones, mientras que el aumento del 14 % en el número de policías
costó US$ 8.4 mil millones al año. El estudio concluye que la reducción
de la criminalidad puede tener beneficios de hasta US$ 20-25 mil millo-
nes al año, superando el costo.
7. PATRULLAJE
7.1. Alerta terrorismo
Los economistas Klick y Tabarrok (2005) realizaron un estudio respecto
de la presencia policial causada por una alerta terrorista. Luego del 2002
la Oficina de Seguridad Nacional de Estados Unidos implementó un
sistema de alerta terrorista consistente en cinco colores según el nivel
de riesgo de terrorismo a nivel nacional (en orden creciente: verde, azul,
amarillo, naranja y rojo). En Washington D. C., cuando el nivel pasaba
de amarillo a naranja aumentaba la presencia policial en el área del
National Mall (área en donde estaban concentradas las residencias de
varios funcionarios del gobierno). El estudio muestra que la cantidad
de delitos se reducía, en dicha zona, en un 15 % durante una alerta roja
(mientras que no era significativa la disminución en otros distritos). La
disminución en el distrito de National Mall es de más del doble que la
que se encuentra para la ciudad en general. El 43.6 % de la disminución
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total de la delincuencia se concentró en el área en donde aumentó el
patrullaje policial a raíz de la alerta terrorista.
Estudios similares y con idénticos resultados fueron realizados en
Londres por los economistas Draca, Machin y Witt (2008), al analizar
el ataque terrorista del 2005 (la elasticidad de la presencia policial fue
de -0.3), y en Buenos Aires por los economistas Di Tella y Schargrodsky
(2004) al analizar la mayor presencia policial que generó el ataque
terrorista de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina). El
aumento policial, en ambos casos, llevó a una disminución significativa
de la delincuencia local.
7.2. Estudios experimentales
Por otra parte, Chalfin y McCrary (2018) realizaron un estudio del
efecto policial en el crimen, a través de un relevamiento de las ciuda-
des medianas y grandes de los Estados Unidos (se trata de uno de los
grandes estudios que no son cuasiexperimentales sobre el tema). En
dicho estudio, la elasticidad de la fuerza policial respecto de los delitos
contra la propiedad fue de -0.17, mientras que la elasticidad respecto
de los delitos violentos fue de -0.35. Sobre la base de estos resultados, la
conclusión fue que el efecto de la presencia policial en Estados Unidos
no resulta significativo para los delitos contra la propiedad. En cambio,
sí lo hace respecto a los delitos violentos. Debemos destacar que este
estudio no resuelve el problema de simultaneidad mencionado. Sin
embargo, los resultados coinciden con los estudios cuasiexperimentales
que existen al respecto.
A su vez, el costo del delito que utilizan para cuantificar el retorno
a invertir en la policía se limita a lo que una víctima estaría dispuesta a
pagar para obtener una menor probabilidad de victimización por ase-
sinato, abusos sexuales, hurto, robo (entre ellos el robo de vehículos
automotores) y otros robos agravados. Debe destacarse que estos no son
los únicos delitos que la policía tiene la tarea de prevenir y resolver (por
lo que, en realidad, su presencia genera otros muchos retornos por los
cuales las personas estarían dispuestas a pagar que no son considerados).
Otra de las grandes conclusiones del estudio será que las ciudades de los
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Estados Unidos deberían, a partir de un análisis costo beneficio, aumen-
tar el nivel de presencia policial
4
.
En 1972 se realizó un experimento para evaluar la eficacia del
patrullaje sobre una zona en específico, en colaboración con el Depar-
tamento de Policía de Kansas City. Para tal fin, se realizaron quince ope-
rativos, se dividieron en cinco zonas distintas (tres operativos por zona).
Luego la policía asignó, al azar, la naturaleza de los operativos: de con-
trol (realizando un patrullaje como de costumbre), reactivos (detuvieron
el patrullaje y solo se encargaron de responder llamadas) y proactivos
(se incrementó la visibilidad del patrullaje, se enviaron más unidades de
lo habitual). Después se procedió a supervisar los datos de los delitos
cometidos en cada zona de manera semanal durante un año. El experi-
mento reveló que una patrulla policial adicional hizo poco para reducir
la delincuencia (las tasas de los tres grupos eran muy similares).
Los hallazgos fueron decepcionantes. Se argumentó por parte de
los defensores del efecto de la policía sobre las tasas de criminalidad,
que las zonas sobre las cuales se efectuaron los operativos eran tan gran-
des que resultó insuficiente la cantidad de policías implicados como
para generar un cambio en las expectativas de los potenciales delincuen-
tes. A su vez, se argumentó que el tiempo pudo haber sido insuficiente
para que los potenciales delincuentes ajustasen sus expectativas en ser
capturados. De cualquier modo, los resultados no fueron favorables.
7.3. Puntos calientes o «hot spots»
Por otra parte, el análisis espacial de la delincuencia nos permite iden-
tificar determinados «puntos calientes» (hot spots), es decir, zonas en
donde suelen concentrarse las conductas criminales.
La «Ley de Concentración del Delito» hace referencia a la teoría
desarrollada por Weisburd y Braga de que muchos delitos se concentran
en áreas específicas de una ciudad (citados por Amemiya y Ohyama,
4 Debe destacarse que se está presuponiendo que los otros costos que genera la
presencia policial (tales como la violencia institucional o la pérdida de libertades
civiles) son inferiores a todos los beneficios que no se cuantifican en el estudio
(por reducción de otros delitos).
Nicolás BaldiNo Mayer y david Gustavo roMero Basurco
100
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2019). En dicho sentido, partiendo de esta tesis, para disminuir la tasa
de criminalidad deberíamos concentrar los esfuerzos en el patrullaje en
dichas zonas, esto es, mejorar la eficiencia de la presencia policial (realizar
un Hot Spot Policing).
Existen un centenar de investigaciones empíricas que demuestran
que el crimen se concentra en unidades microgeográficas (Groff et al.,
2010), así como la relación entre la presencia policial en los hot spots y
la disminución de la tasa de criminalidad (Braga et al., 2012). Dentro
de los estudios más notables de hot spots, son de cita obligatoria los
siguientes:
• Estudio de Sherman: este estudio pionero analizó la distribución
espacial del delito en Minneapolis y descubrió que la mayoría de
los delitos se concentraban en unos pocos lugares específicos.
Esto sentó las bases para futuras investigaciones sobre los
puntos calientes (Sherman et al., 1989).
• Estudio de Braga: en este estudio se analizaron los efectos de la
aplicación selectiva de la presencia policial en los hot spots en la
ciudad de Jersey. Se encontró que la concentración del patrullaje
en áreas específicas redujo la tasa de delincuencia de manera
significativa (Braga et al., 1999).
• Estudio de Weisburd: este estudio recolectó datos de la ciudad
de Seattle y encontró que los hot spots de delincuencia eran
altamente estables a lo largo del tiempo. También mostró que
las intervenciones dirigidas a esos puntos calientes condujeron a
una reducción significativa de la tasa de delincuencia (Weisburd
y Eck, 2004).
• Estudio de Ratcliffe: la investigación se centró en Filadelfia,
donde se estudió la relación entre los hot spots y la delincuencia
vecinal. Se encontró que los hot spots tenían un efecto de arrastre,
es decir, la delincuencia en estos se asociaba con un aumento
en la delincuencia en áreas cercanas (Ratcliffe et al., 2011).
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7.4. Táctica de patrullaje en el hot spot
Un tema muy asociado es el de las tácticas de patrullaje en los hot spots,
lo cual resulta también determinante en la eficiencia de la medida. En
dicho sentido, se han demostrado como positivas varias tácticas, a saber:
• El patrullaje dirigido (McGarrell et al., 2001): es la acción
básica de patrullar una zona determinada con la finalidad de
detectar actividad sospechosa, responder a llamadas de emer-
gencia y mantener una presencia policial visible.
• Vigilancia policial de ventanas rotas (Weisburd y Braga, 2006):
esto es aumentar la vigilancia o presencia policial en determi-
nadas zonas, para atender problemas menores, como grafitis,
vandalismo o pequeños robos, abordándolos para así denotar
la presencia policial en dichas zonas.
• Patrullaje a pie (Ratcliffe et al., 2011): consiste en que los agen-
tes de policía realizan sus recorridos a pie en lugar de utilizar
vehículos. El patrullaje a pie permite una mayor interacción con
la comunidad.
• Vigilancia orientada a problemas (Taylor et al., 2011): este
enfoque se basa en la identificación y el análisis de problemas
específicos de una comunidad para encararlos de manera parti-
cularizada. La vigilancia orientada a problemas implica recopilar
información detallada sobre el problema, analizar sus causas y
consecuencias, y desarrollar estrategias específicas para abor-
darlo de manera efectiva.
• Vigilancia policial enfocada (Groff et al., 2015): la vigilancia
policial enfocada implica recopilar información sobre los indi-
viduos o grupos identificados como una amenaza o responsa-
bles de delitos graves y realizar un seguimiento constante de sus
actividades. Esto puede incluir vigilancia encubierta, monitoreo
de comunicaciones, investigación de antecedentes y cualquier
otra táctica necesaria para prevenir o interrumpir sus activida-
des delictivas.
Por ejemplo, durante el experimento de vigilancia de hot
spots de Minneapolis que mencionamos, los oficiales participaron
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en varias actividades, incluyendo interacciones amistosas en un
estilo de vigilancia comunitaria (Sherman y Weisburd, 1995).
Idénticos resultados dieron patrullajes dirigidos a determinadas
personas en Indianápolis (McGarrell et al., 2001). En Minneapolis,
la mitad de las llamadas (que denunciaban hechos delictivos) se
concentraron en el 3 % de las calles, en donde en el 50 % nunca
se mandó un vehículo (Sherman et al., 1989). Los economistas
Sherman y Weisburd (1995), para analizar la incidencia de la
presencia policial sobre los «puntos calientes», realizaron un
experimento en donde identificaron ciento diez de ellos, los
dividieron en dos y les asignaron al azar a uno un patrullaje de
control habitual y al otro un patrullaje intensivo (con el doble
de horas de patrullaje). El resultado arrojó que, en los grupos
experimentales, se redujeron los llamados en aproximadamente
un 10 %.
Aun así sigue siendo un campo de estudio abierto qué tipo de
actuación policial en los hot spots puede resultar más eficiente para redu-
cir la tasa de criminalidad. En muchas ocasiones la literatura sobre el
tema determina que la eficacia de la presencia policial para la preven-
ción del delito está atada a la percepción de la ciudadanía respecto de los
agentes policiales. Debido a que el Estado ostenta el monopolio legítimo
de la fuerza, y que el ejercicio de dicho poder en las calles reposa en la
policía, se espera que esta funcione con un alto estándar de profesiona-
lismo.
Esto resulta esencial a la hora de implementar determinadas medi-
das que pueden impactar negativamente sobre la ciudadanía, si estas no
se realizan de una manera lo suficientemente profesional. Dicha incóg-
nita fue una línea investigativa realizada por Haberman y sus colabora-
dores (Haberman et al., 2016), al analizar el impacto de determinadas
medidas sobre la ciudadanía. En un contexto de debilidad institucional,
con escaso nivel de transparencia y de desprestigio de las organizacio-
nes policiales, con escasos recursos, salarios bajos y formación profe-
sional inadecuada, es difícil concebir una real mejora por medio de este
enfoque que trascienda más allá del simple patrullaje y presencia policial.
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Incluso en contextos de mayor desarrollo institucional y de empleo de
recursos, la percepción de las medidas policiales se mostró inadecuada
por parte de la ciudadanía cuando la policía llevaba a cabo un enfoque
en el control ciudadano directo, y resultó con mejor recepción un control
más indirecto focalizado en la zona.
En el Perú, la desconfianza hacia el personal policial se evidenció
con los resultados arrojados por el estudio de Ipsos (2023, p. 14), puesto
que frente a la pregunta de qué tanta confianza tenían en que las
fuerzas de seguridad (p. ej., la policía) evitaran que ocurriesen delitos
violentos en su vecindario, tan solo el 10 % de los encuestados manifestó
tener mucha confianza; el 29 % algo de confianza; el 3 % no lo sabía; el
36 % dijo no tener mucha confianza y el 22 % señaló no tener nada de
confianza.
7.5. Control policial en la vía
En febrero de 2003 la policía estatal de Oregon, dentro de un plan de
recorte presupuestario, decidió despedir al 35 % de los agentes policiales.
A raíz de dicho hecho se registró un aumento del 19 % de los accidentes
fatales y un aumento del 14 % de los accidentes no fatales. Dichos datos
motivaron a los economistas DeAngelo y Hansen (2014) a realizar un
estudio fundado en un relevamiento de datos históricos de los acciden-
tes viales en carreteras y autopistas de los Estados de Oregon, Idaho y
Washington, en el que demostraron la relación existente entre el control
policial y la ocurrencia de los accidentes viales en autopistas y carreteras
de las afueras de la ciudad y en condiciones climáticas favorables. Dichos
autores concluyen que la policía representa un mecanismo eficaz en
hacer cumplir los límites de velocidad en carreteras y autopistas. Gracias
a los agentes de seguridad en las vías se pueden prevenir lesiones; esto es,
que existe una relación inversamente proporcional entre la cantidad de
agentes de seguridad en las vías y la cantidad de ocurrencias de lesiones
viales, con elasticidad que varía entre -0.2 y -0.5, por lo que la asociación
resulta no trivial entre dichas variables
5
.
5 La elasticidad de -0.2 y -0.5 es un indicador en términos marginales de la sensibi-
lidad que poseen las cantidades de lesiones provocadas por accidentes de tránsito
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El riesgo asociado al castigo en las carreteras y las autopistas influye
de manera significativa en los niveles de muertes y lesiones producidas
por los accidentes de tránsito.
8. EFICIENCIA DEL GASTO EN LAS FUERZAS POLICIALES
Los estudios analizados, si bien destacan la disminución de la delin-
cuencia cuando existe una asignación de dinero adicional a las fuerzas
de seguridad, no analizan cómo este dinero es gastado. La inversión en
nuevas contrataciones de policías no es igual a horas extras del personal
calificado, como tampoco lo es un aumento salarial o la adquisición de
nueva tecnología.
En definitiva, cada inversión en un rubro determinado dentro de
la fuerza de seguridad repercutirá de manera distinta en la tasa de cri-
minalidad. Así, el economista Mas (2006) realizó un estudio en Nueva
Jersey en el que demostró que un aumento salarial generó un incremento
en el número de arrestos y una disminución de la tasa de criminalidad
6
.
ante una variación mínima de uno de sus determinantes (en este caso del control
policial en las vías). Ante un aumento del 1 % del control policial en autopistas y
carreteras, disminuye entre un 0.2 % y un 0.5 % la ocurrencia de accidentes viales.
6 En suma, un aumento de salarios generará un aumento de las «productividades»
de los agentes de policía, así como una disminución de sus costos. Entre las
consecuencias de este aumento podemos encontrar:
– Salud: los salarios altos aseguran buenos niveles de nutrición y de asistencia
médica, lo que incide en los niveles de productividad del trabajador.
– Rotación: esta causal hace hincapié en la necesidad de asegurar la per-
manencia de los trabajadores, de modo que no se desperdicien los costos
de contratación y de capacitación que implica contratar a nuevos agentes
policiales.
– Calidad del trabajo: al ofrecer mayores salarios se logra captar aspirantes más
capacitados para el puesto laboral.
– Esfuerzo del trabajador: salarios altos aseguran que los policías no evadan
sus responsabilidades, de modo que el Estado deba gastar menos recursos
en sistemas de control internos.
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9. EMPLEO TECNOLÓGICO EN LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
Otro trabajo, realizado por Garicano y Heaton (2010), concluyó que el
aumento en el empleo de computadoras por parte de las agencias policia-
les para el registro, el análisis de delitos, la investigación, y su manejo en
el trabajo administrativo, generó un aumento significativo en la eficiencia
de la captura de delincuentes. La utilización del empleo de tecnología en
determinados delitos (como la trata de blancas) aumentó en un 10 % la
probabilidad de identificación de las personas que habrían cometido
dicho delito. Sin embargo, no se encontró una mejora general en los
crímenes comunes, así como tampoco una reducción de la criminalidad.
Por otra parte, Tegner et al. (2021) encontraron que la implemen-
tación de una base de datos de ADN para los acusados en Dinamarca
redujo la probabilidad de reincidencia, en el año siguiente, en un 43 %.
Se estimó que la elasticidad del crimen respecto a la probabilidad de
detección fue de -1.7 %. Por su parte, Doleac (2017) en forma indepen-
diente realizó un estudio similar en los Estados Unidos para estimar el
efecto disuasorio de la implementación de la base de datos de ADN para
las personas que habían delinquido. En dicho estudio, se estimó que la
implementación redujo en un 17 % la tasa de delitos violentos, y en 6 %
los delitos contra la propiedad. En definitiva, estos estudios sugieren
que la implementación temprana de personas acusadas en una base de
datos de ADN reduce la ocurrencia de delitos.
10. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO PERUANO
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2023) publicó
las estadísticas de la criminalidad, seguridad ciudadana y violencia en el
Perú hasta marzo de 2023. En cuanto a los delitos contra el patrimonio
señala que durante el 2020 se registraron 189 656 casos, el 2021 un total
de 247 672 casos, y el 2022 un total de 316 728 casos. Igualmente, las
denuncias más frecuentes registradas en el período octubre-diciembre
de 2022 fueron contra el patrimonio, 87 395 casos; seguido de aquellas
contra la seguridad pública, 15 394; contra la vida, el cuerpo y la salud,
11 672; y contra la libertad, 10 046.
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Un dato importante es que durante el período octubre-diciembre
de 2022 hubo un incremento significativo de 15 835 casos en los delitos
contra el patrimonio respecto del período de octubre-diciembre de 2021,
lo que representó un aumento del 22.1 %, mientras que tomando como
base de comparación el período octubre-diciembre de 2020, el aumento
fue de 34 670 casos, lo que representa un aumento del 39.67 %.
Asimismo, el INEI (2023) concluye: «Según departamento, del total
de denuncias registradas en el periodo octubre-diciembre 2022, el 66,4 %
fueron contra el patrimonio, alcanzando mayor proporción Ucayali
(76,7 %), Lima Metropolitana y Piura (74,1 % en ambos)» (p. 5).
En cuanto a Lima Metropolitana, el INEI (2023, pp. 10-11) refiere
que en el período de octubre-diciembre de 2022 se registraron 44 879
denuncias, de las cuales el 74.1 % fueron sobre delitos contra el patrimonio.
Asimismo, la mayor cantidad de denuncias las registró el Cercado de
Lima con 5304 casos (11.8 %), seguido por San Juan de Lurigancho con
4582 casos (10.2 %), San Martín de Porres con 2978 (6.6 %) y Comas con
2710 (6.0 %).
En cuanto al robo de vehículos, el INEI (2023, pp. 16-18) destaca que
en el período enero-marzo de 2023, la mayor frecuencia de ocurrencia
se dio los sábados (1133 casos) y los viernes (1091 casos); por otra parte,
los lunes y los martes evidenciaron los menores números (870 y 906
respectivamente). Es importante resaltar que la mayor cantidad de robos
de enero a marzo de 2023 se registró entre las 20:01-24:00 con un total de
1428 casos. Asimismo, haciendo una comparativa con el período enero
a marzo de 2022, el mayor incremento porcentual lo experimentaron
los miércoles 56.4 % y los viernes 41.0 %, mientras que comparándolo
con el período enero a marzo de 2021, los miércoles y los domingos
aumentaron en 70.3 % y 180.9 % respectivamente. Los robos perpetrados
entre las 00:01 y las 04:00 tuvieron un incremento porcentual del 45.1 %
en el período de comparación enero a marzo de 2023 con los meses de
enero a marzo de 2022, y comparado con el primer trimestre de 2021, el
incremento porcentual en dicho horario fue del 130.8 %.
Por otro lado, respecto de la corrupción de nuestras fuerzas de segu-
ridad, un informe de la Defensoría del Pueblo (2009) sobre la necesidad
de fortalecer a la Policía Nacional del Perú estudió esta problemática,
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con la premisa de que dicho flagelo impacta negativamente en las insti-
tuciones públicas y obstaculiza el desarrollo del país. La Policía Nacio-
nal, según refirió la Defensoría, obtuvo la peor evaluación, y es una de
las instituciones más afectadas por la corrupción. La desconfianza de la
sociedad por la corrupción policial en el Perú ha sido una constante a lo
largo de los años, puesto que tal como señalamos al momento de descri-
bir los estudios sobre tácticas de patrullaje, según Ipsos (2023, p. 14) en
nuestro país solo el 10 % de la población tendría mucha confianza en
que la policía evitaría la ocurrencia de delitos violentos.
Otro reclamo popular suele ser que existen muchos policías dedi-
cados a realizar constantes operativos de control vehicular o que el
personal de seguridad ciudadana se dedica a perseguir a los vendedores
ambulantes y a decomisar su mercadería, en lugar de concentrar sus
esfuerzos en combatir la delincuencia. En efecto, pareciera imperiosa
la necesidad de establecer una escala de prioridades para enfocarse en
aquellos problemas que requieren urgente atención. A modo de ejemplo
tenemos una noticia publicada en diversos medios de comunicación de
la ciudad de Tacna, como el diario Correo (2023), referido a un opera-
tivo policial donde se incautaron más de seis mil libros supuestamente
«piratas» de locales de la avenida Bolognesi, lo que sin ánimo de justi-
ficar el actuar presuntamente ilícito, nos hace preguntarnos si los recur-
sos económicos utilizados para movilizar el aparato policial y fiscal, así
como la posterior investigación, a partir de un análisis costo-beneficio,
se encuentran plenamente justificados teniendo en cuenta la ola de
delincuencia que afronta el país. En tanto que el presunto perjuicio
generado por dichos vendedores de libros, o la eventual paralización de
sus actividades, a simple vista, no pareciese tener una trascendencia tal
que maximice significativamente el bienestar de la sociedad.
11. CONCLUSIONES
El análisis económico del derecho penal, tomando como base la teoría
de la elección racional, parte de la premisa de que un ladrón elige robar
motivado por las mismas razones que conducen al resto de personas a
seleccionar determinadas actividades laborales en lugar de otras: porque
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resulta más lucrativo. De ello se desprende que si se pretende disminuir
los robos, ya sea mediante la intervención del Estado (el cual puede
adoptar medidas coercitivas, medidas de prevención del delito o políticas
sociales y educativas que incidan sobre la tasa de criminalidad) o el actuar
de los propios propietarios (medidas de protección de la propiedad
privada, como pueden serlo, por ejemplo, la instalación de cámaras de
seguridad o la contratación de seguridad privada), se deben aumentar
los costos asociados a la actividad delictiva, o reducir sus ganancias.
Es importante destacar que no basta con aumentar el quantum de
las penas, puesto que, desde la perspectiva económica, ello no tendrá
mayor efecto si la probabilidad de ser atrapado y sancionado es escasa.
De ahí la importancia del papel que cumplen las fuerzas de seguridad
para combatir la delincuencia.
Si bien aumentar la cantidad de policías parece traer aparejada una
disminución de la criminalidad, debemos prestar mucha atención a los
mecanismos adecuados para el logro de tal fin; dado que no toda inver-
sión en las fuerzas de seguridad reportará un beneficio en tal sentido.
De este modo, un patrullaje solo podrá ser efectivo cuando se concentre
en determinadas zonas, y un aumento del empleo tecnológico para la
detección de potenciales delincuentes parece tener una mayor probabi-
lidad de efectividad que otras medidas.
Por otro lado, los resultados descritos en el presente artículo corro-
boran la elevada desconfianza ciudadana frente a la actuación policial.
Al respecto, resulta necesario fortalecer la imagen de la institución poli-
cial, puesto que ello también conllevará a que la sociedad vea positiva-
mente una mayor asignación de recursos, un aumento significativo del
número de efectivos policiales y que su labor será eficaz en la lucha
contra la delincuencia. Las investigaciones expuestas, al evidenciar la
incidencia que tuvieron en la disminución de la tasa de criminalidad,
pueden servir de base para sustentar futuras políticas públicas, no sobre
la base de presunciones o corazonadas, sino en función de datos objeti-
vos que justifiquen la asignación del gasto público para dicha institución.
Como puede apreciarse, contamos con algunos datos de hot spots
en la ciudad de Lima, que al mismo tiempo concentran la mayor canti-
dad tanto en términos absolutos como relativos, de tasa de criminalidad
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a nivel nacional. Dichos estudios, que hacen referencia a las zonas y los
horarios donde se concentra la mayor parte de la actividad delictiva nos
ayudarán a extremar esfuerzos para el combate de la criminalidad, par-
tiendo de la corroboración que se hizo en distintas ciudades de la «Ley
de Concentración del Delito». No obstante lo cual, para una política
dirigida a concentrar los esfuerzos en dichos focos de criminalidad,
sería necesario realizar un estudio más minucioso respecto de las calles
y las alturas donde se concentra en mayor medida la criminalidad.
En función del grave problema que presentan nuestras fuerzas de
seguridad, respecto al flagelo de la corrupción y la percepción de esta, y
si adicionalmente se considera esencial la participación de la ciudadanía
en el combate del crimen, si se opta por este mecanismo de prevención
del delito, se sugiere, por demostrarse más efectivo, aquel que consista
en técnicas de intervención indirectas, en las que el control policial no
se enfoque en toda la ciudadanía (evitando la interacción entre los agen-
tes policiales y los simples transeúntes con controles innecesarios, tales
como el de la identidad, o controles vehiculares, etc., los cuales, dada
la cuestionable profesionalidad de nuestras fuerzas de seguridad, que
queda evidenciada por la percepción ciudadana de esta, repercuten en
mayores excesos y abusos), sino que se limite al simple patrullaje, la vigi-
lancia enfocada, etc., que dé cuenta de la presencia policial.
Finalmente, respecto de la relación empírica existente entre la
policía y la probabilidad de arresto y/o de castigo se requieren todavía más
estudios. A su vez, tampoco existen suficientes estudios acerca de cómo
los potenciales delincuentes forman y ajustan sus expectativas ante estos
cambios de probabilidades. Mejoraremos nuestra comprensión acerca
de la cartera de medidas más eficaces para disminuir la delincuencia en
tanto surjan más estudios de esta clase.
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Financiamiento
Autofinanciado.
Conflicto de intereses
Los autores declaran no tener conflicto de intereses.
Contribución de autoría
• Recojo, análisis e interpretación de datos para el trabajo, así como la redacción de
dicho contenido: David Gustavo Romero Basurco.
• Redacción del marco teórico y revisión crítica al contenido intelectual
importante: Nicolás Baldino Mayer.
• Aprobación final de la versión que se publicará: la revisión y la aprobación de la
versión final se realizó en forma conjunta.
Agradecimientos
Los autores agradecemos al cuerpo docente de la maestría en Derecho y Economía
de la Universidad de Buenos Aires por los conocimientos y la formación académica
brindada, que resultó esencial para la confección del presente manuscrito.
Biografía de los autores
Nicolás Baldino Mayer, titulado de las carreras de Abogacía (diploma de
honor), Economía y el profesorado en Ciencias Jurídicas (diploma de honor) en
la Universidad de Buenos Aires (UBA), con grado de magíster en Derecho y
Economía en la misma casa de estudios y magíster en Finanzas con orientación
en «Mercado de Capitales» en la Universidad del CEMA. Aprobó el programa
de doctorado en Derecho con mención en Derecho Penal en la UBA. Es docente
universitario con el cargo de profesor adjunto y jefe de trabajos prácticos de la
La eficiencia policial en el combate de la criminalidad en Perú:
reflexiones desde el análisis económico del derecho
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Revista Oficial del Poder Judicial, 16(21), 2024, 83-115
Universidad de Buenos Aires, en las materias de Derecho y Economía, Elementos
del Análisis Económico y Financiero, Elementos del Derecho Penal y Procesal
Penal y Delitos contra las Personas.
David Gustavo Romero Basurco, abogado titulado por la Universidad Privada
de Tacna, es egresado de la maestría en Derecho Constitucional de la misma casa
de estudios y con grado de magíster en Derecho y Economía de la Universidad
de Buenos Aires (tesis con calificación de «distinguido»). Se ha desempeñado en
los cargos de asistente, secretario judicial, juez de paz letrado y de investigación
preparatoria en la Corte Superior de Justicia de Tacna y como secretario de
confianza en la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema. Ha publicado artículos
en coautoría para la Revista Oficial del Poder Judicial en los que aplica el análisis
económico del derecho a diversas figuras jurídicas.
Correspondencia
nbaldino@derecho.uba.ar
