En un contexto de amplia desigualdad social e inseguridad ciudadana, la capacidad de una sociedad para asegurar el acceso a la justicia inclusiva de sus miembros se constituye en una meta especialmente valiosa para ella -sobre todo para sus miembros en situación de vulnerabilidad- y para el propio Estado que, bajo un modelo democrático, depende de la legitimidad ciudadana para su supervivencia. Sobre ello, en el año 2022, se identificó que el acceso a la justicia era un bien respecto del cual se percibía la mayor desigualdad entre los peruanos, superando a materias también claves como la salud, la educación y el trabajo, un 83 % de los encuestados indicaron que el acceso a la justicia era muy desigual (Instituto de Estudios Peruanos, 2022, pp. 38-39).

La situación antes descrita evidencia un grave peligro para la legitimidad del Estado convirtiendo en urgente la debida prestación del servicio de acceso a la justicia, ante lo cual las autoridades adoptan medidas y desarrollan diversos discursos sobre sus acciones para satisfacer tal necesidad. Así, por ejemplo, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (en adelante, CEPJ) estableció en el 2016 el Programa Nacional de Acceso a la Justicia de Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad, con el objeto de «lograr un mejor desarrollo y cumplimiento de las funciones, estrategias y actividades desarrolladas para la ejecución de las 100 Reglas de Brasilia y de la Carta de los Derechos de las Personas ante el Poder Judicial peruano» (Resolución Administrativa n.^o 028-2016-CE-PJ, art. 1), el cual incorporó dentro de su estructura orgánica una Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad (en adelante, CPAJ)¹. Esta comisión ha impulsado importantes normas en favor de la accesibilidad de la justicia, como son el Protocolo de Justicia Itinerante para el Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad², el Protocolo de Atención Judicial para Personas con Discapacidad³, el Protocolo de Entrevista Única para Niñas, Niños y Adolescentes en Cámara Gesell⁴, y el Protocolo para la Aplicación de la Mediación Penal Juvenil⁵, entre otras.

La adopción de tal tipo de medidas puede reforzar la idea de que el acceso a la justicia es algo que depende exclusivamente del Poder Judicial, dado que este es, al fin y al cabo, el ente clave del sistema de justicia. Empero, es importante considerar que las funciones públicas vinculadas al acceso a la justicia no solo corresponden a tal poder del Estado, sino que irradian a otras muchas instituciones públicas, como son los servicios de atención jurídica que se brindan en los Centros de Emergencia Mujer (en adelante, CEM) del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (en adelante, Programa Nacional Aurora), del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables⁶; así como en la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (en adelante, DGDPAJ) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en adelante, el MINJUSDH), que brinda servicios relacionados, por un lado, con la defensa pública de personas procesadas por la presunta comisión de un delito⁷; y, por otro lado, con la asesoría jurídica a favor de la población en situación de vulnerabilidad, la cual ―como veremos en este trabajo― presenta importantes oportunidades de mejora para garantizar el acceso a la justicia para las personas en situación de pobreza.

En este contexto, el presente opúsculo tiene por objeto responder en qué medida los centros de Asistencia Legal Gratuita (en adelante, Alegra) de la DGDPAJ garantizan la disponibilidad, la accesibilidad (física y económica) y la calidad de los servicios de patrocinio y asesoría legal gratuita a personas en situación de pobreza, a la luz de la carga procesal y de los posibles escenarios de revictimización. Con relación a la definición operativa de dichas categorías, el presente artículo sigue las definiciones vertidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en su Observación General n.^o 14, el cual establece que la disponibilidad está determinada por el número de establecimientos y servicios; la accesibilidad está referida a la obligatoriedad de que dichos establecimientos sean física y económicamente accesibles a todas las personas, sin discriminación alguna; y la calidad se vincula con el aspecto científico, que implica contar con personal profesional capacitado (párr. 12).

Con el fin de precisar en qué medida los centros Alegra garantizan la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad del derecho a la justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, en las siguientes líneas desarrollaremos: (i) las implicancias del acceso a la justicia como derecho humano; (ii) los estándares constitucionales e interamericanos que deben seguir los servicios jurídicos brindados por el Estado; y, (iii) las implicancias de los servicios de defensa pública y asistencia legal gratuita que brinda el MINJUSDH. Ello nos permitirá posteriormente desarrollar con detalle (iv) los alcances de la disponibilidad, la accesibilidad (física y económica) y la calidad de los servicios brindados por los centros Alegra a favor del acceso a la justicia; para finalizar con (v) el desarrollo de nuestras conclusiones.

Los derechos fundamentales han sido caracterizados por su supremacía y su universalidad y, más allá de que históricamente alguno de estos rasgos pueda haberse visto atenuado en situaciones específicas, no dejan de ser justificantes para la fundamentabilidad de determinados derechos (Prieto, 2002, pp. 31-36). En efecto, podemos concebir que ciertos derechos vienen a ser el común denominador de los Estados modernos y que estos adquirieron su impronta en la experiencia de sus homólogos centurias atrás (como es el caso de la carta magna en 1215 en Inglaterra). Justamente, el caso del acceso a la justicia y el debido proceso nos permite evidenciar que los Estados y, más prematuramente, las organizaciones políticas, consideraron que toda persona tiene ciertas libertades y atribuciones, las cuales pueden ser afectadas únicamente cuando se cumple con algunas características mínimas, entre ellas, el seguimiento de un determinado procedimiento, con la aplicación de algún conjunto mínimo de garantías.

En este contexto, el debido proceso y el acceso a la justicia tuvieron como una de sus máximas expresiones el ejercicio del derecho a la defensa, concebido como una habilitación para que el afectado pueda realizar las actuaciones que considere convenientes dentro del procedimiento con el objeto de tutelar sus legítimos intereses. Conforme con ello, se consideraba como un derecho no solo de garantía, sino de libertad por medio del cual se le brindaba carta abierta para que el justiciable ejerciera su defensa por sus propios medios.

Según ello, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia, inicialmente, no fueron concebidos como derechos prestacionales, como sí se acepta respecto de los derechos sociales como la educación o la salud, cuyo goce presupone ―indispensablemente― el desarrollo de determinadas acciones estatales a favor de las personas. Y, justamente, esta calificación de derechos no prestacionales que se hace de ellos parte de la existencia de la diferenciación entre los derechos «negativos» y «positivos», entre «libertades» y «subsidios», pues «lo característico de los derechos negativos es que protegen la libertad mientras que los positivos impulsan la igualdad» (Holmes y Sunstein, 2011, p. 60). No obstante, es menester precisar que en la actualidad los derechos no son concebidos como simples inmunidades, todos implican algún tipo de prestación costosa (pp. 64-65).

Y esto es así porque los Estados contemporáneos tienen su razón de ser en asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales y, ante la falta de capacidad de goce autónomo de determinados derechos por parte de sus titulares (por la situación de pobreza o de vulnerabilidad de ellos), la administración estatal realiza actuaciones para asegurarles la igualdad en su ejercicio. Por ello, bien se precisa que independientemente de la perspectiva que se tiene sobre los derechos fundamentales, esta se vinculará en algún momento con el principio de igualdad, pues «en cada teoría, la igualdad se busca en algún espacio (es decir, desde el punto de vista de algunas variables relacionadas con ciertas personas), un espacio que se considera central en esa teoría» (Sen, 2021, pp. 322-323).

Es justamente en el marco del acceso a la justicia en el cual se encuentran desigualdades y situaciones que ameritan que el Estado realice actuaciones especiales a favor de personas en situación de vulnerabilidad. Al respecto, es bien conocido que el derecho a la justicia, en el marco de los derechos humanos, presenta una doble dimensión, es tanto un derecho civil y político como un derecho económico y social; por lo tanto, amerita una serie de acciones del Estado para su aseguramiento, ante los diversos obstáculos que pueden existir, como es el caso de las costas (y los costos) del proceso, la inutilidad de las acciones por la poca cuantía de lo que es materia de controversia y las ventajas personales de la parte contraria (Marabotto, 2019, pp. 297-298), por nombrar algunas trabas respecto de las cuales el sistema de justicia debe actuar para su debido desarrollo.

Atendiendo a ello, los Estados constitucionales han adoptado diversas medidas contenidas en normas nacionales y supranacionales con el objeto del resguardo igualitario de tal derecho, lo cual también acontece respecto del Estado peruano, para ello en el siguiente apartado desarrollaremos el ordenamiento jurídico referido al derecho humano materia de la presente investigación.

El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, la CADH) reconoce el derecho a contar con un recurso rápido y sencillo para la tutela de los derechos con reconocimiento convencional, lo cual constituye la piedra angular del derecho al acceso a la justicia en sede supranacional. Asimismo, el primer párrafo del artículo 8 de la CADH reconoce el derecho a las garantías judiciales en todo tipo de proceso (y no solo en lo penal), lo cual ha sido ampliamente desarrollado por la jurisprudencia de la Corte IDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos).

Pero a propósito del Perú, ¿qué pronunciamientos forman parte de la jurisprudencia interamericana que le son vinculantes en materia de acceso a la justicia? La redacción actual del artículo VIII del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional (en adelante el NCPC) indica que el contenido de los derechos fundamentales es interpretado conforme a las sentencias de tribunales internacionales sobre derechos humanos en los procesos en los que Perú es parte. Esto representa un cambio de la redacción original al hablar (i) exclusivamente de sentencias y (ii) limitarse que ellas son las referidas a casos de Perú, lo cual nos permite preguntarnos si es que la actual redacción del NCPC excluye del plexo interpretativo de los derechos fundamentales (como el acceso a la justicia, el debido proceso y la defensa) a las opiniones consultivas de la Corte IDH y a las sentencias de esta que no versen sobre procesos contra Perú. Al respecto, es importante tomar en consideración que no existe una prohibición de interpretación de los derechos fundamentales conforme a todas las decisiones de la Corte IDH (incluyendo a las opiniones consultivas), sumado a que el segundo párrafo del artículo VIII en mención hace referencia a «decisiones de tribunales internacionales», por lo que bien podríamos indicar que resulta indispensable interpretar tales derechos considerando tanto las opiniones consultivas de la Corte IDH, así como sus sentencias, independientemente de que se refieran a Perú o no.

Tomando en consideración lo acotado, podemos decir que el derecho a la defensa, en el marco del acceso a la justicia, cuenta con un elemento formal vinculado con el aseguramiento del procesado no solo a la defensa propia de sus intereses, sino que esta sea técnica, por medio de un profesional en la materia (caso Valencia Campos y otros vs. Bolivia, 2022, párr. 260). No obstante, la garantía del derecho a la defensa no descansa en la designación de un defensor público (o de oficio) sino en su debido actuar dentro del proceso judicial (caso Girón y otros vs. Guatemala, 2019, párr. 101), por lo que un incorrecto actuar constituiría no solo una afectación de los intereses del justiciable, sino una vulneración del artículo 8 de la CADH. Es importante acotar también que el actuar indebido del defensor público sería responsabilidad del Estado por no realizar el procedimiento de selección cuando la falla sea notoria o constituya una negligencia tal que carezca de justificación (caso Ruano Torres y otros vs. El Salvador, 2022, párrs. 163-164).

Asimismo, la Corte IDH ha precisado que el derecho a la defensa debe ejercerse desde que se señala a una persona como posible autora de un hecho punible hasta que finalice el proceso (caso J. vs. Perú, 2013, párr. 194), de lo cual podríamos decir que es durante este período de tiempo procedimental en el que el Estado debe asegurar el acceso a la defensa gratuita a los procesados. No obstante, algo similar no se dice respecto de la defensa pública que puede brindar el Estado en procesos sobre materias distintas a la penal.

Por otro lado, las Opiniones Consultivas n.^os 11/90 y 18/03 de la Corte IDH han explicitado el deber del Estado de asegurar la defensa gratuita a favor de las personas que se encuentran con limitaciones económicas (De Melo, 2019, p. 624), lo que puede extenderse al caso de las personas en situación de vulnerabilidad. Al respecto, tiene relevancia considerar que deben existir tratos diferenciados a favor de las personas en situación de vulnerabilidad para el ejercicio del derecho a la defensa y el acceso a la justicia. Tal como se tiene aceptado, el derecho al acceso a la justicia no solo es formal, sino material, lo que implica que su goce debe ser eficiente y oportuno y pensado para las personas en situación de vulnerabilidad, lo que implica brindar asistencia jurídica a los pobres (Bernales, 2019, p. 279).

A nivel de la Constitución Política del Perú (en adelante, la CPP), el artículo 139 reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional y el debido proceso. No obstante, algo que frecuentemente se deja de lado es que el inciso 16 del dispositivo en mención reconoce no solo el principio de gratuidad de la administración de justicia, sino también «la defensa gratuita para personas de escasos recursos; y, para todos, en los casos que la ley señala». Lo indicado nos permite afirmar que la vocación de la defensa gratuita se extiende a todas las personas, pero en atención a que todo derecho implica un costo cubierto por el Estado (como lo vimos líneas atrás sobre el texto de Holmes y Sunstein), la obligatoriedad en la actualidad es para las personas de escasos recursos, término que no se circunscribe a lo económico sino a la poca o nula capacidad de agencia, lo cual caracteriza a una parte importante de la población en situación de vulnerabilidad.

Conforme a ello, es importante acotar también que el Tribunal Constitucional (en adelante, el TC) ha brindado pronunciamientos sobre el alcance del derecho a la defensa y su vinculación con el acceso a la justicia, en los que ha indicado que el deber de asignar un defensor de oficio no solo tiene un haz formal, sino material, y se requiere que el defensor actúe de forma diligente (sentencia recaída en el Expediente n.^o 01917-2023-PHC/TC, 2024, fundamento 7).

Debemos señalar también que el NCPC establece que en el marco de los procesos de tutela de derechos fundamentales «el demandante que no cuenta con los recursos económicos suficientes o se encuentra en estado de vulnerabilidad, puede recurrir a la defensa pública y, si la hubiere, a la especializada en defensa constitucional y derecho procesal constitucional» (art. 4). De la interpretación de tal dispositivo junto con el cuerpo normativo antes expuesto podemos decir que, respecto de las personas vulnerables, la defensa pública es gratuita para intervenir en procesos constitucionales; no obstante, como veremos líneas adelante, no se cuenta con información específica sobre la cobertura de tal servicio por parte del Estado.

En el sentido de lo expresado, el acceso a la justicia no implica únicamente que se permita a los justiciables que, con sus recursos, tengan la posibilidad de acceder al sistema de justicia para defender sus legítimos intereses, puesto que tal derecho no solo implica una libertad, sino que, en atención a los diversos obstáculos que pueden poner en una especial posición de desventaja a las personas en situación de vulnerabilidad, se requiere que el Estado en general (y no solo el Poder Judicial) implemente medidas para asegurar que la defensa de los intereses de tales personas pueda ser asegurada, pero no como una mera formalidad, sino que tal prestación del servicio jurídico se encuentre disponible y sea asequible, accesible y de calidad. Para lo cual ―sin duda alguna― el Estado tiene que invertir recursos, que pueden ser de desarrollo progresivo, cualidad que comparte con otros derechos económicos y sociales, pero siempre asegurando un nivel mínimo. En tal sentido, podemos preguntarnos si en el caso del servicio de asistencia legal gratuita del MINJUSDH se viene cumpliendo con tales exigencias y en qué grado se encuentra el cumplimiento de estas, interrogante que se procederá a abordar en los siguientes apartados.

Conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo n.^o 1407 ⁸ (en adelante, el DL 1407), el MINJUSDH brinda los siguientes servicios de defensa pública: (a) la defensa de presuntos agresores de la ley penal y condenados; (b) la defensa de víctimas; (c) la asistencia legal; y, (d) los mecanismos alternativos de resolución de controversias.

Siendo más específicos, en el supuesto «a» que se indica en el párrafo precedente, la defensa penal pública va dirigida a las «personas denunciadas, investigadas, detenidas, inculpadas, acusadas o condenadas en procesos penales, incluyendo a los adolescentes en conflicto con la ley penal» (literal a del artículo 8 del DL 1407). En el supuesto «b», la defensa de víctimas se brinda a favor de personas en situación de vulnerabilidad, bajo los siguientes términos del DL 1407:

Asimismo, el MINJUSDH brinda el servicio «c», de asistencia legal, que abarca «la asesoría técnico legal y/o patrocinio a las personas en materias de Derecho Civil y Familia […], así como en los casos de situaciones de riesgo o desprotección familiar de niños, niñas y adolescentes» (literal c del artículo 8 del DL 1407); y, finalmente, «d», los mecanismos alternativos de solución de conflictos, referidos a la conciliación y al arbitraje (literal d del artículo 8 del DL 1407).

De acuerdo con el reglamento de la citada norma⁹ y el Reglamento de Organización y Funciones del MINJUSDH¹⁰, todas las funciones arriba mencionadas se encuentran a cargo de la DGDPAJ. Al respecto, es importante notar que dicha estructura impone un grave conflicto de interés a las autoridades de la mentada dirección general del MINJUSDH, toda vez que la defensa penal pública es una función contrapuesta e incompatible con la defensa legal de víctimas. Sobre el particular, García (2021) ha señalado lo siguiente:

En opinión de dicho autor, la cercanía entre un servicio de atención a víctimas y un servicio de defensa a imputados constituye un maltrato a las presuntas víctimas, especialmente cuando se trata de delitos contra niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidades o víctimas de violación sexual (García, 2021, p. 68). Más aún, la situación descrita puede llegar a constituir un escenario de revictimización proscrito por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tal como lo precisó la Corte IDH en la sentencia de fondo, reparaciones y costas del caso López Soto y otros vs. Venezuela:

Es importante enfatizar también que tal escenario de revictimización ―que violenta el derecho al acceso a la justicia― es uno no deseado por los operadores de justicia, frente a lo cual se deben tomar las correspondientes diligencias tal como lo ha precisado la Defensoría del Pueblo al referirse al Sistema Nacional Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (en adelante, el SNEJ): «es necesario que la coordinación interinstitucional en la recepción de denuncias, notificaciones, ejecución y seguimiento de medidas de protección, etc., se realice acorde con el principio de debida diligencia reforzada, y que se garantice la no revictimización» (Defensoría del Pueblo, 2025, p. 15).

En ese sentido, si bien para los servicios contemplados en los literales b y c del artículo 8 del DL 1407, la DGDPAJ del MINJUSDH ha establecido la creación de los centros de Asistencia Legal Gratuita (Alegra)¹¹, por los motivos expuestos ―vinculados con su cercanía física y funcional con el servicio de defensa pública―, ello no es suficiente para eliminar el conflicto de interés identificado. Es por este motivo que se evidencia la necesidad de realizar cambios sustanciales, como por ejemplo descentralizar la prestación del servicio de defensa de víctimas, manteniendo a cargo del MINJUSDH únicamente la defensa pública de personas imputadas o procesadas por la presunta comisión de un delito¹².

Al respecto, como bien lo precisa la CPP, el Estado peruano es unitario y descentralizado (artículo 43), ya que la descentralización es un proceso que se desarrolla de forma progresiva (artículo 188), bajo criterios que permitan la debida transferencia de recursos (artículo 188). Bajo tal perspectiva, no toda prestación del servicio de defensa pública debe ser realizada directamente por el MINJUSDH, como parte del gobierno nacional, sino que ―por mandato de la Constitución― la competencia para el aseguramiento de esta debe transferirse progresivamente a otros niveles de gobierno, y deben asegurarse los recursos económicos y humanos para tal fin. Conforme a lo acotado, si consideramos que el artículo 14 a de la Ley n.^o 27783, Ley de Bases de la Descentralización, reconoce el principio de subsidiariedad, que establece que el gobierno más idóneo para ejercer una competencia es el nivel más cercano a la población, podemos considerar que una medida adecuada (para evitar la revictimización anotada) sería el transferir las competencias vinculadas con la prestación de los servicios de los centros Alegra a los gobiernos regionales (ello podría implicar la modificación de parte de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales¹³). Estos ejercerían sus funciones con su presupuesto y en instalaciones debidamente acondicionadas, en coordinación con el Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del MINJUSDH. Es del caso precisar que, por la cercanía con la población, los gobiernos regionales se encuentran en mejor posición para identificar las zonas en las cuales se requiere mayor presencia del servicio prestado por los centros Alegra, y pueden incorporar ―inclusive― de forma más inmediata acciones itinerantes para acercar la prestación de tales servicios a la población más excluida y vulnerable, lo cual permite la optimización de la accesibilidad y la disponibilidad del servicio, problemática que se desarrollará con mayor detalle líneas adelante.

Si bien la propuesta anotada busca considerar la mejora del servicio de defensa pública gratuita a favor de las personas en situación de vulnerabilidad, existen en la actualidad diversas iniciativas legislativas que buscan reformar tal servicio. Al respecto, corresponde indicar que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República ha aprobado en mayoría el dictamen recaído en los proyectos de ley 7466/2023-CR, 8946/2024-CR, 9155/2024-CR, 10536/2024-CR, 10540/2024-CR y 10584/2024-CR, que, con texto sustitutorio, ha propuesto la Ley que Crea la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (SUDEPUB) Adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que, en lo esencial, repite las funciones y la estructura orgánica interna de la actual DGDPAJ, y absorbe a su vez otros servicios como el prestado por los CEM del Programa Nacional Aurora.

Resulta interesante que de la revisión de la exposición de motivos del dictamen en mención no se ha evidenciado que haya referencia alguna de escenarios de revictimización o de afectaciones, en general, de intereses de las presuntas víctimas y, mucho menos, que se proyecten medidas para contrarrestarlas, como las que se ha propuesto en el presente trabajo de investigación, puesto que el análisis se ha dirigido principalmente a determinar si la iniciativa legislativa cumple con los presupuestos legales para la creación de un «organismo público ejecutor», lo cual constituye un análisis formal y competencial sumamente limitado.

Ante tal carencia, se ha advertido que la Primera Disposición Complementaria Final del texto sustitutorio del dictamen indica que debe aprobarse el correspondiente Reglamento de Organización y Funciones de la futura SUDEPUB, que puede bien tomar en consideración lo indicado líneas arriba para evitar escenarios de revictimización de justiciables. Aunque la norma llamada a establecer tales medidas es la ley, por lo que recomendamos que a nivel del Pleno o, en caso se apruebe la propuesta, a nivel del Poder Ejecutivo ―al analizar la autógrafa y presentar las observaciones correspondientes― se examine lo aquí desarrollado.

Independientemente de ello, resulta importante analizar no solo la calidad del servicio, sino también su alcance. Por esto en el siguiente apartado analizaremos su cobertura y si ella es suficiente para cumplir con la normativa aplicable en materia de acceso a la justicia a favor de personas en situación de vulnerabilidad.

Los Estados, incluyendo el peruano, se encuentran obligados por diversas normas nacionales y supranacionales a resguardar y garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Tanto las normas nacionales, supranacionales y la jurisprudencia vinculante establecen que el acceso a la justicia no implica únicamente que se permita a los justiciables escoger la forma de defender sus intereses, según sus propios medios, pues existen obstáculos que ponen a la población en situación de vulnerabilidad en una posición de clara desventaja, y se requiere la intervención del Estado para asegurar la defensa de los intereses de tal sector de la sociedad, garantizando con ello el acceso a la justicia bajo condiciones de disponibilidad, accesibilidad (física y económica) y calidad.

Si bien el acceso a la justicia tiene una dimensión prestacional, que permite afirmar que el incremento de su cobertura se realiza de forma progresiva, no es menos cierto que tal derecho tiene un mínimo que implica que el Estado asegure el pleno acceso a los medios de defensa de la población en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, el Estado peruano actualmente no cumple con su obligación de brindar servicios de defensa legal gratuitos ―disponibles, accesibles y de calidad― para personas en situación de pobreza.

El servicio de patrocinio y asistencia legal gratuita a favor de personas en situación de vulnerabilidad presenta varios inconvenientes, tales como un inadecuado diseño organizativo que, sumado a carencias logísticas, genera un contexto de revictimización al promover el contacto entre presuntas víctimas y sus victimarios, lo cual representa una clara vulneración del derecho al acceso a la justicia. Frente a ello, con el presente trabajo se ha propuesto que el servicio de defensa de víctimas sea brindado por los gobiernos regionales, que gozan de autonomía económica y se encuentran en mejor capacidad técnica para identificar y brindar servicios a las poblaciones más vulnerables de su jurisdicción. Esperamos que esta propuesta sea tomada en cuenta a propósito de los proyectos normativos que se encuentran pendientes de estudio en el Congreso de la República.

Respecto a la accesibilidad para personas con discapacidad se ha precisado que existen limitaciones en el contenido del Protocolo para la Atención de las Personas con Discapacidad y su aplicación, pues son manifiestas las limitaciones para el pleno acceso a la justicia para tal sector de la sociedad. En cuanto a la accesibilidad económica (asequibilidad) de los centros de asistencia legal, es importante reconocer el servicio de defensa legal como un derecho humano universal y, en consecuencia, garantizar de manera progresiva el acceso a tal servicio a favor de todos los ciudadanos. En todo caso, mientras continúe la focalización del servicio únicamente para las personas de menores recursos, resulta necesario que en aras del principio de eficiencia de la Administración pública se abandone la verificación de la situación económica de todos los solicitantes del servicio e implementar un sistema de verificación aleatoria, tal como lo dispone la Ley del Servicio de Defensa Pública, en concordancia con lo regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Finalmente, debe asegurarse la calidad del servicio de asistencia legal, para lo cual debe analizarse debidamente la carga de procesos que tiene cada centro Alegra y cada defensor público, puesto que ello tendrá incidencia en la calidad de servicio. Resulta a su vez fundamental asegurar la cantidad correcta de defensores públicos en atención a su especialidad para intervenir en procesos penales, civiles y constitucionales a favor de personas en situación de vulnerabilidad.