Presentación

Apreciados académicos, profesionales del derecho y lectores en general, nos complace presentar el número 22 de la Revista Oficial del Poder Judicial, publicación que se orienta a la difusión del conocimiento, pero también, y más importante aún, a promover el análisis crítico sobre diferentes tópicos en torno al derecho y a ese ideal fundamental que perseguimos todos en una sociedad, como es la justicia. Incluye por ello reflexiones sobre los grandes temas —teóricos y prácticos— del quehacer jurídico contemporáneo, que además de cumplir con exigencias de originalidad, deben poseer contenido significativo y riguroso, de modo que contribuyamos efectivamente a la consolidación de una comunidad académica sólida y comprometida con los valores y los principios que, como espacio editorial, defendemos.

En un escenario de constante cambio y rápida evolución tecnológica, al derecho se le hace imposible mantenerse al margen, y no hablo ya de los evidentes cambios legislativos o problemas de interpretación y de aplicación de las normas que ese escenario exige, sino de la necesidad de recurrir al auxilio de esos desarrollos tecnológicos para imprimir celeridad y mayores niveles de certeza y acierto a las decisiones judiciales, aunque en este afán se debe avanzar con prudencia, pues el excesivo entusiasmo puede llevarnos a supeditar nuestra inteligencia natural a la artificial, esto es, a sobreponer el algoritmo al pensamiento. Por estas razones, y siguiendo la línea editorial trazada desde nuestro número anterior, en este se incluye, además de las investigaciones sobre el derecho en general, una sección especial referida a la inteligencia artificial en el servicio de impartición de justicia.

A propósito de la prudencia, tratamos de que los trabajos que son enviados a nuestra revista pasen por revisores cada vez más calificados, a fin de garantizar un alto nivel académico en las contribuciones que se publican. Esto resulta especialmente importante en un contexto en el que la indización de las revistas electrónicas de acceso abierto (sujetas a las condiciones que establecen las grandes bases de datos e índices globales), no obstante jugar un rol protagónico para la visibilidad, transferencia e impacto del conocimiento, no está exenta de crítica respecto de sus criterios de evaluación e indicadores, que en ocasiones parecen ir en detrimento de una promoción de la investigación seria, al privilegiar la inmediatez y lo cuantitativo, cuando no los fines económicos.

Esto, por supuesto, es motivo de constante preocupación para muchos investigadores, pues los rankings internacionales pueden influir significativamente en sus carreras profesionales al haberse convertido en el mecanismo más mediático para hacer visible y acreditar su contribución en el ámbito académico o profesional en el que se desenvuelven. De ahí que sientan cada vez mayor necesidad de publicar en revistas clasificadas en índices de prestigio, con el grave riesgo de que satisfacer esa necesidad se convierta en un incentivo perverso que más allá de atentar contra la calidad de lo que se publica (que ya es grave), puede conducir incluso a mellar la propia integridad del investigador, como lamentablemente se observa ya que sucede.

Identificadas estas debilidades en los enfoques cuantitativos para gestionar el conocimiento, se hace ineludible que «desde los mismos centros del sistema académico mundial, organismos públicos y consejos científicos nacionales señal[emos] la necesidad de profundizar la evaluación cualitativa» (Salatino y López, 2021, p. 75) en las publicaciones científicas en general y en la investigación jurídica en particular. Esta será, además, una buena forma, tal vez la mejor, de contribuir a que las revistas jurídicas en español gocen de más visibilidad en los índices internacionales, en los que hoy tienen presencia muy reducida en compa- ración con las revistas anglosajonas, lo que afecta la diversidad cultural en el ámbito de la difusión del conocimiento. Hace unos pocos años señalaban Meneses y Garza (2021) que «seis editoriales científicas controlan el 50 % de la producción académica (Elsevier, Springer, Taylor&Francis, Wiley-Blackwell, American Chemical Society, Sage publications) e imponen el inglés como lengua neutra y universal» (p. 203). Creemos que ese desequilibrio se viene superando y tenemos el compromiso de contribuir al objetivo de promover la excelencia académica, enriquecida con la diversidad intelectual de los investigadores de habla hispana.

En tal escenario, la Revista Oficial del Poder Judicial realiza esfuerzos por permanecer en el ecosistema de las revistas indizadas, cumpliendo con los estándares internacionales y cuidando la calidad de su contenido. Su política de acceso abierto cuenta con el respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en consonancia con la Declaración de Berlín sobre Acceso Abierto, según la cual «para establecer el acceso abierto como un procedimiento meritorio, se requiere idealmente el compromiso activo de todos y cada uno de quienes producen conocimiento científico y mantienen el patrimonio cultural» (Sociedad Max Planck, 2003, p. 54), permitiendo un intercambio del conocimiento sin restricciones (agregando, modificando o compartiendo una publicación digital), pero con estricto respeto de los derechos de autor.

En suma, es nuestro interés facilitar a los lectores, especializados o no, el acceso libre a conocimientos actualizados y relevantes, y los invitamos a sumarse a este proyecto académico y enriquecer los contenidos de este espacio editorial.

Humberto Luis Cuno Cruz Director de la Revista Oficial del Poder Judicial Director del Centro de Investigaciones Judiciales