Artículo de investigación
La inteligencia artificial en la justicia: protocolos para la presentación y la valoración de prueba
digital obtenida mediante
IA
Artificial
intelligence in justice: Protocols for the submission and assessment of AI-generated digital evidence
Inteligência artificial na
justiça: protocolos para a apresentação e avaliação de evidências digitais derivadas de IA
Denis Adan Aguilar Cabrera
Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (Lima, Perú)
Contacto: denis.aguilar@unmsm.edu.pe https://orcid.org/0000-0002-1129-410X
RESUMEN
La integración de la inteligencia
artificial (IA) en el derecho penal marca un progreso significativo con amplias implicaciones en la gestión de pruebas digitales en los procesos judiciales. La IA proporciona herramientas que pueden mejorar la eficacia, la calidad y
la transparencia de la justicia penal, al mismo tiempo que plantea desafíos éticos y legales que necesitan ser abordados con cautela. En
efecto, la incorporación de algoritmos y sistemas de IA puede contribuir a
establecer criterios más objetivos y coherentes en la toma de decisiones. Es de
vital importancia analizar a fondo las implicaciones éticas y legales al
integrar la IA en el proceso penal, para asegurar la salvaguarda de los derechos
fundamentales y el respeto a la presunción de inocencia, puesto que la protección de los derechos individuales y la responsabilidad de los sistemas automatizados son elementos críticos que deben ser considerados al establecer
un marco normativo claro, que regule el uso de la inteligencia artificial en el proceso penal. Asimismo, los
algoritmos de IA deben seguir principios básicos como el in dubio pro reo, y los jueces deben tener la capacidad de apartarse de las recomendaciones
de la IA si justifican adecuadamente
sus decisiones, manteniendo un equilibrio entre la automatización y la
discreción judicial. Es esencial comprender que la IA no
pretende reemplazar la labor del juez humano, sino más bien
complementarla como un recurso de apoyo para asegurar una justicia
efectiva y equitativa en la era digital.
Palabras clave: inteligencia artificial; proceso penal; pruebas digitales; implementación de protocolos; herramientas IA; ética en IA.
Términos de indización: inteligencia artificial; procedimiento legal; aplicación informática; ética de la
tecnología (Fuente: Tesauro Unesco).
ABSTRACT
The integration of artificial
intelligence (AI) into criminal law marks a significant advancement
with broad implications for the
management of digital evidence
in judicial proceedings. AI provides tools that can enhance the efficiency, quality, and transparency of criminal justice,
while also posing ethical and legal
challenges that need to be addressed with caution. In fact, the incorporation of algorithms and AI systems
can contribute to establishing more
objective and consistent criteria in decisionmaking. It is crucial to thoroughly analyze the ethical and legal implications
when integrating AI into criminal processes, ensuring the protection
of fundamental rights and respect for the presumption of innocence. The safeguarding of individual rights and
the responsibility of automated systems
are critical elements
that must be considered when establishing a clear regulatory
framework governing the use of artificial intelligence in criminal
proceedings. Moreover, AI algorithms must adhere to basic principles such as in dubio pro reo, and judges must have the ability
to depart from AI recommendations if they adequately justify their decisions,
maintaining a balance between automation anddiscretion. It is essential to understand that AI is not
intended to replace the role of the human judge but rather to complement it as a support tool to ensure effective and equitable
justice in the digital age.
Key words: artificial intelligence; criminal process; digital evidence; implementation of protocols; AI tools; ethics in AI.
Indexing
terms: artificial
intelligence; legal procedure; computer applications;
ethics of technology (Source: Unesco Thesaurus).
RESUMO
A integração
da inteligência artificial (IA) ao
direito penal marca um desenvolvimento significativo com implicações abrangentes para o gerenciamento de provas
digitais em processos judiciais. A IA fornece ferramentas que podem
melhorar a eficiência, a qualidade e a transparência da justiça criminal, ao mesmo tempo em que levanta desafios éticos e legais
que precisam ser abordados com
cautela. De fato, a incorporação de algoritmos e
sistemas de IA pode ajudar a estabelecer
critérios mais objetivos e consistentes para a tomada de decisões. É de vital importância analisar
minuciosamente as implicações éticas e jurídicas da integração da IA ao processo criminal, garantindo a salvaguarda dos direitos fundamentais e o respeito à presunção de inocência, pois a proteção dos direitos individuais e a responsabilidade dos sistemas automatizados são elementos essenciais que devem
ser considerados ao estabelecer
uma estrutura regulatória clara que regule o uso da inteligência artificial no processo criminal. Além disso, os algoritmos
de IA devem seguir princípios básicos, como
o in dubio pro reo, e os juízes devem ter a capacidade de se afastar das recomendações da IA se justificarem adequadamente suas
decisões, mantendo um equilíbrio entre a automação e a discrição judicial. É essencial entender que a IA não
se destina a substituir o trabalho do juiz humano, mas sim a complementálo como um recurso
de apoio para garantir uma justiça eficaz
e justa na era digital.
Palavras-chave: inteligência artificial; processo criminal; provas digitais; implementação de protocolos, ferramentas de IA; ética de IA.
Termos de indexação: inteligência
artificial; procedimento legal; aplicativo de computador; ética
da tecnologia (Fonte:
Unesco Thesaurus).
1.
INTRODUCCIÓN
El
creciente uso de la tecnología ya es parte de la rutina diaria, con ello se
evidencia un aumento significativo de la actividad delictiva asociada con los dispositivos electrónicos y las plataformas digitales. En tal sentido,
el uso de la prueba digital en los procesos penales continúa
siendo restringido debido a los
desafíos inherentes a su adquisición, su análisis y su presentación; ello es en mérito a la carencia
de conocimiento especializado,
la ausencia de un marco metodológico claro y eficaz para la aplicación
de la inteligencia artificial en la recolección y el análisis
de pruebas digitales
(con el riesgo de lesionar derechos), así como la inexistencia de criterios uniformes sobre el uso de
pruebas digitales.
La
implementación de la inteligencia artificial (IA) y los algoritmos en el proceso penal
constituye un tema de gran complejidad que diversos países reconocen como
indispensable para perfeccionar la administración de justicia; pues bien, el diálogo en torno
a la justicia digital adquiere relevancia en razón a la capacidad de adelantarse a las acciones que los interesados puedan
emprender con el uso de la IA (Gómez et
al., 2023). Además, se debe considerar que la cibercriminalidad impulsa la
actualización de los métodos de investigación del crimen. En tal sentido, Ahmad (2021) sugiere que las
autoridades judiciales deben orientar sus esfuerzos a la búsqueda de nuevas
evidencias en los lugares del delito, específicamente pruebas de índole
electrónica, asegurando su autenticidad en los procesos penales para así identificar a los responsables de tales infracciones. Del mismo modo, Muñoz (2020), en referencia al informe emitido por el Comité de Asuntos Legales del Parlamento Europeo en enero de 2017, destaca el crecimiento de la
tecnología en el ámbito judicial, que se consolida como una presencia
constante, donde enfatiza la incipiente regulación sobre la inteligencia
artificial en los procedimientos
judiciales, así como las herramientas de inteligencia artificial más comúnmente empleadas.
Dentro del panorama de investigaciones destaca
el trabajo de Calderón y Cueto (2022) acerca del análisis de la prueba mediante
inteligencia artificial, el cual tuvo como propósito la formulación de directrices probatorias para la presentación de
evidencia generada por inteligencia artificial en el marco del proceso
judicial en Colombia, mediante el uso del dictamen pericial científico. Asimismo, señaló que la normativa
actual requiere que el porcentaje probabilístico generado por la inteligencia artificial sea plasmado en un
documento por medio de un mensaje de datos, lo cual restringe la posibilidad de
contradicción y la evaluación de la evidencia. Como propuesta, sugirió
la aplicación de normas inherentes a la prueba pericial
científica, con el fin de asegurar la integridad de la cadena de custodia
de la información digital, la explicación detallada del funcionamiento de los
algoritmos de inteligencia artificial y su pertinencia en el proceso.
Por su parte, Cano et al. (2020) centraron su investigación acerca de la inteligencia artificial aplicada al análisis
forense digital en diversas técnicas como el aprendizaje automático, las
máquinas de soporte vectorial, las redes neuronales artificiales, así como en
los sistemas expertos y los agentes inteligentes; concluyeron que la IA puede
desempeñar un rol significativo en el análisis
forense digital, al posibilitar la automatización,
la correlación, la detección y la identificación de pruebas digitales relevantes para la investigación de eventos informáticos. Del mismo modo, Castellano (2021) propuso indagar en las oportunidades que ofrecen los sistemas de IA en la evaluación de
evidencias en el ámbito judicial, particularmente en la esfera penal; enfatizó en que la incorporación de la IA en la valoración de la prueba puede brindar numerosas ventajas, como la imparcialidad, la eficiencia, la celeridad y la transparencia; no obstante, también plantea diversos desafíos, como la protección de los
derechos fundamentales, la independencia judicial, la explicabilidad
y la auditabilidad de los algoritmos.
El propósito de este estudio reside en examinar los fundamentos que respaldan la adopción de dicho protocolo en el contexto
del proceso penal, con el
objetivo de potenciar la eficacia, la eficiencia y la equidad del sistema
de justicia penal.
Se pretende identificar los argumentos lega les, técnicos y sociales que abogan
por la integración de la inteligencia artificial en la recolección, la preservación y el análisis
de evidencias digitales; con ello se busca determinar
los estándares específicos de admisibilidad que deben regir las pruebas digitales
generadas con IA, teniendo
en cuenta las características propias del entorno peruano y las directrices internacionales. Asimismo,
se justifica en la necesidad de abordar los
retos y las posibilidades derivados de la integración de la inteligencia artificial en el ámbito
del proceso penal
y la gestión de pruebas
digitales, puesto que es esencial comprender el potencial de la IA para mejorar la eficiencia, la calidad y la transparencia
del sistema judicial, al mismo tiempo que se garantiza la protección de los
derechos fundamentales de todas las partes involucradas. La implementación de
un protocolo que incorpore la IA en la recolección, la preservación y el análisis
de pruebas digitales se
presenta como una medida clave para asegurar la equidad y la justicia en el procedimiento legal.
El artículo contiene las secciones de contextualización, prueba digital, inteligencia artificial en la justicia, algoritmos en la prueba penal, análisis de la literatura y conclusiones.
2.
LA PRUEBA DIGITAL
2.1.
Noción de la prueba
La prueba se erige como un pilar
fundamental para determinar la veracidad o la falsedad de un hecho, y se logra
a través de diversos medios como razones, argumentos o instrumentos; así, la
prueba constituye la validación de los hechos en disputa en un proceso judicial, llevada a cabo de conformidad con los métodos autorizados por la
ley. No obstante, la prueba no se limita únicamente a confirmar o contradecir una
aseveración sobre un hecho en disputa,
sino que también incluye el resultado de
la evaluación de dichos medios por el juez (Turiel y
Mata, 2020, pp. 108109).
En el proceso penal, la relevancia de la prueba radica en la labor que realizan las
partes ante el tribunal con el propósito de llevarlo a una convicción certera acerca de ciertos elementos en controversia; esta convicción puede
alcanzarse cumpliendo las exigencias de la norma y, en ocasiones, mediante una
evaluación racional y fundamentada de una serie
de medios respaldados legalmente (Herreros, 2022, pp. 364365). Por tanto, las pruebas desempeñan un papel fundamental como cimiento
conceptual para cumplir
con los objetivos establecidos, del mismo
modo que para cumplir con determinadas garantías procesales esenciales, como
el respeto a la dignidad humana, la libertad, la convencionalidad, la igualdad,
la legalidad y la imparcialidad, entre otras. En consecuencia,
la prueba ocupa un lugar central en el procedimiento al garantizar que cada
acontecimiento se respalde con pruebas concretas para asegurar su veracidad (Maiguel, 2022, p. 31).
2.2.
Prueba digital
La evidencia digital comprende toda
la información en formato digital que
corrobora la veracidad de un acontecimiento alegado por las par tes y que resulta relevante para el caso en discusión en el
contexto judicial. Esta evidencia engloba cualquier tipo de datos digitales que
serán presentados de manera oportuna utilizando medios electrónicos. En el proceso
de presentación ante el juez, esta información se transmite en un código binario
a través de un sistema que convierte señales eléctricas o fotosensibles, las cuales
se desglosan y vuelven a combinarse mediante procedimientos informáticos para
crear y conservar la información. La representación del texto en la pantalla se
traduce a un lenguaje alfabético comprensible, que facilita su lectura y su interpretación
por parte de las personas involucradas en el proceso judicial (Puetate et al., 2021,
pp. 1011).
El propósito de la prueba digital es
proporcionar al juez información precisa sobre los hechos y las circunstancias
tal como sucedieron, con el fin de determinar la posible implicación del
acusado en el delito del que se le acusa, estableciendo así su responsabilidad penal,
ya sea como autor o como partícipe del delito en cuestión. La presentación de evidencia
digital puede realizarse mediante peritajes especializados o la identificación
de documentos electrónicos, comunicaciones digitales, imágenes digitales,
videos digitales, entre otros medios. Aunque la evidencia no se limite únicamente
a lo digital, su inclusión en el proceso penal está permitida, pueden emplearse
también otros tipos de pruebas siempre que hayan sido adquiridos de manera lícita
y sean relevantes y necesarios para el caso en cuestión (López, 2023, p. 206).
Es crucial considerar que la información
digital puede estar alojada en ubicaciones remotas, como servidores en la nube,
además de los dispositivos físicos; pues bien, la obtención de evidencia digital
presenta desafíos, dado que los dispositivos electrónicos pueden encontrarse en
lugares resguardados, lo que podría requerir una orden judicial para su secuestro.
Adicionalmente, los datos contenidos en estos dispositivos pueden estar
encriptados o eliminados, por lo que podría ser necesario recurrir a expertos
en informática forense para acceder a su contenido (Rodríguez, 2018, pp. 1011).
Lewulis (2022, p. 43) considera que para abordar el uso de mate riales
en línea y otros datos digitales como pruebas en casos penales es necesario tener
en cuenta los principios clave que rigen el proceso de obtención de pruebas. La
particularidad de la información digital, al no poseer una forma física,
plantea un desafío en su inclusión dentro de la clasificación tradicional de tipos
de pruebas. La evidencia digital engloba toda información con valor probatorio extraída de datos en línea de acceso público, las consideraciones generales sobre el uso de pruebas digitales abarcan
tanto los datos encubiertos como los de fuente abierta, a menos que se establezca lo contrario.
3.
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA JUSTICIA
3.1.
Digitalización de la justicia
La transformación digital de la justicia ha generado una dinámica judicial que tiende a ser impersonal y procedimental, ha planteado barreras para
el acceso a la justicia y ha generado dudas sobre la priorización del debido proceso
(Loo y Findlay,
2022, pp. 910). El desafío
al digitalizar
el sistema judicial no radica
únicamente en lograr eficiencia administrativa y reducción
de costos, aspectos que sin duda se valoran, sino en implementar tecnologías informadas y adaptables que pongan énfasis
en las personas y fomenten la inclusión. La digitalización de la justicia
debe ser concebida como parte integral de la solución a estos desafíos (Loo y Findlay, 2022, p. 37).
3.2.
Impacto de la IA en la administración de justicia
Los sistemas que incorporan inteligencia artificial (IA) presentan una oportunidad para mejorar y acelerar la administración de
justicia, con tribuyen así a la optimización de recursos que suelen ser
limitados en el contexto judicial. Con la supervisión adecuada por parte de
profesionales del derecho y garantizando la fiabilidad técnica y la seguridad
en la obtención de resultados, los procesos legales pueden ganar en
transparencia y evitar
demoras superfluas. En este sentido,
los avances alcanzados a través de la implementación de IA se dividen en dos enfoques esenciales: (i) el enfoque de IA asistencial o
complementaria, que facilita a las partes involucradas, los mediadores
neutrales o los magistrados la preparación y el desarrollo de diversas tareas
legales relacionadas con el
caso,
al ofrecer
datos, orientaciones o predicciones, como por ejemplo el sistema
Pacer en
los Estados
Unidos y SherlockLegal
en Argentina; (ii) el enfoque de IA decisoria,
que capacita a sistemas para resolver
casos de forma autónoma, con la capacidad de analizar el entorno y tomar decisiones con cierto nivel de
autonomía para alcanzar un objetivo específico, como por ejemplo Xiao Fa,
el primer asistente artificial implementado
en China, y Prometea, un sistema diseñado para
agilizar procedimientos judiciales y administrativos (Spositto
et al., 2021).
En este nuevo enfoque tecnológico denominado
inteligencia en la interfaz, se destaca la capacidad de la interfaz para poseer
un conocimiento extenso sobre el usuario, comprender su entorno, actuar proactivamente
y perfeccionarse a través de la interacción. Desde esta perspectiva, la inteligencia
en la interfaz permite al usuario interactuar de manera sencilla (mediante voz
o chat, similar a WhatsApp) mientras la tecnología resuelve cuestiones mediante
conexiones con diversos sistemas que son capaces de satisfacer las necesidades del
usuario, basándose en experiencias previas. Un ejemplo de esta aplicación se
encuentra en los dispositivos iPhone de Apple, que cuentan con un asistente de voz
llamado Siri, capaz de responder a diversas consultas una vez activado. En este
sentido, el Ministerio Público de Argentina ha implementado una inteligencia denominada
Prometea, que se alinea con esta nueva tendencia tecnológica
(Corvalán, 2018, pp. 301302).
Muñoz (2020, p. 701) resalta las ventajas de la IA en
el sistema judicial, tales como facilitar el análisis de leyes, jurisprudencia
e investigaciones académicas, agilizar la revisión de contratos y documentos a
través de mecanismos eficientes, emplear soluciones de eDiscovery
para la identificación automatizada de documentos relevantes y análisis
asistido por tecnología, y automatizar la generación de documentos legales.
En consecuencia, el interés por la integración de
tecnologías de IA en el ámbito judicial surge de la necesidad de mejorar la
eficiencia en el sistema legal; de algún modo, es importante reconocer que esta
cuestión puede generar cierta controversia, aparentemente por los riesgos aso
ciados con la aplicación de la IA en el proceso judicial. Sin embargo, la evaluación
de la viabilidad de utilizar inteligencia artificial en el proceso penal
(aunque controvertida) debe ser llevada a cabo, por los beneficios que ofrece esta
herramienta (Pérez, 2021, pp. 13971398).
La inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar
de manera significativa el sistema judicial, esto se debe a la capacidad de aprender
de datos y realizar predicciones, con ello la
IA facilita la toma de decisiones judiciales. Empero, es esencial
considerar principios éticos al integrar la inteligencia
artificial en el entorno jurídico para garantizar que las decisiones sean equitativas y transparentes (Ferrario et al.,
2020).
3.3.
La IA y los derechos fundamentales
La inteligencia en la interfaz, respaldada por sistemas de IA, puede desempeñar un papel fundamental en la protección de ciertos
derechos de acceso, especialmente en el caso de individuos vulnerables o con discapacidad. En este contexto, una persona puede
iniciar un expediente y, al estar lista para
redactar un documento, activar a Prometea a través de comandos
de voz en un teléfono
móvil o mediante
un chat, simulando una conversación al estilo de WhatsApp. El proceso completo se
lleva a cabo a través de la IA: desde un simple saludo inicial, seguido de una serie
de preguntas y respuestas entre Prometea y el
usuario, que incluyen la búsqueda y la presentación de leyes y decretos relevantes
para el informe solicitado, hasta culminar con Prometea
indicando «informe completado». Posteriormente, se ofrece la opción de imprimir,
descargar el informe o enviarlo por correo electrónico o a una red interna para
su revisión adicional (Corvalán, 2018, pp. 304305).
En el uso de algoritmos inteligentes para la recopilación
de datos personales u otros, es de vital importancia asegurar el respeto de los
derechos fundamentales. Conforme a las recomendaciones de Corvalán (2018, pp.
307308): (i) es esencial comprender el funcionamiento de esta tecnología; la
adecuada regulación no puede establecerse si se carece de conocimiento sobre la
operatividad del objeto a regular, especialmente en un contexto donde los
sistemas de inteligencia artificial evolucionan de manera acelerada y requieren
una actualización constante sobre las nuevas metodologías empleadas; (ii) se debe analizar de manera diferenciada áreas y derechos
específicos; existe una clara distinción entre los sistemas de IA que personalizan
recomendaciones de música en plataformas como Spotify o YouTube, y aquellos
algoritmos avanzados que realizan predicciones sobre el desarrollo de enfermedades
o la concesión de libertad condicional a individuos privados de libertad; (iii) se destaca la limitación de los sistemas de inteligencia
artificial más sofisticados en uso actualmente, como Watson de IBM, Alexa, Quid,
Siri, entre otros, que pueden carecer de la capacidad de ofrecer una
explicación detallada sobre el proceso que los lleva a un resultado específico;
(iv) resulta imperativo salvaguardar los principios de
igualdad y no discriminación en las predicciones realizadas por la inteligencia
artificial en relación con los derechos fundamentales.
De otro lado, el big data comprende
las bases de datos presentes en entidades tanto públicas como privadas, esta
situación plantea un análisis más detallado en el ámbito jurídico. Al evaluar
la fuerza probatoria de los mensajes de datos, se aplicarán los principios de
la sana crítica y otros criterios reconocidos legalmente para la valoración de pruebas.
Se ponderará la fiabilidad en la creación, el almacenamiento y la trans misión
del mensaje, así como la preservación de la integridad de la información y la
identificación del emisor, entre otros elementos relevantes. En síntesis, el big data, al representar una fuente primordial de
información, contribuye al progreso de los principios procesales de celeridad y
economía, los cuales buscan optimizar la eficiencia en la administración de
justicia de acuerdo con las garantías procesales establecidas (Pineda, 2021,
pp. 117118).
3.4.
La IA en el proceso
penal
La inteligencia artificial se refiere a la capacidad
de sistemas para mostrar un comportamiento inteligente al analizar su entorno y
tomar decisiones de manera autónoma con el objetivo de alcanzar metas
específicas. A pesar de que la inteligencia artificial aún no ha alcanzado su pleno
potencial, su prometedora capacidad ofrece herramientas excepcionales. Por
ende, resulta crucial considerar la factibilidad de incorporar estas
herramientas inteligentes en la fase de prueba del proceso penal, es esencial
examinar los dos pilares fundamentales que sustentan el funciona miento de la
inteligencia artificial: la gestión de grandes volúmenes de datos y el uso de
algoritmos (Pérez, 2021, pp. 13901391).
La inteligencia artificial implica la capacidad de las
máquinas para replicar las funciones cognitivas humanas e incluye la resolución
de problemas. Su avance está estrechamente vinculado a la disponibilidad y la
manipulación de grandes cantidades de datos, conocidos como big
data o macrodatos. Esta última denominación, adoptada por el Parlamento Europeo,
comprende la recopilación y el análisis continuo de extensos conjuntos de
datos, que abarcan información personal, a través de algoritmos informáticos avanzados;
esta tecnología innovadora forma parte de las tecnologías emergentes o
convergentes y representa un enfoque nuevo en el procesamiento y el análisis de
datos a nivel global. Mediante el procesamiento de estos datos masivos, es posible
extraer conclusiones y patrones que no se podrían identificar utilizando métodos
tradicionales de análisis de datos, lo que conlleva a una comprensión más
profunda y completa de la información disponible (Pérez, 2021, pp. 13921393).
4. LA
IA EN LA PRUEBA PENAL
En el ámbito probatorio, se toman en cuenta aspectos
como la evidencia en sí misma, los métodos de obtención, las garantías
procesales, el criterio de la sana crítica y la aplicación del precedente
judicial (relacionado con el big data jurisprudencial).
A pesar de que las nuevas tecnologías se han establecido como herramientas en
el ámbito legal, es crucial reconocer que estas no pueden reemplazar el juicio
valorativo del juez en su apreciación crítica. Por consiguiente, el estándar de
prueba «más allá de toda duda razonable» requiere el uso de dos recursos específicos:
la inteligencia artificial y el big data jurisprudencial,
con la finalidad de enriquecer los fundamentos científicos de la sana crítica
al delimitar la información jurisprudencial y aplicar el precedente obligatorio
(Pineda, 2021, p. 119).
La inteligencia artificial desempeña un papel
fundamental como base algorítmica para el análisis de evidencia,
particularmente en lo que concierne a la valoración de testimonios. Al tener en
cuenta las limitaciones de la memoria humana, la inteligencia artificial se
enfoca en examinar aspectos relevantes presentes en los relatos personales,
para ello se basa en la psicología del testimonio y la evaluación de circunstancias.
Programas como Advokate consideran una serie de
factores, como la distancia entre el observador y los hechos, la visibilidad,
el nivel de conocimiento previo entre el testigo y la persona observada, el
período de observación y la capacidad mental, con el fin de determinar la credibilidad
testimonial en un proceso judicial (Pineda, 2021, p. 120).
Es verdad, hoy en día se encuentran disponibles diversas
herramientas de inteligencia artificial que pueden asistir al juez en la evaluación
de la evidencia, o al menos en la estructuración de su argumentación. Es un
hecho irrefutable que cada asunto judicial guarda similitudes con casos anteriores
que el juez toma en consideración al emitir su dictamen, lo que establece límites
y marcos para un control razonado de la evidencia. Por ejemplo, se ha implementado
la opción de realizar autopsias virtuales, las cuales complementan y mejoran la
eficacia y la pre cisión de las autopsias convencionales; expertos de la
Universidad de Berna han desarrollado un software que permite escanear en tres
dimensiones la anatomía del cuerpo humano, y han creado un detallado mapa interno
del fallecido mediante imágenes precisas, han facilitado así la determinación
de la causa del deceso. Asimismo, existen algoritmos como COMPAS, que
pronostican el nivel de riesgo o la posibilidad de reincidencia de un individuo
con antecedentes penales, y programas como Alibi, que ofrecen explicaciones sobre
la conducta del acusado, así como Stevie, que elabora narrativas cohesivas a
partir de datos disponibles. Se han logrado avances notorios en la valoración
de testimonios, lo que destaca la importancia de la inteligencia artificial en la
esfera jurídica (Suárez et al., 2023, pp. 1617).
De otro lado, aún existe cierta resistencia en el uso de
la IA en el sistema judicial, puesto que no se ha explorado la posibilidad de
utilizar sistemas de IA para la evaluación y la argumentación de pruebas en los
tribunales. En efecto, la IA podría contribuir a ofrecer resultados fundados en
datos objetivos en concordancia con los medios de prueba empleados. Esto
plantea un enfoque más sofisticado para la apreciación de pruebas,
especialmente en jurisdicciones donde la valoración es discrecional. En un
proceso penal basado en una concepción racionalista de la prueba, es imperativo
proporcionar al juez las herramientas necesarias para que su análisis se
sustente en gran medida en criterios objetivos y comprensibles, en lugar de conceptos
generales que a menudo se
ven oscurecidos por la inmediatez del contexto judicial (Simón, 2021, pp.
287288).
5.
ANÁLISIS DE LA LITERATURA
Tabla 1
Análisis de la prueba digital
Tabla 2
La IA en el proceso penal
Tabla 3
Propuesta de protocolos para la recolección, la conservación y el análisis de pruebas digitales generadas por inteligencia artificial (IA)
6.
CONCLUSIONES
La introducción de la
inteligencia artificial en el ámbito judicial representa una evolución significativa en la forma en que se manejan las pruebas
digitales, pues agiliza los procedimientos y mejora la calidad de
las decisiones judiciales. La eficiencia y la confiabilidad mejoradas de las
pruebas a través de la inteligencia digital pueden fortalecer la administración
de justicia y garantizar un proceso más justo y transparente.
La prueba digital se posiciona como
un elemento central en el pro ceso penal y es fundamental para respaldar cada
hecho alegado durante el juicio; en efecto, garantizar la autenticidad, la
integridad y la veracidad de las pruebas digitales es esencial para asegurar un
proceso judicial justo y basado en evidencias sólidas. El acceso a grandes
cantidades de información a través de herramientas como la inteligencia
artificial puede ser crucial
para resolver dudas sobre la culpabilidad o la inocencia de un acusado, y se convierte en un valioso recurso para fortalecer la sana crítica judicial. Asimismo, su uso eficiente y
ético es fundamental para garantizar la justicia y la protección de los derechos
fundamentales. Por ello, la posible implementación de un protocolo específico para la recolección, la conservación y el
análisis de pruebas digitales con el uso de inteligencia artificial puede optimizar los procedimientos y garantizar
la integridad de la evidencia.
Es crucial garantizar la protección
de los derechos fundamentales, la privacidad y la seguridad de las partes involucradas en el proceso
penal. Por ello, la necesidad de regular
el uso de la inteligencia artificial en el ámbito judicial se vuelve imperativa para asegurar su
aplicación ética y legal, a fin de evitar posibles violaciones del debido proceso
y garantizar la transparencia y la equidad en
los juicios.
De otro lado, es imperativo definir estándares (protocolos) claros de admisibilidad para las
pruebas digitales obtenidas con inteligencia artificial, adaptados a nuestra realidad y en línea con las recomendaciones
internacionales. Estos estándares deben garantizar la validez, la
integridad y la relevancia de las pruebas digitales procesadas con IA, así como
asegurar su aceptación en los procedimientos judiciales. Igualmente,
deben implementarse medidas específicas para garantizar la integridad y la autenticidad de las pruebas
digitales durante su recolección, su conservación
y su análisis con inteligencia artificial. Esto incluye el estable cimiento de
protocolos de cadena de custodia digital, la verificación por peritos especializados y el uso de herramientas tecnológicas seguras que preservan la autenticidad de las
evidencias.
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Recibido:
1/7/2024
Revisado:
16/8/2024
Aceptado:
10/12/2024
Publicado
en línea: 28/12/2024
Financiamiento
Autofinanciado.
Conflicto de intereses
El autor declara no tener conflicto de intereses.
Contribución de autoría
Acopio, análisis, redacción y revisión del trabajo;
aprobación final de la versión que se publicará.
Biografía del autor
Denis Adan Aguilar Cabrera es abogado por la Universidad San Pedro (Chimbote), ha concluido sus estudios de maestría en Ciencias Penales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es autor de los libros Derecho penal en la sociedad del
riesgo. Sobre la discusión en torno al derecho penal del enemigo
y derecho penal funcional (2014)
y La insostenible inseguridad en el
derecho penal de excepción. Fundamentos de legitimidad (2019); de igual modo, es autor de varios artículos
publicados en revistas indexadas. Ha sido, asimismo, docente universitario y funcionario público.
Correspondencia