3. Causales del recurso de casación en materia laboral

Cuando hacemos mención a las causales de casación, estamos refiriéndonos a los posibles vicios o errores en los que se habría incurrido en la resolución de vista y que la hacen pasible de ser cuestionada por la vía del recurso de casación (Poder Judicial del Perú, 2021, p. 14). En relación con estos vicios o errores, Arévalo (2016) refiere que “tradicionalmente, la Doctrina Procesalista ha aceptado que las causales que pueden motivar la interposición del recurso de casación pueden tener su origen en errores in indicando o errores in procedendo” (p. 701). Los primeros aluden a errores de naturaleza material y ocurren cuando el juzgador infringe la norma sustantiva bajo cualquier forma, mientras que los segundos constituyen errores de procedimiento, que se presentan cuando se lesionan las normas de naturaleza adjetiva.

Ahora bien, las causales de casación son supuestos contemplados en la norma como justificantes para la interposición de dicho recurso, y pueden agruparse en dos: infracción a las normas e infracción a la jurisprudencia.

3.1. Infracción a las normas como causal de casación

Puede ser conceptualizada como la afectación de las normas jurídicas en la que incurre una sala superior al emitir una resolución, originando con ello que la parte que se considere afectada por la misma pueda interponer el respectivo recurso de casación. En relación con la infracción normativa, la anterior redacción del artículo 34 de la NLPT señalaba que “el recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada”. Esta redacción suplió lo establecido en el artículo 56 de la derogada LPT, que establecía como causales para interponer recurso de casación, la aplicación indebida, interpretación errónea e inaplicación de normas de derecho material.

Cabe advertir que la anterior redacción del artículo 34 de la NLPT resultaba más favorable para la procedencia del recurso, aunque no para sus fines, al ser menos técnica y más amplia que lo establecido en el artículo 56 de la LPT, alejándose de su carácter extraordinario. Era menos técnica porque que dejó de lado la fórmula gramatical empleada (aplicación indebida, interpretación errónea e inaplicación) por otra más genérica (infracción normativa); y era amplia porque la infracción normativa podía invocarse respecto de normas materiales y procesales, a diferencia de lo establecido en la LPT, que solo procedía para normas de carácter material.

Abundando en lo anterior, la redacción del artículo 56 de la LPT, al prescribir una fórmula técnica, taxativa y cerrada, resultaba confusa para los litigantes, quienes incurrían en serias barbaridades al momento de invocar las causales, pues, en su mayoría, desconocían de su contenido y criterios para su procedencia, incluso hasta ahora; por tal motivo, se propone la siguiente Tabla 2.

Tabla 2. Contenido y criterios de las típicas infracciones a la norma

Ante ese escenario de desconocimiento y confusión, el legislador a modo de “salvavidas” expidió el artículo 34 de la NLPT. Acogiéndose a este, los litigantes, al invocar alguna causal, podían emplear análogos del término infracción normativa, por ejemplo, afectación, vulneración, contravención, inobservancia, conculcación, etc., bastando únicamente que se precise la incidencia directa de dicha infracción al caso concreto. Incluso podían utilizar la fórmula contemplada en la LPT, referida a la aplicación indebida, interpretación errónea e inaplicación, tal como refiere Arévalo (2019a):

Los alcances del concepto de “infracción normativa” quedan subsumidas en el mismo las causales que anteriormente contemplaba la Ley N° 26636 relativas a interpretación errónea, aplicación indebida e inaplicación de una norma de derecho material, pero, además, se incluyen otro tipo de normas como son las de carácter adjetivo. (p. 2)

Al respecto, cabe precisar que, cuando se invocan las causales de infracción a las normas contempladas en la LPT, la calificación del recurso se hace tomando en cuenta su propio contenido y criterios para su procedencia. Por ejemplo, si el litigante denuncia la interpretación errónea de una norma material, al calificar, se verifica que la norma denunciada haya sido aplicada, que se haya precisado la interpretación errónea de la norma recaída en la resolución impugnada y se haya propuesto una correcta interpretación de la misma, rigurosidad que no sucede con los términos análogos de la palabra infracción normativa contemplada en la NLPT. Por ello, el propio Arévalo (2019b, p. 13), quien desempeñó durante muchos años como presidente de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República y quien actualmente preside el Poder Judicial, critica la redacción del artículo 34 de la NLPT:

No podemos dejar de calificar como desafortunada la redacción de la causal casatoria de infracción normativa pues, la amplitud de la misma va a permitir que los abogados faltos de ética y de conocimiento jurídico la invoquen de una manera indiscriminada respecto de cualquier tipo de normas con la afirmación que la infracción ha incidido en la resolución impugnada. (p. 13)

Lo expresado por el Arévalo es cierto en gran medida. No obstante, si bien la redacción del artículo 34 de la NLPT respecto del término infracción normativa resultaba amplia y menos técnica en comparación con el artículo 56 de la LPT, la Corte Suprema de Justicia de la República, con el devenir de los años, ha sabido ser minuciosa en la calificación de estos recursos, por lo menos en materia laboral, considerando su carácter extraordinario. Solo declararon procedentes aquellos recursos cuya fundamentación de sus causales efectivamente habían demostrado la incidencia directa de la infracción en la resolución impugnada. En otras palabras, si bien el artículo 34 de la NLPT resultaba amplio, los criterios empleados por los magistrados de la Corte Suprema en materia laboral han sido restrictivos, siguiendo el carácter extraordinario de este recurso.

Esta mala praxis de creer que la sede casatoria es una tercera instancia y de interponer recursos de casación indiscriminadamente y sin ningún criterio técnico se ha convertido en un deporte en nuestro país, afectando el carácter extraordinario de la casación, aumentando la carga procesal y perjudicando a aquellos justiciables cuyos recursos han sido interpuestos conscientemente y que merecen una oportuna atención.

3.2. Infracción a la jurisprudencia como causal de casación

Respecto a la infracción jurisprudencial, la LPT consideró como causal de casación “la contradicción con otras resoluciones expedidas por la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Superiores, pronunciadas en casos objetivamente similares, siempre que dicha contradicción esté referida a una de las causales anteriores” (Congreso de la República, 1996, art. 56), mientras que la NLPT estableció como causal el “apartamiento de los precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República” (Congreso de la República, 2010, art. 34).

En relación con la infracción jurisprudencial del Poder Judicial, en la LPT, se consideró como causal de casación las resoluciones judiciales de manera general, que sean expedidas por las cortes superiores o por la Corte Suprema y tengan o no carácter vinculante. El único criterio era de procedencia, esto es, dichos pronunciamientos debían ser similares al caso materia de debate y dicha contradicción debía estar referida a la causal de interpretación errónea, aplicación indebida o inaplicación de normas materiales. El artículo 34 de la NLPT, por su parte, reservó dicha infracción únicamente al apartamiento del precedente vinculante, dictados por la Corte Suprema, excluyéndose otras resoluciones judiciales con o sin carácter vinculante. Por otro lado, respecto a la infracción jurisprudencial del Tribunal Constitucional, en comparación con el artículo 56 de la LPT, el artículo 34 de la NLPT incorporó como causal el apartamiento del precedente vinculante dictado por el Tribunal Constitucional.

A partir de lo desarrollado hasta aquí, se propone el siguiente cuadro comparativo entre las causales del recurso de casación en la LPT y la NLPT, antes de la última modificatoria al recurso de casación introducidas por Ley n.o 31699. Tabla 3)

Tabla 3. Diferencias entre las causales del recurso de casación en la LPT y la NLPT (antes de la última modificatoria al recurso de casación)

4. Nuevas causales del recurso de casación en materia laboral

Como se había adelantado, el artículo 34 de la NLPT ha sido modificado por la Ley n.o 31699. Este artículo, actualmente, señala lo siguiente:

Artículo 34.Causales para interponer recurso de casación

Son causales para interponer recurso de casación:

1. Si la sentencia o auto ha sido expedido con inobservancia de alguna de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías.

2. Si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad.

3. Si la sentencia o auto contiene una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley, tratados o acuerdos internacionales ratificados por el Perú en materia laboral y de seguridad social, o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación.

4. Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta de motivación o manifiesta ilogicidad de la motivación o cuando el vicio resulte de su propio tenor.

5. Si la sentencia o auto se aparta de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia de la República.

En las siguientes secciones, se efectuará un análisis de cada una de estas nuevas causales.

4.1. Infracción a la constitución

El modificado artículo 34 de la NLPT en su inciso 1 establece como primera causal de casación lo siguiente: “Si la sentencia o auto ha sido expedido con inobservancia de alguna de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías”. Esta causal es una réplica exacta de la causal de casación en materia penal y civil contenida en el inciso 1 del artículo 429 del Código Procesal Penal y el inciso 1 del artículo 388 del Código Procesal Civil, respectivamente. Está referida a la inobservancia de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, que no es más que otra cosa que la infracción al contenido de la propia Constitución.

Situándola como primera causal, el legislador ha querido realzar la Constitución como norma fundamental y principal del ordenamiento jurídico. Ahora bien, entre las garantías constitucionales de carácter procesal, podemos encontrar principalmente a las establecidas en el artículo 139 de la Constitución, como la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, la motivación escrita de las resoluciones judiciales, entre otros. Por su parte, entre las garantías constitucionales de carácter material, podemos destacar, de manera general, las establecidas en el artículo 2 de la carta magna y, de manera particular, por la materia que nos atañe, los artículos 22 al 29 de la Constitución. En estos últimos se mencionan la garantía consistente en la protección del trabajador frente al despido arbitrario, el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la Constitución y la ley, la jornada de trabajo de ocho horas o cuarenta y ocho horas semanales como máximo, a una remuneración equitativa y suficiente, etc.

Al respecto, cabe plantear una crítica. Aunque resulte obvio o tautológico, una garantía, para ser constitucional, debe estar contemplada de manera expresa en la Constitución, debe estar positivizada, formando parte del derecho objetivo, como, por ejemplo, la garantía del debido proceso, que se encuentra regulada en el inciso 3 del artículo 139, o el principio de legalidad, que está recogido en el literal a, inciso 24 del artículo 2 de la Constitución. Por tanto, resultaba innecesaria la presente causal por estar contenida en la redacción anterior bajo la fórmula de infracción normativa, la misma que, como se precisó precedentemente, no distingue entre normas de derecho material o procesal, a diferencia de la LPT, que solo contemplaba la infracción de normas materiales.

Por otro lado, el término empleado inobservancia no se entiende, en el sentido de que es amplia. Además, dicho término, a partir de la redacción del nuevo texto, no resulta equiparable a falta de aplicación o inaplicación, que se utiliza en la nueva redacción del inciso 3 del artículo 34 de la NLPT, pues ambos términos han sido regulados de manera indistinta. Asimismo, en el inciso 1 se emplea el término técnico y restrictivo de indebida o errónea aplicación (aplicación indebida). Al respecto, caben las siguientes preguntas: ¿es lo mismo inobservancia que inaplicación?, ¿estarán excluidos los supuestos de interpretación errónea e inaplicación de una garantía constitucional?, ¿se admitirá la utilización de cualquier término para denunciar la afectación de una garantía constitucional? Para superar esta incertidumbre creemos que, en la redacción, bastaba el término inobservancia, el mismo que podría entenderse en sentido amplio. El término indebida o errónea aplicación resulta innecesario. Una redacción acertada hubiera sido la siguiente: “Si la sentencia o auto ha sido expedido con inobservancia de alguna de las garantías constitucionales de carácter procesal o material”.

En ese sentido, se recomienda considerar la modificatoria del inciso 1 del artículo 34 de la NLPT en un sentido amplio al momento de invocar y calificar dicha causal; además, debe dejarse de lado el contenido técnico del término indebida o errónea aplicación (aplicación indebida) y emplearse el término genérico de inobservancia u otra palabra análoga, pues la causal invocada podría ser declarada improcedente si se denuncia de la siguiente manera: “Interpretación errónea del artículo 23 de la Constitución Política del Perú”, pues la Sala Suprema podría aducir que la infracción normativa por interpretación errónea no ha sido prevista en el inciso 1 del artículo 34 de la NLPT, pues solo están reservadas para la infracción normativa de dicha causal la inobservancia y la aplicación indebida.

4.2. Infracción a las normas legales de carácter procesal

El modificado artículo 34 de la NLPT, en su inciso 2, establece como segunda causal de casación lo siguiente: “Si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad”.

Esta causal es una réplica exacta de la causal de casación en materia penal y civil contenida en el inciso 2 del artículo 429 del Código Procesal Penal y el inciso 2 del artículo 388 del Código Procesal Civil,1 respectivamente, y está referida a la inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con nulidad.

Esta vez el legislador corrige la terminología empleada en la causal anterior para limitarse a utilizar únicamente el término inobservancia en sentido amplio. No obstante, esta causal no constituye novedad alguna, ya que la redacción anterior contenía este supuesto bajo la fórmula de infracción normativa, la cual subsumía la infracción de normas materiales y procesales de manera amplia, estén o no sancionadas con nulidad.

Ahora bien, con la actual redacción, se hace alusión únicamente a normas legales de carácter procesal, reduciendo el espectro de la redacción anterior, pues esta vez solo resultará procedente la inobservancia de normas legales de carácter procesal sancionadas con nulidad, excluyendo normas reglamentarias, como los decretos supremos.

Sobre esta causal, podríamos formular la siguiente interrogante: ¿se puede denunciar una norma de carácter procesal que no está sancionada con nulidad? En los términos del inciso anterior, podría invocarse bajo la forma de inobservancia de una garantía constitucional de carácter procesal, debido a que no distingue entre normas de carácter procesal sancionada con nulidad o no; además cualquier vicio procesal incidirá en el debido proceso, garantía que está regulada en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú.

4.3. Infracción a las normas de carácter material distintas a la constitución

El modificado artículo 34 de la NLPT, en su inciso 3, establece como tercera causal de casación lo siguiente: “Si la sentencia o auto contiene una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la ley, tratados o acuerdos internacionales ratificados por el Perú en materia laboral y de seguridad social, o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación”.

Esta causal es una adaptación de la causal de casación en materia penal y civil contenida en el inciso 3 del artículo 429 del Código Procesal Penal y el inciso 3 del artículo 388 del Código Procesal Civil2, respectivamente. Sobre dicha causal, tal como se puede advertir, se retorna a la fórmula gramatical establecida en la LPT. Se establece como causales de infracción de las normas la indebida aplicación, la errónea interpretación y la inaplicación.

El actual texto, a pesar de señalar qué normas constituyen causal de casación, no especifica si son normas de derecho material o procesal. No obstante, realizando una interpretación sistemática e histórica, podemos concluir que el legislador ha querido regular, en el inciso anterior la infracción de normas de carácter procesal y, en el presente apartado, la infracción a las normas de carácter material.

El problema surge cuando el legislador pretende adaptar el recurso de casación penal al laboral, pues en el inciso 3 del artículo 429 del Código Procesal Penal, se establece como causal la siguiente condición: “Si la sentencia o auto contiene una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la LEY PENAL [énfasis añadido]”. Adviértase que se hace referencia a la ley penal, el mismo que tiene contenido material en oposición a la ley procesal penal, que es de carácter adjetivo. En ese escenario, en la redacción de la casación en materia penal, no existe duda de que dicho inciso refiere a la infracción de normas de carácter material.

Por otro lado, lo que llama la atención es que se haya señalado a la infracción de la ley como causal de casación, y no a las normas con rango de ley. Si somos literales, podríamos llegar a la conclusión de que únicamente las causales invocadas que denuncien la infracción normativa por indebida aplicación, errónea interpretación o inaplicación de una ley deben ser procedentes. Bajo esa óptica, dónde quedarían los decretos legislativos, los decretos de urgencia, las ordenanzas municipales, etc. que no son leyes propiamente dichas pero que poseen rango de ley.

En ese sentido, debe interpretarse dicha causal en el sentido más amplio, normas con rango de ley. En caso contrario, la infracción normativa del principal cuerpo normativo en materia laboral, el Decreto Legislativo n.o 728, no podría admitirse como causal de casación por no ser una ley, lo cual resulta descabellado. Asimismo, en la parte final, cuando se establece como causal de casación la infracción de “otras normas jurídicas necesarias para su aplicación”, se utiliza nuevamente la palabra norma de manera genérica; no obstante, se delimitan las normas necesarias para la aplicación de la ley y los tratados internacionales, como, por ejemplo, los decretos supremos.

Por otro lado, no resulta novedoso la incorporación de tratados o acuerdos internacionales ratificados por el Estado, pues estos poseen carácter normativo. Por tanto, la redacción anterior (infracción normativa), al ser amplia, sí la contenía; en consecuencia, no había impedimento legal para no considerar los tratados y acuerdos internacionales como causal de casación.

Sin embargo, entendemos que la intención del legislador al redactar esta causal, al ser taxativa, es excluir otras normas de menor trascendencia para el derecho objetivo, como los reglamentos internos de trabajo, los convenios colectivos, etc. No obstante, el desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema y de la doctrina jurídica excluyó la posibilidad de considerarlos al contravenir la finalidad nomofiláctica del recurso de casación, tal como reseña Arévalo (2019a):

Considero que entre las normas que pueden ser objeto de infracción normativa no debe tenerse en cuenta las normas convencionales, como es el caso de los contratos de trabajo o los convenios colectivos, ni las provenientes de la voluntad unilateral del empleador, como son el reglamento interno de trabajo o el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, pues, si bien constituyen normas propias del derecho laboral, por su origen particular, solo son aplicables a un sector de trabajadores o empleadores, no teniendo para el ordenamiento jurídico nacional la importancia que tienen las normas legales; admitir lo contrario sería desconocer la finalidad nomofiláctica de la casación. (p. 8)

Por lo antes dicho, esta causal solo constituye un retorno a la técnica establecida en la Ley n.o 26636, donde solo se admitía las infracciones a las normas de carácter material.

4.4. Infracción por falta de motivación o manifiesta ilogicidad

El modificado artículo 34 de la NLPT en su inciso 4 establece como cuarta a causal de casación lo siguiente: “Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta de motivación o manifiesta ilogicidad de la motivación o cuando el vicio resulte de su propio tenor”.

Esta causal es una réplica de la causal de casación en materia penal y civil contenida en el inciso 4 del artículo 429 del Código Procesal Penal y el inciso 4 del artículo 388 del Código Procesal Civil, respectivamente. Esta causal resulta redundante e innecesaria, pues se encontraba contenida en la redacción anterior (infracción normativa); además, en la presente redacción, debió estar contenida en el inciso 1, pues la motivación de las resoluciones judiciales constituye una garantía constitucional de naturaleza procesal o adjetiva para los justiciables, la misma que está contenida de manera expresa en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Al respecto, Iberico (2010) comenta:

La falta de logicidad en la construcción de las sentencias se le denomina vicio in cogitando, y en tanto y en cuanto está íntimamente vinculado a la obligación constitucional que tienen los jueces de motivar adecuadamente sus decisiones, conceptuamos que se trata de un causal adjetiva. (p. 202)

4.5. Apartamiento a las decisiones vinculantes del tribunal constitucional y de la Corte Suprema

El modificado artículo 34 de la NLPT en su inciso 5 establece como quinta causal de casación lo siguiente: “Si la sentencia o auto se aparta de las decisiones vinculantes del tribunal constitucional o de la corte suprema de justicia de la república”.

Esta causal es una réplica exacta de la casación en material civil, tal como se advierte en el inciso 5 del artículo 388 del Código Procesal Civil, donde se establece como causal el apartamiento de decisiones vinculantes. Esta causal resulta amplia en comparación con el recurso de casación en materia penal que solo prevé el apartamiento de la doctrina jurisprudencial, conforme se desprende del inciso 5 del artículo 429 del Código Procesal Penal.

La nueva causal contenida en el inciso 5 del artículo 34 de la NLPT, en comparación con la anterior redacción, sí constituye una novedad, pues amplía los supuestos de apartamiento de las decisiones del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, de manera general, a las decisiones vinculantes que emanen de dichas instituciones, y no solo a los procedentes vinculantes.

No obstante, de conformidad con el Dictamen de Justicia y Derechos Humanos (Congreso de la República, 2022a), estas decisiones vinculantes estarían reservadas únicamente a los precedentes vinculantes (plenos casatorios) y a los acuerdos plenarios (plenos jurisdiccionales). Este último es de obligatorio cumplimiento a partir de la reciente modificatoria del artículo 122 del Código Procesal Civil. Dicha modificación se realizó mediante la única disposición complementaria modificatoria de la Ley n.o 31591, promulgada el 3 de octubre de 2022, donde se estableció que sus reglas interpretativas serán de “obligatorio cumplimiento” y que deberán ser invocadas por los magistrados en todas las instancias judiciales.

En dicha causal no se usa el término “precedente”, puesto que su uso se limita a los plenos casatorios. Por ello, se ha preferido utilizar el término “decisiones vinculantes” a fin de comprender también a los Acuerdos Plenarios, complementando de esta manera la única disposición complementaria modificatoria del mencionado Dictamen, que modifica el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial con la finalidad de establecer que los Acuerdos plenarios de la Corte Suprema tienen carácter vinculante. (Congreso de la República, 2022a, p. 19)

No obstante, creemos que la redacción empleada no fue la adecuada por resultar amplia, pues en dicho dictamen no se hace referencia a la doctrina jurisprudencial, a pesar de que también constituye una decisión vinculante de conformidad con el artículo 22 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado mediante Decreto Supremo N°017-93-JUS:

Artículo 22.- Carácter vinculante de la doctrina jurisprudencial. Las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República ordenan la publicación trimestral en el Diario Oficial “El Peruano” de las Ejecutorias que fijan principios jurisprudenciales que han de ser de obligatorio cumplimiento, en todas las instancias judiciales. Estos principios deben ser invocados por los Magistrados de todas las instancias judiciales, cualquiera que sea su especialidad, como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del precedente obligatorio que desestiman y de los fundamentos que invocan.

En consecuencia, creemos que el apartamiento de la doctrina jurisprudencial también podría invocarse como causal de casación, al igual que los precedentes vinculantes y los acuerdos plenarios, puesto que también constituye una decisión vinculante.

Ahora bien, respecto a los acuerdos plenarios o plenos jurisdiccionales, se debe entender que serán vinculantes aquellos expedidos con posterioridad a la citada modificatoria que les otorga dicho carácter. Por tanto, aquellos expedidos antes de la vigencia de dicha modificatoria no podrán ser denunciados como causal de casación.

5. Propuesta original de la reforma del artículo 34 de la NLPT

La propuesta original para la reforma del artículo 34 de la NLPT, alcanzada al Congreso de la República por parte del Poder Judicial, fue la siguiente:

Artículo 34°: Causales del recurso de casación

El recurso de casación habrá de fundarse en:

La infracción del Derecho objetivo, incluyendo, entre otros, preceptos constitucionales, preceptos legales y disposiciones materia de tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Perú, en especial sobre derechos humanos y de la Organización Internacional del Trabajo.

El apartamiento inmotivado del precedente judicial y de los Acuerdos Plenarios de la Corte Suprema de Justicia.

Como se aprecia, en lo que respecta a la infracción normativa, no se aprecia novedad alguna, puesto que bajo la anterior redacción no existía impedimento legal para invocar tratados y acuerdos internacionales ratificados por el Perú, ya que también constituyen normas. No obstante, respecto de la infracción jurisprudencial, el excluir las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional resultaba sumamente ambicioso y un retroceso, debido a que sus decisiones tienen un alcance erga omnes absoluto, es decir, que son vinculantes para todos los ciudadanos y para todos los poderes del Estado. Las decisiones vinculantes del Poder Judicial, por su parte, tienen un alcance erga omnes relativo, que solo vincula a la judicatura y a su especialidad.

A modo de resumen de lo tratado hasta el momento, resulta pertinente enumerar las nuevas causales de casación en materia laboral. En lo que respecta a la infracción a la Constitución, se admite la denuncia de normas procesales y materiales; en relación con los tratados y acuerdos internacionales, solo normas de carácter material; en lo concerniente a las normas legales, la denuncia de normas de naturaleza material y procesal, estas últimas siempre que estén sancionadas con nulidad; respecto a las normas reglamentarias, solo se admite la denuncia de normas de carácter material; y, finalmente, la infracción jurisprudencial comprende decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia de la República, tal como se aprecia en la siguiente Figura 1.

Figura 1. Nuevas causales de casación en materia laboral

Tabla 4. Cuadro comparativo entre las causales de casación en la LPT y NLPT antes y después de la modificatoria

6. La incidencia directa de la infracción sobre la decisión contenida en la resolución impugnada

La incidencia directa implica explicar de qué manera la infracción normativa denunciada, de haber sido tomada en cuenta por la Sala Superior, habría cambiado el resultado de la decisión que le causa agravio o cómo dicha infracción incide en el sentido del fallo. Por tanto, debe tenerse claro que dicha incidencia debe ser lo suficientemente determinante como para que la Sala Suprema subsane u ordene subsanar dicho el error. Tabla 4)

La LPT no exigía la descripción de la incidencia de la causal planteada en la sentencia impugnada; en cambio, en la redacción anterior de la NLPT sí lo pedía (Sebastiani, 2016, p. 641). En ese sentido, la anterior redacción del artículo 36 de la NLPT establecía como uno de los requisitos del recurso de casación “demostrar la incidencia directa de la infracción normativa sobre la decisión impugnada”. La actual redacción de dicho artículo no lo contempla expresamente, aunque debió haberse precisado, pues de nada serviría invocar adecuadamente la infracción conforme al artículo 34 de la NLPT cuando el precepto normativo invocado es impertinente al caso concreto, por citar un ejemplo, o cuando se sabe que no incidirá en el resultado de la resolución venida en casación por no ser determinante o no tener la fuerza suficiente para variar el sentido del fallo.

No obstante, si bien la incidencia directa no se contempla de manera expresa en la actual redacción, el apartado c del inciso 1 del modificado artículo 36 de la NLPT expresa que el recurso de casación debe “precisar el fundamento o los fundamentos doctrinales o legales que sustenten su pretensión, expresando específicamente cuál es la aplicación que pretende”. En ese sentido, cuando menciona “pretensión” no se refiere al petitorio de la etapa postulatoria, sino a la pretensión casatoria (anulatoria o revocatoria). Por esta razón, persiste la obligación de los litigantes de fundamentar de qué manera la infracción que postulan incide en la decisión impugnada, la misma que debe ser determinante para que la Sala Suprema anule o revoque la sentencia materia de recurso. En consecuencia, el no fundamentar en dichos términos constituiría un supuesto de improcedencia.

7. Otras modificatorias al recurso de casación en materia laboral

• Las salas superiores, como órganos de segunda instancia, calificarán la admisibilidad del recurso de casación dentro de un plazo máximo de veinte días hábiles (20) contados desde su interposición.

• Aumenta la cuantía de 100 a 500 URP para la admisión del recurso de casación, en aquellas pretensiones cuantificables en dinero.

• Se excluye la posibilidad de interponer casación directa, es decir, ante la Corte Suprema. Aunque esto no era una práctica habitual, algunos litigantes la empleaban aplicando supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil.

• Para la procedencia se prevé que los litigantes indiquen separadamente cada causal invocada, citando concretamente los preceptos legales infraccionados y precisando los fundamentos doctrinales o legales que sustenten su pretensión.

• Se establece causal de improcedencia cuando se hubiesen desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y el recurrente no presentase argumentos suficientes para que se modifique el criterio o doctrina jurisprudencial ya establecida.

• Se incorpora la figura procesal del doble conforme. No obstante, se prevé que procederá el recurso si presenta interés casacional, es decir, cuando la resolución impugnada se opone a la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema o cuando resuelve puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las salas superiores.

• Excepcionalmente, se podrá declarar procedente un recurso de casación para desarrollar doctrina jurisprudencial.

• La procedencia o improcedencia del recurso de casación se expide con el voto conforme de tres jueces supremos; y el fondo del asunto, con el voto conforme de cuatro jueces supremo.

• La audiencia se instala con la concurrencia de las partes que asistan, y no se requiere pedir el uso de la palabra para informar en la audiencia de casación.

• La falta de comparecencia injustificada del abogado de la parte recurrente a la audiencia de casación da lugar a que se declare improcedente el recurso de casación.

• Se establece que, en cualquier supuesto, la sentencia casatoria tiene fuerza vinculante para el órgano jurisdiccional respectivo.

8. Comentario final

En cuanto a las causales de casación laboral, no se advierten cambios sustanciales, puesto que los supuestos de infracción normativa y jurisprudencial ya se encontraban subsumidos en la anterior redacción, a excepción del supuesto de apartamiento de los acuerdos plenarios como decisiones vinculantes. Ahora bien, en cuanto al apartamiento de la doctrina jurisprudencial, corresponderá a las salas supremas determinar su procedencia, puesto que, como se expresó anteriormente, constituye también una decisión vinculante. No obstante, no fue tomado en cuenta en el debate de la exposición de motivos. Únicamente, hubo mención de los precedentes vinculantes y los acuerdos plenarios.

En ese sentido, si la intención del legislador fue considerar los acuerdos plenarios, no debió emplear un término amplio como decisiones vinculantes, pues no solo comprendería a la doctrina jurisprudencial, sino también a cualquier otra sentencia casatoria expedida por el propio órgano jurisdiccional, pues conforme al modificado artículo 39 de la NLPT, inciso 3, se establece que “la sentencia casatoria tiene fuerza vinculante para el órgano jurisdiccional respectivo”. Por tal razón, a fin de evitar caer en ambigüedades que desnaturalicen el carácter extraordinario del recurso de casación, la modificatoria del artículo 34 debió elaborarse de la siguiente manera:

Artículo 34º.Causales del recurso de casación

El recurso de casación se sustenta en la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada o en el apartamiento de [Acuerdos Plenarios y/o] [énfasis añadido] precedentes vinculantes dictados por el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema de Justicia de la República.

Por otro lado, no está mal que se hayan replicado las causales de la casación en materia penal y civil, lo que sí está mal es que no se haya realizado una revisión exhaustiva de las mismas previo trasplante. Dicha propuesta debió ser comentada y debatida por los especialistas en las comisiones respectivas del Congreso de la República como sí sucedió con la primigenia propuesta del Poder Judicial. Esto hubiese evitado ambigüedades y futuras confusiones al plantear el recurso y al calificarlo, ya que, con el afán de uniformizar a raja tabla las causales de casación en las diversas especialidades, se está ordinarizando el recurso de casación al establecerse la elasticidad de sus causales. Se nos ofrece el recurso de casación en materia penal como la panacea de los problemas de la optimización del recurso -cuando ello no está demostrado- haciendo, primero, un trasplante de sus causales al Código Procesal Civil en octubre de 2022 y, ahora, a la Nueva Ley Procesal de Trabajo en marzo de 2023.

9. Conclusiones

• Del carácter extraordinario del recurso de casación, se desprende que este no da lugar a una instancia adicional. Por tanto, no se puede pretender en sede casatoria un reexamen de los hechos y de los medios probatorios aportados al proceso, pues las salas supremas no constituyen una tercera instancia. Por esa razón, se justifica que la legislación imponga ciertos requisitos de admisibilidad y procedencia que determinan que su concesión sea excepcional.

• La nueva redacción de las causales contenidas en los incisos 1, 2, 3 y 4 del artículo 34 de la NLPT no constituyen novedad alguna para el recurso de casación en materia laboral, pues tales causales se encontrarían subsumidas en la primera parte de la derogada redacción del artículo 34 de la NLPT bajo el supuesto genérico de infracción normativa.

• La nueva causal contenida en el inciso 5 del artículo 34 de la NLPT sí constituye una novedad en el ámbito laboral, pues amplía los supuestos de apartamiento de las decisiones del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema a otras decisiones vinculantes, como los acuerdos plenarios (plenos jurisdiccionales), no solo a los procedentes vinculantes (plenos casatorios); y eventualmente, si así lo consideran las salas supremas al interpretar dicho inciso, la ampliación alcanza a la doctrina jurisprudencial.

• Las nuevas causales de casación en materia laboral establecidas en el artículo 34 de la NLPT son una réplica exacta, y en algunos casos, una adaptación de las causales establecidas en el Código Procesal Penal y Código Procesal Civil, y constituyen un texto apartado completamente de la primigenia propuesta realizada por el Poder Judicial contenida en el Proyecto de Ley n.o 930/2021-PJ.

• En lo que respecta a las nuevas causales de casación laboral, no se advierte aporte alguno conducente a la optimización de este recurso ni al cumplimiento de sus fines, pues la única novedad sería la incorporación del apartamiento de acuerdos plenarios (plenos jurisdiccionales) como causal de casación.

10. Recomendaciones

A los litigantes y magistrados

• Considerar la modificatoria del inciso 1 del artículo 34 de la NLPT en el sentido más amplio al momento de invocar y calificar dicha causal, dejando de lado el contenido técnico del término indebida o errónea aplicación (aplicación indebida) para preferir el término genérico inobservancia u otra palabra análoga.

• Respecto de la modificatoria del inciso 3 del artículo 34 de la NLPT, debe entenderse que dicho apartado hace referencia única y exclusivamente a normas de derecho material. Asimismo, debe considerarse el sentido amplio de la palabra ley, debiendo entenderse dentro de aquella a la ley propiamente dicha y a las normas con rango de ley, como el decreto legislativo, decreto de urgencia, decreto ley, etc.

• En relación con el inciso 5 del artículo 34 de la NLPT, debe entenderse como decisión vinculante no solo los procedentes vinculantes y los acuerdos plenarios, sino también la doctrina jurisprudencial.

• En lo concerniente a los acuerdos plenarios o plenos jurisdiccionales, podrán ser denunciados como causal de casación aquellos acuerdos expedidos con posterioridad a la modificatoria del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por el Decreto Legislativo n.o 767, es decir, después del 27 de octubre de 2022, fecha en que entró en vigencia la Ley n.o 31591.

A los legisladores

• Garantizar el principio de congruencia en los procedimientos parlamentarios, pues, en relación con las causales del recurso de casación, la propuesta contenida en el Proyecto de Ley n.° 930/2021-PJ -en lo que respecta a su redacción y contenido- dista completamente de lo establecido en la Ley n.o 31699.

A las universidades, colegios profesionales y al Poder Judicial

• Debe promoverse mayor capacitación sobre las nuevas modificatorias al recurso de casación a fin de evitar que este recurso pierda su carácter extraordinario y las salas supremas se conviertan en una especie de tercera instancia.

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Notas:

1. Artículo recientemente modificado mediante Ley no 31591, publicada el 26 de octubre de 2022.

2. Artículo recientemente modificado mediante Ley n.o 31591, publicada el 26 de octubre de 2022.

Financiamiento: Autofinanciado.

Conflicto de interés: El autor declara no tener conflicto de interés.