La motivación de las resoluciones judiciales, prevista en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, se hace exigible en el contexto de aplicación de la NLPT. Sobre este tópico, a la fecha, aún no nos hemos planteado serios retos y desafíos para armonizar, en el sistema procesal laboral, previsto en la NLPT, y tomar como parámetro a la categoría procesal de la oralidad y del informalismo en el desarrollo de las audiencias, en relación con la inmediación y, como resultado, la celeridad de los procesos laborales.

La NLPT fue publicada en el Diario Oficial El Peruano el 15 de enero de 2010; y fue el Distrito Judicial de Tacna la primera corte superior en implementarla mediante la Resolución Administrativa n.° 232-2010CE-PJ, del primero de julio de 2010. Desde ahí, se ha hecho tangible, a la fecha, el proceso de implementación en los 33 distritos judiciales y ha significado, con ello, la consolidación de un nuevo sistema procesal laboral instaurado con dicha ley, que ha traído consigo una intacta reforma laboral que abarca diversos matices: la interposición de la demanda; el sistema de notificaciones y sus diversas tipologías, como la notificación electrónica de la sentencia en los estrados y las tradicionales, como la de cédulas y edictos; el desarrollo de la audiencia y, dentro de ella, la actuación probatoria (específicamente, la actuación de la prueba de pago de los beneficios sociales), la digitalización de los documentos (autorizada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial) y la intervención de las partes, con dinamismo en el desarrollo de la audiencia de juzgamiento, la única que trae como colofón la expedición de la sentencia en el proceso laboral, bajo las previsiones legales y las prerrogativas reservadas para el juez en determinadas situaciones procesales, como el juzgamiento anticipado (artículo 43 de la NLPT).

Sin embargo, en cuanto a la sentencia -último apartado mencionado-, para tener una postura poco litigiosa, a la fecha, no ha tenido matices de innovación o de cambio respecto a su proyección, formulación, argumentación y expedición, sino que se ha conservado en un matiz tradicional, obedeciendo al prurito previsto en la Constitución sobre la motivación de las resoluciones judiciales. Ahí es donde se evidencia un nuevo reto para todos los que intervenimos en el proceso laboral, que se constituye en la piedra angular de la reforma laboral en el Perú y que ha significado nuevas estrategias, cambio de cultura formalista, innovación tecnológica, ingreso de la misma, con mayor énfasis en los actos procesales, entre otros.

No menos cierto es afirmar que con el arraigo y el entusiasmo empleados para estos tópicos, debemos enfatizar en reflexionar respecto a la sentencia laboral, pues lo visto hasta ahora es una concepción tradicional de la expedición de la misma, en la que no solo interviene el juez, pues se recoge todo lo vertido en la audiencia, lo actuado, su convicción sobre los argumentos expuestos, su convencimiento de la prueba, su análisis de lo presentado hasta dicha audiencia y sus conclusiones. Sobre estas últimas, se supone que son producto de un silogismo jurídico tradicional que tiene visos de la argumentación jurídica, en su proyección actual, pero que no deja de enraizarse en un silogismo que abarca premisas normativas y fácticas para desembocar en una conclusión que muchas veces no contiene las razones o, menos aún, las razones de análisis o exposición de los argumentos que nos convencen de adoptar una determinada posición en el proceso laboral.

Asimismo, hemos entendido, a lo largo de este proceso, que el dinamismo y la innovación en la forma de plantear estrategias para llevar a cabo una correcta audiencia y que, en mejores términos, se denote la celeridad en los procesos judiciales, es justamente la expedición de una sentencia acorde con estos nuevos parámetros de la oralidad, la flexibilidad y el informalismo en el proceso laboral, a fin de que recaiga en la ciudadanía la facultad de criticarlas, de ser el caso, por ser un derecho constitucional, en virtud de lo previsto en el inciso 20 del artículo 139 de la Constitución: «el principio del derecho de toda persona de formular análisis y críticas de las resoluciones y sentencias judiciales, con las limitaciones de ley».

Trasladar y comentar lo afirmado por el profesor Manuel Atienza sobre la justificación interna es tan solo cuestión de lógica deductiva; sin embargo, en la justificación externa hay que ir más allá de la lógica en sentido estricto (2016, p. 61). Ello se ha constituido en el actual silogismo judicial que se utiliza como patrón en las sentencias judiciales, pero que, aplicadas al nuevo esquema de la oralidad y de implementación de tecnologías en la actuación de las pruebas, de comportamiento del juez como figura delimitadora del conflicto, haría repensar y, no menos cierto, reflexionar sobre el esquema a utilizar en la argumentación jurídica, pero en clave de la oralidad en las sentencias laborales, como vamos a tratar líneas más adelante.

En ese sentido, conviene a nuestros intereses adherirnos a la tópica de Cicerón, citado en la obra de Atienza (2016, p. 72), cuando problematiza sobre la concepción del razonamiento jurídico, pues la aseveración de que un argumento es una razón que sirve para convencer de una cosa dudosa (rationem quae rei dubiae faciat fidem) se convierte en el pilar de las sentencias; es decir, otorgar razones que persuadan sobre la decisión judicial emitida -no solo en la lógica jurídica, sino en la línea de la tópica del razonamiento jurídico- sirven para la formación de un juicio, esto es, de las premisas a la conclusión. Este es el gráfico actual de las sentencias laborales, en el marco de la NLPT, en el que, enfáticamente, nos preocupa respetar las premisas y la conclusión; pero que, sin embargo, olvidamos buscar las razones de postergar una cosa dudosa, esto es, la exposición de argumentos que sustenten nuestra decisión judicial (sentencia).

La argumentación jurídica con las concepciones citadas, de manera sencilla, apunta a hechos, más que cuestiones de índole normativo. El esfuerzo en clave de armonización de este nuevo sistema procesal laboral debe ir aparejado con las nuevas concepciones de la argumentación jurídica que sobrepasen la postulación de los principios, derivando solo el conflicto a las propuestas de solución de índole normativo, mas no fáctico. Tampoco pasa por enfatizar en un silogismo jurídico que resulta correcto a la luz de considerar las premisas normativas y las premisas fácticas que desencadenan en una conclusión, sino que debe preocuparnos que las razones que grafiquemos en una sentencia judicial gocen de un test de razonabilidad y que ostenten consistencia y coherencia (MacCormick, citado por el Atienza, 2016, p. 195).

Tratemos como idea matriz lo afirmado por Viehweg, citado por el profesor Manuel Atienza, cuando afirma que

La delimitación conceptual citada -a entender sencilla- significa que se debe regir la aplicación de la jurisprudencia emitida no solo por el Tribunal Constitucional en materia laboral y pensionaria, sino por los tribunales de instancia, como parte del sustento de nuestras decisiones judiciales en un caso particular, en el que nos preocupa el cuadro similar dibujado a la jurisprudencia que se cita, para obtener la misma conclusión y, por tanto, que sea de aplicación del mismo derecho.

Las variantes que se presentan en torno a la argumentación jurídica -incluso teniendo en cuenta los problemas planteados por Atienza (2016)- deben significar uno de los eslabones de concatenación más relevantes para considerar en la proyección de una sentencia judicial en materia laboral. Ello dado que goza de estamentos propios de un proceso en el que prima la audiencia y en el que el juez se convence de todo lo actuado en ella, o asume una postura determinada ante una situación procesal fáctica determinada, como el supuesto normativo previsto en el artículo 43 de la NLPT, que nos lleva a considerar el juzgamiento anticipado como una forma de resolver el conflicto con lo aportado por las partes en escrito, y la posición que asume la parte demandada cuando no contesta la demanda en juicio y que ostenta la calidad de rebelde en juicio (temática no ajena a la presente, pero que amerita discusión de manera más específica).

No solo se trata de citar las gestiones traducidas en actos y precedentes administrativos por reestructurar, focalizando las resoluciones judiciales administrativas de cualquier índole, en función de los nuevos estándares de la argumentación jurídica. Podemos citar solo algunas de ellas, como las expedidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, incluso por el extinto Consejo Nacional de la Magistratura.

La Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura n.° 1202014-PCNM, en su apartado de precedente administrativo, enfatizó la problemática de las decisiones judiciales, señalando que se aprecia la ausencia de claridad, insuficiencia argumentativa y error de sintaxis; sostiene esto como una problemática no solo en las decisiones judiciales, sino en los dictámenes fiscales, y exige, para tal problema, la exposición de la motivación de una determinada decisión judicial o de un dictamen, efectuando un enfoque no solo desde la perspectiva de la argumentación jurídica, como parte de un silogismo jurídico, sino de la exposición de las razones que motivan dictar un determinado fallo.

Así también, la resolución administrativa n.° 002-2014-CE-PJ es un esfuerzo plausible del Poder Judicial que busca la exposición de las razones que motivan adoptar una determinada decisión, aun cuando la finalidad de estas gestiones internas tengan como clara finalidad evitar los pronunciamientos inhibitorios o, en mejores términos, que tengan decisiones nulificantes de las sentencias de primera y segunda instancia.

Se han citado estas resoluciones para enfatizar las gestiones que ha realizado el Poder Judicial por abordar una problemática que tiene que ver con la gestión del proceso judicial, cuando un juez tiene en sus manos la capacidad y la obligación de emitir una decisión de fondo o una inhibitoria, propulsando la primera de ellas. No obstante, no solo debe quedar ahí el ámbito de la gestión en la reforma laboral, especialmente, sino que es necesario reflexionar sobre la argumentación jurídica que se tiene contenida en una sentencia.

Por tanto, la sentencia en la reforma del proceso laboral se comporta en uno de los tópicos del proceso laboral que, aun cuando no se aborda con dinamismo, pues, en el esquema mixto (sistema procesal laboral) que ostentamos, al tener que expedir una sentencia escrita, en correlato con lo previsto en el citado artículo 139, inciso 5, de la Constitución y en el artículo 31 de la NLPT, es totalmente visible que nos queda por abordar temáticas referidas a la argumentación jurídica, con tamices de oralidad, en el entendido de flexibilidad laboral, en el ámbito del proceso laboral. Queda claro que, con lo logrado hasta la fecha, en cuanto a la preponderancia de lo actuado en la audiencia de juzgamiento de los postulados de las partes, en atención a un juzgamiento anticipado, no solo debe preocuparnos la correcta composición del silogismo judicial, sino también de que se propicie un esquema de exposición de razones en el que -aun cuando no nos adscribamos a un silogismo deductivo- se aprecien las razones precisas y enunciativas de lo sentenciado, en función de lo postulado y actuado, de ser el caso, cuando no nos encontramos bajo la herramienta del juzgamiento anticipado, según el citado artículo 43 de la NLPT.

Es decir, si viéramos un escenario de aplicabilidad del juzgamiento anticipado, las razones de exposición en la sentencia conjugarían un análisis más normativo, en atención a la situación que se presenta, ya sea por rebeldía del demandado en juicio o por la exposición de situaciones que no ameritan actuación probatoria. Con dichas potestades previstas en la ley, el juez queda expedito para dictar sentencia, la misma que debe contener las razones de fondo del derecho que se pide y estar apoyado en las herramientas que ofrece la ley en determinadas situaciones procesales. No resulta, por tanto, lógico desaprovechar la oportunidad de focalizar una sentencia y expedirla, de manera precisa, además de exponer las razones que la sustentan. ¿Cuáles son estas razones?

Esta pregunta nos hace reflexionar sobre la teoría de la argumentación jurídica, la misma que se ha esbozado como casos difíciles, que, a tenor de lo considerado por MacCormick, citado por Atienza (2016), involucra cuatro tipos de problemas jurídicos: de relevancia, de interpretación, de prueba y de calificación.

Se sigue afirmando que, en un escenario en que la información se encuentra en las premisas fácticas, la aplicación de un silogismo deductivo es lo correcto y pertinente. ¿Qué es lo que sucede ante premisas deficitarias? No podríamos abordar una determinada conclusión, fácilmente.

Estos problemas propuestos los apreciamos a diario en el quehacer jurisdiccional; sin embargo, ¿qué propiciamos con el devenir del proceso laboral, esto es, desde la interposición de la demanda, de sus fundamentos, de su causa de pedir, de su pedido; y de lo contestado por el demandado, o de su actitud en juicio, esto es, de su presentación o no a la audiencia de conciliación?; ¿qué actitud asumimos? No solo nos referimos a la utilización de la herramienta del juzgamiento anticipado, sino de la expedición de la sentencia, en función de estos parámetros fácticos que nos corresponde circunscribirnos a un silogismo judicial deductivo, de aplicación de la norma, si esta se encuentra clara a la luz de los hechos expuestos en los escritos de postulación.

El problema surge cuando presentada la situación procesal al juez, en la línea de la oralidad, del informalismo y de la flexibilidad, se cuestiona cuál es el parámetro fáctico y jurídico que utilizamos en la sentencia. Al graficar todo lo acontecido, obedeciendo a la lógica secuencial, de parte expositiva, considerativa y resolutiva, ¿dónde se expone los fundamentos o razones del fallo que, en línea de la oralidad, se dicta en audiencia? Es aquí donde resultan totalmente aplicable las hipótesis de solución que el profesor Atienza señala, pues partimos de la lógica discursiva de que existen, en el proceso laboral, premisas deficitarias, en las que no se determina la sentencia solo en función de un silogismo judicial deductivo, como el señalado, sino que el juez se encuentra en la capacidad de fundamentar su decisión judicial en razones que signifiquen una hipótesis de solución, que propicie la resolución del conflicto laboral, en función de la información dada en juicio, esto es, la demanda y la contestación de la demanda, y también si es que existe convencimiento de los hechos postulados, en virtud de la actuación de prueba en la audiencia, dada la riqueza de lo aportado al proceso, lo que se comporta como la premisa de información que dará sustento al fallo a emitir.

No solo propiciar la exposición de la premisa jurídica, que es lo que nos preocupa, por la equivocada idea de que el soporte de una sentencia laboral se da en preponderancia de la norma que resuelve caso, lo que no es incorrecto pero sí tergiversado. Ello se constituye en el planteamiento de este problema argumentativo, pero en clave de reforma, dada la implementación de la NLPT en los 33 distritos judiciales; pero aun hay temáticas pendientes por abordar sobre todo en los jueces laborales, artífices de la reforma, en lo que respecta a la sentencia, pues son los responsables de dotar de dinamismo, tal y cual, se ha logrado en las audiencias; es decir, dotar de flexibilidad en la argumentación que contiene una sentencia laboral, que debe ir apoyada por razones que sustenten su decisión judicial.

Es más, no nos quedemos en afirmar que, reinvirtiendo nuestra premisa fáctica, se cumple con el rol de argumentar o fundamentar nuestra decisión judicial y el prurito consagrado en la Constitución; sino que debemos velar por que esta decisión judicial cuente con las garantías de la tutela procesal efectiva y del debido proceso, de las cuales, en teoría, son comentadas y consideradas como un parámetro base de la expedición de la sentencia.

Es preciso citar al profesor Jordi Ferrer cuando afirma que

Esto es cierto y coherente cuando es aplicado a un contexto de emisión de sentencias laborales, en la cuales, juega un rol de suma importancia: el contexto socioeconómico de nuestro país, cuya realidad económica juega un papel primordial en la elaboración de las principales categorías que conformarán parte del análisis de una sentencia.

Es inevitable que el proceso de implementación del sistema procesal laboral oral en nuestro país, regulado por la Ley n.° 29497, represente un contexto normativo y social de suma relevancia en la proyección de las sentencias judiciales laborales, pues no ha existido hasta la fecha actuaciones administrativas -gestión- determinantes, en las que se aprecie una preocupación por la argumentación de nuestras decisiones judiciales laborales.

Asimismo, asociado a este déficit de proyección de la sentencia judicial, se encuentra la categoría procesal de la oralidad que se ha insertado con firme raigambre en nuestro sistema procesal laboral. Es justamente aquí donde debemos redimensionar las decisiones judiciales, dado que la premisa fáctica a considerar se logra obtener de la actuación de las pruebas en la audiencia de juzgamiento o también de las pretensiones traducidas en la demanda y la contestación de la demanda, cuando se utiliza otro mecanismo a disposición del juez para decidir sobre un determinado caso judicial (juzgamiento anticipado), pero enfatizando en las posiciones de ambas partes, traducidas en las respectivas teorías del caso, que generan que todo lo obtenido en la audiencia le genere al juez una plena convicción sobre lo que es materia de conflicto, que, luego debe ser traducido en la sentencia, de manera, libre, concisa y precisa, exprese las razones que justifican su última decisión.

A modo de ejemplo, en los cientos de casos de pago de beneficios sociales presentados en nuestro país, es inevitable la incorporación de las variables de las remuneraciones y el tiempo, de considerarse fundada la demanda; así como también las variables de documentos de pago presentados en juicio, en los cuales se acredita los pagos realizados a la parte demandante. Es decir, se aprecia las variables de documentos de pago, tiempo y remuneraciones del trabajador, las cuales se pueden asociar y sintetizar en una estrategia de redacción que verse la premisa normativa y la fáctica de manera precisa, con la cita de las normas que conforman el sustento normativo de los beneficios legales o convencionales que son materia de conflicto, e incluso utilizando las citas o referencias al pie para no distraer la argumentación de lo que se quiere expresar respecto de su concesión o no amparo del derecho en mención. La justificación normativa no siempre tiene que asociarse a la cita literal de las normas base de los beneficios legales que se comentan, sobre todo en conflictos de pago de beneficios sociales, que no ameritan un comento específico por cada una de ellas, evitando así el grado complejo de una sentencia judicial.

Cierto es que no todos los conflictos en materia laboral versan sobre beneficios sociales o afines que permitan estandarizar una sentencia en cuanto a sus argumentos, pero sí se puede realizar esfuerzos por lograr una concisión en la premisa normativa de tal manera que no se confunda solo en la norma, mas no en la parte fáctica que la compone.

Entonces, pues, la estandarización de argumentos es un mecanismo que podría tomarse en consideración sobre todo en procesos de pago de beneficios sociales; otro mecanismo que permitiría la concisión es la importancia que se le otorgue a la premisa fáctica de un determinado caso judicial, pero no en el entendido de una mera descripción de los hechos materia de juicio, sino de lo que no es pacífico entre las partes, obteniendo concisión y delineamiento de los argumentos a exponer respecto del hecho materia de conflicto, sobre todo cuando no se trate de demandas de pago de beneficios sociales, sino de pretensiones, como las reposiciones o afectaciones en la relación laboral de similar índole, que permita al juzgador la libertad de armonizar sus fundamentos y lograr un estándar de argumentos como es la probanza en juicio por parte de la demandada de la causa justa de despido o de la existencia de la misma, conforme mandan los artículos de la NLPT, específicamente, la dinámica probatoria prevista en el artículo 23.

Justo es decir que dicha dinámica probatoria permitiría hacer tangible una segunda estandarización de argumentos cuando se trate de conflictos en los que la probanza del hecho lesivo y de su justificación por la contraparte se comporte en la estructura de una sentencia, como los parámetros fijos a manejar en la misma. De esta manera, la obligatoriedad de expresar las razones por parte del juez no pasaría por un análisis superfluo y de exposición de normas sin aterrizar en el caso en concreto, sino que se manejaría la dinámica probatoria prevista en el citado artículo 23 de la NLPT, como base de la estructura de la sentencia.

No creemos que la estandarización de los argumentos en la estructura de una sentencia (parte considerativa) replique una forma de motivación insuficiente, si se logra armonizar de manera concreta y con respeto al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, específicamente, en lo que respecta a la motivación de las resoluciones judiciales, prevista en el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución.

Cabe precisar que la motivación defectuosa se clasifica en aparente e insuficiente. La primera se produce, entre otros supuestos, cuando los medios de prueba esenciales para resolver el proceso no se valoran real y ciertamente, sino que se efectúa una vaga alusión a estos o, en general, a todas las pruebas aportadas al proceso, sin especificar el valor otorgado a cada cual, el porqué de ello y por qué se sustenta la decisión en tales o cuales medios probatorios, o cuando de manera aseverativa expresan que un hecho se encuentra acreditado (o no lo está) sin apoyarse en ningún medio probatorio o sin valorar los existentes sobre el punto a dilucidar (Castillo et al., 2006, p. 445). Así también, otro sector de la doctrina señala que también nos encontramos ante este vicio (motivación aparente) cuando

Del mismo modo, esta motivación está asociada «con la falta de derivación. De los hechos o de la ley no se sigue lo que se decide. El fundamento recae sobre factores cuya propia naturaleza o modalidad es incompatible racionalmente con la decisión adoptada (p. 132).

En cuanto a la motivación insuficiente, siguiendo al autor citado, se produce cuando

Las citas se justifican en atención a la fórmula señalada en este ensayo de practicar en la proyección de las sentencias judiciales laborales, la estandarización de ciertos argumentos, tomando en consideración el tipo de conflicto que se pongan a juicio, sin caer en la motivación insuficiente o -lo que es más grave- la ausencia de motivación. Se debe aplicar una evaluación de las premisas fácticas y las normativas, en el entendido de lograr una expedición célere de las sentencias, en armonía con este nuevo modelo procesal laboral oral, cuya categoría de la oralidad, a la fecha, no ha sido aprovechada en toda su extensión para obedecer a los fines del proceso laboral.