Revista de Derecho Procesal del Trabajo - ISSN: 2708-9274 (En línea)
Vol. 8, n.º 11, enero-junio, 2025, 165-194
DOI: https:doi.org/10.47308/rdpt.v8i11.1135
La ejecución anticipada de resoluciones judiciales en procesos laborales: análisis de su viabilidad frente al principio de legalidad y la ausencia de cosa juzgada en el ordenamiento jurídico peruano
The Anticipated Execution of Judicial Resolutions in Labor Proceedings: Analysis of Its Feasibility in Light of the Principle of Legality and the Absence of Res Judicata in the Peruvian Legal System
A execução antecipada de decisões judiciais em processos trabalhistas: análise de sua viabilidade diante do princípio da legalidade e da ausência de coisa julgada no ordenamento jurídico peruano
Richard Ochoa Paredes
Poder Judicial
(Lima, Perú)
Contacto: rochoapar@pj.gob.pe
https://orcid.org/0009-0007-6891-8589
RESUMEN
El presente artículo analiza la problemática de la ejecución anticipada de sentencias en procesos laborales en el Perú, considerando las tensiones entre el artículo 38 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT) y las limitaciones inherentes al principio de legalidad, así como las restricciones presupuestales de las entidades públicas. Este mecanismo procesal, destinado a garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos laborales, enfrenta desafíos significativos debido a la ausencia de un marco normativo integral que contemple la viabilidad financiera de su implementación.
A través de un enfoque cualitativo y descriptivo, el estudio examina el marco normativo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y las principales posturas doctrinales. Se identifican conflictos normativos, como la falta de articulación entre las normas procesales y presupuestales, y se evalúan las implicancias del principio de legalidad en el ámbito de la administración pública, resaltando los riesgos que esto implica para los recursos estatales y la estabilidad jurídica.
El análisis también abarca casos emblemáticos y resalta la necesidad de reformas estructurales que permitan equilibrar los derechos de los trabajadores con la sostenibilidad administrativa. Entre las propuestas destacan las siguientes: la creación de un fondo especial para sentencias laborales, la capacitación de jueces y funcionarios, y la implementación de mecanismos de coordinación interinstitucional que fortalecen la planificación y la ejecución de resoluciones judiciales.
Las conclusiones subrayan la importancia de replantear la ejecución anticipada bajo un enfoque integral que garantice la efectividad de los derechos laborales, respetando los principios de legalidad y proporcionalidad. Este trabajo busca aportar al debate académico y normativo, proponiendo soluciones que promuevan un sistema más justo, eficiente y sostenible para todas las partes involucradas.
Palabras clave: ejecución anticipada; procesos laborales; principio de legalidad; cosa juzgada; ordenamiento jurídico peruano.
Términos de indización: ejecución de sentencias; procedimiento laboral; legalidad; sistema jurídico (Fuente: Tesauro Unesco).
ABSTRACT
This article analyzes the problem of early enforcement of judgments in labor proceedings in Peru, considering the tensions between Article 38 of the New Labor Procedural Law (NLPT) and the limitations inherent to the principle of legality and the budgetary restrictions of public entities. This procedural mechanism, intended to guarantee effective judicial protection of labor rights, faces significant challenges due to the absence of a comprehensive regulatory framework that contemplates the financial viability of its implementation.
Through a qualitative and descriptive approach, the study examines the regulatory framework, the jurisprudence of the Constitutional Court, and relevant doctrinal positions. Regulatory conflicts are identified, such as the lack of articulation between procedural and budgetary norms, and the implications of the principle of legality in public administration are evaluated, highlighting the risks to state resources and legal stability.
The analysis also covers emblematic cases and highlights the need for structural reforms to balance workers' rights with administrative sustainability. The proposals include: the creation of a special fund for labor judgments, the training of judges and officials, and the implementation of inter-institutional coordination mechanisms that strengthen the planning and execution of judicial decisions.
The conclusions underline the importance of rethinking early execution under a comprehensive approach that guarantees the effectiveness of labor rights, respecting the principles of legality and proportionality. This work seeks to contribute to the academic and regulatory debate, proposing solutions that promote a more fair, efficient and sustainable system for all parties involved.
Keywords: early execution; labor proceedings; principle of legality; res judicata; Peruvian legal system.
Indexing terms: enforcement of judgments; labour procedure; legality; legal system (Source: Unesco Thesaurus).
RESUMO
Este artigo analisa o problema da execução antecipada de sentenças em processos trabalhistas no Peru, considerando as tensões entre o artigo 38 da Nova Lei Processual Trabalhista (NLPT) e as limitações inerentes ao princípio da legalidade e as restrições orçamentárias dos entes públicos. Esse mecanismo processual, concebido para garantir a proteção judicial efetiva dos direitos trabalhistas, enfrenta desafios significativos devido à ausência de um arcabouço regulatório abrangente que considere a viabilidade financeira de sua implementação.
Por meio de uma abordagem qualitativa e descritiva, o estudo analisa o quadro normativo, a jurisprudência do Tribunal Constitucional e as posições doutrinárias pertinentes. São identificados conflitos regulatórios, como a falta de articulação entre normas processuais e orçamentárias, e avaliadas as implicações do princípio da legalidade na administração pública, evidenciando os riscos aos recursos estatais e à estabilidade jurídica.
A análise também abrange casos emblemáticos e destaca a necessidade de reformas estruturais para equilibrar os direitos dos trabalhadores com a sustentabilidade administrativa. As propostas incluem: a criação de um fundo especial para decisões trabalhistas, a capacitação de juízes e servidores e a implementação de mecanismos de coordenação interinstitucional que fortaleçam o planejamento e a execução das decisões judiciais.
As conclusões ressaltam a importância de repensar a execução antecipada sob uma abordagem integral que garanta a efetividade dos direitos trabalhistas, respeitando os princípios da legalidade e da proporcionalidade. Este trabalho busca contribuir para o debate acadêmico e regulatório, propondo soluções que promovam um sistema mais justo, eficiente e sustentável para todas as partes envolvidas.
Palavras-chave: execução antecipada; processos trabalhistas; princípio da legalidade; coisa julgada; Sistema jurídico peruano.
Termos de indexação: execução de sentenças; procedimento trabalhista; legalidade; sistema legal (Fonte: Thesaurus da Unesco).
Recibido: 15/01/2025 Revisado: 10/03/2025
Aceptado: 15/04/2025 Publicado en línea: 30/06/2025
1. INTRODUCCIÓN
La ejecución anticipada de sentencias en los procesos laborales plantea un desafío significativo para el sistema de justicia, especialmente en aquellos casos en los que las resoluciones no han adquirido la calidad de cosa juzgada. Este problema adquiere particular relevancia en el Perú, donde el marco normativo vigente —como el artículo 38 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT)— establece que el recurso de casación no interrumpe la ejecución de sentencias. Sin embargo, su aplicación se enfrenta a limitaciones inherentes al principio de legalidad y a la ausencia de previsiones presupuestales en las entidades públicas. Esta situación genera un dilema entre la necesidad de garantizar la tutela judicial efectiva y la imposibilidad de ejecutar resoluciones judiciales no definitivas.
Estudios recientes, como los desarrollados por Seguil (2020) y Antón (2022), destacan que la ejecución anticipada de sentencias laborales enfrenta restricciones tanto legales como presupuestales, debido a la normativa que regula la asignación de recursos en la administración pública. Asimismo, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú ha abordado la tensión entre los principios de legalidad y la efectividad de los derechos laborales. Sin embargo, persisten vacíos normativos que dificultan su aplicación uniforme, lo que evidencia la necesidad de un análisis crítico y propositivo.
El objetivo principal de este artículo es analizar la viabilidad jurídica de la ejecución anticipada en los procesos laborales, considerando los principios de legalidad y tutela judicial efectiva, así como las restricciones presupuestales vigentes. Este estudio se justifica en la necesidad de garantizar un equilibrio entre el derecho de los trabajadores a la ejecución inmediata de sentencias favorables y las limitaciones que enfrentan las entidades públicas para atender estos requerimientos. Además, busca contribuir al debate doctrinal y normativo en torno a cómo mejorar el marco jurídico aplicable a esta problemática.
El presente trabajo está estructurado en varias secciones. En primer lugar, se expone el marco teórico que aborda los conceptos de ejecución anticipada, el principio de legalidad y la normativa aplicable. Luego, se analizan los resultados obtenidos a partir de un enfoque cualitativo, basado en el estudio de jurisprudencia y doctrina. Finalmente, se presentan conclusiones y recomendaciones orientadas a proponer soluciones normativas y procedimentales que contribuyan a resolver los desafíos identificados.
2. MARCO TEÓRICO
2.1. La ejecución anticipada en el derecho procesal laboral
La ejecución anticipada, en el ámbito del derecho procesal laboral, se define como el acto jurídico mediante el cual se ordena el cumplimiento provisional de una sentencia favorable a una de las partes, aun cuando esta no haya adquirido la calidad de cosa juzgada. Este mecanismo tiene como finalidad garantizar la tutela judicial efectiva, especialmente en contextos en los que se busca proteger derechos laborales fundamentales que podrían resultar vulnerados si su implementación se demora.
Los fundamentos de la ejecución anticipada se encuentran en el principio de celeridad procesal, que rige los procedimientos laborales debido a la naturaleza alimentaria de los derechos en disputa. Según el artículo 38 de la NLPT, la casación no interrumpe la ejecución de la sentencia, lo que refleja el compromiso del ordenamiento jurídico peruano con la efectividad y prontitud en el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
En términos doctrinales, Seguil (2020) señala que la ejecución anticipada busca equilibrar las desventajas de las partes en un proceso laboral, particularmente cuando el trabajador se enfrenta a empleadores con mayor capacidad económica y poder de negociación. Por su parte, Antón (2022) advierte que, aunque esta medida tiene un fundamento protector, debe aplicarse con criterios de razonabilidad y proporcionalidad, con el fin de evitar eventuales perjuicios a las entidades demandadas, especialmente cuando se trata de organismos públicos.
En cuanto a los casos relevantes, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú ha establecido precedentes significativos. En la Sentencia n.º 02249-2012-PA/TC se reafirmó que la ejecución anticipada es compatible con el principio de tutela judicial efectiva. No obstante, en la Sentencia n.º 02568-2021-AA se identificaron limitaciones derivadas del principio de legalidad y de la falta de previsiones presupuestales en las entidades públicas, lo que puso expuso la necesidad de un marco normativo más claro y coherente.
En consecuencia, la ejecución anticipada en el derecho procesal laboral representa un mecanismo esencial para garantizar los derechos de los trabajadores. Sin embargo, su implementación requiere el respaldo de una normativa que equilibre la efectividad del cumplimiento con la sostenibilidad de las entidades responsables.
2.2. El principio de legalidad en la administración pública
El principio de legalidad es un pilar fundamental en la administración pública, pues establece que toda actuación de las entidades estatales debe estar estrictamente subordinada a lo dispuesto por el marco legal vigente. Este principio garantiza que las decisiones y acciones del Estado se alineen con el ordenamiento jurídico, asegurando la transparencia, la predictibilidad y la legitimidad de su actuación.
En el contexto peruano, el numeral 1.1 del artículo IV del Título preliminar de la Ley n.º 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, consagra el principio de legalidad al disponer que «las autoridades administrativas solo pueden actuar dentro del ámbito de las competencias y atribuciones que les han sido expresamente conferidas por la ley» (Ley n.º 27444, 2001). Este precepto tiene como objetivo prevenir actos arbitrarios o discrecionales que puedan vulnerar derechos fundamentales o afectar el interés público.
En el ámbito de los procesos laborales, este principio adquiere particular relevancia en la ejecución de sentencias que involucran obligaciones económicas para las entidades públicas. Seguil (2020) indica que «la ejecución anticipada en procesos laborales contra entidades públicas debe cumplir rigurosamente con las disposiciones legales y presupuestales, dado que cualquier incumplimiento podría generar responsabilidades administrativas o penales para los funcionarios encargados». De igual forma, Chero (2022) señala que «el respeto al principio de legalidad protege la sostenibilidad del erario público, evitando que se realicen pagos sin respaldo presupuestal ni sustento jurídico adecuado».
La jurisprudencia peruana también enfatiza la importancia del principio de legalidad. Por ejemplo, en la Sentencia n.º 02568-2021-AA del Tribunal Constitucional, se resolvió que «la ejecución de sentencias laborales que no han adquirido la calidad de cosa juzgada no puede comprometer los recursos públicos sin una adecuada previsión presupuestal» (Tribunal Constitucional del Perú, 2021). Asimismo, el Decreto Supremo n.º 003-2020-JUS establece procedimientos específicos destinados a garantizar que las obligaciones económicas se atiendan dentro del marco legal, evitando así riesgos fiscales para el Estado.
De este modo, el principio de legalidad se erige como un elemento esencial para equilibrar la efectividad de las sentencias laborales y la sostenibilidad administrativa. Sin embargo, como destaca Antón (2022), «es necesario desarrollar lineamientos normativos más precisos que permitan a las entidades públicas cumplir con las sentencias judiciales sin vulnerar el marco jurídico ni comprometer la sostenibilidad de los recursos públicos».
Así, el principio de legalidad no solo regula la actuación estatal, sino que también actúa como un mecanismo protector frente a posibles arbitrariedades y excesos, asegurando que la ejecución de sentencias se realice de manera eficiente y responsable.
2.3. La calidad de cosa juzgada
La calidad de cosa juzgada constituye una de las garantías fundamentales dentro del derecho procesal, al dotar de carácter definitivo e inmutable a las resoluciones judiciales. Según Seguil (2020), «la cosa juzgada asegura la estabilidad jurídica y evita la perpetuación de los litigios, consolidando el respeto por el fallo judicial como expresión de la justicia material». Este principio no solo protege los derechos de las partes involucradas, sino que también fortalece la confianza en el sistema judicial y reduce la carga procesal, al evitar que los mismos asuntos sean reabiertos reiteradamente.
En el contexto peruano, la cosa juzgada adquiere especial relevancia en la ejecución de sentencias laborales, ya que estas suelen involucrar derechos de naturaleza alimentaria que requieren una protección inmediata y efectiva. En tal sentido, Chero (2022) advierte que «la ausencia de cosa juzgada en sentencias ejecutadas de manera anticipada genera incertidumbre tanto para el trabajador como para el empleador, ya que el fallo aún podría ser modificado en instancias superiores». Este escenario presenta riesgos legales y económicos que pueden afectar la credibilidad del sistema judicial.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional del Perú ha reafirmado en múltiples ocasiones la importancia de la cosa juzgada como elemento esencial para la garantía de los derechos fundamentales. En la Sentencia n.º 02568-2021-AA, este órgano sostuvo que «la ejecución de sentencias sin la calidad de cosa juzgada debe ser excepcional y estar debidamente fundamentada para evitar afectaciones al principio de seguridad jurídica» (Tribunal Constitucional del Perú, 2021). Esta sentencia subraya que, aunque la ejecución anticipada busca garantizar derechos fundamentales, debe aplicarse con criterios estrictos que preserven la estabilidad jurídica.
Por su parte, Seguil (2020) argumenta que «en los casos laborales, la inmediatez en la ejecución de los derechos del trabajador no debería ser obstruida por el requisito de cosa juzgada, siempre que se garantice un procedimiento adecuado para evitar abusos o perjuicios irreparables». Esta postura encuentra respaldo en Antón (2022), quien sostiene que «la calidad de cosa juzgada no debe ser un obstáculo absoluto, sino que debe interpretarse en función de la protección de los derechos laborales y del principio de proporcionalidad». Ambas perspectivas destacan la necesidad de equilibrar la protección de los derechos de los trabajadores con la seguridad jurídica de las entidades involucradas.
Además, la doctrina internacional también subraya la importancia de la cosa juzgada como mecanismo de certeza jurídica. En ese sentido, Barranco (2021) señala que «la cosa juzgada se constituye en un pilar indispensable para la credibilidad del sistema de justicia, permitiendo que las resoluciones judiciales sean respetadas y ejecutadas con eficacia». Esta perspectiva adquiere especial relevancia en los procesos laborales, donde los derechos en disputa inciden directamente en la calidad de vida de los trabajadores.
En conclusión, la calidad de cosa juzgada es un principio indispensable para el cumplimiento de las resoluciones judiciales, al garantizar tanto la estabilidad como la certeza jurídica. No obstante, su aplicación en el ámbito laboral requiere un enfoque equilibrado que permita proteger los derechos de los trabajadores sin comprometer la seguridad jurídica ni los recursos de las partes involucradas. Este equilibrio resulta esencial para mantener la confianza en el sistema judicial y garantizar la efectividad de la justicia en contextos laborales complejos.
2.4. Normativa aplicable
El marco normativo aplicable a la ejecución anticipada de sentencias laborales en el Perú se centra en una serie de disposiciones legales que buscan equilibrar los derechos de los trabajadores con las capacidades operativas y presupuestales del Estado. A continuación, se analiza cada una de estas normativas en detalle:
2.4.1. Artículo 38 de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (NLPT)
El artículo 38 de la NLPT establece que «el recurso de casación no suspende la ejecución de las sentencias laborales, salvo disposición en contrario» (Ley n.º 29497, 2010). Esta disposición busca garantizar que los derechos laborales de carácter alimentario sean protegidos de manera inmediata, incluso cuando aún subsisten procesos en instancias superiores. Según Seguil (2020), «este artículo refleja un enfoque protector hacia los derechos de los trabajadores, asegurando que los procesos judiciales no se conviertan en un obstáculo para el ejercicio de sus derechos fundamentales».
No obstante, la aplicación de esta norma enfrenta críticas relacionadas con el principio de legalidad. En ese sentido, señala Chero (2022) que «permitir la ejecución de sentencias sin la calidad de cosa juzgada puede generar conflictos legales y presupuestales significativos, particularmente en casos que involucran a entidades públicas». Esta tensión evidencia la importancia de establecer criterios claros y específicos para la aplicación de esta disposición.
2.4.2. Ley n.º 30137 y su reglamento
La Ley n.º 30137 regula la priorización de los recursos públicos para el pago de sentencias judiciales en el sector público. De acuerdo con esta norma, solo pueden ser atendidas aquellas obligaciones contenidas en resoluciones con calidad de cosa juzgada, priorizando los casos de naturaleza laboral y previsional. Su reglamento —aprobado mediante el Decreto Supremo n.º 003-2020-JUS— refuerza esta disposición al estipular que «los comités permanentes de evaluación de sentencias judiciales deben verificar estrictamente que las deudas sean exigibles y cuenten con respaldo presupuestal antes de proceder con su pago» (Decreto Supremo n.º 003-2020-JUS, 2020).
Antón (2022) destaca que «la Ley n.º 30137 y su reglamento representan un esfuerzo por equilibrar el respeto a los derechos laborales con la sostenibilidad fiscal del Estado». Sin embargo, también señala que su aplicación puede ser restrictiva en contextos donde las sentencias aún no cuentan con la calidad de cosa juzgada, lo que limita la efectividad de la ejecución anticipada en este tipo de casos.
2.4.3. Decreto Supremo n.º 0011-2019-JUS
El Decreto Supremo n.º 0011-2019-JUS establece lineamientos para la adecuada gestión de las sentencias judiciales en el sector público. En su contenido se enfatiza que «la ejecución de sentencias debe garantizar el cumplimiento de los principios de eficiencia, legalidad y sostenibilidad financiera» (Decreto Supremo n.º 0011-2019-JUS, 2019). Además, introduce medidas específicas orientadas a optimizar los procesos administrativos vinculados al cumplimiento de las obligaciones judiciales, con el objetivo de minimizar riesgos fiscales.
Este decreto complementa las disposiciones de la Ley n.º 30137 al abordar aspectos operativos de la ejecución de sentencias. Según Barranco (2021), «el Decreto Supremo n.º 0011-2019-JUS constituye una herramienta clave para garantizar que las entidades públicas puedan cumplir con sus obligaciones judiciales sin comprometer la estabilidad financiera del Estado».
2.4.4. Decreto Supremo n.º 003-2020-JUS
El Decreto Supremo n.º 003-2020-JUS regula los procedimientos específicos para la ejecución de sentencias laborales en el sector público. Esta norma establece que «las obligaciones económicas deben ser registradas y atendidas en el marco del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), garantizando la transparencia y la trazabilidad en el uso de los recursos públicos» (Decreto Supremo N.º 003-2020-JUS, 2020).
Según Chero (2022), «este decreto representa un esfuerzo significativo para armonizar el cumplimiento de las obligaciones judiciales con los principios de legalidad y sostenibilidad fiscal». Sin embargo, también señala que su implementación enfrenta desafíos prácticos, como la falta de capacidad técnica en algunas entidades públicas para cumplir con los procedimientos establecidos.
El marco normativo vigente en el Perú busca garantizar un equilibrio entre la tutela judicial efectiva y la sostenibilidad financiera del Estado. Aunque estas normas ofrecen un enfoque integral para la ejecución de sentencias laborales, su aplicación enfrenta dificultades relacionadas con la calidad de cosa juzgada, la previsión presupuestal y la capacidad operativa de las entidades públicas. Por ello, resulta fundamental continuar desarrollando lineamientos claros y efectivos que fortalezcan los mecanismos de ejecución anticipada sin comprometer ni los recursos del Estado ni los derechos fundamentales de los trabajadores.
2.4.5. Doctrina y jurisprudencia relevante: análisis de posturas y resoluciones judiciales aplicables
La ejecución anticipada de sentencias laborales ha sido objeto de análisis en diversas doctrinas y jurisprudenciales, que destacan la complejidad de equilibrar la efectividad de los derechos laborales con el cumplimiento del marco normativo.
Posturas doctrinales
Seguil (2020) sostiene que «la ejecución anticipada en el ámbito laboral responde a la necesidad de proteger derechos fundamentales de naturaleza alimentaria, evitando que la dilación procesal perjudique gravemente a los trabajadores». Este planteamiento resalta el carácter urgente de las medidas cautelares en casos laborales, donde los derechos en disputa tienen un impacto directo en la calidad de vida de los trabajadores. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, esta postura subestima las implicancias legales y presupuestales de ejecutar sentencias que aún no han adquirido la calidad de cosa juzgada. Permitir la ejecución bajo estas condiciones puede generar incertidumbre jurídica y comprometer recursos que todavía no han sido garantizados de manera definitiva.
De forma similar, Chero (2022) destaca que «la ejecución anticipada debe sustentarse en criterios de razonabilidad y proporcionalidad, evitando que se genere incertidumbre jurídica o se comprometan recursos públicos de manera irresponsable». Este autor enfatiza la necesidad de encontrar un balance entre efectividad y sostenibilidad en la implementación de esta figura procesal. En nuestra opinión, si bien este análisis aborda adecuadamente la necesidad de un equilibrio, resulta insuficiente en su crítica hacia las consecuencias negativas que puede generar la ejecución prematura. En muchos casos, la falta de previsión presupuestal puede desencadenar incumplimientos por parte de las entidades públicas, afectando no solo a los trabajadores, sino también a los administrados.
Por otro lado, Antón (2022) argumenta que «el principal desafío de la ejecución anticipada radica en garantizar un balance entre la tutela judicial efectiva y la sostenibilidad administrativa, especialmente en un contexto donde las resoluciones judiciales carecen de la calidad de cosa juzgada». Este análisis apunta a la necesidad de reformar el marco normativo para establecer condiciones claras que permitan el uso eficaz de este mecanismo sin comprometer los principios legales. Desde nuestra perspectiva, la ejecución anticipada —tal como está planteada— fomenta un desbalance en el sistema legal, dando prioridad a resoluciones no definitivas sobre los principios de legalidad y previsión presupuestal.
Resoluciones judiciales aplicables
En cuanto a la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional del Perú ha emitido pronunciamientos clave que han moldeado el alcance de la ejecución anticipada en el país. En la Sentencia n.º 02249-2012-PA/TC, el Tribunal afirmó que «la ejecución anticipada es una medida excepcional que debe estar debidamente fundamentada en razones de urgencia y proporcionalidad, siempre buscando garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva» (Tribunal Constitucional del Perú, 2012). Esta decisión refuerza la necesidad de que los jueces valoren cuidadosamente las circunstancias de cada caso antes de otorgar esta medida. No obstante, desde nuestra óptica, esta excepcionalidad está siendo malinterpretada en muchos casos, lo que ha generado una aplicación desproporcionada de la figura, sin una adecuada evaluación de los riesgos asociados.
Asimismo, en la Sentencia n.º 02568-2021-AA, el Tribunal abordó el conflicto entre la ejecución anticipada y la falta de previsión presupuestal en las entidades públicas, señalando que «la sostenibilidad financiera del Estado no puede ser obviada en la implementación de medidas cautelares, como la ejecución anticipada» (Tribunal Constitucional del Perú, 2021). Este fallo enfatiza la importancia de que las medidas de ejecución se implementen dentro de un marco legal y financiero que respalde su viabilidad. Desde nuestra perspectiva, este pronunciamiento debería ser un llamado de atención para fortalecer los mecanismos de control y garantizar que las resoluciones judiciales ejecutadas de manera anticipada no comprometan la estabilidad financiera del Estado.
En el ámbito internacional, Barranco (2021) resalta que «la ejecución anticipada de sentencias laborales ha sido reconocida como una herramienta clave para garantizar los derechos sociales en diversos sistemas jurídicos, siempre que se respete el principio de seguridad jurídica». Esta perspectiva aporta un marco comparativo que subraya la necesidad de que el Perú adopte estándares internacionales en la regulación de esta figura. Sin embargo, consideramos que adoptar dichos estándares sin considerar las limitaciones presupuestales locales puede conducir a un enfoque normativo ineficaz y contraproducente.
El análisis de las posturas doctrinales y jurisprudenciales evidencia la dualidad entre la necesidad de proteger los derechos laborales y las limitaciones prácticas y normativas que enfrenta la ejecución anticipada en el Perú. Si bien los autores y fallos judiciales coinciden en la importancia de esta medida para garantizar la tutela judicial efectiva, las críticas hacia su implementación demuestran que su aplicación —tal como se ejecuta actualmente— pone en riesgo principios fundamentales como la sostenibilidad administrativa y la seguridad jurídica. Por ello, consideramos que esta figura requiere una revisión integral que priorice el cumplimiento efectivo de los derechos laborales sin comprometer la estabilidad del sistema legal y financiero.
3. METODOLOGÍA
3.1. Enfoque de la investigación
El presente estudio adopta un enfoque cualitativo, en atención a que su objetivo principal es comprender y analizar las implicancias jurídicas y prácticas de la ejecución anticipada de sentencias laborales en el Perú. Este enfoque es adecuado para explorar las dimensiones normativas, doctrinales y jurisprudenciales vinculadas a esta problemática, permitiendo un análisis profundo de los conceptos, principios y casos aplicables.
3.2. Diseño de investigación
La investigación se desarrolla bajo un diseño descriptivo y analítico. En el ámbito descriptivo, se examina el marco normativo vigente, como el artículo 38 de la NLPT, la Ley n.º 30137 y sus reglamentos, así como los decretos supremos relacionados. En el ámbito analítico, se evalúa la aplicación de estas normativas en casos concretos, considerando tanto las posturas doctrinales como la jurisprudencia relevante. Este diseño permite identificar los desafíos y limitaciones de la ejecución anticipada en el contexto laboral peruano.
3.3. Método de recolección de datos
La recolección de datos se basa en fuentes secundarias, divididas en tres categorías principales:
3.3.1. Normativa vigente
Ley n.º 29497 (NLPT), especialmente su artículo 38.
Ley n.º 30137 y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo n.º 003-2020-JUS.
Decreto Supremo n.º 0011-2019-JUS, que regula la gestión de sentencias judiciales en el sector público.
3.3.2. Jurisprudencia relevante
Sentencias del Tribunal Constitucional del Perú, como las identificadas en los casos n.º 02249-2012-PA/TC y n.º 02568-2021-AA.
Resoluciones emitidas por órganos jurisdiccionales que abordan la ejecución anticipada en procesos laborales.
3.3.3. Doctrina jurídica
Obras y artículos de autores reconocidos como Seguil Muñoz, Chero Alzamora, Antón López y Barranco Avilés.
3.4. Técnicas de análisis
El análisis se realiza mediante las siguientes técnicas:
3.4.1. Análisis de contenido
Esta técnica permite identificar patrones y temáticas recurrentes en la normativa, jurisprudencia y doctrina, facilitando la comprensión de las implicancias jurídicas de la ejecución anticipada.
3.4.2. Interpretación jurídica
A través de este enfoque, se evalúa la coherencia y efectividad del marco normativo, así como su alineación con los principios de legalidad, proporcionalidad y tutela judicial efectiva.
3.5. Alcance del estudio
El presente trabajo se centra en el contexto peruano, considerando las características particulares de su sistema jurídico y administrativo. No obstante, incorpora un análisis comparativo que permite contrastar la situación nacional con experiencias internacionales, lo que enriquece las conclusiones y las recomendaciones.
4. RESULTADOS Y DISCUSIONES
4.1. Análisis del conflicto normativo
El conflicto normativo relacionado con la ejecución anticipada de sentencias laborales radica, principalmente, en las tensiones entre la normativa procesal —representada por el artículo 38 de la NLPT— y la ausencia de un marco presupuestal que respalde su implementación. Mientras que la NLPT busca garantizar la efectividad de los derechos laborales al establecer que la casación no suspende la ejecución, las entidades públicas enfrentan barreras significativas para cumplir con estas obligaciones, debido a restricciones presupuestales y procedimientos administrativos estrictos. Este desbalance genera incertidumbre y tensión entre los derechos de los trabajadores y la capacidad operativa del Estado.
Desde un enfoque crítico, la falta de articulación entre las normas procesales y las disposiciones presupuestales refleja una debilidad estructural en el sistema legal peruano. Resulta evidente que, sin un marco normativo que contemple la previsión de fondos destinados a la ejecución anticipada, se perpetúan problemas como el incumplimiento de resoluciones judiciales y el riesgo de sanciones para los funcionarios responsables. Esta situación también genera desconfianza entre los trabajadores, quienes perciben que sus derechos no son garantizados plenamente por el sistema judicial.
Además, el conflicto normativo también se agrava por la disparidad en la interpretación de las normas entre los tribunales y las entidades administrativas. Mientras que los jueces pueden interpretar el artículo 38 de la NLPT como una disposición que prioriza los derechos laborales por sobre cualquier otra consideración, las entidades públicas deben observar estrictamente el principio de legalidad y sus limitaciones presupuestales, lo que genera una colisión de principios.
4.2. Impacto del principio de legalidad
El principio de legalidad —pilar fundamental de la administración pública— establece que todas las acciones de las entidades estatales deben estar debidamente respaldadas por normas legales. En el contexto de la ejecución anticipada, este principio enfrenta desafíos importantes debido a la falta de calidad de cosa juzgada en muchas resoluciones que se intentan ejecutar. Esta situación genera una situación paradójica: las entidades públicas se ven obligadas a cumplir con sentencias provisionales mientras que, simultáneamente, se enfrentan al riesgo de infringir el principio de legalidad.
Chero (2022) señala que «el respeto al principio de legalidad protege la sostenibilidad del erario público, pero también limita la capacidad de respuesta de las entidades frente a resoluciones judiciales urgentes». Este dilema evidencia la necesidad de un marco normativo que permita a las entidades públicas actuar dentro de los límites legales, garantizando la efectividad de los derechos laborales de manera simultánea.
Desde un análisis práctico, la aplicación estricta del principio de legalidad, en ausencia de recursos presupuestales designados, limita la capacidad de las entidades para dar cumplimiento efectivo a las sentencias. Esto puede derivar en una cadena de incumplimientos que no solo afecta a los trabajadores, sino también debilita la confianza en la administración de justicia y en las instituciones públicas.
4.3. Evaluación de casos relevante
El análisis de casos judiciales relevantes permite ilustrar las implicancias prácticas de la ejecución anticipada. En la Sentencia n.º 02249-2012-PA/TC, el Tribunal Constitucional reafirmó que la ejecución anticipada debe estar debidamente fundamentada en razones de urgencia y proporcionalidad. Sin embargo, la aplicación de este criterio no siempre ha sido uniforme, lo que genera incertidumbre y posibles excesos en su implementación.
En algunos casos, por ejemplo, se ha otorgado la ejecución anticipada sin considerar adecuadamente la situación presupuestal de la entidad demandada, lo que ha derivado a un incumplimiento posterior y a procesos adicionales para garantizar el pago. Esta práctica contrasta con el espíritu del Tribunal Constitucional, que en la Sentencia n.º 02568-2021-AA enfatizó la importancia de prever un marco presupuestal antes de autorizar medidas de ejecución anticipada. Este fallo refleja la necesidad de alinear la normativa procesal con las capacidades financieras del Estado, aspecto que sigue siendo desatendido en muchos casos.
En el ámbito internacional, experiencias en países como España y Chile destacan la importancia de crear fondos especiales para garantizar el cumplimiento de sentencias laborales. Estas prácticas demuestran que una planificación presupuestal adecuada puede minimizar conflictos y garantizar la efectividad de las resoluciones judiciales.
4.4. Propuesta de solución
Con base en el análisis realizado, se proponen las siguientes recomendaciones:
Reforma normativa: La implementación de una reforma que modifique la NLPT y la Ley n.º 30137 es esencial para establecer límites claros en la ejecución anticipada. Esta reforma debería incluir un requisito obligatorio de evaluación presupuestal previa a la orden de ejecución anticipada, así como lineamientos específicos sobre los casos en los que esta figura es procedente. Asimismo, se sugiere incorporar un mecanismo de control que supervise el cumplimiento de estos requisitos por parte de los jueces y las entidades públicas.
Fortalecimiento institucional: La creación de un organismo especializado que gestione las sentencias laborales permitiría una ejecución más eficiente y coordinada. Este organismo podría actuar como intermediario entre el Poder Judicial y las entidades públicas, asegurando que los recursos financieros y administrativos sean asignados de manera adecuada. Asimismo, podría elaborar informes periódicos sobre el impacto de la ejecución anticipada en el sistema judicial y administrativo.
Fondo especial para sentencias laborales: Este fondo debería financiarse mediante contribuciones fiscales regulares y estar diseñado para cubrir exclusivamente las obligaciones derivadas de sentencias laborales. Su administración debería ser transparente y estar supervisada por una entidad autónoma, garantizando que los recursos se utilicen únicamente para este propósito. Además, podría establecerse un sistema de prioridades para atender primero los casos que involucren derechos de subsistencia o situaciones de vulnerabilidad.
Capacitación de jueces y funcionarios: Los programas de capacitación deberían incluir módulos sobre gestión de sentencias, impacto presupuestal y principios de legalidad. Esto garantizaría que tanto los jueces como los funcionarios comprendan las implicancias legales y financieras de sus decisiones. Además, podría incentivarse la participación en foros internacionales para el intercambio de buenas prácticas en la gestión de sentencias laborales.
Supervisión judicial: Se propone el fortalecimiento del rol de los jueces en la supervisión de la ejecución anticipada. Esto incluiría la obligación de emitir informes detallados sobre la proporcionalidad y la viabilidad de las medidas adoptadas, así como la posibilidad de revocar estas medidas si se demuestra que generan un perjuicio significativo para las entidades públicas.
Coordinación interinstitucional: Establecer mecanismos de coordinación entre el Poder Judicial, el Ministerio de Economía y Finanzas, y las entidades públicas para prever y asignar recursos destinados al cumplimiento de sentencias. Esto podría lograrse mediante la creación de comités de trabajo conjuntos que desarrollen planes de acción integrales para evitar retrasos y conflictos innecesarios.
Estas propuestas buscan alcanzar un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y las capacidades operativas de las entidades públicas, promoviendo un sistema más justo y eficiente. Asimismo, permiten que la ejecución anticipada sea una herramienta verdaderamente eficaz, sin comprometer principios fundamentales como la sostenibilidad financiera y la legalidad administrativa.
5. CONCLUSIONES
El presente análisis ha evidenciado las complejidades y contradicciones que subyacen en la ejecución anticipada de sentencias laborales dentro del contexto peruano, especialmente en lo que respecta a la aplicación del artículo 38 de la NLPT y su interacción con el principio de legalidad y las limitaciones presupuestales. La investigación reafirma nuestra postura crítica hacia la aplicación de esta figura procesal en ausencia de un marco normativo y presupuestal claro, que permita garantizar tanto los derechos laborales como la sostenibilidad financiera de las entidades públicas.
Conflicto normativo y su impacto en la seguridad jurídica
La ejecución anticipada, concebida como un mecanismo para proteger los derechos laborales, enfrenta serias dificultades debido a la falta de articulación entre las normas procesales y las restricciones presupuestales. Esta situación genera incertidumbre tanto para los trabajadores como para las entidades públicas, poniendo en riesgo la seguridad jurídica y fomentando conflictos legales que obstaculizan el cumplimiento de las resoluciones judiciales.
Limitaciones del principio de legalidad en la administración pública
El principio de legalidad, aunque es esencial para garantizar la transparencia y la legitimidad de las actuaciones estatales, se convierte en un obstáculo cuando las entidades deben cumplir con sentencias provisionales sin respaldo presupuestal. Esta situación expone a los funcionarios públicos a riesgos legales y administrativos, y debilita la capacidad operativa del Estado para atender otras obligaciones prioritarias.
Jurisprudencia y disparidades en su aplicación
El análisis de sentencias judiciales relevantes revela que, si bien el Tribunal Constitucional ha establecido criterios claros para la aplicación de la ejecución anticipada, su implementación en la práctica no siempre es uniforme. La falta de criterios unificados en la evaluación de la viabilidad presupuestal y la proporcionalidad de las medidas genera desigualdades en la protección de los derechos laborales y administrativos.
Propuestas para una reforma estructural
El estudio plantea la necesidad de una reforma normativa que integre la previsión presupuestal como requisito indispensable para la ejecución anticipada, así como la creación de un fondo especial para sentencias laborales. Además, la capacitación de jueces y funcionarios, junto con la supervisión judicial reforzada y la coordinación interinstitucional, son medidas clave para abordar las debilidades estructurales del sistema.
Hacia un equilibrio entre derechos laborales y sostenibilidad estatal
Nuestra postura se fundamenta en la necesidad de equilibrar los derechos de los trabajadores con la capacidad operativa y financiera de las entidades públicas. La ejecución anticipada, tal como está concebida actualmente, no logra satisfacer este equilibrio, lo que evidencia la importancia de implementar soluciones integrales que aseguren tanto la tutela judicial efectiva como la sostenibilidad administrativa.
Contribución al debate doctrinal y normativo
Este trabajo no solo contribuye al entendimiento crítico de la ejecución anticipada en el derecho procesal laboral peruano, sino que también aporta propuestas concretas para la mejora del marco legal y su aplicación. Al promover una visión integradora, se busca fortalecer la confianza en el sistema de justicia y garantizar una protección efectiva de los derechos laborales en armonía con los principios de legalidad y sostenibilidad.
En conclusión, la ejecución anticipada de sentencias laborales debe ser replanteada desde una perspectiva integral que contemple las realidades presupuestales y administrativas del Estado peruano. Solo a través de una reforma estructural y una implementación adecuada de las propuestas aquí planteadas, se podrá lograr un sistema más justo, eficiente y equilibrado.
6. RECOMENDACIONES
Con base en las conclusiones del presente estudio, se proponen las siguientes recomendaciones orientadas a mejorar el marco normativo y procedimental de la ejecución anticipada en el derecho procesal laboral peruano. Estas propuestas buscan equilibrar los derechos laborales con la sostenibilidad financiera y administrativa de las entidades públicas, asegurando un sistema más justo y eficiente.
6.1. Reforma normativa integral
Modificación de la NLPT y la Ley n.º 30137: Incorporar disposiciones que condicionen la ejecución anticipada a la existencia de previsiones presupuestales debidamente documentadas. Estas reformas deberían incluir criterios claros para determinar la procedencia de dicha ejecución, con especial atención a los casos de derechos de subsistencia.
Elaboración de un reglamento específico: Diseñar un reglamento complementario que establezca los pasos y las condiciones para la aplicación de la ejecución anticipada, incluyendo plazos, responsabilidades y mecanismos de control.
6.2. Creación de un fondo especial para sentencias laborales
Estructura y financiamiento: Crear un fondo especial financiado mediante aportes fiscales y otros recursos asignados exclusivamente para el cumplimiento de sentencias laborales. Este fondo debe ser administrado por una entidad autónoma que garantice transparencia y eficiencia.
Criterios de distribución: Establecer un sistema de prioridades que permita la asignación de recursos en función de la urgencia y la naturaleza del derecho involucrado, garantizando que los casos de mayor vulnerabilidad sean atendidos de manera inmediata.
6.3. Fortalecimiento institucional
Creación de un organismo especializado: Constituir una entidad dedicada a coordinar y supervisar la ejecución de sentencias laborales. Este organismo actuaría como un puente entre el Poder Judicial y las entidades públicas, lo que asegura que los recursos sean asignados de manera adecuada y que se cumplan las disposiciones legales.
Supervisión y rendición de cuentas: Implementar mecanismos de supervisión que garanticen la correcta administración de los recursos asignados, así como la transparencia en el cumplimiento de las sentencias.
6.4. Capacitación de jueces y funcionarios
Programas de formación: Diseñar cursos especializados dirigidos a jueces y funcionarios responsables de la ejecución de sentencias laborales, enfocados en el impacto presupuestal, la aplicación del principio de legalidad y las buenas prácticas internacionales.
Actualización continua: Establecer un sistema de capacitación periódica que garantice que los responsables estén al tanto de los cambios normativos y jurisprudenciales.
6.5. Supervisión judicial reforzada
Evaluación previa: Requerir a los jueces que evalúen la viabilidad presupuestal y la proporcionalidad de las medidas de ejecución anticipada antes de emitir una resolución.
Informes de impacto: Obligar a los jueces a presentar informes detallados sobre las implicancias de las medidas adoptadas, asegurando que estas se alineen con los principios de legalidad y sostenibilidad.
6.6. Coordinación interinstitucional
Comités de trabajo conjuntos: Crear comités integrados por representantes del Poder Judicial, el Ministerio de Economía y Finanzas, y las entidades públicas afectadas para planificar y coordinar las acciones necesarias para el cumplimiento de sentencias.
Plataforma de gestión: Desarrollar una plataforma digital que facilite la comunicación y el intercambio de información entre las instituciones involucradas, permitiendo un seguimiento eficiente de los casos.
6.7. Sensibilización pública y transparencia
Campañas de información: Implementar iniciativas que informen a la ciudadanía sobre los derechos laborales y los procedimientos de ejecución anticipada, fomentando la confianza en el sistema judicial.
Acceso público a la información: Garantizar que los procesos relacionados con la ejecución de sentencias laborales sean accesibles y comprensibles para los ciudadanos, promoviendo, así, la rendición de cuentas.
Estas recomendaciones tienen como objetivo abordar las debilidades estructurales del sistema actual, promoviendo un marco normativo y operativo que garantice la efectividad de la ejecución anticipada sin comprometer la legalidad y la sostenibilidad administrativa. Su implementación contribuirá a un sistema de justicia laboral más equilibrado, eficiente y confiable.
REFERENCIAS
Antón, J. A. (2022). La ejecución anticipada en el derecho procesal laboral peruano: Alcances y limitaciones. Editorial Derecho y Sociedad.
Barranco, M. C. (2021). El impacto de las medidas cautelares en los derechos laborales. Tirant Lo Blanch.
Chero, L. Z. (2022). Ejecución de sentencias laborales: Principios y desafíos en el sistema público. Ediciones Legales.
Seguil, J. (2020). La eficacia de la ejecución anticipada en procesos laborales. Revista Peruana de Derecho Laboral, 16(2), 45-68.
Fuentes normativas y jurisprudenciales
Sentencia n.º 02249-2012-PA/TC (2012). Tribunal Constitucional del Perú. https://www.tc.gob.pe/
Sentencia n.º 02568-2021-AA (2021). Tribunal Constitucional del Perú. https://www.tc.gob.pe/
Financiamiento
Autofinanciado.
Conflicto de intereses
El autor declara no tener conflicto de intereses.
Contribución de autoría
El aporte del autor en esta obra se centró en la recopilación, el análisis y la interpretación de datos relacionados con el trabajo, además de participar en su redacción, elaboración y revisión crítica, así como en la validación final de la versión destinada a su publicación.
Biografía del autor
Richard Ochoa Paredes es abogado titulado por la Universidad Tecnológica del Perú, con una sólida trayectoria de 21 años de servicio en el Poder Judicial. Durante este tiempo, ha desempeñado funciones clave en diversas áreas, destacando por su compromiso y excelencia profesional. En los últimos 8 años, ha estado asignado a la Procuraduría Pública del Poder Judicial, donde ha contribuido significativamente en la defensa de los intereses del Estado. Su experiencia y dedicación lo consolidarán como un profesional destacado en el ámbito jurídico peruano.
Correspondencia
Este artículo se encuentra disponible
en acceso abierto bajo la licencia Creative Commons Attribution 4.0 International License