La Ley 30364, que regula el proceso especial de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, establece la obligación de la Policía Nacional que ante una denuncia de esta naturaleza remita los actuados en un plazo de 24 horas y de forma simultánea al juzgado de familia y a la fiscalía penal. De esa manera, se evidencia la existencia de dos ámbitos de intervención bien definidos mediante dicha ley. El primer ámbito está relacionado con la protección que está a cargo de los juzgados de familia con subespecialidad en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar -en el caso que los haya, de lo contrario serán los juzgados de familia ordinarios; en defecto de estos, los juzgados civiles o mixtos; y en defecto de aquellos, los juzgados de Paz Letrados o de Paz serán quienes tendrán que asumir dicha responsabilidad-. En tanto, el segundo ámbito está referido a la responsabilidad penal que para el caso de los delitos está prevista la intervención de las fiscalías penales y de los jueces penales, en tanto que para el caso de las faltas serán competentes los juzgados de paz letrados o de juzgados de paz.

En ese sentido, dentro del ámbito de la protección, estará prevista -conforme a la situación de riesgo en que puedan encontrarse las víctimas y la probabilidad de sospecha de quien se atribuye el episodio de violencia- la emisión o no de las medidas de protección y las medidas cautelares que el caso amerite en salvaguarda de la integridad personal de la víctima y búsqueda de su bienestar, así como también de las personas dependientes o en situación de vulnerabilidad que están a cargo de la víctima. En tanto, para el ámbito penal, el objetivo será establecer, conforme a los actos de investigación y de prueba, la responsabilidad penal o no de los denunciados; de ser el caso, debe determinarse la sanción penal y la reparación civil que el caso amerite o, en su defecto, el archivo o la absolución del denunciado.

Frente a esta doble dimensión en la atención de esta álgida problemática, se puede apreciar desde nuestra experiencia en la magistratura que muchos de los conflictos familiares que se presentan y desencadenan episodios de violencia que son objeto de denuncia se derivan, en la mayoría de casos, por la disputa respecto a la tenencia de los hijos, el régimen de visitas y la exigencia alimentaria a favor de los mismos; desde una inicial discrepancia entre los padres se llega a la incomodidad, la discusión, los gritos, los adjetivos agraviantes o las amenazas, e inclusive la agresión física entre padres frente a los hijos, la sustracción de los mismos y otros lamentables episodios.

En ese sentido, la norma que nos convoca permite también al operador de justicia, a petición de parte o de oficio, dictaminar determinadas medidas cautelares que puedan satisfacer de forma provisional este tipo de pretensiones relacionadas especialmente con la situación de los hijos; sin embargo, al no tener su correlato efectivo en una solución de fondo, estas medidas se ven desprovistas de dar una solución definitiva, porque simplemente las partes en conflicto no acuden a la vía ordinaria civil en donde, con mayores elementos de juicio y el contradictorio necesario, se pueda buscar la mejor solución; alguna de estas soluciones está relacionada con la exigencia formal de acudir mediante una demanda al juez de familia civil con el concurso de sus respectivos abogados defensores. A veces, simplemente por desconocimiento, se motiva que ese ambiente de conflictividad y de riesgo se mantenga latente de forma peligrosa y se sigan generando nuevas denuncias entre las mismas partes, o la presentación de peticiones reiteradas en ejecución de las medidas de protección y cautelares en función a los hijos. Esta situación, a la larga, va desnaturalizando el procedimiento especial y expeditivo que caracteriza las actuaciones del juez de familia en los casos de violencia.

Esta problemática motiva la presente publicación para efectos de compartir una práctica innovativa que se viene propiciando en algunos juzgados de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, en la especialidad Familia violencia y Familia civil. En virtud de los mecanismos de flexibilización, simplicidad, el interés superior del niño, la coordinación interinstitucional y la tutela efectiva en favor de las víctimas de la violencia se viene estableciendo, cuando el caso lo amerita, las medidas de protección y las medidas cautelares, en especial sobre las tenencias y régimen de visitas fijadas provisionalmente, y de forma acumulativa los alimentos. Se deriva de forma directa e inmediata a los juzgados de familia civil a fin de que sean tramitados los expedientes, respetando los estándares del debido proceso, el derecho al contradictorio de ambas partes y se busque una solución de fondo al conflicto de las partes. De esa manera, se busca evitar en lo posible las causas de la conflictividad y la existencia de potenciales hechos de violencia entre las partes, sobre todo la afectación innecesaria de la integridad personal de sus propios hijos, que se ven envueltos en una disputa entre sus padres en función de sus pretensiones.

Conforme al Manual para el Dictado de Medidas de Protección en el Marco de la Ley 30364, elaborado por la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, se ha precisado que

Es decir, este proceso tutelar frente a los casos de violencia, mediante la Ley 30364, es un proceso especial independiente, célere y sui generis que busca emitir medidas de protección para que las personas víctimas de violencia no vuelvan a encontrarse en esa situación y puedan continuar con sus actividades cotidianas. Se debe evaluar también, conforme a cada caso, el otorgamiento de las medidas cautelares que puedan requerir las víctimas o las que el juez considere de oficio, por ejemplo, las medidas de tenencia provisional, las visitas, la pensión de alimentos, la suspensión de la patria potestad, el acogimiento familiar, la disposición de bienes, el aseguramiento de la filiación extramatrimonial y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas, de las personas dependientes o en situación de vulnerabilidad a cargo de la víctima. Este es un aspecto importante y es tomado en cuenta también como una recomendación para los operadores de justicia por parte de la «Mesa de Trabajo Interinstitucional para la Revisión y Mejora de la Ruta Tutelar Creada por la Ley 30364, específicamente para casos de violencia contra las Niñas, Adolescentes y Mujeres», la misma que fuera instalada por el Despacho Viceministerial de la Mujer, en coordinación con la Dirección General Contra la Violencia de Género del Poder Judicial. Se precisa que en todos los casos en que la agraviada tenga hijos con el agresor el juzgado debe dar de oficio la tenencia provisional, la pensión de alimentos por depósito en cuenta personal o judicial y para casos graves se amerita la suspensión de la patria potestad como medida cautelar. Además, debe oficiarse al Minjus respecto de dichas medidas y otras conexas, cuya competencia corresponde a la Defensa Pública para que actúe de acuerdo con sus competencias cuando el caso lo requiera. No deben ser exigibles a la denunciante documentos legalizados u otros que el juzgado puede obtener inmediatamente como es la ficha Reniec para verificar el parentesco (Mesa de Trabajo Interinstitucional para la Revisión y Mejora de la Ruta Tutelar Creada por la Ley 30364, específicamente para casos de violencia contra las Niñas, Adolescentes y Mujeres, 2019a, pp. 18, 19 y 32).

Del mismo modo, esta Mesa de Trabajo, a la par de haber advertido que los operadores de justicia no estarían dictando medidas cautelares -incluso cuando son necesarias para proteger a las personas dependientes de las víctimas y evitar que estas sean empleadas para seguir violentando a la víctima-, ha identificado, por ejemplo, que cuando se dictan las medidas de protección no se están dictando las medidas cautelares que podrían resultar necesarias para coadyuvar a que la usuaria no se enfrente a una situación de mayor riesgo, por ejemplo, tener que encontrarse con el agresor por los alimentos del hijo o hijos que pudieran tener juntos, o por los conflictos derivados en el marco de una disputa de tenencia de los hijos, o cuando se dispone el alejamiento o el retiro del agresor del domicilio familiar. No se está dictando la regulación de un determinado régimen de visitas o la prestación alimentaria, a sabiendas que el conflicto de pareja no necesariamente tiene que imposibilitar el contacto paterno-filial entre padres e hijos, o que se siga asumiendo de forma permanente las obligaciones alimentarias. Se estaría agravando aún más el drama familiar en función de las necesidades afectivas y de subsistencia entre los integrantes del grupo, especialmente con relación a los niños, niñas y adolescentes (Mesa de Trabajo Interinstitucional para la Revisión y Mejora de la Ruta Tutelar Creada por la Ley 30364, específicamente para casos de violencia contra las Niñas, Adolescentes y Mujeres, 2019b, p. 12).

Esta misma Mesa de Trabajo, partiendo de la problemática identificada desde la etapa de la denuncia, se ha podido apreciar la insuficiente información o el acompañamiento legal para las víctimas de la violencia respecto de las acciones que pueden tomar en el marco del proceso de denuncia de la Ley 30364, habiéndose identificado que

Como muchas veces, desde nuestra experiencia, se ha podido advertir la existencia de duplicidad de denuncias, en donde la víctima acudía a una comisaría y después acudía a un Centro de Emergencia Mujer, y en ambas entidades presentaba las respectivas denuncias al órgano jurisdiccional. Incluso sobre los mismos hechos que motivan las denuncias se evaluaban diferentes apreciaciones y niveles de riesgo en las víctimas. Esto lejos de viabilizar los procesos genera una confusión comprensible que se agrava con la falta de acompañamiento a las usuarias, especialmente después de la presentación de la denuncia, siendo el caso conforme lo advierte esta Mesa de Trabajo,

Esto puede motivar, por ejemplo, que existan en las usuarias una razonable confusión sobre la naturaleza de una medida cautelar provisional y una solución de fondo de sus pretensiones relacionadas a la tenencia, las visitas y la exigencia alimentaria, desconociendo, por ejemplo, la posibilidad de solicitar medidas cautelares de forma provisional y en su oportunidad tener que acudir a un juez de familia civil para poder presentar una demanda que contenga sus pretensiones de fondo; o, contrariamente, se pretenda utilizar innecesariamente las denuncias por violencia intrafamiliar sin sustento alguno con el objetivo únicamente de imponer la tenencia de los hijos a su favor, impedir las visitas a los hijos o simplemente buscar una exigencia patrimonial que tiene que ver únicamente con la posesión de la vivienda familiar y pretender desocupar a la persona que se considera de que no es de su agrado.

Frente a esta dificultad interinstitucional, se han generando experiencias de interoperabilidad institucional como, por ejemplo, entre los órganos jurisdiccionales del Módulo Básico de Justicia de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte con las diferentes dependencias policiales, sobre todo en la mejora de la comunicación para fines del ejercicio de la denuncia o la ejecución de las medidas de protección en los procesos de descargo y notificación mediante el sistema informático de expedientes y el expediente judicial electrónico en sus diferentes funciones. Inclusive se trabaja con los Centros de Emergencia Mujer en las labores de capacitación al personal jurisdiccional sobre violencia de género y la necesidad de viabilizar las denuncias. Sin embargo, en función a la necesidad de acompañar a las víctimas en la petición cautelar debidamente fundamentada o la ejecución de las medidas cautelares -que se hubiesen dictado especialmente respecto a la situación de los hijos de las partes del proceso o la continuidad de las medidas cautelares mediante la búsqueda de una solución de fondo en un proceso principal-, no se han evidenciado aún experiencias exitosas de acompañamiento institucional de las entidades del Estado a favor de las víctimas o sus dependientes afectados mediante los actos de violencia, quedando postergada dicha solución, o en su defecto son las propias víctimas quienes tienen que empezar el difícil camino formal y oneroso de buscar el asesoramiento privado para acudir a una demanda civil y hacer valer ante el juez competente las pretensiones ligadas con respecto a la tenencia de los hijos, la determinación de un régimen de visitas o acumulativamente los alimentos. De esta manera, se contrariaría la Recomendación General n.° 31 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la mujer CEDAW, que se pronunció sobre el tema de acceso a la justicia y el servicio de defensa pública, indicando que:

Estas exigencias y compromisos para facilitar el acceso a la justicia aún no se dan con los resultados esperados, ya que acudir a la justicia ordinaria para efectos de que las víctimas de la violencia tengan que promover sus procesos de tenencia, régimen de visitas y acumulativamente los alimentos, implica que tengan que tomar los servicios de un abogado defensor, quien tendrá que plasmar dicha exigencia en una demanda con los gastos que esto genera y todo el procedimiento que es concebido al fin y al cabo como un proceso civil.

En función de esa problemática que en el fondo restringe el acceso a la justicia ordinaria -respecto de las pretensiones de las medidas cautelares que se disponen en los juzgados de familia con subespecialidad en violencia- de la gran mayoría de personas que son denunciantes por actos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, se puede apreciar que el Texto Único Ordenado de la Ley 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar Decreto Supremo n.º 004-2020-MIMP, en su artículo 34, establece respecto de las medidas cautelares.

Es decir, bajo los alcances de dicha norma, el único deber del juez sería informar a la víctima que puede hacer valer su derecho, y solo a petición de la víctima puede oficiar a la defensa pública para que pueda coadyuvar en promover y acompañarla en su caso ante la instancia correspondiente para así buscar una solución de fondo respecto a su conflicto. Sin embargo, no siempre suele ocurrir dicha información con la inmediación del caso por parte de los jueces o que se propicie una solicitud de la víctima mediante una adecuada información de los servicios que presta el Ministerio de Justicia a través de la defensa pública.

Sabiendo también de las limitaciones de cobertura y los protocolos de admisión a los usuarios a dicho servicio, que muchas veces no posibilita de forma rápida y efectiva la atención inmediata sobre este tipo de pretensiones, el juzgado a mi cargo ha efectuado las coordinaciones del caso con el Cuarto Juzgado de Familia de Lima Norte, a cargo del magistrado Jorge Johan Pariasca Martínez. En nuestra calidad de magistrados integrantes de la Comisión de Acceso a la Justicia para Personas en situación de Vulnerabilidad de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, para efectos de viabilizar una experiencia innovativa consistente en la remisión automática y directa de aquellos casos en donde se han dictado medidas de protección y medidas cautelares de tenencia provisional, régimen de visitas provisional y acumulativamente alimentos al referido juzgado para su trámite inmediato, y la pronta resolución del conflicto de fondo mediante el respeto de las reglas del debido proceso, el contradictorio correspondiente y el respeto irrestricto del derecho a la defensa que les asiste a las partes del proceso, se propicia la participación de los niños, las niñas y adolescentes como sujetos de derechos en las medidas cautelares dispuestas y también del Ministerio Público en su calidad de garante de la legalidad y representante. Para dicho efecto se han tomado en cuenta las siguientes consideraciones.

Esta buena práctica judicial para la pronta resolución de los procesos de tenencia, régimen de visitas y acumulativamente los alimentos a partir de las medidas cautelares que se dictan en el juzgado de familia con subespecialidad de violencia nos ha permitido:

a. Notorio ahorro de tiempo en la resolución de fondo de dichos procesos hasta en menos de un mes. Con el procedimiento habitual se demoraba años, conforme se ha podido apreciar en muchos de los procesos que se resuelven en los juzgados de familia civil.

La alta litigiosidad en casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar se debe, en su gran mayoría, por denuncias de violencia a nivel de pareja o de exparejas con hijos de por medio, lo que genera una situación de conflictividad entre los padres respecto de la relación con sus hijos, especialmente cuando se encuentran separados. La tenencia, el régimen de visitas y la exigencia alimentaria, cuando no están encaminados mediante el diálogo y el entendimiento, pueden desencadenar episodios de violencia entre los padres afectándose de forma directa o indirecta a los hijos.

Es deber de los jueces asumir un rol proactivo ante casos de esta naturaleza. Se brinda protección a las víctimas y a quienes de ellas dependan, especialmente a los hijos, otorgándoles las medidas cautelares que regulen la relación de los padres con sus hijos de forma provisional, las mismas que de forma inmediata deberán ser resueltas en el fondo, respetando las garantías del debido proceso por parte de la autoridad competente, con especial participación de la entidad tutelar como el Ministerio Público y los propios niños, niñas y adolescentes como sujeto de derechos.

Es necesario establecer mecanismos flexibles para hacer efectivo el acceso a la justicia de las personas involucradas en hechos de violencia y deben buscarse soluciones ágiles a los conflictos mediante decisiones de fondo respecto a los derechos que se encuentran en juego, entendiéndose su situación de vulnerabilidad con ánimo de buscar el cese de la violencia, y sobre todo garantizar el bienestar de la víctima y de sus hijos.

Estos mecanismos flexibles y de atención rápida a los justiciables implica también un despliegue de esfuerzos articulados por parte de los órganos de administración de justicia, como en el caso que nos convoca, entre los juzgados de violencia y los juzgados de familia civil, buscando resultados óptimos en función de los objetivos previstos.