DOI: https://doi.org/10.51197/lj.v8i12.1677
Justicia digital y desigualdad estructural: desafíos para el acceso a la justicia en el sistema judicial peruano
Digital justice and structural inequality: challenges for access to justice in the peruvian judicial system
Justiça digital e desigualdade estrutural: desafios para o acesso à justiça no sistema judicial peruano
Ivan Andy Ullauri Ocampo
Ministerio Público-Fiscalía de la Nación
(Lima, Perú)
https://orcid.org/0000-0001-6365-6590
RESUMEN
La digitalización del sistema judicial ha sido impulsada en los últimos años como un medio para modernizar la administración de justicia y aumentar la eficiencia de los servicios jurisdiccionales. En el Perú, este proceso se ha desarrollado mediante la implementación de herramientas como el Expediente Judicial Electrónico, la Mesa de Partes Electrónica o las audiencias virtuales, orientadas a mejorar la gestión del proceso judicial y la interacción entre usuarios y el sistema de justicia. No obstante, la incorporación de estas herramientas también ha planteado importantes desafíos relacionados con el acceso a la justicia. El presente trabajo tiene como finalidad analizar de qué manera la justicia digital y la incorporación de tecnologías digitales en el sistema judicial peruano inciden en el acceso a la justicia, especialmente en relación con las desigualdades estructurales que existen. Para ello, se adopta un enfoque cualitativo basado en el análisis documental de fuentes normativas, doctrinales y estudios recientes sobre transformación digital y administración de justicia. Los resultados muestran que, si bien la digitalización judicial contribuye a mejorar la eficiencia institucional, también puede generar barreras para las poblaciones en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la persistencia de brechas digitales. Se concluye que la transformación digital del sistema judicial debe estar acompañada de políticas públicas orientadas a garantizar la inclusión y la igualdad en el acceso a la justicia.
Palabras clave: administración de justicia; brecha digital; acceso a la justicia; gobierno electrónico; derechos fundamentales.
ABSTRACT
The digitization of the judicial system in recent years has been promoted as a means to modernize the administration of justice and increase the efficiency of jurisdictional services. In Peru, the digitization of the judicial system has been implemented through tools such as the Electronic Judicial File, the Electronic Filing System, and virtual hearings, aimed at improving the management of the judicial process and the interaction between users and the justice system. However, the adoption of these tools has also entailed a series of significant challenges related to access to justice. This paper aims to examine how digital justice, the incorporation of digital technologies within the Peruvian judicial system, impacts access to justice, provided it is equitable with respect to existing structural inequalities. To this end, a qualitative approach is adopted, based on the documentary analysis of normative and doctrinal sources, as well as recent studies on digital transformation and the administration of justice. The results show, however, that while judicial digitization contributes to improved institutional efficiency, it can also create barriers for vulnerable populations due to persistent digital divides. Ultimately, the conclusion is that the digital transformation of the judicial system must be accompanied by public policies aimed at guaranteeing inclusion and equality in access to justice.
Keywords: administration of justice; digital divide; access to justice; e-government; fundamental rights.
RESUMO
A digitalização do sistema judicial nos últimos anos tem sido promovida como um meio de modernizar a administração da justiça e de aumentar a eficiência dos serviços judiciais. No Peru, a digitalização do sistema judiciário foi implementada através de ferramentas como o Arquivo Judicial Eletrónico, o Sistema de Arquivamento Eletrónico e as audiências virtuais, visando melhorar a gestão do processo judicial e a interação entre os utilizadores e o sistema de justiça. Contudo, a adopção destas ferramentas acarretou também uma série de desafios significativos relacionados com o acesso à justiça. Este artigo tem como objetivo examinar como a justiça digital, a incorporação das tecnologias digitais no sistema judicial peruano, impacta o acesso à justiça, desde que seja equitativa em relação às desigualdades estruturais existentes. Para tal, adota-se uma abordagem qualitativa, baseada na análise documental de fontes normativas e doutrinais, bem como em estudos recentes sobre a transformação digital e a administração da justiça. Os resultados mostram, no entanto, que, embora a digitalização judicial contribua para o aumento da eficiência institucional, pode também criar barreiras às populações vulneráveis devido à persistência da exclusão digital. Em última análise, a conclusão é que a transformação digital do sistema judicial deve ser acompanhada por políticas públicas que visem garantir a inclusão e a igualdade no acesso à justiça.
Palavras-chave: administração da justiça; exclusão digital; acesso à justiça; governo eletrónico; direitos fundamentais.
Recibido: 18/03/2026
Revisado: 24/03/2026
Aceptado: 17/06/2026
Publicado en línea: 30/06/2026
1. INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas, los sistemas judiciales han vivido un proceso acelerado de transformación tecnológica en un intento por modernizar la administración de justicia y mejorar la eficiencia institucional. En ese contexto, la incorporación de herramientas digitales, como los expedientes judiciales electrónicos, las audiencias telemáticas, las notificaciones electrónicas y las plataformas para la presentación de escritos, ha dado lugar a lo que actualmente se denomina justicia digital, entendida como el uso de tecnologías de la información y la comunicación para mejorar el funcionamiento de los tribunales y facilitar la interacción de los ciudadanos con el sistema judicial (Calderón, 2025, p. 387). En teoría, la digitalización de la justicia es presentada como un mecanismo capaz de aumentar el acceso a la justicia, disminuir los costes procesales y mejorar la transparencia del sistema judicial (Silva, 2025, p. 7).
En el Perú, este proceso de transformación tecnológica se ha intensificado en los últimos años con la incorporación de herramientas como el Expediente Judicial Electrónico (EJE) y la Mesa de Partes Electrónica (MPE), herramientas que hacen parte de la estrategia institucional del Poder Judicial del Perú para la modernización de la gestión jurisdiccional y para ampliar la cobertura de los servicios judiciales a nivel nacional. Estas herramientas digitales han sido implementadas progresivamente en las distintas cortes superiores del país con la finalidad de dinamizar los procesos judiciales y consolidar el acceso a una justicia más eficiente y transparente (Luna et al., 2025, p. 922).
No obstante, la progresiva digitalización del sistema judicial abre considerables incógnitas desde la vertiente del acceso a la justicia y la igualdad material. Si bien las tecnologías digitales pueden facilitar el contacto con los tribunales, pero también pueden dar lugar a nuevas formas de exclusión social entre aquellos sectores de la población que carecen de acceso a internet, de dispositivos tecnológicos o de competencias digitales (Pérez, 2021, p. 211; Morgan et al., 2025, p. 9). En esta línea, diferentes estudios recientes avisan de que la digitalización de los servicios judiciales puede hacer que se reproduzcan o incluso que se profundicen desigualdades estructurales previas, especialmente en contextos de inequidad digital y social acentuadas (Polo, 2025, p.3 84; Ouali, 2024, p. 6).
En el caso peruano, este problema tiene una gran pertinencia porque las desigualdades territoriales, económicas y tecnológicas, que son características del Perú, resultan ser factores determinantes para el acceso efectivo a los mecanismos de justicia digital. La brecha existente entre zonas urbanas, rurales y entre diferentes grupos socioeconómicos puede ser un factor que limite el acceso efectivo a los mecanismos de justicia digital (Chacin, 2025, p. 70; Saldívar et al, 2025, p. 3). En este contexto, diversos autores han señalado que el acceso a internet constituye un requisito básico para el ejercicio de múltiples derechos fundamentales, entre ellos, al acceso a la justicia, más aún en un contexto en el cual los procesos judiciales son cada vez más mediados por plataformas digitales (Meléndez, 2025, p. 389; Prince, 2020, p. 4).
Desde la perspectiva de la normatividad, el acceso a la justicia es considerado un derecho fundamental, ya sea en la normativa del derecho constitucional como en el derecho internacional de los derechos humanos (Becerra, 2023, p. 15). La Constitución Política del Perú establece que la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso son derechos de toda persona, lo cual implica que el Estado ha de velar con el fin de que los ciudadanos tengan la posibilidad de acudir a cada una de las personas que lo integran, en condiciones de igualdad (artículo 139 numeral 3). Asimismo, instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), en su artículo 8, y las 100 Reglas de Brasilia sobre el acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, establecen la obligación estatal de adoptar medidas que eliminen las barreras que obstaculicen el acceso al sistema de justicia de aquellas personas en condición de vulnerabilidad (2008, p. 5).
En este contexto, surge una pregunta fundamental para el análisis jurídico contemporáneo: ¿la digitalización del procedimiento judicial logra aumentar el acceso a la justicia o, por el contrario, establece nuevas formas de desigualdad estructural en el sistema judicial peruano? Esta pregunta evidencia la necesidad de analizar críticamente la repercusión de la justicia digital en el acceso efectivo a los mecanismos jurisdiccionales, no solo desde la perspectiva de los adelantos técnicos, sino también desde las condiciones sociales y estructurales que condicionan el acceso a la justicia.
En atención a ello, el objetivo de la presente investigación es analizar cómo la digitalización del procedimiento judicial tiene incidencia en el acceso a la justicia del Perú, particularmente en cuanto a desigualdades estructurales derivadas de la brecha digital y de las condiciones socioeconómicas de los justiciables. Para tal efecto, se examinan las políticas de digitalización judicial del Perú, así como sus implicaciones vistas desde la perspectiva de derechos humanos y del acceso igualitario a la justicia.
La importancia de la investigación se encuentra en que la digitalización del sistema judicial puede ser considerado uno de los más importantes procesos institucionales llevados a cabo en la administración de justicia contemporánea. Por otro lado, es necesario resaltar que la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema judicial no puede ser analizada solamente desde el punto de vista de la eficiencia administrativa, sino que también, a partir de un enfoque de derechos fundamentales.
Finalmente, el presente trabajo se plantea contribuir al debate académico y jurídico en torno a los desafíos que presenta la justicia digital en contextos de desigualdad estructural, a partir de una reflexión crítica respecto de las condiciones necesarias para considerarla como una verdadera ampliación de acceso a la justicia y no solamente como una forma de exclusión jurídica.
2. METODOLOGÍA
El presente estudio se desarrolla a partir de un enfoque cualitativo orientado a comprender de qué manera la digitalización del proceso judicial incide en el acceso a la justicia y en las desigualdades estructurales que enfrentan los usuarios del sistema judicial peruano. Este enfoque resulta pertinente para el análisis de fenómenos jurídicos complejos, en tanto permite profundizar en las percepciones, experiencias y prácticas institucionales de los actores involucrados en la aplicación del derecho (Piña-Ferrer, 2023, p. 2), así como examinar la relación entre normas jurídicas, políticas públicas y realidades sociales, aspecto especialmente relevante en los estudios sociojurídicos sobre acceso a la justicia (Espinoza, 2020, p. 104).
La investigación presenta un diseño de estudio de caso, tomando como objeto de análisis el proceso de digitalización del sistema judicial peruano y su impacto en el acceso a la justicia. Este diseño permite examinar fenómenos contemporáneos en su contexto institucional real, particularmente cuando confluyen dinámicas jurídicas, tecnológicas y sociales (Jiménez, 2012, p. 142). En este marco, el estudio se centra en la implementación de herramientas de justicia digital en el Poder Judicial del Perú, como el Expediente Judicial Electrónico y la Mesa de Partes Electrónica, considerados ejes centrales del proceso de modernización judicial. Asimismo, se trata de un estudio de carácter exploratorio-descriptivo orientado a identificar y caracterizar las barreras estructurales, tecnológicas e institucionales que inciden en el acceso a los servicios judiciales digitalizados (Vizcaíno et al., 2023, pp. 9738–9739).
El grupo de participantes estuvo conformado por operadores de justicia y usuarios del servicio judicial, seleccionados mediante muestreo intencional o teórico, técnica utilizada en estudios cualitativos para identificar informantes con experiencia directa en el fenómeno analizado (Hernández, 2021, p. 1). La muestra estuvo integrada por diez informantes: dos jueces, dos fiscales, dos defensores públicos, dos abogados litigantes y dos usuarios del sistema judicial que interactuaron con plataformas digitales. Los criterios de inclusión consideraron a quienes contaban con más de tres años de experiencia en el uso de herramientas digitales judiciales o participación en trámites realizados mediante plataformas virtuales, mientras que se excluyó a quienes no cumplían con estas condiciones o no otorgaron su consentimiento informado (Martínez y Hernández, 2023, p. 1145).
La recolección de datos se realizó a través de tres técnicas cualitativas complementarias. En primer lugar, se aplicaron entrevistas semiestructuradas, mediante una guía de preguntas orientada a explorar percepciones, experiencias y dificultades asociadas al uso de herramientas de justicia digital, lo que permitió combinar estructura temática con profundidad analítica (Alegre, 2022, p. 95). En segundo lugar, se efectuó un análisis documental de normas, resoluciones administrativas y políticas institucionales vinculadas al proceso de digitalización judicial, con el fin de contextualizar el fenómeno dentro de su marco normativo (Peña, 2022, p. 6). Finalmente, se realizó la revisión de casos judiciales digitalizados, con el propósito de identificar prácticas institucionales en la aplicación de tecnologías en el proceso judicial.
La información fue analizada mediante un enfoque cualitativo de tipo temático, utilizando el software Atlas.ti 25 para la organización y procesamiento de los datos. El procedimiento incluyó la transcripción de entrevistas, la codificación inicial, la identificación de categorías temáticas y el establecimiento de relaciones entre estas, lo que permitió construir interpretaciones analíticas sobre la relación entre justicia digital, acceso a la justicia y desigualdad estructural. Este tipo de análisis constituye una estrategia robusta para identificar patrones de significado y formular interpretaciones sistemáticas del fenómeno estudiado (Vives y Hamui, 2021, p. 101).
Asimismo, el estudio incorporó estrategias para garantizar la rigurosidad metodológica y la reproducibilidad, tales como la triangulación de fuentes de información, entrevistas, documentos y casos judiciales, el registro sistemático del proceso de codificación y la explicitación de los criterios de selección de los participantes. Estas estrategias fortalecen la credibilidad y consistencia interpretativa de la investigación cualitativa (Venegas-Mejía et al., 2025, p. 100; Arias, 2022).
Finalmente, la investigación se desarrolló en concordancia con principios bioéticos fundamentales. Todas las personas participantes fueron informadas sobre los objetivos del estudio y su participación fue voluntaria, formalizada mediante consentimiento informado. Asimismo, se garantizó la confidencialidad de la información y la anonimización de los datos personales, asegurando que los aportes se utilicen exclusivamente con fines académicos. Estas medidas responden a estándares de la investigación social y contribuyen a la protección de los participantes y a la transparencia del proceso investigativo (Calvo, 2022, p. 32).
3. RESULTADOS
El análisis cualitativo de la información obtenida a través de las entrevistas semiestructuradas, la revisión de la documentación existente y el análisis de los casos judiciales digitalizados, permitieron identificar cuatro categorías analíticas que explican el vínculo existente entre la digitalización del sistema judicial y las desigualdades estructurales en el acceso a la justicia en el Perú. Las categorías identificadas fueron la modernización institucional y la eficiencia procesal, la persistencia de brechas digitales estructurales, la transformación de las prácticas judiciales y profesionales, y los desafíos institucionales para asegurar condiciones equitativas en el acceso a la justicia digital. Estas categorías emergieron a partir de la codificación temática realizada mediate el software Atlas.ti 25, el cual permitió organizar y sistematizar los datos obtenidos durante el trabajo de campo.
Asimismo, con la finalidad de sistematizar los resultados obtenidos durante el proceso de la codificación temática y presentar las distintas categorías analíticas relacionadas con las percepciones de las personas participantes de la digitalización del sistema de justicia y sus efectos en el acceso a la justicia, se elaboró la tabla que se presenta a continuación, la cual da cuenta de la estructura general de las categorías y subcategorías reconocidas durante el análisis.
Tabla 1
Categorías y subcategorías emergentes del análisis cualitativo
Categoría principal | Subcategorías identificadas | Descripción analítica |
Modernización institucional | Gestión digital de expedientes Reducción de carga administrativa Agilización procesal | La digitalización ayuda a mejorar la eficiencia administrativa y disminuir tiempos de tramitación judicial. |
Becha digital estructural | Limitaciones de acceso a internet Desigualdad territorial Alfabetización digital limitada | Persisten barreras tecnológicas que afectan particularmente a poblaciones vulnerables y zonas rurales. |
Transformación de prácticas judiciales | Audiencias virtuales Adaptación profesional Nuevas dinámicas procesales | La digitalización cambia las formas de interacción entre jueces, abogados y usuarios del sistema judicial. |
Acceso igualitario a la justicia digital | Asistencia tecnológica Capacitación digital Infraestructura institucional | La implementación de la justicia digital requiere de políticas públicas que garanticen inclusión tecnológica. |
Fuente: Elaboración propia.
Se advierte en la tabla 1 que el proceso de digitalización judicial no es solamente de una dimensión tecnológica, sino también institucional y organizativa. Las categorías emergentes revelan que la justicia digital puede generar, simultáneamente, mejoras en la efectividad de la justicia institucional y nuevas formas de desigualdad estructural en el acceso a la justicia.
3.1 Modernización institucional y eficiencia procesal
Los hallazgos muestran que la digitalización del sistema judicial ha generado importantes avances en la gestión procesal y administrativa de los órganos jurisdiccionales. A juicio de los operadores jurídicos entrevistados, la incorporación del expediente judicial electrónico, las audiencias por videoconferencia y los sistemas de notificación electrónica han contribuido a optimizar la gestión de los expedientes, reducir la carga de documentación y, en ciertos casos, han acelerado el desarrollo de determinadas actuaciones procesales.
En lo que respecta a los jueces y abogados, la digitalización ha conllevado una disminución del tiempo que va desde la presentación de escritos, la programación de las audiencias y la consulta de los expedientes judiciales. Asimismo, la mayoría de los participantes expresó que la digitalización ha sido un medio que ha reducido la dependencia del soporte físico de los expedientes, facilitado el acceso remoto de la información procesal y mejorado la organización del despacho judicial.
Estos resultados coinciden con investigaciones recientes sobre la digitalización de los sistemas de justicia, que defienden la idea de que la incorporación de la tecnología de la información puede mejorar la eficiencia institucional, incrementar la transparencia administrativa y disminuir los costos propios de la actividad del sistema judicial (Silva, 2025, p. 7; Cristallo et al., 2023, p. 9). En particular, la digitalización es el modo de automatizar la realización de procedimientos administrativos y de facilitar la administración documental, uno de los principales problemas históricos de los sistemas de justicia latinoamericanos.
Sin embargo, la mayoría de los operadores judiciales también señaló que la digitalización permite la obtención de eficiencias, pero de carácter subordinado a la infraestructura tecnológica disponible y al nivel de formación de los operadores del sistema. Ello demuestra que la modernización digital no es únicamente tecnológica, sino también organizacional e institucional.
3.2 Persistencia de brechas digitales estructurales
Si bien han producidos avances institucionales mediante la incorporación de herramientas específicas de digitalización, puede advertirse que la digitalización del sistema judicial no ha permitido eliminar las barreras estructurales que inciden en el acceso a la justicia. Por el contrario, en determinadas circunstancias, la incorporación de herramientas digitales ha evidenciado nuevas formas de desigualdad vinculadas, una vez más, a la brecha digital.
Asimismo, la mayoría de las personas entrevistadas señaló que una parte importante de las personas usuarias del sistema judicial —especialmente aquellas provenientes de sectores vulnerables o residentes en zonas rurales— presenta dificultades para interactuar con plataformas digitales judiciales. Entre las principales limitaciones identificadas se encuentran la falta de acceso a internet, la escasa disponibilidad de dispositivos tecnológicos y los bajos niveles de alfabetización digital presentes en determinados sectores de la población.
Estas limitaciones adquieren particular relevancia en un contexto en que la presentación de escritos, la consulta de expedientes o la participación en audiencias se realizan cada vez más mediante medios digitales, respecto de los cuales muchas personas no cuentan con los recursos tecnológicos necesarios que les permitan interactuar con dicho sistema judicial. En consecuencia, gran parte de las personas entrevistadas sostuvo que la digitalización puede convertirse en un mecanismo de exclusión indirecta para quienes que no disponen de recursos tecnológicos suficientes para acceder a los servicios judiciales. Asimismo, la literatura reciente sostiene que la justicia digital puede reproducir desigualdades sociales preexistentes cuando las políticas de digitalización no incorporan medidas orientadas a garantizar la inclusión digital para los grupos más vulnerables (Guapulema, 2025, p. 2445; Matallana, 2020, p. 67). En este sentido, la brecha digital no debe entenderse solo un problema de la conectividad, sino como una manifestación de desigualdades estructurales vinculadas con factores socioeconómicos, educativos y territoriales.
En el contexto peruano, estas desigualdades se ven especialmente reflejadas en la diferencia existente entre zonas urbanas y rurales con relación al acceso a la infraestructura digital. Por ello, algunos operadores judiciales destacaron la necesidad de implementar mecanismos de asistencia tecnológica y programas de iniciación a la alfabetización digital dirigidos a las personas usuarias del sistema judicial.
Por otra parte, con el propósito de poder identificar de una forma más precisa los factores que limitan la justicia digital en el medio peruano, se analizaron las percepciones expresadas por los participantes para la identificación de las principales barreras tecnológicas e institucionales que enfrentan las personas usuarias del sistema judicial. Los resultados permitieron clasificar dichas barreras en tres niveles: tecnológico, institucional y social.
Tabla 2
Barreras identificadas en el acceso a la justicia digital
Tipo de barrera | Manifestaciones identificadas | Impacto en el acceso a la justicia |
Tecnológicas | Falta de acceso a internet Conectividad limitada Carencia de dispositivos electrónicos | Obstaculiza la participación en audiencias virtuales y la presentación de escritos digitales |
Institucionales | Falta de asistencia tecnológica Limitada capacitación institucional Infraestructura desigual | Disminuye la capacidad de los usuarios para interactuar con plataformas judiciales |
Sociales | Bajo nivel de alfabetización digital Desigualdad socioeconómica Brecha urbano-rural | Crea una exclusión indirecta de sectores vulnerables en el sistema judicial digital |
Fuente: Elaboración propia.
Los resultados presentados en la tabla 2 muestran que las barreras de acceso a la justicia digital no solo dependen de factores tecnológicos, sino que se encuentran interrelacionadas con condiciones estructurales de desigualdad social y territorial. Por ello, para poder superarlas, las políticas públicas orientadas a garantizar un mejor acceso a la justicia digital deben ser integrales, mediante estrategias de infraestructura tecnológica, capacitación tecnológica e inclusión institucional.
3.3 Transformación de las prácticas judiciales y profesionales
Otra de las categorías significativas identificadas en el análisis es la transformación de las prácticas profesionales desarrolladas por los operadores del sistema de justicia como consecuencia del proceso de digitalización. Los entrevistados afirmaron que el despliegue de audiencias virtuales, de expedientes electrónicos, de sistemas de gestión digital de los procesos, había cambiado radicalmente la forma de llevar los procesos judiciales.
En particular, los jueces y abogados indicaron que las audiencias virtuales han incorporado nuevas dinámicas de la interacción procesal, lo que exige el desarrollo de competencias tecnológicas y capacidades de adaptación a entornos digitales. La mayoría de las personas participantes manifestó que estas herramientas permitieron mantener la continuidad del servicio judicial en contextos excepcionales, como el experimentado durante la pandemia de la COVID-19, período en el que las restricciones sanitarias limitaron el funcionamiento presencial de los tribunales.
No obstante, también se identificaron algunos problemas vinculados con esas nuevas formas de trabajo, entre ellos, dificultades de conectividad durante las audiencias virtuales, dificultades para asegurar la adecuada participación de las partes, y la necesidad de adaptar ciertos principios de los tradicionales procesos judiciales al entorno digital.
La literatura académica reciente ha advertido que la digitalización de la justicia supone una transformación estructural de las prácticas institucionales, pues no solo modifica los procedimientos administrativos, sino también las formas de interacción de los agentes del sistema judicial (Gonzales, 2025, p. 68; Peláez y Sánchez, 2025). Ello implica que la implementación de tecnologías digitales requiere, a su vez, procesos permanentes de formación y cambios organizacionales que permitan la integración adecuada de dichas herramientas en el funcionamiento cotidiano de los juzgados.
3.4 Desafíos institucionales para garantizar el acceso igualitario a la justicia digital
El análisis pone de manifiesto la existencia de diversos problemas institucionales en el proceso de implementación de políticas de justicia digital desde la perspectiva del derecho de acceso igualitario a la justicia, cuando la digitalización constituye uno de los componentes incorporados en los procesos de modernización judicial. Los resultados del análisis revelan que la digitalización debe estar acompañada de medidas dirigidas a garantizar que toda la ciudadanía acceda efectivamente a los servicios judiciales digitalizados.
Entre los desafíos más relevantes identificados figuran la necesidad de reforzar la infraestructura del sistema de justicia, ampliar la cobertura de servicios digitales en las distintas regiones del país y crear mecanismos de apoyo para las personas usuarias con menor nivel de alfabetización digital. Asimismo, la mayoría de las personas participantes en el estudio señaló que la digitalización debía incluir estrategias institucionales orientadas a facilitar el acceso y la interacción de la ciudadanía con las distintas plataformas tecnológicas del sistema de justicia.
Diversos estudios contemporáneos destacan que la legitimidad de la justicia digital es función de la posibilidad de que la innovación pueda doblarse a los principios básicos del acceso a la justicia y la igualdad ante la ley (Benavides y Chipana, 2021, p. 190; De Lucchi, 2023, p. 55). Por ello, la digitalización no deberá asumirse solo como un modo de modernización administrativa, sino como todo un fenómeno que tiene que integrarse en una política pública en conexión con el reforzamiento de la tutela de los derechos fundamentales.
Los resultados integrados del estudio presentados a lo largo de esta investigación muestran que la digitalización del sistema de justicia del país constituye un proceso institucional que tiene importantes beneficios relacionados con la eficiencia y la modernización administrativa. Sin embargo, también evidencian que la justicia digital puede causar tensiones en la relación entre la innovación tecnológica y el acceso igualitario a la justicia en contextos marcados por desigualdades estructurales o brechas digitales. En consecuencia, estos resultados ponen de relieve la necesidad de articular las políticas públicas que contengan elementos de transformación digital del sistema de justicia con estrategias de inclusión digital y de acceso efectivo a la justicia para todas las personas.
Asimismo, con el propósito de representar las relaciones analíticas entre las categorías identificadas durante la fase de codificación, se elaboró un mapa axial en el software Atlas.ti 25, el cual muestra gráficamente las relaciones establecidas entre las dimensiones conceptuales surgidas del análisis de contenido.
Figura 1
Mapa axial de la relación entre justicia digital, desigualdad estructural y acceso a la justicia
Fuente: Elaboración propia.
El mapa axial mostrado en la figura 1 permite ver cómo la digitalización del sistema judicial se asocia, simultáneamente, con procesos de modernización institucional y con la continuidad de desigualdades estructurales. En esa línea, la justicia digital se configura como un fenómeno complejo, en el que la innovación tecnológica puede ampliar el acceso a la justicia, pero también puede generar nuevas formas de exclusión cuando no se articulan políticas institucionales de inclusión tecnológica dirigidas a la ciudadanía.
4. DISCUSIÓN
Los resultados de esta investigación permiten comprender que la digitalización del sistema judicial peruano constituye un proceso complejo que, al mismo tiempo que genera avances institucionales, también plantea nuevos retos en torno al acceso igualitario a la justicia. En este sentido, los hallazgos muestran que la incorporación de herramientas tecnológicas en el proceso judicial no solo modifica los mecanismos de gestión administrativa y procesal, sino que también produce efectos significativos en la forma en que la ciudadanía se relaciona con el sistema de justicia. Desde una perspectiva sociojurídica, los resultados también evidencian que la justicia digital debe entenderse no solo como un proceso de modernización tecnológica, sino también como una transformación estructural del funcionamiento del sistema judicial.
Primero, los resultados indican que la transformación digital ha propiciado determinadas mejoras en los niveles de eficiencia institucional y gestión procesal del sistema judicial. La utilización de herramientas como el expediente electrónico, las audiencias virtuales y las plataformas telemáticas para la presentación de escritos ha permitido disminuir los tiempos de tramitación, optimizar la gestión documental y mejorar la comunicación procesal entre las partes. Estos resultados se encuentran en consonancia con la literatura reciente sobre transformación digital de los sistemas judiciales, en la que se sostiene que el uso de tecnologías de la información puede mejorar la eficiencia administrativa, reducir los costos operativos y contribuir a la transparencia del funcionamiento judicial (Silva, 2025, p. 7). Asimismo, diversas investigaciones comparadas han corroborado que la digitalización judicial puede contribuir a enfrentar los problemas estructurales de congestión procesal y sobrecarga institucional presentes en buena parte de los sistemas judiciales actuales (Gonzales, 2025, p. 68).
El estudio también evidenció que los beneficios de la digitalización no se han distribuido de manera equitativa entre las personas usuarias del sistema judicial. En particular, los datos analizados muestran que la persistencia de brechas digitales estructurales y coyunturales constituye uno de los principales obstáculos para garantizar el acceso a la justicia digital. La falta de conectividad, el limitado acceso a dispositivos tecnológicos y los bajos niveles de alfabetización digital presentes en determinados sectores de la población dificultan las interacciones en los entornos judiciales digitales. En ese sentido, los resultados evidencian el riesgo derivado de implementar sistemas digitales de justicia cuando el acceso a la tecnología se convierte en un requisito implícito para el ejercicio de derechos fundamentales (Guapulema, 2025, p. 2445). Así, la digitalización del sistema judicial puede generar nuevas formas de exclusión jurídica si no se implementan políticas orientadas a garantizar el acceso tecnológico de los sectores más vulnerables.
Sumado a ello, los resultados del estudio muestran que la brecha digital debe entenderse como una expresión de desigualdades estructurales más complejas, vinculadas con factores socioeconómicos, territoriales y educativos. En el caso peruano, estas desigualdades se manifiestan principalmente en las diferencias existentes entre las zonas urbanas y rurales respecto del acceso a infraestructura tecnológica y conectividad digital. Desde una perspectiva de derechos humanos, autores como Benavides y Chipana (2021) han señalado que el acceso a internet y a las tecnologías digitales se ha convertido progresivamente en un presupuesto indispensable para el ejercicio de numerosos derechos, incluido el acceso a la justicia (p. 190). Por ello, la digitalización del sistema judicial enfrenta el desafío de garantizar que las innovaciones tecnológicas se implementen bajo criterios de inclusión y equidad.
También se destaca otro elemento significativo que los resultados han puesto en evidencia. Este se refiere a la transformación de las prácticas profesionales de los operadores del sistema de justicia; transformación que tiene lugar a raíz del proceso de digitalización. La irrupción de las audiencias virtuales, de los expedientes electrónicos y de las plataformas informáticas para gestionar la administración de la justicia, entre otros, han cambiado en gran medida la manera de llevar a cabo los procesos judiciales, así como la relación que establecen entre sí los jueces, los abogados y los usuarios del mismo sistema. Al respecto, los resultados del trabajo se asemejan bastante a los de otros trabajos relativos a datos más recientes, los que sugieren que la digitalización de la justicia conlleva una reconfiguración de las dinámicas institucionales y también de las competencias profesionales a trabajar (Peláez y Sánchez, 2025). La introducción de las tecnologías digitales requiere que los operadores judiciales desarrollen nuevas competencias técnicas y organizativas y que, al mismo tiempo, se lleven a cabo procesos de formación permanente que permitan adecuar las prácticas profesionales y la digitalización.
Del mismo modo, los resultados evidencian que la digitalización de la justicia comporta importantes retos institucionales relacionados con la garantía de un acceso igualitario a la justicia. Aunque la digitalización puede incrementar la eficacia de la organización judicial, su implementación debe estar acompañada de políticas públicas orientadas a garantizar que toda la ciudadanía pueda hacer uso de los servicios judiciales digitalizados. En este sentido, diversos estudios han señalado que la justicia digital goza de legitimidad en función de su capacidad para preservar los principios del debido proceso, la igualdad ante la ley y del acceso efectivo a la justicia (Cristallo et al., 2023, p. 9), la innovación tecnológica en la administración de justicia no puede verse aferrada a un mero instrumento de modernización administrativa, sino como un elemento que debe formar parte de una política pública orientada a reforzar la protección de los derechos fundamentales.
Los resultados del estudio permiten afirmar que la digitalización del sistema de justicia peruano conforma un proceso contradictorio e inclusive amenazante, en el que coexisten posibilidades efectivas de modernización institucional y riesgos de acentuar desigualdades que son estructurales. Desde esta perspectiva, la justicia digital puede contribuir notablemente en cuanto a la eficacia y disponibilidad del sistema de justicia; se podría hacer posible con su implementación a partir de una práctica donde la inclusión tecnológica y la protección de los derechos fundamentales sean la base de la acción de esta transformación. En consecuencia, hace falta que las políticas de transformación digital del sistema de justicia procuren estrategias dispuestas a reducir las brechas de infraestructura tecnológica y promover la alfabetización digital de las personas usuarias del sistema.
Finalmente, estas reflexiones refuerzan la idea de que el acceso a la justicia en la actual era digital debe ser examinado desde un enfoque global que articule dimensiones tecnológicas, institucionales y sociales. Solo desde una aproximación que contemple esas múltiples dimensiones se podrá garantizar que la digitalización del sistema de justicia equivalga a una verdadera ampliación del acceso a la justicia y no a una nueva forma de exclusión jurídica ante contextos de desigualdad estructural.
5. CONCLUSIONES
Se concluye que la digitalización del sistema de justicia peruano constituye un proceso de modernización institucional, cuyos resultados han evidenciado mejoras en diversos aspectos de la gestión judicial y de la eficiencia procesal. Asimismo, la implementación de herramientas tecnológicas, como el expediente judicial electrónico, las audiencias virtuales y los sistemas de notificaciones electrónicas, ha permitido optimizar la gestión documental, facilitar el acceso remoto a los expedientes judiciales y reducir determinados tiempos de tramitación procesal. De esta manera, la adopción de tecnologías digitales constituye una estrategia institucional orientada no solo a fortalecer la capacidad operativa del sistema de justicia, sino también a mejorar el servicio de justicia.
Los resultados de la investigación también evidencian que no basta con promover la digitalización del sistema judicial para poder garantizar el acceso efectivo e igualitario a la justicia; por el contrario, el estudio concluye que la existencia de brechas digitales estructurales continúan constituyendo uno de los obstáculos principales para un acceso equitativo a la justicia digital, especialmente para determinados sectores de la población que se encuentra en situación de desventaja en términos de conectividad, acceso a dispositivos tecnológicos y alfabetización digital. En consecuencia, en la medida que el acceso a los servicios judiciales depende cada vez más del uso de plataformas tecnológicas, la desigualdad digital se trasladará a nuevas formas de exclusión jurídica.
La digitalización del sistema judicial ha ocasionado modificaciones sustanciales en las prácticas institucionales y profesionales desarrolladas por los operadores de justicia. La realización de audiencias virtuales y la gestión informática de expedientes han transformado las formas tradicionales de interacción procesal, lo que ha generado la necesidad de desarrollar nuevas competencias tecnológicas y organizativas por parte de jueces, fiscales y abogados. Esta transformación institucional reflejada pone de manifiesto que la justicia digital no implica únicamente la utilización de herramientas informáticas, sino la adaptación estructural del funcionamiento del sistema judicial.
En el estudio se pone de manifiesto que existen importantes desafíos institucionales para garantizar el acceso igualitario a la justicia digital; entre estos desafíos se encuentran la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica del sistema judicial, ampliar la cobertura de los servicios digitales en las distintas regiones del país o establecer programas de formación y asistencia tecnológica para las personas usuarias del sistema judicial. Por eso, la transformación digital del sistema judicial debería ir acompañada de políticas públicas para reducir las brechas digitales y para garantizar que toda la ciudadanía pueda interactuar con las plataformas judiciales digitales en condiciones de igualdad.
Finalmente, la digitalización del sistema de justicia peruano puede constituir una buena oportunidad para mejorar la eficiencia institucional y ampliar los modos de acceso a la justicia; por ello, es necesario implementarla bajo un enfoque de derechos y de inclusión tecnológica. La única manera en que la justicia digital promovería el acceso a la justicia de manera eficaz sería mediante políticas públicas que integren la innovación tecnológica y aquellas orientadas en pro de reducir las desigualdades estructurales. Por esa razón, el desarrollo de modelos de justicia digital inclusiva constituye uno de los grandes retos que actualmente debe enfrentar la administración para la justicia.
REFERENCIAS
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