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Revista de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en Condición
de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder Judicial del Perú
Vol. 6, n.o 8, enero-junio, 2024
Publicación semestral. Lima, Perú
ISSN: 2709-6491 (En línea)
DOI: https://doi.org/10.51197/lj.v6i8.1006
PreSentaCión
La Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de Personas en
Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad del Poder
Judicial del Perú se enorgullece en presentar el número 8 de su
revista indizada Llapanchikpaq: Justicia, que aborda diversos temas de
relevancia en el ámbito de la justicia social y legal. En esta edición,
se profundiza en cuestiones fundamentales que afectan a los sectores
más vulnerables de la sociedad peruana y latinoamericana, destacando
prácticas innovadoras y análisis críticos sobre la implementación de
derechos y acceso a la justicia.
El artículo de María Luisa Charaja Coata, jueza de la Corte
Superior de Justicia de Lima Sur, examina la implementación de
la justicia itinerante en Perú como una solución a las barreras que
limitan el acceso a la justicia, especialmente para grupos vulnerables.
Este programa busca llevar los servicios judiciales a comunidades
distantes, ofreciendo orientación sobre derechos legales y facilitando
la presentación de demandas, especialmente en los casos de alimentos
y de violencia familiar. La Ley n.° 31968 refuerza la responsabilidad
de los operadores judiciales para mejorar la eficiencia de la justicia
itinerante.
Janet tello Gilardi
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El artículo de Yeniva Isabel Lleellish Juscamayta de la Univer-
sidad Nacional Federico Villareal aborda la necesidad urgente de
asegurar un acceso equitativo a la justicia para personas con discapa-
cidad (PCD), conforme a las Reglas de Brasilia. Destaca que este
acceso no solo es un requisito legal, sino también un imperativo ético y
social fundamental. Para lograrlo, enfatiza la importancia del lenguaje
inclusivo y accesible, crucial para que las PCD, incluidas aquellas con
discapacidad auditiva, puedan comprender y participar plenamente
en los procesos judiciales. Subraya la necesidad de implementar
medidas concretas como servicios de interpretación, materiales en
formatos accesibles y otras adaptaciones para superar las barreras de
comunicación.
Del mismo modo, el artículo de Martín Eduardo Ato Alvarado,
magistrado de la Corte Suprema de la República, enfatiza que las
personas con discapacidad tienen derechos equiparables a los de
cualquier otra persona, incluyendo el acceso al empleo en condiciones
de igualdad. Tanto entidades públicas como privadas deben realizar
ajustes razonables para garantizar este principio de igualdad. El Estado
peruano está obligado a proteger y promover los derechos laborales de
las personas con discapacidad, respaldado por la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y las Reglas de Brasilia.
El artículo de Diego Alonso Noronha Val de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos aborda el acceso a la justicia para
personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el Perú,
destacando la complejidad del TEA y la necesidad de un enfoque
multidisciplinario para su comprensión y tratamiento efectivo. Se criti-
ca la falta de una definición específica en las leyes peruanas, lo cual
conduce a tratar el TEA principalmente como una discapacidad,
afectando la adecuación de políticas públicas y disposiciones norma-
tivas a las necesidades reales de estas personas. Se resalta la escasez
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de servicios de diagnóstico accesibles, la variabilidad de síntomas
que dificultan el diagnóstico preciso, y los altos costos asociados al
proceso, lo cual limita el acceso equitativo a la justicia y a los servicios
de apoyo necesarios.
Por otro lado, el artículo de Joel Emerson Huancapaza Hilasaca
de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos aborda el acceso a la
justicia de los trabajadores despedidos irregularmente en la década de
1990 en Perú. Destaca que estos despidos masivos fueron violaciones
graves del derecho al trabajo y obstáculos persistentes para el acceso a
la justicia, especialmente para los afectados de edad avanzada. Critica
la ineficacia de las medidas administrativas del Ministerio de Trabajo,
que ha llevado a los afectados a buscar remedio en el Poder Judicial.
Identifica tres desafíos clave para la justicia laboral: la necesidad de
acelerar los procesos judiciales debido al riesgo de irreparabilidad por
la edad de los demandantes, proteger a los trabajadores registrados
y coordinar acciones para garantizar la ejecución efectiva de los
beneficios resarcitorios.
En el artículo de Sherly Tania Bustamante Maita de la Pontificia
Universidad Católica del Perú y el magistrado Edwin Wilson
Villanueva Altamirano de la Corte Superior de Junín, se señala que la
violencia sexual es un problema multidimensional con una incidencia
ascendente, sus consecuencias generan estragos a corto y largo plazo
en la víctima, así como en la sociedad. De acuerdo con la teoría de
la vulnerabilidad, existen factores individuales que hacen que una
persona sea más susceptible de padecer más daños. En todos los casos,
los menores de edad son vulnerables a ser víctimas de violencia sexual
por su etapa evolutiva y adicionalmente existen otros factores que
actúan como catalizadores de la victimización, los cuales no siempre
son identificados oportunamente por los auxiliares y operadores del
derecho.
Janet tello Gilardi
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Asimismo, el artículo de José Luis Frettis de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNNE, Argentina, aborda la discrimina-
ción de género como un fenómeno arraigado en la sociedad y la
política. Destaca la necesidad de que las autoridades administrativas y
judiciales actúen de oficio al detectar discriminación o violencia contra
personas vulnerables, adoptando medidas urgentes para neutralizar
cualquier amenaza o riesgo. Solo a través de una transformación
profunda y educativa se puede alcanzar una convivencia igualitaria y
respetuosa, superando las barreras históricas y políticas que perpetúan
la discriminación de género y otras formas de desigualdad.
El artículo de Xiomara Rivera Zamora, jueza de familia del
Poder Judicial de Nicaragua, explora el Convenio de Cobro de
Alimentos de 2007, en línea con las Reglas de Brasilia de 2018, fortale-
ciendo así la protección de estos derechos más allá de las fronteras
nacionales, que facilita reclamar el derecho alimentario desde el Estado
de residencia del acreedor hasta el del deudor alimentario. Dado el
flujo migratorio significativo desde Nicaragua hacia países como
Estados Unidos y España, también signatarios del convenio, este ofrece
una oportunidad crucial para garantizar los derechos alimentarios de
niños, niñas y adolescentes, cuyos beneficiarios residen en Nicaragua
mientras los deudores viven en el extranjero.
Por su parte, el artículo de Héctor Manuel Villalobos Mendoza,
juez superior de la Corte Superior de Selva Central, destaca la
importancia de la prevención de la delincuencia juvenil como parte
integral de la seguridad ciudadana y la justicia con rostro humano.
Propone establecer mecanismos de coordinación entre instituciones
involucradas en el sistema de justicia penal juvenil. Se enfoca en
sensibilizar a estos adolescentes mediante interacciones directas con
juezas y jueces, informándoles sobre las consecuencias legales de
conductas en conflicto con la ley penal. También, aboga por el acceso
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equitativo a la justicia para niños y niñas vulnerables, y promueve una
cultura de paz y respeto de acuerdo con las Reglas de Brasilia.
Asimismo, el artículo de Melannie Soila Echevarría Rojas
de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte explora la teoría de
la discriminación positiva en el ámbito tributario para migrantes y
refugiados en Perú, enmarcado en normativas internacionales como las
Reglas de Brasilia, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
de 1951 y la Ley de Refugiados 27891. Destaca cómo la condición
de no domiciliado afecta la obligación tributaria, especialmente en el
Impuesto a la Renta de cuarta y quinta categoría, donde se aplica una
retención del 30 %. Propone políticas públicas que buscan mitigar
esta carga tributaria para estos grupos vulnerables, asegurando así un
acceso más equitativo a recursos y servicios.
Cada artículo en esta edición de Llapanchikpaq: Justicia ofrece
una perspectiva única y crucial sobre los desafíos actuales en el acceso a
la justicia y los derechos humanos en el Perú y más allá. A través de estos
análisis detallados, la revista busca promover un debate informado y
acciones concretas para mejorar las condiciones legales y sociales de los
grupos más vulnerables de nuestra sociedad.
Lima, junio de 2024
J T G
Jueza suprema titular
Presidenta de la Comisión Permanente de Acceso a la Justicia de
Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu
Comunidad del Poder Judicial del Perú
