Justicia_Ambiental - ISSN: 2810-8353 (En línea)
Vol. 5, n.° 7, enero-junio, 2025, 55-72
DOI: https://doi.org/10.35292/justiciaambiental.v5i7.1221
Límites y alcances de la Fiscalía Especializada en materia ambiental de Puno en su rol de investigación de delitos ambientales
Limits and scope of the Specialized Prosecutor’s Office in environmental matters of Puno in its role of investigation of environmental crimes
Limites e escopo da promotoria especializada em questões ambientais de Puno em sua função de investigar crimes ambientais
Lia Nails Rojas Vizcarra
Universidad Nacional del Altiplano
(Puno, Perú)
Contacto: rvlianails@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3530-0479
RESUMEN
En Perú, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) ejecuta un rol clave en la investigación de hechos que puedan constituir delitos ambientales. En este sentido, la presente investigación tuvo como objetivo determinar la eficacia de la FEMA del distrito fiscal de Puno en la protección del ambiente durante el año 2019. En el distrito fiscal de Puno, esta labor se vuelve particularmente relevante debido a las crecientes amenazas derivadas de actividades ilegales como la minería informal y la contaminación, que generan un impacto ambiental significativo. A pesar de contar con un marco normativo ambiental amplio, la efectividad en su aplicación presenta debilidades. En el año 2019, los delitos con mayor incidencia fueron la contaminación ambiental y la minería ilegal, con 54 y 52 casos, respectivamente. Este panorama evidencia una elevada carga fiscal que afecta la capacidad de respuesta de la FEMA. Mediante el análisis de cuatro indicadores de gestión —atención de denuncias, acusaciones exitosas, sentencias condenatorias y confirmación de archivos—, se identificó que únicamente la atención de denuncias resultó eficaz. Los demás indicadores revelaron limitaciones en la eficiencia institucional, lo cual refleja una actuación parcial frente a delitos ambientales. Entre los factores que inciden en esta situación destacan la falta de personal especializado, deficiencias logísticas y escasa coordinación con otras entidades del Estado. Frente a ello, se plantean lineamientos orientados a mejorar la gestión fiscal, tales como el fortalecimiento de capacidades técnicas, la mejora en los procesos de investigación y la actualización normativa. Estas medidas son necesarias para garantizar una respuesta más efectiva frente a los delitos ambientales en la región de Puno.
Palabras clave: ambiente; contaminación; delitos ambientales; eficacia; recursos naturales.
Términos de indización: medio ambiente; deterioro ambiental; sanción penal; conservación de recursos; recursos naturales.
ABSTRACT
In Peru, the Specialized Environmental Prosecutor’s Office (FEMA) plays a key role in the investigation of facts that may constitute environmental crimes. In this context, the research aimed to determine the effectiveness of the FEMA of the Puno Prosecutorial District in the protection of the environment during the year 2019. In the Puno Prosecutorial District, this work becomes particularly relevant due to the growing threats derived from illegal activities such as informal mining and pollution, which generate significant environmental impact. Despite having a comprehensive environmental regulatory framework, the effectiveness of its enforcement presents weaknesses. In 2019, the crimes with the highest incidence were environmental pollution and illegal mining, with 54 and 52 cases respectively. This panorama evidences a high fiscal burden that affects FEMA’s response capacity. The analysis of four management indicators — complaint handling, successful indictments, convictions and confirmation of files—showed that only the handling of complaints was effective. The other indicators revealed limitations in institutional efficiency, which reflects a partial response to environmental crimes. Among the factors affecting this situation are the lack of specialized personnel, logistical deficiencies and poor coordination with other State entities. In view of this, guidelines are proposed to improve prosecutorial management, such as strengthening technical capacities, improving investigation processes and updating regulations. These measures are necessary to guarantee a more effective response to environmental crimes in the Puno region.
Keywords: Environment; pollution; environmental crimes; effectiveness; natural resources.
Index terms: environment; environmental deterioration; criminal sanction; resource conservation: natural resources.
RESUMO
No Peru, a Procuradoria Especializada em Assuntos Ambientais (FEMA) desempenha um papel fundamental na investigação de atos que possam constituir crimes ambientais. Nesse contexto, a pesquisa teve como objetivo determinar a eficácia da FEMA da Promotoria de Puno na proteção do meio ambiente durante 2019. Na Promotoria de Puno, esse trabalho se torna particularmente relevante devido às crescentes ameaças derivadas de atividades ilegais, como mineração informal e poluição, que geram um impacto ambiental significativo. Apesar de uma estrutura regulatória ambiental abrangente, há deficiências na eficácia de sua aplicação. Em 2019, os crimes com maior incidência foram poluição ambiental e mineração ilegal, com 54 e 52 casos, respectivamente. Esse quadro mostra uma alta carga fiscal que afeta a capacidade de resposta da FEMA. A análise de quatro indicadores de gestão - tratamento de denúncias, processos bem-sucedidos, condenações e confirmação de arquivos - mostrou que apenas o tratamento de denúncias foi eficaz. Os outros indicadores revelaram limitações na eficiência institucional, o que reflete um desempenho parcial no tratamento de crimes ambientais. Entre os fatores que afetam essa situação estão a falta de pessoal especializado, as deficiências logísticas e a má coordenação com outras entidades estatais. Em resposta a isso, são propostas diretrizes para melhorar a gestão do Ministério Público, como o fortalecimento das capacidades técnicas, o aprimoramento dos processos de investigação e a atualização dos regulamentos. Essas medidas são necessárias para garantir uma resposta mais eficaz aos crimes ambientais na região de Puno.
Palavras-chave: meio ambiente; poluição; crimes ambientais; eficácia; recursos naturais.
Termos para indexação: meio ambiente; degradação ambiental; sanção penal; conservação de recursos; recursos naturais.
Recibido: 23/04/2025 Revisado: 04/06/2025
Aceptado: 06/06/2025 Publicado en línea: 30/06/2025
1. INTRODUCCIÓN
En la Constitución Política del Perú se reconoce el derecho fundamental de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida (art. 2, inc. 22). Este principio se encuentra estrechamente vinculado con el mandato supremo del Estado de garantizar la existencia de la persona humana en condiciones de respeto y dignidad (art. 1). A su vez, el Tribunal Constitucional ha interpretado este derecho como una obligación ineludible para todos los órganos del Estado, en especial, aquellos encargados de la protección ambiental, como el Ministerio Público y las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA).
El deterioro ambiental constituye actualmente una de las amenazas más graves para el bienestar humano y el equilibrio ecológico. En el Perú, actividades como la minería ilegal, el tráfico de especies silvestres, la disposición inadecuada de residuos sólidos y la sobreexplotación de recursos naturales han producido impactos acumulativos que comprometen la salud pública y la sostenibilidad de los ecosistemas. Según la SPDA (2020), estos problemas derivan en gran medida de la débil institucionalidad ambiental, la escasa fiscalización y la limitada conciencia ciudadana. En la región Puno, específicamente, la minería ilegal ha provocado deforestación, contaminación con mercurio y desplazamiento de comunidades, sin que el Estado logre contener efectivamente estas prácticas (Aválos, 2019; Huisa, 2015). Asimismo, Ráez et al. (2013) sostienen que la inacción y desarticulación de las entidades responsables obstaculizan la erradicación de estas amenazas, lo cual exige una respuesta más integral, sostenida y coordinada.
El presente estudio se planteó con el objetivo de evaluar la intervención de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental en el Distrito fiscal de Puno durante el año 2019, a fin de determinar la eficacia de sus acciones frente a los delitos ambientales. Se llevó a cabo un análisis crítico de la normativa aplicable, de la carga procesal registrada y de los mecanismos de gestión adoptados.
2. EL DERECHO PENAL AMBIENTAL Y LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL
2.1 . Conceptualización del derecho ambiental
El derecho ambiental es una rama autónoma del derecho que regula las relaciones entre los seres humanos y el entorno natural, estableciendo normas para prevenir, mitigar y sancionar las afectaciones al ambiente. En el contexto peruano, el derecho ambiental ha cobrado fuerza normativa a raíz de la expansión de las actividades extractivas y el creciente deterioro ecológico. Según Carhuactocto (2009), este campo jurídico exige una perspectiva interdisciplinaria y evolutiva que articule el derecho con las ciencias ambientales.
2.2 . Principios rectores del derecho ambiental peruano
El ordenamiento jurídico peruano reconoce principios fundamentales del derecho ambiental como el principio precautorio, el principio de sostenibilidad, el principio de internalización de costos y el principio de quien contamina paga (Carhuactocto, 2009). Estos principios orientan la actuación del Estado y sirven de base para la formulación de políticas y normas en materia ambiental. Asimismo, refuerzan la obligación del Estado de prevenir daños al medioambiente y promover la participación ciudadana en su defensa.
2.3. Bien jurídico protegido y función del derecho penal
El bien jurídico protegido por el derecho penal ambiental es el ambiente como base para el desarrollo de la vida y la salud humana. Urbano (2018) sostiene que este bien tiene carácter colectivo y transgeneracional, lo que justifica la intervención penal cuando otros mecanismos no resultan suficientes. La función del derecho penal, entonces, es de carácter subsidiario y última ratio, actuando ante la gravedad de determinadas conductas que lesionan de forma significativa el equilibrio ambiental.
2.4. Ley penal en blanco en los delitos ambientales
Muchos delitos ambientales en el Código Penal peruano se configuran como tipos penales en blanco, es decir, requieren ser complementados por normas extrapenales. Esto genera problemas de tipicidad y aplicación judicial uniforme. Mautino (2021) señala que esta situación exige una articulación sistemática entre la legislación ambiental administrativa y el derecho penal, de modo que se evite la impunidad ante conductas graves que afectan el ambiente.
2.5. Rol del Ministerio Público y creación de las FEMA
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental fue creada como respuesta a la necesidad de una persecución penal eficiente frente a delitos ambientales. De acuerdo con el Reglamento Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (2020), estas fiscalías operan bajo un enfoque especializado, lo que implica la incorporación de conocimientos técnicos y coordinación con entidades del sector ambiental. No obstante, su consolidación como organismo eficaz todavía enfrenta limitaciones de infraestructura, capacitación y articulación interinstitucional.
3. PROBLEMÁTICA DE LOS DELITOS AMBIENTALES EN EL PERÚ
3.1. Clasificación penal de los delitos ambientales
El Código Penal peruano regula los delitos ambientales en el Título XIII del Libro Segundo, el cual incluye figuras como la contaminación ambiental, la minería ilegal, el tráfico ilegal de especies, entre otros. Ipenza (2018) advierte que la tipificación actual presenta vacíos técnicos que dificultan la sanción efectiva de estas conductas. Urbano (2018), por su parte, indica que estos delitos son de compleja investigación debido al componente técnico-científico que exige la acreditación del daño.
3.2. Estadísticas nacionales sobre delitos ambientales
Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público (2021), entre 2017 y 2020, se registraron más de quince mil denuncias por delitos ambientales. Las regiones con mayor incidencia fueron Puno, Madre de Dios y Loreto. Este fenómeno se relaciona con el avance de actividades ilegales y extractivas en zonas de alta biodiversidad, y con la débil capacidad de control del Estado frente a estas amenazas.
3.3. Minería ilegal y su impacto en Puno
La minería ilegal en Puno representa una de las principales fuentes de daño ambiental. Ávalos (2019) señala que esta actividad ocasiona deforestación, contaminación de fuentes hídricas y conflictos sociales; Huisa (2015) remarca que la falta de herramientas técnicas y periciales limita el accionar de las autoridades; mientras que Ráez et al. (2013) proponen una intervención multisectorial sostenida para erradicar esta actividad ilícita.
3.4. Otras amenazas ambientales
Entre otras amenazas relevantes se encuentran el tráfico de fauna silvestre, la disposición inadecuada de residuos sólidos, la sobreexplotación de recursos hídricos y la contaminación acústica. La SPDA (2020) advierte que estos problemas reflejan una débil institucionalidad ambiental y una cultura jurídica que no prioriza la protección del entorno. Granados et al. (2013) y SERFOR (2018) coinciden en que la pérdida de biodiversidad y el deterioro ecológico son consecuencias directas de la falta de fiscalización efectiva.
4. ANÁLISIS DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA AMBIENTAL DE PUNO EN 2019
4.1. Evaluación de eficacia mediante indicadores de gestión fiscal
La evaluación de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno en 2019 se realizó sobre la base de cuatro indicadores clave: atención de denuncias, acusaciones exitosas, sentencias condenatorias y confirmación de archivos. Las mediciones que se realizaron en este contexto son las siguientes.
4.1.1. Indicador de Atención de Denuncias
Mide el volumen total de las denuncias atendidas en la unidad fiscal (ingresadas al sistema de función fiscal) en relación con las ingresadas a una unidad fiscal en un período de tiempo determinado.
Donde:
IAD: Indicador de Atención de Denuncias
DAUF: Denuncias atendidas en la unidad fiscal en un período de tiempo.
DIUF: Denuncias ingresadas por una unidad fiscal en un período de tiempo.
4.1.2. Indicador de Acusaciones Exitosas
Mide el volumen de sentencias en última instancia en relación con las acusaciones formuladas en un período de tiempo determinado.
Donde:
IAE: Indicador de Acusaciones Exitosas
AFUF: Acusaciones formuladas por una unidad fiscal.
DAUF: Denuncias atendidas en la unidad fiscal.
4.1.3. Indicador de sentencias condenatorias
Mide el volumen de sentencia condenatoria lograda por una unidad fiscal en relación con las acusaciones formuladas por una unidad fiscal en un período de tiempo.
Donde:
ISC: Indicador de sentencias condenatorias
SCLUF: Sentencia condenatoria lograda por una unidad fiscal en un periodo de tiempo
AFUF: Acusaciones formuladas por una unidad fiscal en un período de tiempo
4.1.4. Indicador de confirmación de archivo de denuncias
Mide la cantidad de confirmación de denuncias expedidas por el superior en relación con denuncias archivadas por unidad fiscal en un período de tiempo.
Donde:
ICAD: Indicador de confirmación de archivo de denuncias
CAES: Confirmación de denuncias expedida por el superior en un período de tiempo.
DAUFP: Denuncias Archivadas con elevación de actuados en unidad fiscal en un período de tiempo
4.1.5. Interpretación de indicadores de gestión
El rango de interpretación del indicador susceptible a ser medido a partir de 1, que matemáticamente refleja la situación eficaz, menor a 1, indica situaciones de ineficaz gestión.
Tabla 1
Interpretación de indicadores de gestión
Nota. Ministerio Público
El análisis reveló que el único indicador eficaz fue la atención de denuncias, mientras que las acusaciones exitosas, las sentencias condenatorias y la confirmación de archivos mostraron resultados deficientes. Esto pone de manifiesto que, aunque existe capacidad de respuesta inicial, persisten dificultades en la culminación efectiva del proceso penal ambiental.
4.2. Carga procesal y delitos frecuentes
Durante el año 2019, la Fiscalía de Puno registró 54 casos de contaminación ambiental y 52 de minería ilegal, siendo estos los delitos con mayor carga procesal. Esta concentración revela no solo la prevalencia de estas conductas ilícitas en la región, sino también la saturación de recursos humanos y técnicos de la FEMA.
4.3. Problemas estructurales
El análisis cualitativo permitió identificar varios factores que afectan el desempeño institucional: limitada disponibilidad de fiscales especializados, carencia de peritos ambientales, infraestructura inadecuada, escasa articulación con entidades como OEFA, ANA, SERFOR y la Policía Nacional. Estos problemas estructurales inciden negativamente en la eficacia de las investigaciones y en la aplicación de la justicia ambiental.
4.4. Análisis de la carga procesal en delitos ambientales – Fiscalía Especializada de Puno (2019)
Durante el año 2019, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Puno atendió un total de 244 denuncias relacionadas con delitos ambientales, de las cuales destacaron tres delitos con mayor incidencia: el delito de contaminación ambiental (22.1 %), la minería ilegal (21.3 %) y el incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos (16 %). Estos tres concentraron aproximadamente el 60 % de la carga procesal total. En contraste, otras tipologías delictivas presentaron una incidencia significativamente menor, como el tráfico ilegal de especies acuáticas de flora y fauna silvestre, obstrucción de procedimiento y responsabilidad de funcionarios públicos por otorgamiento ilegal de derechos, cada una con menos del 1 % de incidencia.
La siguiente tabla resume los principales resultados identificados en la categorización y frecuencia de los delitos ambientales registrados en dicha Fiscalía, reflejando la diversidad delictiva y la necesidad de estrategias diferenciadas para su investigación y persecución.
Tabla 2
Porcentajes de la carga procesal fiscal de delitos ambientales denunciados en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno, 2019
Delito |
N.º de delitos |
% |
Artículo 304: Contaminación del ambiente |
||
Artículo 307-A: Delito de minería ilegal |
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Artículo 306: Incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos |
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Artículo 307-E: Tráfico ilícito de insumos químicos y maquinarias destinados a minería ilegal |
||
DELITOS AMBIENTALES (No se registra delito subgenérico) |
||
DELITOS DE CONTAMINACIÓN (No se registra delito subgenérico) |
||
DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES (No se registra delito específico) |
||
Artículo 310: Delitos contra los bosques o formaciones boscosas |
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Artículo 305: Formas agravadas |
||
Artículo 307-B: Formas agravadas (minería ilegal) |
||
Artículo 313: Alteración del ambiente o paisaje |
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Artículo 308-C: Depredación de flora y fauna silvestre |
||
Artículo 307: Tráfico ilegal de residuos peligrosos |
||
Artículo 310-C: Formas agravadas (Art. 310, 310-A, 310-B) |
||
Artículo 308: Tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre |
||
Artículo 308-A: Tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre |
||
Artículo 310-B: Obstrucción de procedimiento |
||
Artículo 314: Responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos |
||
Total |
Nota. Datos obtenidos del reporte anual y del Sistema de Gestión fiscal de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno del año 2019
Los resultados de la aplicación de indicadores de eficacia en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno (FEMA-Puno) para los años 2018, 2019 y 2020 evidencian una gestión eficaz en la atención de denuncias, alcanzando el valor de 1 en todos los años evaluados. Esta eficacia coincide con lo señalado por Campos (2018), quien destaca la obligación del fiscal de iniciar la investigación preliminar al tener conocimiento de una noticia criminal. Sin embargo, los indicadores de acusaciones exitosas (con valores de 0.03 en 2018, 0.04 en 2019 y 0.01 en 2020), sentencias condenatorias (0.33 en 2018, 0.44 en 2019 y 0 en 2020), y confirmación de archivos (0.94 en 2018, 0.88 en 2019 y 0.83 en 2020) revelan una gestión ineficaz. Sierra (2018) atribuye estas deficiencias a la sobrecarga procesal en un único juzgado especializado en Juliaca, que no solo atiende delitos ambientales, sino también aduaneros y tributarios. La falta de implementación de juzgados ambientales, como lo establece el convenio interinstitucional entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, contribuye a este problema, agravado por la limitación de recursos humanos en la FEMA-Puno.
Tabla 3
Resultados de los indicadores de gestión durante el año 2018, 2019 y 2020
Asimismo, los altos índices de archivo de denuncias se deben a la insuficiencia de elementos de convicción y al desconocimiento de cómo las normas penales protegen el medioambiente, como advierte Madrigal (2020). Lamadrid (2011) y Ipenza (2018) coinciden en la necesidad de contar con personal capacitado y laboratorios especializados para probar adecuadamente el daño ambiental, señalando que solo existe un Equipo Forense Especializado en Materia Ambiental (EFOMA) a nivel nacional. Esta situación genera retrasos procesales, impidiendo el avance de los casos. No obstante, se destaca el cumplimiento del principio de prevención ambiental establecido en la Ley General del Ambiente (Ley n.o 28611), evidenciado en el número de investigaciones preventivas realizadas en los tres años analizados (42 en 2018, 101 en 2019 y 16 en 2020), lo que reafirma el rol del Ministerio Público en la protección ambiental a través de la prevención y vigilancia.
Tabla 4
Interpretación crítica de los resultados de los indicadores de gestión fiscal en delitos ambientales – FEMA Puno, 2019
La evaluación de la eficacia institucional de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del distrito fiscal de Puno, durante el año 2019, requiere no solo la exposición de indicadores cuantitativos, sino una lectura interpretativa que permita comprender los límites de su actuación frente al mandato constitucional de protección ambiental. En ese marco, se analizaron cuatro indicadores: atención de denuncias, acusaciones exitosas, sentencias condenatorias y confirmación de archivos.
Indicador de atención de denuncias
Durante el año 2019, se reportaron 244 carpetas fiscales y el 100 % de estas fue atendido por la FEMA, alcanzando un valor de eficacia de 1.0, según el modelo adoptado por el Ministerio Público. Este resultado revela una gestión eficaz en la etapa de inicio del proceso penal, al garantizar la apertura o admisión formal de todas las denuncias presentadas. Sin embargo, esta eficacia es estrictamente procedimental y no permite inferir la calidad de la investigación ni el avance real de los casos. Es decir, existe atención, pero no necesariamente resolución ni sanción del hecho delictivo.
Indicador de acusaciones exitosas
De las 244 carpetas atendidas, solo 9 casos (3.7 %) culminaron con la formalización de acusación fiscal. Esta cifra, que representa un índice de ineficacia del 96.3 %, evidencia serias limitaciones estructurales en la etapa intermedia del proceso penal ambiental. Entre los principales factores se identifican: la insuficiencia de peritos especializados, la debilidad probatoria vinculada a los tipos penales ambientales (por ejemplo, la necesidad de informes fundamentados por OEFA o SERFOR), y la escasa articulación entre instituciones fiscalizadoras y el Ministerio Público. Esto demuestra que, aunque se abre la investigación, la mayoría de los casos no logra superar la etapa preliminar.
Indicador de sentencias condenatorias
De los 9 casos acusados, solo 4 concluyeron con sentencia condenatoria firme, lo que representa un índice de eficacia del 44 % entre las acusaciones, pero apenas un 1.6 % respecto del total de carpetas fiscales (4 de 244). Este resultado pone en evidencia una ineficiencia crítica del sistema penal en su conjunto, que afecta la función sancionadora del Estado. La limitada producción de sentencias condenatorias genera una percepción de impunidad, desincentiva la denuncia ciudadana y debilita el rol disuasivo de la justicia penal ambiental.
Indicador de confirmación de archivos
Durante el período analizado, 25 carpetas fueron archivadas, de las cuales 22 fueron confirmadas por el fiscal superior, lo que equivale a una tasa de confirmación del 88 %. Este indicador refleja que la gran mayoría de casos archivados no fueron reabiertos ni reconsiderados, consolidando la desestimación penal de hechos potencialmente graves. Las razones pueden incluir la falta de elementos de convicción, ausencia de identificación de responsables o inadecuado sustento pericial. Este fenómeno implica una ineficiencia resolutiva sostenida, en la que el sistema no logra cerrar el ciclo judicial en favor del ambiente.
A partir de los datos analizados, se concluye que la FEMA Puno presenta una eficacia limitada y predominantemente formal. Si bien cumple con la atención inicial de las denuncias, no alcanza niveles satisfactorios de acusación ni de sanción penal, lo que compromete el cumplimiento efectivo del derecho a un ambiente sano consagrado en el artículo 2, inciso 22, de la Constitución. Esta situación exige repensar el modelo de intervención fiscal, priorizando la especialización técnica, la articulación interinstitucional y la creación de juzgados ambientales que puedan garantizar la tutela jurisdiccional efectiva en esta materia.
4.6. Propuesta de lineamientos para mejorar la intervención fiscal ambiental
Como alternativa de mejora, se propone implementar un plan de fortalecimiento institucional que incluya: (i) capacitación continua del personal fiscal y técnico en temas ambientales; (ii) adquisición de equipos tecnológicos y fortalecimiento logístico; (iii) creación de una red de coordinación operativa con entidades ambientales; y (iv) reforma normativa que reduzca ambigüedades legales y fortalezca la figura del delito ambiental en el Código Penal. Estas acciones permitirán consolidar la función de las FEMA como órganos clave en la protección penal del ambiente.
5. CONCLUSIONES
La presente investigación permitió determinar que la intervención de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Puno durante el año 2019 fue parcialmente eficaz. A través del análisis de los indicadores de gestión se comprobó que, si bien existió una adecuada capacidad de atención de denuncias, los procesos posteriores —como la formulación de acusaciones, la obtención de sentencias condenatorias y la confirmación de archivos— reflejaron importantes deficiencias.
Esta situación evidencia una respuesta inicial funcional por parte del Ministerio Público, pero limitada en cuanto al alcance real de sanción y disuasión penal frente a los delitos ambientales más frecuentes, como la contaminación ambiental y la minería ilegal.
Además, se identificaron factores estructurales que obstaculizan la eficacia institucional, tales como la escasez de fiscales y peritos especializados, la limitada infraestructura, y la débil articulación interinstitucional. La investigación, si bien se restringe al análisis de una sola FEMA, debido a la falta de datos comparativos con otras fiscalías a nivel nacional, proporciona una base empírica que puede ser replicada y ampliada en estudios futuros. En ese sentido, los resultados obtenidos contribuyen a fortalecer el diagnóstico sobre las debilidades del sistema penal ambiental en regiones con alta conflictividad ambiental como Puno.
REFERENCIAS
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Financiamiento
Autofinanciado.
Conflicto de intereses
La autora declara no tener conflicto de intereses.
Contribución de autoría
Las etapas de investigación fueron desarrolladas en su totalidad por la autora: recolección de información documental, interpretación de los datos y redacción del trabajo.
Agradecimientos
La autora agradece los alcances brindados por la doctora Ana María Vizcarra Herles por sus observaciones y revisiones para la confección del presente manuscrito.
Biografía del autor
Lia Nails Rojas Vizcarra es abogada y bióloga con mención en Ecología, egresada de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Posee una maestría en Gestión y Auditoría Ambiental, y una segunda especialidad en Didáctica Universitaria. Es doctoranda en Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Actualmente, es candidata a magíster en Derecho Penal y Procesal Penal. Se desempeña como asesor legal y gestor ambiental, con experiencia en fiscalización y gestión ambiental. Ha publicado artículos científicos en revistas académicas nacionales. Su enfoque profesional combina la protección jurídica del ambiente con la gestión técnica y científica.
Correspondencia
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