Ius vocatio

Presentación

Angélica Aquino Suárez — 2025-06-30

El tercero interesado en el delito de tráfico de influencias, ¿merecedor de sanción penal?

Rolando Bustillos Cuba — 2025-06-30

El presente artículo tiene como objetivo analizar el rol del tercero interesado en el delito de tráfico de influencias, así como el impacto de su participación en la corrupción y la necesidad de sancionar a estos agentes en la lucha contra la corrupción. El interés de estudiar aquello radica esencialmente en determinar cómo la participación del tercero interesado influye en la dinámica del tráfico de influencias y cómo su sanción resulta relevante a efectos de desmotivar actos de corrupción. El estudio tiene un impacto positivo en la comunidad jurídica, toda vez que brinda información relevante sobre cómo la responsabilidad penal del tercero interesado puede impactar en la reducción del índice criminal. Es así como al abordar esta problemática, se aporta a la emisión de políticas públicas de gran impacto destinadas a la lucha contra la corrupción. Se concluye que la sanción penal del tercero interesado es necesaria para desmotivar la comisión del delito de tráfico de influencias, pues si no existiese una participación activa de estos sujetos, el delito pierde su fin y contexto.

¿Conflicto de herramientas? El arbitraje de emergencia versus medidas cautelares: análisis comparativo y eficiencia en la resolución de conflictos

María del Carmen Gallardo Neyra — 2025-06-30

En la resolución de conflictos, la tutela cautelar es fundamental para evitar daños irreparables antes de una decisión definitiva. El presente artículo compara dos mecanismos claves: el arbitraje de emergencia y las medidas cautelares tradicionales fuera del ámbito judicial, examinando sus beneficios y limitaciones. A través de un estudio detallado, se compara el arbitraje de emergencia con las medidas cautelares solicitadas ante el Poder Judicial, a fin de determinar una perspectiva clara sobre la eficacia de cada mecanismo basándose en los intereses de cada persona que solicita tutela jurisdiccional. Asimismo, se analiza la figura del árbitro de emergencia, siendo una herramienta empleada por un litigante cuando el Tribunal Arbitral aún no ha sido constituido. Por otro lado, se analiza la regulación en el Perú de la herramienta novedosa del Árbitro de Emergencia. Finalmente, se destaca la importancia del arbitraje de emergencia como un mecanismo valioso que genera un impacto positivo en la resolución de conflictos.

El Poder Judicial y el Tribunal Constitucional: tensiones en torno a la cosa juzgada y el principio de independencia

Jaime Gerónimo De la Cruz — 2025-06-30

El presente artículo tiene como objetivo dilucidar las tensiones que vienen suscitándose actualmente entre dos pilares fundamentales del Estado. Nos referimos al Poder Judicial (en adelante PJ) y el Tribunal Constitucional (en adelante TC). Aunque este último juegue un papel muy importante, su intervención en aspectos jurisdiccionales puede generar incertidumbre y debilitar la seguridad jurídica. En ese sentido, la sobreestimación de atribuciones por parte del TC podría amenazar la independencia de la cual goza el PJ; esto se observa cuando el TC revisa sentencias judiciales que ya han adquirido la calidad de cosa juzgada, lo cual resulta preocupante, pues se estaría transgrediendo el principio de inmutabilidad de las decisiones judiciales.

Por otra parte, se analiza si es conveniente que las demandas de amparo sean revisadas por el Tribunal Constitucional después de ya haber sido rechazadas en dos oportunidades por el Poder Judicial o, en el caso del hábeas corpus, que se presentan aún contra sentencias de la Corte Suprema. Para dicho fin nos apoyamos en la realidad jurídica chilena, donde las demandas de amparo y hábeas corpus son competencia exclusiva del PJ; esto ha permitido que descongestionen la carga de su Tribunal Constitucional y optimicen su función de interpretación y control constitucional.

La justificación e importancia de la presente investigación radica en la inestabilidad jurídica que se vive a consecuencia de las tensiones entre las dos instituciones estudiadas. En esa línea de ideas, el artículo en mención analiza doctrinaria y normativamente las funciones y competencias de ambas instituciones para delimitar así la raíz del conflicto.

Finalmente, se concluye que, aunque la Constitución confiere atribuciones al TC, este no debe expandir su interpretación más allá de lo que la norma suprema le otorga, ya que podría interferir en las funciones de otras instituciones, generando conflictos que afecten la estabilidad del país.

La naturaleza jurídica del delito de omisión de asistencia familiar y su impacto en la prescripción de la acción penal, desde un enfoque del principio del Interés Superior del Niño

Rocío Angélica Marín Sandoval — 2025-06-30

El presente artículo tiene como objetivo analizar la naturaleza jurídica del delito de omisión de asistencia familiar, esto es, si se trata de un delito instantáneo o permanente. El interés en estudiar esta problemática radica en que, hasta la actualidad, no existe un consenso unánime sobre la naturaleza jurídica del delito antes aludido, pues algunos consideran que se trata de un delito instantáneo, mientras que otros señalan que es un delito permanente. Determinar su naturaleza jurídica es de suma importancia a efectos de evitar una interpretación errónea sobre el inicio del plazo de prescripción de la acción penal, ya que ello diferirá si estamos ante un delito instantáneo o permanente, conforme lo estipula el artículo 82 del Código Penal. La conclusión arribada es que el delito de omisión de asistencia familiar es de naturaleza permanente, ya que resulta compatible con el principio del Interés Superior del Niño, garantizando así los derechos del alimentista.

Fundamentos jurídicos para determinar la eliminación de documentos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial peruano

Alex Junior Ríos Rengifo — 2025-06-30

El presente artículo tiene como objetivo desarrollar los fundamentos jurídicos para determinar la eliminación de documentos jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial Peruano. Para ello, se analizó el estado situacional de los archivos del Poder Judicial Peruano e identificó su problemática existente de sobrecarga; se desarrolló un análisis jurídico del marco legal del Sistema Nacional de Archivos Peruano para identificar el proceso de eliminación de documentos y determinar su viabilidad dentro del Poder Judicial Peruano, a través de una serie de interrogantes que permitieron la identificación de los criterios jurídicos valorativos de de expedientes judiciales y documentación administrativa, ubicados en los archivos judiciales.

Investigación suplementaria judicial e impunidad del delito

Eloísa Tucto Livia — 2025-06-30

Frente a la ola delincuencial que enfrenta el país, se hace necesario que desde diversos frentes se acometa la lucha contra tal flagelo, con el fin de erradicarlo o por lo menos, paliar sus efectos. En este sentido, debe dotarse a la administración de justicia de normas claras y efectivas orientadas a combatir la impunidad. En nuestro ordenamiento procesal penal existe la posibilidad de ordenarse una investigación suplementaria en caso de un requerimiento de sobreseimiento por parte del fiscal, sujeto a la formulación de oposición por parte de los sujetos procesales o cuando lo ordene el fiscal superior, en caso de elevación de los actuados. En esta situación la función del juez es casi pasiva, razón por la cual es necesario dotarle de la facultad de ordenar directamente tal investigación suplementaria, en caso de que discrepe fundadamente del requerimiento referido, precisando las actuaciones que debe realizar el fiscal y el plazo de duración de la misma. El método empleado ha sido el análisis documental y se arribó a la conclusión congruente con nuestro propósito investigativo.

Indeterminación y problemas concursales entre los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y fraude procesal: una propuesta de interpretación sistemática y teleológica

Brian Saúl Verde Campos — 2025-06-30

El Estado Constitucional de Derecho exige, conforme al principio de legalidad, la institución de tipos penales que permitan a todos los ciudadanos organizar sus competencias adecuadamente y sin dubitaciones ni confusiones. Para lograr ello, es necesario que la norma esté revestida de una especial taxatividad y especificidad que permita diferenciar los tipos de injusto del Código Penal, a efectos de evitar relaciones concursales innecesarias que tiendan a la sobrecriminalización de las conductas ciudadanas. Esta situación, precisamente, no da así como resultado el tratamiento de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y el de fraude procesal, cuyos supuestos de hechos recogen conductas que no están debidamente diferenciadas normativamente y en el que la jurisprudencia no ofrece criterios diferenciadores claros. En ese sentido, el presente artículo propone una interpretación de dichos delitos a efectos de que sea su contexto típico el factor que los distinga para evitar su tratamiento concursal indebido. Es posible llegar a esa conclusión a partir de una interpretación sistemática y teleológica, la cual se expondrá en el presente texto.