Ius vocatio

Presentación

2023-12-30T17:01:49+00:00

Problemática de la cadena perpetua como respuesta punitiva al delito de violación sexual de menores

2024-01-19T20:04:58+00:00

El autor analiza el problema de la aplicación de la pena de cadena perpetua en el delito de violación sexual de menores, prevista en el artículo 173 del Código Penal peruano. Considera que si bien la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional peruano han reafirmado su constitucionalidad, frente a situaciones excepcionales que se presentan en cada caso en particular (causales de disminución de punibilidad, bonificaciones procesales y circunstancias personales tanto de la víctima como del agresor), la ley penal no ha previsto la posibilidad de reducción de la pena a límites inferiores al mínimo legal, lo cual en muchos casos ha dado lugar a que el operador jurídico de instancias inferiores, a pesar de dichos supuestos, imponga penas desproporcionadas, alejadas del principio de culpabilidad. Ello tuvo que ser corregido por la Corte Suprema, y se manifestó un contexto de inseguridad jurídica que desnaturaliza los fines del derecho penal como medio de control social, que no puede admitir irracionalidad o arbitrariedad al definir las penas. Frente a esto, se propone modificar dicha ley penal para que permita la reducción selectiva de la penalidad a límites inferiores al mínimo legal ante situaciones excepcionales, de manera que el juzgador tenga un margen de flexibilidad e imponga una pena temporal en su justa medida.

El derecho a que un proceso concluya en un plazo razonable obliga al legislador a fijar un plazo determinado del proceso

2024-01-19T20:05:22+00:00

En este artículo se aborda un tema que en los últimos años forma parte de los discursos de los abogados, los jueces e incluso de los políticos, nos referimos al derecho a ser juzgado en un plazo razonable, aunque nosotros preferimos denominarlo «derecho a que un proceso concluya en un plazo razonable». Pero no nos vamos a contentar con una presentación histórico-dogmática de este derecho, sino que abordaremos el problema que apreciamos en el desarrollo de los procesos: sin que se le fije un plazo determinado, el derecho a que un proceso concluya en un plazo razonable pierde vigencia y algunas veces es ilusorio. Por eso, después de analizar las propuestas doctrinarias, como la teoría del no plazo —que ha sido adoptada por tribunales internacionales (Tribunal Europeo de Derechos Humanos [TEDH] y Corte Interamericana de Derechos Humanos [Corte IDH]), así como el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema del Perú—; y la teoría del plazo determinado, proponemos nuestra posición, la teoría del plazo determinado fijado por el legislador, pero con la adecuación, caso por caso, por el juez. Luego pasamos al análisis de este derecho en el proceso civil, más específicamente en el proceso sumarísimo. Para ello desarrollamos los alcances del Noveno Pleno Casatorio Civil, y llamamos la atención a que los jueces supremos no han tomado en cuenta que la duración del proceso sumarísimo, en algunos supuestos, podría ser mayor a la de un proceso de conocimiento, e incluso agregarse la duración del proceso sumarísimo suspendido (se detuvo porque tenía que resolverse previamente un aspecto de la controversia, en un proceso de conocimiento), por lo que se afectaría el derecho a que un proceso concluya en un plazo razonable, situación que no ha sido advertida por los magistrados de la Corte Suprema en el mencionado pleno casatorio.

La primacía del principio de preclusión en la etapa intermedia en detrimento del derecho de defensa

2024-01-19T20:05:44+00:00

El presente artículo tiene como objetivo identificar cómo la primacía del principio de preclusión en la etapa intermedia influye en el detrimento del derecho de defensa, específicamente, en la etapa de contestación del requerimiento acusatorio, donde las partes procesales tienen diez días para presentar observaciones formales, sustanciales y ofrecer los medios probatorios para que sean actuados y valorados en juicio oral. El problema radica en que el acusado, a consecuencia de una defensa ineficaz, no ofrece dentro de los diez días algún medio probatorio, y primará el principio de preclusión, ya que el juez de investigación preparatoria no admitirá ningún medio probatorio fuera del plazo legal; se propiciará así un escenario de indefensión procesal en el juicio oral.

El artículo 565-A del CPC: estudio jurisprudencial constitucional del derecho de acceso a la justicia del acreedor alimentario

2024-01-19T20:06:04+00:00

Los procesos de alimentos y sus versatilidades (exoneración, reducción, prorrateo y variación) son uno de los problemas litigiosos de alta demanda en los distritos judiciales de nuestro país, tanto es así que actualmente existen juzgados de paz letrado especializados que resuelven litigios solo de esa área. A ello se debe agregar que los procesos judiciales referidos constituyen una de las materias más sensibles dentro del derecho de familia; pues a través de estos se intenta otorgar tutela jurisdiccional efectiva a niños, niñas, adolescentes y demás población vulnerable (discapacitados, ancianos y otros). En este marco, hemos querido estudiar el artículo 565-A del Código Procesal Civil, que a la fecha viene generando pronunciamientos jurisdiccionales contradictorios en su aplicación; de ese modo, por ejemplo, se observa que algunos órganos jurisdiccionales aplican en forma literal el requisito exigido por el artículo en cuestión y declaran improcedente la demanda, lo que incluso es confirmado en segunda instancia; mientras que en otros órganos jurisdiccionales se inaplica al caso concreto —vía control difuso— y se elevan los actuados a la Corte Suprema de Justicia de la República para la consulta respectiva. En ese contexto, se busca realizar un análisis jurisprudencial constitucional de los derechos involucrados, esto es, del lado del obligado alimentario y del lado del alimentista, para que haciendo uso del test de proporcionalidad se pueda llegar a determinar si el derecho de acceso a la justicia del acreedor alimentario se lesiona con la aplicación del artículo ya mencionado.

Al terminar la investigación, se ha arribado a la conclusión de que el artículo 565-A del CPC no vulnera el derecho de acceso a la justicia del acreedor alimentario; por el contrario, optimiza el derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales de niños, niñas y adolescentes alimentistas.

El actuarialismo punitivo y el control del delito de hurto de vehículos en Huánuco

2024-02-13T17:12:10+00:00

El control del delito, en la actualidad, se realiza bajo el enfoque del actuarialismo punitivo, que privilegia los medios antes que la finalidad, y utiliza la lógica del mercado. Sus manifestaciones se han incorporado en las leyes penales con penas altas, por medio de la tipificación de delitos de peligro abstracto; en las normas procesales, mediante las salidas alternativas al proceso; y en la persecución penal, abandonando la lógica del caso por caso, para realizar investigaciones prospectivas, identificando los focos delictivos para reducirlos a través de estrategias adoptadas por la fiscalía y la policía. El presente trabajo describe estas ideas y las aplica a un caso real de hurto de vehículos; se comprueban así sus resultados concretos en la estadística de reducción del delito en la ciudad de Huánuco.