Artículo de investigación
Áreas naturales protegidas: análisis
del avance de la cobertura jurídica para la protección ambiental: 1990-2024
Protected natural areas:
analysis of the progress of legal coverage
for environmental protection: 1990-2024
Áreas naturais protegidas: análise do progresso na cobertura legal para proteção
ambiental: 1990-2024
Christian Adolfo Gómez Segil
0009-0000-1081-740X
Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
(Lima, Perú)
Joseph Lázaro León Carrasco 0009-0009-4352-8562
Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
(Lima, Perú)
Samantha Johana Miraya
Osorio 0009-0006-8191-1843
Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
(Lima, Perú)
Diana Esther Ortiz Girbau 0009-0008-6539-9821
Universidad Nacional
Mayor de San Marcos (Lima, Perú)
Jorge Imanol Trujillo Ramírez 0009-0000-4775-609X
Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
(Lima, Perú)
José Ronald Vásquez Sánchez 0000-0001-7876-6303
Universidad Nacional
Mayor de San Marcos
(Lima, Perú)
Las áreas naturales
protegidas (ANP) son espacios designados para la conservación de la
biodiversidad y el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales. Estas
áreas, que incluyen parques nacionales, reservas biológicas y áreas de manejo de hábitats, juegan un papel crucial en la protección de la flora, la fauna y los ecosistemas frente a las amenazas antropogénicas
y brindan diversos servicios ecosistémicos. Sin embargo, a pesar de estos beneficios, su implementación en el Perú no ha tomado gran relevancia. Este artículo analiza la evolución de la cobertura jurídica para la protección ambiental en
el
período 1990-2024, y
destaca
los avances y desafíos en la
implementación de políticas de conservación. La investigación corresponde al tipo descriptivo, con un enfoque de investigación documental. Los resultados
obtenidos someten a un análisis comparativo las décadas de los años 1990, 2000, 2010 y 2020, además de analizar el juicio del estado de
sostenibilidad relacionado con las ANP del Perú en torno a estándares internacionales.
Palabras clave: áreas naturales
protegidas; cobertura jurídica; protección ambiental; biodiversidad;
ecosistema.
Términos de indización: medio ambiente; derecho;
derecho a la calidad ambiental; equilibrio ecológico; biosfera (Fuente: Tesauro
Unesco).
Natural protected
areas (NPAs) are spaces designated for the conservation of
biodiversity and
the maintenance
of essential
ecological processes.
These areas, which include national parks, biological
reserves and habitat management areas, play a crucial
role in protecting flora, fauna and ecosystems from
anthropogenic threats and provide various ecosystem services. However,
despite these benefits, their implementation in Peru has not taken on great relevance. This article
analyzes the evolution of legal coverage for environmental protection in the period 1990-2024,
and highlights the advances and challenges in the implementation of conservation policies. The research corresponds to
the descriptive type, with a documentary research approach. The results obtained subject
the decades of 1990, 2000, 2010 and 2020 to a comparative analysis, in addition to analyzing the judgment of the state of
sustainability related to Peru’s NPAs around international standards.
Key words: natural protected
areas; legal coverage;
environmental protection; biodiversity; ecosystem.
Indexing terms: environment; law; right to environmental quality; ecological
balance; biosphere (Source: Unesco
Thesaurus).
As áreas naturais protegidas (NPAs) são áreas designadas para a conservação da biodiversidade e a manutenção de processos ecológicos essenciais. Essas áreas, que incluem parques nacionais,
reservas biológicas e áreas de gestão de habitat,
desempenham um papel crucial na proteção da flora, da fauna e dos ecossistemas contra ameaças antropogênicas e fornecem vários serviços de ecossistema. Entretanto, apesar desses benefícios, sua implementação no Peru não assumiu grande relevância. Este artigo analisa a evolução da cobertura legal para a proteção ambiental
no período de 1990 a 2024 e destaca os avanços
e desafios na implementação de políticas de conservação. A pesquisa
corresponde ao tipo descritivo, com uma abordagem de pesquisa documental. Os resultados obtidos submetem as décadas
de 1990, 2000, 2010 e 2020 a uma análise comparativa, além de analisar o julgamento do estado de sustentabilidade
relacionado às ANP do Peru em termos de padrões internacionais.
Palavras-chave: áreas naturais protegidas; cobertura legal; proteção ambiental; biodiversidade; ecossistema.
Termos para indexação: meio ambiente; lei; direito à qualidade ambiental;
equilíbrio ecológico; biosfera (Fonte: Unesco Thesaurus).
Los ecosistemas albergan
una variedad de organismos vivos, los cuales se relacionan constantemente con
su entorno y generan un dinamismo que influye en otros ecosistemas de la biosfera. Por ello, las áreas naturales protegidas (ANP) se crean con el fin de proteger de manera in situ esta biodiversidad de especies, ecosistemas y genes (Minaya et al., 2021), ya que cada elemento es vital para el equilibrio y mantenimiento de la vida. De la misma manera, Yamina Silva, ex viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales
del
Ministerio del Ambiente,
afirma
que es la manera más eficaz de conservar la biodiversidad, no solo en el Perú sino en el mundo (Minam, 2022). Las ANP, además, tienen una estrecha relación
con las poblaciones: las comunidades nativas, grupos tribales
de la selva y ceja de selva (Base de Datos de Pueblos Indígenas
u Originarios [BDPI], s. f.).
Son parte del equilibrio
natural y el desarrollo del ciclo de vida de estas áreas. Asimismo,
contribuyen ofreciendo diversos servicios ecosistémicos, los cuales se definen como los beneficios obtenidos de los ecosistemas
con el fin de mejorar la
calidad de vida y actividades económicas de las personas (Bravo y Padilla, 2021). Un ecosistema saludable y funcional contribuye a la identidad
cultural de la población. Por ello, conservar los ecosistemas con la creación
de ANP es de suma importancia para contribuir al desarrollo sostenible del
Perú.
La creación del Parque
Nacional de Cutervo, ubicado en la región Cajamarca, creado
por la Ley n.° 13694 en 1961 marcó
el inicio de las áreas naturales protegidas a
nivel nacional en el país. Sin embargo, este hito representó un retraso temporal
en comparación con el panorama
mundial, dado que la primera área natural protegida a nivel global fue
establecida en 1872 con la creación del Parque Nacional de
Yellowstone en Estados Unidos (Dourojeanni, 2018). Este retraso temporal sugería que, a pesar de la abundante riqueza
biológica y paisajística de la época, se carecía de instrumentos legales y
administrativos para la protección ambiental. Esta situación condujo a la degradación e incluso pérdida de varios ecosistemas a mediados del siglo
XX, ya que esta área protege bosques montanos y páramos para la conservación de
cabeceras de cuenca. Asimismo, es el hábitat de especies vegetales, como las
palmas de cera, y de especies animales, como el tapir de montaña, el guácharo y
el oso de anteojos, el cual se encuentra en estado de extinción dentro de la
categoría de vulnerable, según la UICN (WWF, 2022).
Dicha realidad se contrasta con el panorama actual. Luego de la creación de nuevas áreas naturales protegidas se logró declarar
como áreas naturales
protegidas a más del 17 % del territorio nacional; sin embargo, a la fecha no se asegura que estas áreas naturales estén cumpliendo su objetivo
a cabalidad. Al respecto, se tiene registro de irregularidades, como actividades económicas
informales e ilegales, en los márgenes de diversas áreas naturales protegidas (WWF, 2022). Según Dourojeanni (2018), «el trabajo más difícil viene después de crear las áreas protegidas y de las congratulaciones de praxis. La lucha más dura es para mantenerlas o manejarlas
de modo que cumplan su finalidad» (p. 4), lo cual involucra que la labor de protección de estas áreas naturales
protegidas recae en la gestión nacional y la participación ciudadana aledaña a
estas zonas.
Así, las áreas naturales son afectadas por distintos escenarios que arriesgan su estado de
conservación. Algunos de estos problemas no son exclusivos de las áreas
naturales protegidas, sino que afectan de manera general a diversas áreas del país. Según Vargas
(citado en Contreras, 2023), entre las principales problemáticas se encuentran los cambios en la estacio- nalidad y los eventos naturales debido al cambio climático.
Estos afectan no solo los ciclos de polinización, sino
también los hábitos de reproducción de algunas especies.
A esto se le suman las actividades ilícitas que se desarrollan en el país y que aumentan cada
año, como la deforestación y la minería ilegal. Estas actividades promueven la
explotación indiscriminada de recursos naturales, lo que afecta
de manera directa
a los ecosistemas donde se desarrollan
estas actividades. Adicionalmente, actividades como la ocupación humana, la
minería, la agricultura, la ganadería, el transporte y los hidro- carburos son
actividades que producen distintas alteraciones en las áreas naturales protegidas del país, ya que contaminan y deforestan los hábitats
de la flora y fauna nacional (Roldán, 2021). En general, el desarrollo de actividades extractivas genera un mayor
impacto sobre los ambientes protegidos. Entre estas destaca la
minería, que se vincula a un mayor daño ambiental asociado a la poca
responsabilidad asumida por los autores en subsanar y mitigar los impactos
generados por las operaciones y procesos mineros, y que, en consecuencia,
incurren en delitos ambientales establecidos en el Código Penal del Minam.
En este ámbito, el Convenio sobre
la Diversidad Biológica (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 1992) planteó la introducción del concepto de soberanía nacional
sobre los recursos
biológicos y establece que los países tienen la responsabilidad
de conservar su biodiversidad y utilizarla de manera sostenible. Además, se requiere
que los países desarrollen estrategias y planes de acción nacionales
para la conservación y el uso
sostenible de la biodiversidad, como parte de sus
políticas de desarrollo. Otro componente
clave del CDB es el
Protocolo de Cartagena sobre Seguridad
de la Biotecnología, adoptado en 2000, que aborda la transferencia, la manipulación y el uso de
organismos vivos modificados (OVM) resultantes de la biotecnología moderna con
el objetivo de proteger la biodiversidad y la salud humana (Mackenzie et al.,
2004). En otros términos, el Convenio sobre la Diversidad Biológica es un marco
integral para la acción internacional en la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, puesto que promueve una colaboración
global, y el reconocimiento de los derechos y responsabilidades de los países
en la gestión de sus recursos biológicos.
De igual manera, en México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas fue
creada para conservar y manejar las áreas naturales protegidas (ANP) del país. Su misión principal es garantizar la
conservación de la biodiversidad, los recursos naturales y los servicios
ambientales que proporcionan las ANP para contribuir al bienestar social y al
desarrollo sostenible. Sus principales funciones son la conservación
de la biodiversidad, el manejo y restauración, el desarrollo sostenible, la
participación social, la educación y capacitación, la investigación y el monitoreo. La
CONANP desempeña un papel
vital en la protección y gestión de las áreas naturales
protegidas de México al promover la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos
naturales. A través de sus programas y estrategias, esta entidad busca
no solo preservar los ecosistemas y
especies, sino también mejorar la calidad de vida de las comunidades locales y
contribuir al desarrollo sostenible del país (Semarnat,
2011). El Sistema
Nacional de Unidades de Conservación de la Naturaleza
(SNUC) constituye un conjunto de
mecanismos normativos para la creación y la gestión de áreas protegidas en Brasil a partir de la actuación
integrada de las
distintas esferas político-administrativas
del Estado.
Su diseño legal prevé una serie
de unidades
de conservación
destinadas a garantizar la conservación y la preservación ambiental. Además de describir la estructura del SNUC y cómo se implementa en el territorio brasileño, analiza sus
objetivos en relación con el uso y las normas territoriales. Su
principal aporte radica en fomentar una comprensión integral
de las áreas protegidas como elementos inherentes a la dinámica
del uso del territorio en Brasil (Freitas y Pereira, 2020).
El Congreso Mundial de Parques de Durban, celebrado en 2003, tuvo como objetivo
principal fortalecer la gestión de las áreas protegidas a nivel global y promover su papel en la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible.
Entre los objetivos clave del congreso destacan evaluar y mejorar la gestión de
las ANP, integrar las ANP en el desarrollo sostenible, fomentar la
participación y los derechos de las comunidades locales e indígenas, aumentar
la conciencia y el compromiso político, for- talecer la cooperación internacional y regional y garantizar el financia- miento sostenible.
También se puede mencionar
el trabajo que realizaron las metas de Aichi para la diversidad biológica
(Convención de Diversidad Biológica, s. f.), establecidas durante
la Conferencia de las Partes del Convenio
sobre la Diversidad Biológica
(CDB) en Nagoya,
Japón. Estas metas tienen como objetivo frenar la pérdida de
biodiversidad a nivel global, y promover su conservación y uso
sostenible. Estas metas forman parte del Plan Estratégico para la Diversidad
Biológica 2011-2020 y abarcan cinco objetivos estratégicos clave:
•
Abordar las causas subyacentes de la pérdida de biodiversidad
•
Reducir las presiones directas sobre la biodiversidad
y promover su uso sostenible
•
Mejorar el estado de la biodiversidad salvaguardando ecosistemas,
especies y diversidad genética
•
Aumentar los beneficios de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para todos
•
Mejorar la implementación mediante la planificación
participativa, la gestión de conocimientos y la creación de capacidades.
Estas metas se orientan a
involucrar a todos los sectores de la socie- dad en la conservación de la
biodiversidad y en la creación de un futuro en armonía con la naturaleza. Para
mencionar a los sectores involucrados en la protección de las áreas naturales protegidas en el sector selva norte,
se tiene que hacer referencia a los diferentes rangos de legislación, es decir,
el nivel nacional, el regional y el local.
A nivel nacional, la protección de las áreas naturales protegidas guarda relación
con lo establecido con el derecho fundamental número 22 de la Constitución Política
del
Perú, del 29 de diciembre de 1993, el cual señala que toda persona
adquiere el derecho «A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo
libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida» (Constitución Política
del Perú,
1993).
En relación con lo anterior, se tiene como principal instrumento legislativo a escala la
Ley n.° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas. Este marco legal define a las áreas naturales protegidas como espacios marinos o continentales
dentro del territorio nacional catalogados como ecosistemas
representativos de ciertos sectores del terreno nacional que tienen como objetivo conservar la diversidad biológica y el patrimonio paisajístico,
cultural y científico.
Artículo 66.- Los recursos
naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovecha- miento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma
legal. (Constitución Política del Perú, 1993).
Artículo 67.- El Estado
determina la Política Nacional del Ambiente. Promueve el uso sostenible de sus
recursos naturales. (Constitución Política del Perú, 1993).
Artículo 68.- El Estado
está obligado a promover la conservación de la
diversidad biológica y de las áreas naturales
protegidas. (Constitución Política del Perú, 1993).
Artículo 69.- El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada.
(Constitución Política del Perú, 1993)
El primer hito importante
en esta década ocurrió en 1990 con la creación del SINANPE mediante el Decreto
Supremo n.° 010-90-AG. Sin embargo, en décadas
anteriores, se habían establecido 37 áreas protegidas. Tal es el caso del
Parque Nacional de Cutervo, creado el 20 de septiembre de 1961 mediante la Ley n.° 13694, con una extensión de 8 214,23 ha (Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado [SERNANP], 2019). De esta manera, para el año 1990, el Perú contaba con una
extensión total de 6 199 856 ha de ANP. En 1996, se creó la Zona Reservada Chancaybaños, con una extensión de 2 628 ha, mediante el Decreto Supremo n.º 001-96- AG. En 1997, se creó la Zona Reservada Güeppí con 203 628,51 ha, que posteriormente, en 2012, sería
catalogada como parque
nacional mediante el Decreto
Supremo n. ° 006-2012-MINAM. Finalmente,
en
1999, se crea la Zona Reservada Santiago Comaina
con una extensión de 398 449,44 ha mediante el Decreto Supremo n.º 005-99-AG. En total, al final de esta década se establecieron 3 ANP más, con lo que se
obtuvo un total de 36 ANP con una cobertura total de 6 804 562,55 hectáreas.
En el período de 2000 a
2009, Perú experimentó importantes avances en la protección ambiental,
reflejados en la creación de instituciones, la promulgación de leyes y la
implementación de políticas y estrategias.
Uno de los hitos más significativos fue la creación del Ministerio del Ambiente (Minam) en mayo de 2008 mediante el Decreto Legislativo n.° 1013. Esta institución centralizó la gestión ambiental
en el país, con la misión de formular, ejecutar y supervisar
la política
ambiental nacional, promoviendo la
conservación y uso sostenible de los recursos naturales. Ese mismo año, también
se creó el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado,
adscrito al Minam, a través del Decreto Legislativo n.° 1013. Esta entidad asumió la responsabilidad de la gestión y administración de las áreas naturales protegidas en el país. Su objetivo
principal es el de conservar la diversidad biológica
y los recursos naturales a través del fomento de su uso
sostenible.
A nivel legislativo, en 2004, se promulgó la Ley n.° 28611, Ley General
del Ambiente, que establece el marco legal para la protección del medio ambiente en Perú. Esta ley buscaba asegurar un desarrollo sostenible promoviendo el uso racional de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica
y la prevención de la contaminación ambiental. Durante este período, se
implementaron diversas políticas y estrategias ambientales. En el 2001,
se desarrolló la primera Estrategia Nacional sobre
Diversidad Biológica, orientada a conservar y utilizar de manera sostenible la
diversidad biológica del país, en consonancia con los compromisos internacionales asumidos por Perú en el marco del Convenio sobre la Diversidad Biológica que el Perú como Estado suscribió en Brasilia el 12 de julio de 1992 y ratificó el 23 de abril de 1993 (Sistema Nacional de Información Ambiental [SINIA], 2001). En 2009, se aprobó la Política Nacional del Ambiente, que estableció los lineamientos y objetivos para la
gestión ambiental en el país mediante la promoción de la integración de la gestión
ambiental en todos los sectores de la economía y la sociedad,
con un
enfoque en la prevención de la contaminación y la conservación de los recursos naturales.
Además, se lanzaron
importantes programas de conservación. En 2003, se creó la
Estrategia Nacional de Cambio Climático bajo Decreto Supremo n.º 806-2003-PCM,
cuyo objetivo principal es orientar y coordinar las acciones del país frente al cambio climático. Para ello, promueve
la adaptación y mitigación en diversos sectores, con énfasis en la
conservación de los bosques amazónicos y otros ecosistemas forestales. A través
de esta estrategia, se busca reducir la deforestación y la degradación
forestal; así, contribuye a la mitigación del cambio climático y a
la protección de la biodiversidad. En 2006, se lanzó la Iniciativa para la Conservación de la Amazonía Andina (ICAA),
un programa regional de largo plazo crea- do por la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que suma e integra los esfuerzos de más de cuarenta organizaciones socias, locales e
internacionales, para fortalecer la conservación del bioma amazónico en
Colombia, Ecuador y Perú (Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, s. f.). Esta
iniciativa promovió la conservación de los ecosistemas amazónicos andinos mediante
la colaboración entre gobiernos, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales.
Además, fortaleció la gestión de áreas protegidas y promovió prácticas
sostenibles en la región, a favor de la conservación de la biodiversidad y al
desarrollo sostenible de las comunidades locales.
Áreas protegidas en Perú (2011)
En el año 2011, Perú contaba con un total de 183 áreas protegidas que abarcan 22 530 983,16 hectáreas
distribuidas a lo largo de la costa, la
sierra y la selva, así como en el Mar de Grau. Estas áreas representan el 17,22 % del territorio
nacional (Minam, 2016).
Creación del Parque Nacional Sierra del Divisor
Un logro significativo a nivel mundial
fue la creación del Parque
Nacional Sierra del Divisor,
ubicado entre Loreto
y Ucayali. Este parque, con más de 1 300 000 hectáreas de bosques preservados en la Amazonía peruana, alberga la mayor
diversidad biológica y biomasa de la región. Es importante destacar que el establecimiento de esta área protegida contó con la participación de las
comunidades indígenas locales, como los shipibos, conibos
e isconahuas, a través del proceso de consulta previa
para asegurar la legitimidad y la gestión adecuada de esta área
natural protegida (Minam, 2016).
Perú ha sido reconocido
como un
líder regional
en conservación
gracias a la eficiente y eficaz gestión
de sus áreas naturales protegidas. En el 2014, este liderazgo
fue confirmado al obtener el primer lugar en el ranking de la
Auditoría Coordinada sobre Biodiversidad que evaluó a doce países de Latinoamérica y el Caribe (Minam, 2016).
En el Decreto
Supremo n.º 010-2015-MINAM, en la sección
del artículo 1º.-Promoción de la
investigación en el ámbito de las áreas naturales protegidas, se establece lo
siguiente:
•
Interés nacional: Las investigaciones científicas en
áreas naturales protegidas son reconocidas como de interés nacional. Esto significa que se consideran prioritarias y de gran importancia para el país.
•
Trámite gratuito y procedimientos simplificados: Las investigaciones
científicas en estas áreas no tendrán costo alguno y se realizarán a través de
procedimientos simplificados y expeditivos. Esto busca eliminar barreras burocráticas y facilitar el acceso a estas zonas para fines de
investigación.
•
Promoción de alianzas: El Servicio Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) está encargado de promover el
establecimiento de alianzas con instituciones tanto públicas como privadas. El objetivo de estas alianzas es facilitar el desarrollo de
investigaciones científicas en las áreas naturales prote
gidas que forman parte del Sistema Nacional de Áreas
Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE).
Como puede notarse, el
artículo 1 facilita y promueve las investigaciones científicas en áreas
naturales protegidas, elimina trabajos burocráticos y costos, y fomenta la
colaboración entre diversas instituciones para apoyar estos esfuerzos de
investigación.
Áreas de conservación regional (2020-2021)
Durante el período
2020-2021, se experimentó un crecimiento significativo en número de áreas de conservación regional, las cuales
son las siguientes:
– ACR 25 - Bosque Montano
de Carpish
–
ACR
26 - Chayupi Urusayhua
–
ACR 27 - Páramos y Bosques Montanos de
Jaén y Tabaconas
–
ACR
28 - Bosques Secos del Marañón
–
ACR
29 - Codo del Pozuzo
–
ACR 30 - Q’eros Kosñipata
–
ACR
31 - Comunal Alto Tamaya-Abujao
–
ACR
32 - Bosque Nublado Amaru-Huachocolpa
En el intervalo de los años 2022 y 2023, se obtuvo un incremento importante de concesiones y
contratos de administración privada en diversos sectores de la selva y ceja de
selva, que comprenden principalmente los departamentos de Ucayali, Pasco, Madre
de Dios, San Martín, Amazonas y Loreto. Las áreas de conservación privada
aprobadas se pueden ver en la Tabla 1.
Tabla 1
Áreas de conservación privada aprobadas en el período 2021-2022
Bosque Urum Resolución
Ministerial n.o 029-2021-MINAM
Potsom Posho’II Resolución Ministerial n.o 060-2021-MINAM
Lomas de
Quebrada Río Seco Resolución Ministerial n.o 117-2021-MINAM
Ni Meraya Resolución
Ministerial n.o 172-2021-MINAM
Paraje Capiro Llaylla Resolución
Ministerial n.o 177-2021-MINAM
Comunidad Nativa Once de
Agosto Río Ucayali Resolución
Ministerial n.o 179-2021-MINAM
San
Lorenzo Resolución
Ministerial n.o 194-2021-MINAM
Nihii Eupa Francisco Resolución
Ministerial n.o 243-2021-MINAM
Predio Collpapampa
(Huadquiña-Mesada Chico) Resolución Ministerial n.o 244-2021-MINAM
Los Amigos Resolución
Ministerial n.o 245-2021-MINAM
Misquiyaco Resolución Ministerial n.o 246-2021-MINAM
Tambopata
Eco Lodge I Resolución Ministerial n.o 247-2021-MINAM
Juningue Resolución Ministerial n.o 026-2022-MINAM
El Bosque Encantado de Sho’llet Resolución
Ministerial n.o 131-2022-MINAM
Suttoc y Paccha Resolución
Ministerial n.o 141-2022-MINAM
Fundo
Miguel I Resolución
Ministerial n.o 160-2022-MINAM
Campo
Verde Resolución
Ministerial n.o 193-2022-MINAM
Pablito II Resolución
Ministerial n.o 214-2022-MINAM
Nota. Los datos proceden de Sistema de áreas naturales protegidas del Perú, del Servicio Nacional de Áreas Naturales
Protegidas por el Estado, 2024 (https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/ file/2622831/2560580-listado-anp-25-06-2024.pdf?v=1719332298).
En el año 2024, se incluye
dentro de la categoría de reservas nacionales al sector del Mar Tropical de Grau, el cual se subdivide en cuatro reservas: Isla Foca, Cabo Blanco,
Arrecifes de Punta Sal y el Banco de Máncora, con base en el Decreto Supremo n.° 003- 2024-MINAM.
La protección del patrimonio nacional en áreas naturales protegidas comenzó el 20 de
septiembre de 1961 con la creación del Parque Nacional de Cutervo
en el departamento de Cajamarca, con base en la Ley n.° 13694. La creación de esta primera área natural protegida marcó un hito en la protección de la
diversidad biológica y en la gestión participativa, con los principales objetivos de conservar la flora y fauna, promover el uso racional
de tierras de cultivo y fomentar el turismo sostenible. Dichos objetivos fueron adaptados a las
posteriores áreas naturales protegidas, tales como parques y reservas
nacionales (Dourojeanni, 2018).
En la década de 1990, se potencia el grado de gestión de las áreas naturales protegidas
debido a la creación del organismo nacional, denominado SINANPE, el cual toma la función de ente rector de las áreas naturales protegidas con el fin de proyectar el desarrollo sostenible a nivel nacional. A
inicios de esta década, se contaba con 37 áreas naturales protegidas, de las
cuales predominaban parques y reservas nacionales (véase la Figura 1); sin embargo, durante esta década solo se aprobó un parque nacional, el cual es el
Parque Nacional de Bahuaja-Sonene, por lo que este período es uno de los menos productivos en materia de aprobación de áreas naturales protegidas
(véase la Figura 2).
Figura 1
Áreas naturales protegidas a inicios de la década de 1990
Figura 2
Áreas naturales protegidas aprobadas durante la década de 1990
En la década del 2000, el principal avance legal en conservación de la
diversidad biológica y protección ambiental fue la creación de la Política Nacional del Ambiente mediante el Decreto Supremo n.° 012-2009-MINAM. Esta política se centró en varios ejes: la conservación y el uso sostenible de recursos naturales y diversidad biológica, la gestión integrada de la calidad
ambiental, la gobernanza ambiental y la adopción de compromisos y oportunidades ambientales internacionales. La implementación de esta política fue un factor clave en el notable aumento
de áreas naturales protegidas, el cual
ascendió a 33, lo cual marcó una tendencia en la creación de reservas nacionales
(véase la Figura 3).
Figura 3
Áreas naturales protegidas aprobadas durante la década del 2000
Durante la década del 2010, la gestión del territorio nacional
alcanzó el liderazgo en la región en torno a la protección en áreas
naturales protegidas, con base en el dominio de los planes maestros y políticas ambienta- les institucionales dentro de
las diversas áreas de conservación natural. El principal aporte que se obtuvo
durante dicha década fue la recategorización
de grandes zonas de conservación, como Yaguas y Sierra del Divisor.
Estas fueron consideradas
como nuevos parques nacionales, debido a su dimensión y papel en la
conservación de la diversidad biológica (véase la Figura 4).
Figura 4
Áreas naturales protegidas aprobadas durante la década del 2010
Según la meta 11 de Aichi (Convención de Diversidad Biológica, s. f.), para la década del 2020, se debía alcanzar al menos un 17 % de áreas naturales
protegidas terrestres y un 10 % de áreas naturales marinas pro- tegidas para considerar a un territorio
como ambientalmente sostenible. Teniendo esto en cuenta, la Política Nacional del Ambiente de Perú se propuso
superar esta meta para el año
2021, y lo logró, pues alcanzó un
17,9 % de áreas naturales protegidas gracias al crecimiento significativo de áreas de conservación regional en los últimos cuatro años, por lo que es considerado dentro del 4 % de territorios nacionales (véase la Figura 5),
que han logrado superar el objetivo de la meta 11 de Aichi (Convención
de Diversidad Biológica, s. f.).
Además, para el año 2024, Perú consolidó el cumplimiento del 7,89 % de
protección marina mediante la creación de reservas nacionales en el mar tropical de Grau.
Figura 5
Mapa del cumplimiento de la meta 11 de Aichi
Nota. De AichiTarget 11, de Convención de Diversidad Biológica, s. f. (https://www.cbd.int/aichi- targets/target/11).
Figura 6
Áreas naturales protegidas aprobadas durante la década del 2020
•
Al realizar el análisis comparativo entre las cuatro
décadas estudiadas, se observó que la década de mayor contribución a la ampliación de la cobertura de
protección ambiental es la década del 2000, debido al impulso otorgado por la
creación de la Política Nacional del Ambiente. El año más productivo fue el 2009.
•
Con respecto a las metas de Aichi, el Estado
peruano se considera ambientalmente sostenible al pasar
la meta
del 17
% de
conservación en áreas naturales protegidas terrestres propuesta
por la Convención de Diversidad
Biológica en la meta 11 de Aichi, además de la próxima consecución del objetivo de la cobertura
del 10 % en materia de áreas naturales protegidas marítimas, con base en la tendencia
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Recibido: 21/10/2024
Revisado: 28/11/2024
Aceptado: 5/12/2024
Publicado en línea: 30/12/2024
Financiamiento
Autofinanciado.
Conflictos de intereses
Los autores declaran no tener conflictos de interés.
Contribución de autoría
Conceptualización: José Ronald Vásquez
Sánchez; procesamiento de datos y representación
espacial: Christian Adolfo Gómez Segil;
investigación: Christian Adolfo Gómez Segil, Joseph Lázaro León Carrasco,
Samantha Johana Miraya Osorio, Diana Esther Ortiz Girbau y Jorge Imanol Trujillo
Ramírez; interpretación de normativa: Diana Esther Ortiz Girbau; metodología:
Christian Adolfo Gómez Segil, Joseph Lázaro León
Carrasco, Samantha Johana Miraya Osorio, Diana Esther
Ortiz Girbau y Jorge Imanol Trujillo
Ramírez; supervisión: José Ronald Vásquez
Sánchez; redacción-revisión:
José Ronald Vásquez Sánchez; y edición: Christian Adolfo Gómez Segil, Joseph Lázaro
León Carrasco, Samantha
Johana Miraya Osorio,
Diana Esther Ortiz Girbau y Jorge Imanol Trujillo Ramírez.
Agradecimientos
Los autores expresan su
más sincero agradecimiento a la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por su valiosa labor y compromiso
con la formación profesional que nos brindó a través del curso de Legislación
Ambiental y Sistemas de Información Geográfica. Este trabajo corresponde al
esfuerzo y perseverancia de los autores, los cuales representan una vertiente de
investigación que significa un enorme potencial educativo a nivel nacional.
Biografía de los autores
José Ronald Vásquez Sánchez es doctor en Ciencias
Ambientales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente ordinario
e investigador, y miembro asociado y parte del Consejo Directivo del Fondo
Socioambiental del Perú.
Christian Adolfo Gómez Segil es discente de la carrera
de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Joseph Lázaro León Carrasco es discente de la carrera
de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Samantha Johana Miraya
Osorio es discente de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Diana Esther Ortiz Girbau es discente de la carrera
de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Jorge Imanol Trujillo
Ramírez es discente de la carrera de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.
Correspondencia